Delegación en mesa de paz con disidencia condena combates de ELN y Frente 33 en Catatumbo

En solo una semana de enfrentamientos entre el ELN y el EMBF en Catatumbo hubo más de 80 muertos y 36.000 desplazados.

Foto: El Espectador y AFP

En medio del recrudecimiento de la violencia armada en el Catatumbo, la delegación de paz del Gobierno en los diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) emitió un pronunciamiento en el que expresó su solidaridad con las víctimas y los liderazgos sociales de la región y condenó de manera enfática los ataques contra la población civil.

“Ningún hecho de violencia es aceptable”, señaló la delegación en un comunicado divulgado este 26 de diciembre, en el que insistió en que “toda agresión contra la población civil debe ser condenada con claridad y acompañada de solidaridad con las familias afectadas, así como de una exigencia firme de no repetición”.

El mensaje se conoce en un momento de alta tensión en el Catatumbo, donde comunidades campesinas enfrentan desplazamientos, confinamientos y amenazas en medio de disputas entre el ELN y el Frente 33, que hace parte de la disidencia EMBF.

El Gobierno recalcó que la construcción de paz no depende exclusivamente del Ejecutivo ni del diálogo con un solo grupo armado. “La paz no la construye únicamente un Gobierno ni el diálogo particular con un grupo armado ilegal”, afirmó la delegación, y agregó que, como ha quedado en evidencia en el Catatumbo, “la paz requiere ser construida por todos los actores involucrados, con la convicción de que el diálogo fortalece la democracia y de que la violencia no puede tener lugar en el esfuerzo colectivo por vivir con tranquilidad”.

El comunicado también se refirió de manera directa al proceso de paz con el EMBF. Según el Gobierno, este proceso “está orientado a la finalización de las violencias y a la transformación de los territorios”, pero advirtió que ese objetivo “se ve seriamente obstaculizado cuando se desarrolla bajo la presión constante de quienes se benefician de la continuidad de las dinámicas de la violencia y de las economías ilegales”.

En ese contexto, la delegación hizo un llamado tanto a los actores armados como a las instituciones del Estado. “Instamos a los actores armados a respetar la acción humanitaria y a las entidades públicas a articular esfuerzos para garantizar la atención integral de la población víctima de la violencia”, señaló el documento, en línea con las alertas que han venido emitiendo organizaciones sociales y entidades de control sobre el deterioro de la situación humanitaria en la región.

Pese al escenario adverso, el Gobierno reiteró su apuesta por la negociación. “Creemos firmemente que la paz dialogada es el camino y, desde nuestro rol, continuaremos realizando todos los esfuerzos necesarios para avanzar en esa dirección”, subrayó la delegación.

Finalmente, el comunicado destacó el papel del acompañamiento internacional en el actual contexto del Catatumbo. El Gobierno reconoció “el respaldo constante de la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal de Colombia, la MAPP/OEA y la Misión de Verificación de la ONU”, y enfatizó que, “en momentos de alta tensión como el que atraviesa hoy el Catatumbo, el acompañamiento internacional es vital para exhortar al respeto por los derechos de la población y realizar las acciones en el territorio que aseguren que los compromisos adquiridos se traduzcan en bienestar real para la población.

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