Hambre y violencia sexual azotan a mujeres de un asentamiento en Villavicencio

Al menos unas 200 familias viven en Parcelas del Progreso. / Camilo Rey - El Cuarto Mosquetero

A orilla del río Guatiquía está Parcelas del Progreso. El sector se considera zona rural de Villavicencio, aunque también podría ser catalogado como un asentamiento. No hay servicios básicos como gas, alcantarillado ni acueducto. Además, las calles están sin pavimentar, se inundan constantemente y la comunidad debe andar de charco en charco en chanclas o en botas pantaneras. Esto hace que no haya servicio de transporte y el recorrido de 10 minutos a la capital del Meta se convierta en uno de hasta 40 minutos a pie.

El sector se ha convertido en lugar de acogida de por lo menos 200 personas, la mayoría de ellas desplazadas, migrantes y refugiados venezolanos, víctimas de la violencia, entre ellas las mujeres protagonistas de esta historia. Varias señalan que las condiciones de esa zona la han convertido en un lugar inseguro no solo por actos de delincuencia, sino por estar a la orilla del río.

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Diana Rozo, por ejemplo, perdió todos sus enseres tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones hace unos meses en el departamento. El agua se llevó su cama, la ropa y las pocas pertenencias que había logrado conseguir. Diana llegó a Parcelas del Progreso tras su segundo desplazamiento.

El primero fue de Vista Hermosa, de donde huyó por amenazas del frente 27 de las Farc, y luego de Guaviare, de donde salió corriendo por temor a que su hijo fuera reclutado. Al llegar a Villavicencio estuvo por varios barrios de la periferia, hasta que le fue imposible pagar arriendo y se fue a Parcelas del Progreso junto a sus cuatro hijos, su esposo, dos perros y una gata.

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Aunque quiso presentar sus papeles para ser reconocida como víctima del conflicto, afirma que no pudo continuar con el proceso por la cantidad de documentación que le pidieron, así que no ha sido reparada ni ha podido acceder al subsidio de vivienda. Por ahora se dedica a las labores del hogar, especialmente por su bebé de dos años.

La historia de Yusmely Briceño no es distinta a la de Diana. Yusmely es migrante venezolana y madre de nueve hijos -uno fallecido-. Las dos hijas adolescentes, quienes sueñan con ser periodistas, estudian en el barrio aledaño y como no cuentan con ruta escolar, deben caminar por un largo tramo. A Yusmely todo el tiempo le preocupa la seguridad de sus hijas y ruega por que el colegio les ponga pronto el servicio de transporte escolar.

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La llegada de Vanessa Arango está marcada por el desplazamiento y la violencia. Es una mujer indígena que salió huyendo de su natal Mitú, Vaupés, cuando tenía 17 años debido a las amenazas que recibía por parte de la extinta guerrilla de las Farc para que se uniera a sus filas.

Estuvo un año bajo la protección del Instituto Colombia de Bienestar Familiar, y al cumplir la mayoría de edad regresó a su tierra con la esperanza de poder vivir tranquila. Pero las intimidaciones regresaron y se unieron a la violencia intrafamiliar que recibía de su pareja. En 2016 asistió junto con su hijo a un evento de Villavicencio y decidió quedarse como una forma de huir del maltrato.

Actualmente vive con otra pareja y con sus otros dos hijos. Arango afirma que siente que cada día más el sector se ha vuelto inseguro y que las mujeres han optado por andar acompañadas para evitar hurtos y abusos sexuales.

Abusos sexuales

Justamente uno de esos casos le ocurrió a Luz Estela Londoño, de 53 años, quien salió desplazada del Vichada tras la desaparición de su esposo que, según cuenta, estuvo relacionada con grupos armados que operaban en el territorio. Londoño interpuso la denuncia, pero siguió en la zona hasta que por su avanzada edad las oportunidades de subsistencia empezaron a escasear.

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En Parcelas del Progreso vive en la casa de su hija y su yerno, donde cuida a sus nietos. El pasado 19 de julio salió a las 5:40 de la mañana a recoger el boletín de su nieta en el colegio, que queda en el sector de Covisan, a una media hora caminando. En el recorrido se le acercó un hombre que iba en moto y usaba un casco verde.

Según cuenta Luz Estella, se ofreció a acercarla, le hablaba como si la conociera y ella creyó reconocerle la voz, así que se subió en la motocicleta. En un punto del recorrido, el hombre tomó hacia el sector del Dique -otro barrio al margen del río Guatiquía- y allí después de advertirle que no gritara ni llorara, la agredió sexualmente. Londoño puso la denuncia, pero no se atreve a salir sola. Vive con miedo y solo ruega que pueda acceder a una casa de interés social en otro lugar para que tanto ella como su familia estén seguras.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Mujer de Villavicencio, durante 2022 se han presentado 229 denuncias de abuso sexual y 1.235 de violencia intrafamiliar en esa ciudad. De esas cifras, al menos 48 corresponden a mujeres que habitan en sectores vulnerables como Guatiquía, Guayuriba, Vanguardia, Gaviotas y Parcelas del Progreso. En esas zonas, según la entidad, se activó la ruta de acompañamiento.

Según la Alcaldía de la ciudad, en el primer semestre del año 2022 se logró brindar atención jurídica y psicológica a 123 mujeres, 82 de ellas eran víctimas y/o desplazadas, así como otras actividades con enfoque diferencial, con el objetivo de ayudar a disminuir las violencias basadas en género. No obstante, para la comunidad siguen siendo insuficientes.

Por ello se han venido organizando a través de la Mesa Comunitaria de la vereda Parcelas del Progreso, que se creó hace aproximadamente 10 meses y cuenta con cerca de 115 participantes. Desde allí se han adelantado diferentes gestiones, como una mayor presencia policial, dados los casos que se han reportado.

“Sin embargo, un cuadrante para el número de barrios que ellos tienen que atender es difícil. A veces uno llama a la Policía y se demoran en llegar al sitio”, afirma Sandra Jiménez, lideresa comunitaria, quien reclama la necesidad de dotar a la vereda de sirenas comunitarias y tres cámaras de seguridad vinculadas a la Policía Metropolitana de Villavicencio.

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A ello se suma la dificultad de que las autoridades hagan una legalización del predio, especialmente debido al peligro que representa el vivir al margen del río. La informalidad urbana -con autorización o no de propietarios del terreno- se extiende progresivamente en Villavicencio por lazos afectivos que tienen las personas que se asientan en un lugar o, en otros, casos por vías de hecho. Así lo evidencia el informe “Villavicencio, ciudad víctima, resistente y reparadora”, que fue entregado el año pasado a la Comisión de la Verdad.

La capital del Meta, además, se convirtió en la primera ciudad de Colombia en reconocerse como víctima del conflicto armado. Tan solo entre 2003 y junio de 2009, el 50 % de la población desplazada de este departamento, y de otros como Guaviare, Casanare, Arauca, Vichada y Cundinamarca, llegaron a buscar cómo sobrevivir en la Puerta de oro del Llano.