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Colombia cerró 2025 con un contraste difícil de digerir. Mientras en los territorios más golpeados por el conflicto armado se consolidan -especialmente impulsado por las comunidades- avances en transformación rural, derechos y reconocimiento de poblaciones históricamente excluidas, el país vivió la peor crisis humanitaria de las últimas dos décadas.
El deterioro no solo se enmarca en lo ocurrido en Catatumbo con los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, sino también en las cifras de desplazamiento y confinamiento. “En 2025, los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) concentraron el 60 % de los desplazamientos y más del 65 % de los confinamientos del país. Las violaciones al DIH superaron las cifras registradas en todo 2024, alcanzando los niveles más altos en casi una década, y más del 50 % de esos hechos se concentraron en esos municipios”, dice el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que se publica este viernes y que pone en evidencia una paz que avanza en políticas públicas, pero retrocede en el control efectivo del territorio.
El documento es contundente al describir el contexto. Según el Comité, 2025 fue “el año de mayor crisis humanitaria en dos décadas”, con “la cifra más alta de desplazamientos forzados en 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados”, una situación que “triplicó los registros del año anterior”. La violencia armada no solo persiste, sino que se ha intensificado en varias regiones, afectando de manera directa a comunidades que, paradójicamente, siguen comprometidas con la implementación del Acuerdo de Paz.
“Los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza y el abandono estatal continúan apostándole a la paz”, señala el Comité, al analizar la apropiación territorial de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en los 170 municipios y 16 subregiones PDET.
Para sustentar esa afirmación, el informe recurre a datos que muestran transformaciones estructurales en curso. Uno de los más relevantes es la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. A esto se suma la extensión de los PDET hasta 2034, una decisión que convierte esta política en un compromiso de largo plazo y la blinda de los cambios de gobierno.
En diálogo con Colombia+20, Julia Cogollo, presidenta del Comité, confirma esa premisa y dice que el recrudecimiento de la violencia no ha detenido las acciones de paz, ni el trabajo comunitario en las zonas rurales más afectadas.
“En el territorio, a pesar de que hay desplazamientos y confinamientos, la gente sigue construyendo, sigue viviendo, y la institucionalidad sigue desarrollando acciones permanentemente en esos territorios, también como una manera de contener la crisis humanitaria”.
Avances en temas de género, retroceso en seguridad
El informe destaca que el enfoque de derechos de las mujeres es el que presenta los mayores niveles de ejecución (62 %) y resalta el impacto del Programa Especial de Adjudicación de Tierras para mujeres campesinas y pesqueras, que ha entregado más de 7.600 hectáreas a nivel nacional. Para el Comité, estos avances son claves para entender por qué, pese al deterioro de la seguridad, los territorios siguen apostándole a la paz. El documento también pone el foco en los avances normativos para poblaciones históricamente excluidas, como los pueblos indígenas y las personas LGBTIQ+, y en el giro territorial de la justicia transicional.
Las primeras sentencias de la JEP en 2025, en los casos 01 (secuestro) y 03 (ejecuciones extrajudiciales), incorporaron las voces de víctimas de territorios PDET en la definición de las sanciones propias, un hecho que el Comité considera clave para fortalecer la legitimidad del sistema de justicia.
Sin embargo, el informe no cae en triunfalismos. La lectura de fondo es clara: la paz no está garantizada. Los avances en política pública conviven con un escenario de control armado, confinamiento y desplazamiento que sigue golpeando con fuerza a las mismas regiones donde se implementan los programas de paz.
La no repetición, advierte el Comité, está en riesgo si el Estado no logra frenar la crisis humanitaria ni recuperar el control territorial. “Cuando se entregó el informe de la Comisión de la Verdad en 2022 no teníamos un panorama de tantos actores armados y de tantos conflictos. Eso muestra efectivamente que ha habido un deterioro profundo de la situación de seguridad y que las garantías de no repetición están bastante críticas”, dice Cogollo. Por eso, el documento insiste en que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no pueden quedarse en el plano declarativo.
El riesgo del olvido y las alertas a los candidatos
Más allá de los avances y los rezagos en la implementación, el informe deja una preocupación adicional: el riesgo de que el Informe Final de la Comisión de la Verdad pierda centralidad en el debate público. Consultada sobre si como sociedad Colombia se ha ido olvidando de ese documento, Cogollo responde con franqueza:
“Yo creo que se ha ido olvidando del Informe Final de la Comisión de la Verdad y de todos los documentos que se producen, porque las estrategias pedagógicas y las garantías de la pedagogía son muy pocas”.
No obstante, aclara que el panorama no es homogéneo y que en los territorios el informe sigue teniendo vigencia política y social. “Hay un número importante, sobre todo en los territorios, que ven el informe final y las recomendaciones como parte de sus agendas de paz” señala.
En ese sentido, hace un llamado a que el documento no sea leído solo como un ejercicio de memoria histórica, sino como una hoja de ruta para la transformación e insiste en reforzar su dimensión pedagógica.
De cara al próximo ciclo electoral, Cogollo lanza alertas directas a quienes aspiran a gobernar el país. La primera está relacionada con las garantías democráticas en los territorios más afectados por la violencia:
“La primera alerta es que, en este proceso electoral, saquen las manos de la política de las campañas, que se garantice la participación efectiva en la democracia y que logremos tener elecciones en paz y transparentes”.
Y concluye con un llamado a reconocer el rol del Comité de Seguimiento: “Que vean en el Comité un aliado estratégico para construir esa paz”.
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