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11 Aug 2022 - 1:00 p. m.

La guerra en Colombia no solo ocurrió en las montañas, así llegó a zonas urbanas

El volumen “Dinámicas Urbanas de la Guerra”, del Informe Final de la Comisión de la Verdad, desentraña la relación que hay entre el conflicto armado rural y los reclamos sociales que se viven en las ciudades. La Comisión concluye que la gente perdió el miedo a protestar después del Acuerdo de Paz.
En  1964, las olas de desplazamiento hacia las ciudades provocaron que el país comenzará a poblarse desde lo urbano. / Mauricio Alvarado
En 1964, las olas de desplazamiento hacia las ciudades provocaron que el país comenzará a poblarse desde lo urbano. / Mauricio Alvarado
Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Si la Comisión de la Verdad hubiera plasmado en un retrato lo que ha representado la guerra en las zonas urbanas del país, con seguridad habrían sido imágenes de familias que residen en las “zonas de invasión” de las grandes ciudades. Justamente una de las conclusiones del libro Dinámicas Urbanas de la Guerra, parte del volumen territorial del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV), es que la guerra en el país no solo ocurrió en las montañas.

Dicho capítulo busca darle dimensión al fenómeno del conflicto armado en las ciudades. Para no ir más lejos, lo que ha pasado recientemente con los desalojos en la vereda Los Cerezos, en Bogotá, podría asemejarse a las olas de desplazamientos en las zonas rurales que se han vivido en Colombia desde la época de la violencia política.

La Comisión de la Verdad pudo determinar en ese volumen que el 87 % de las víctimas de desplazamiento en áreas rurales llegaron a poblar zonas urbanas como Bogotá, Medellín, Buenaventura, Santa Marta y Cali, las cinco ciudades receptoras de víctimas de la guerra en Colombia.

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“Nos vinimos de Boyacá y –como mucha gente por esa época– llegamos a rebuscarnos. Menos mal ya estábamos acostumbradas al frío, porque aquí no había nada construido y el viento soplaba duro. Nos fuimos recomendadas a ayudar a ocupar unos lotes. Ese día a las tres de la mañana agarramos todo y ocupamos. Al mismo tiempo se abrieron huecos, se clavaron palos, se instalaron plásticos. A las seis de la mañana estaban montados treinta ranchos”. Ese es uno de los relatos que reseña el Informe de la Comisión de la Verdad para darle dimensión a lo que significó el desplazamiento para las capitales.

En el recuento histórico de este documento dejan claro que hubo un punto de quiebre entre los años 50 y 70 sobre el desarrollo urbano del país. Mientras en 1951, por ejemplo, la población urbana estaba por debajo de los 4,5 millones de personas y la rural superaba los 7 millones de personas, apenas 13 años más tarde, en 1964, la gente que vivía en las ciudades llegó a superar las 9 millones de personas y la población en el campo pasó a ser de solo 8 millones. Ese año, por primera vez, el país comenzó a poblarse fundamentalmente desde lo urbano.

Como menciona la CEV, las ciudades se fueron haciendo a diario. Primero surgieron con fuerza los barrios populares, las mal llamadas “zonas de invasión”, y muchas prácticas comunitarias como las mingas llegaron hasta esos rincones para ayudar a suplir las necesidades de las poblaciones. En los años 50 y 60 también se impulsaron más los movimientos estudiantiles, los sindicatos y las organizaciones obreras.

La consolidación de las guerrillas urbanas

Según la Comisión, en esa época ya operaban en las zonas rurales del país las guerrillas del Eln y las Farc. En los primeros años de los 60 y 70, “el Eln fue la guerrilla más activa. Su influencia en los entornos universitarios y barriales de Bogotá, Medellín y Barrancabermeja se fortaleció a partir de la vinculación de Camilo Torres a esa organización en 1965”. De acuerdo con el Informe, la nula experiencia de algunos jóvenes universitarios que decidieron unirse a los movimientos insurgentes terminó cobrando muchas de esas vidas.

En el documento especifican, por ejemplo, algunos casos de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, específicamente entre 1964 y 1974. “No es exagerado afirmar que además de las múltiples muertes causadas por enfrentamientos con el Ejército y por la persecución del Estado, muchos líderes estudiantiles de la década de los años sesenta fueron asesinados por quienes fueran sus compañeros en armas”, se lee en el documento.

