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La política de lucha contra las drogas en Colombia es caldo de cultivo para la violación sistemática de los derechos humanos. Debido a la tensión irresoluble entre el deseo humano de consumir sustancias que alteren la conciencia y la prohibición de una gran cantidad de ellas, nos enfrentamos a una demanda que no puede ser suplida legalmente.
El mercado ilegalizado de drogas, al no poder ser arbitrado por instituciones estatales, es regulado por las personas involucradas en la cadena del narcotráfico a través del uso de la fuerza.
Hoy, en un análisis general de las situaciones de riesgo relacionadas con el narcotráfico y advertidas por la Defensoría del Pueblo, en las Alertas Tempranas (AT) emitidas desde el 27 de diciembre de 2017 hasta el 17 de junio 2025, se evidencia que el comercio de las drogas declaradas ilegales produce situaciones graves y masivas de violencia en los territorios cuyas víctimas son en su mayoría civiles, personas ajenas a la cadena de producción, distribución, comercialización y consumo.
De las 334 Alertas Tempranas emitidas en este período, 302 (90,4%) mencionan vulneraciones e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, relacionadas con actividades de narcotráfico; 118 (35,3%) con minería ilegal; 115 (34,4%) con contrabando; 25 (7,5%) con préstamos gota a gota; y 3 (0,9%) con tala ilegal. Solo el 6,9% de las AT (23) no tiene relación con economías ilegales.
Otro tema clave es el número de grupos armados vinculados a alguna actividad ligada con el narcotráfico; así como la amplitud geográfica de su accionar y el tipo de violencias que cometen. En el período analizado, las alertas son generadas por la acción de 78 grupos armados, del total de 79 que se mencionan en las 334 alertas.
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Los actores mayoritariamente denunciados en las alertas relacionadas con narcotráfico son: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las Facciones disidentes de las FARC-EP y el ELN con acciones, cada uno, en 23 a 28 departamentos y en la capital del país.
El alcance es otro tema a considerar. No hay un solo departamento del país en el que no se haya emitido una AT relacionada con narcotráfico y, por tanto, no hay un solo departamento en la que no haga presencia un actor armado con intereses en esa actividad; el distrito de Bogotá no escapa a esta realidad.
En cuanto a las situaciones de riesgo, se identifican cuatro conductas de entre las 15 con mayor frecuencia de denuncia someten a toda la población a un régimen totalitario, de control y vigilancia permanente. Son acciones como confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes o regulaciones a la movilidad.
Las mujeres y las niñas están especialmente afectadas por las actividades ilegales derivadas del narcotráfico cuando son convertidas en un producto comercial y lucrativo para quien las utiliza.
Los datos analizados evidencian que la actividad ilegalizada de las drogas genera múltiples situaciones de riesgo en todo el país. Este fenómeno no solo produce una amplia gama de violencias -43 modalidades identificadas-, algunas de las cuales afectan de manera desproporcionada a las mujeres, sino que además ha dado lugar a bolsones en los que la población vive bajo regímenes de control totalitario.
Aunque esta conclusión no es nueva, su respaldo empírico resulta crucial para reforzar la urgente necesidad de replantear la política actual de lucha contra las drogas.
Les invitamos a leer el artículo completo con este análisis aquí:
https://www.humanas.org.co/el-precio-de-la-prohibicion/
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