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Sobre esta época de surgimiento de guerrillas urbanas la Comisión hace una aclaración diciendo que la lucha armada que se gestó en esa generación, que era muy activa políticamente, estuvo lejos de darse en consenso. “De ello da plena cuenta la experiencia de otros líderes de la época como Francisco Mosquera, quien tras militar en el MOEC (Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino) y ser parte del sector que criticó la vía guerrillera, participó de la fundación del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), un partido de izquierda legal”.

Fue en 1974 cuando se anunció la consolidación de la primera guerrilla urbana del país: el Movimiento 19 de Abril (M-19). Una de sus acciones iniciales fue, precisamente, la toma de la Quinta de Bolívar, en la que robaron la espada del libertador Simón Bolívar, un objeto emblemático para el país y mediático estos últimos días por el lugar y significado que tuvo en la posesión del presidente Gustavo Petro.

“La historia del origen del M-19 se cruza con la de las Farc. A finales de los sesenta y principios de la década del setenta Jaime Bateman, guerrillero fariano, en ese entonces uno de los cuadros más cercanos al Estado Mayor de las Farc y quien hacía las veces de enlace con las urbes, les planteó a Manuel Marulanda y a Jacobo Arenas que la ciudad podía cumplir un papel mayor en el desarrollo de la lucha revolucionaria”, explica este volumen del Informe Final.

En esa época nació la Comisión Militar de las Farc, que operaba en ciudades como Bogotá y Cali. Luego, en 1971, en la Cuarta Conferencia de las Farc, el comandante de esa guerrilla Manuel Marulanda planteó la necesidad de llevar la lucha armada a las ciudades capitales de Colombia para desestabilizar a los poderes políticos. Después surgieron otros movimientos insurgentes, como el Ejército Popular de Liberación (Epl) con su trabajo en ciudades como Bogotá y Medellín. Sucedió algo similar con el grupo que se denominó Autodefensa Obrera, en la capital del país.

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De acuerdo con la CEV, “a diferencia de lo ocurrido en los años sesenta, en las décadas del setenta y del ochenta algunos sectores radicalizados de la juventud, del movimiento estudiantil, del movimiento popular y del sindicalismo priorizaron hacer parte de las redes urbanas y/o guerrillas urbanas del momento, en lugar de irse al monte a formar o a integrar guerrillas rurales”. En este volumen del Informe Final la Comisión explica luego la presencia que tuvieron las guerrillas rurales en las ciudades traducidas en milicias urbanas para actividades de control e inteligencia. En el caso de las Farc, por ejemplo, en 1982, en medio de la Séptima Conferencia, consolidaron un plan estratégico que se enfocaba en el trabajo urbano para “llevar la guerra a las ciudades”.

Uno de los casos más emblemáticos de esa estrategia de la exguerrilla fue el secuestro y asesinato de los diputados del Valle en abril de 2002, cuando sacaron a los 12 políticos de la Asamblea Departamental con engaños. Diez días después, ese mismo grupo sembró terror en Antioquia cuando secuestraron al entonces gobernador Guillermo Gaviria Correa y su exasesor de paz Gilberto Echeverri Mejía. Eran “secuestros con fines políticos”, como ha dicho esa guerrilla ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los últimos dos años.

La informalidad laboral en las ciudades

El documento comienza explicando que la informalidad se convirtió en una salida inmediata para resolver las problemáticas de los altos flujos migratorios que se comenzaron a consolidar en los barrios populares. Uno de los ejemplos para dimensionarlo es la fundación del barrio Policarpa Salavarrieta en Bogotá en abril de 1966, cuando un grupo de personas –la mayoría desplazadas de zonas rurales del país–, vivieron agresiones por parte de la policía, que les impedía tomarse esa área de la ciudad para vivir.

“Empezamos a ocupar a las 9:00 a.m. con casetas prefabricadas. Teníamos que pasar 45 caseticas alzadas a diferentes partes. A la media hora llegó la represión. Hay algo que hay que resaltar y es que la represión se logró retroceder con la movilización de estudiantes que hubo en las universidades y de la clase obrera”, dice una de las personas que entrevistó la CEV para este volumen. Esos procesos de urbanización informal, precisamente, son los que la Comisión resalta que se gestaron por el conflicto armado y que siguen sin resolverse con alternativas institucionales a las personas que continúan llegando desplazadas a las ciudades.

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En Cali, por ejemplo, con el Distrito de Aguablanca en el oriente de la ciudad, esas poblaciones comenzaron también a consolidarse como familias que asumían procesos autónomos de educación popular. Uno de los obstáculos que se destacan en este Informe es que no había flujos sólidos de integración con la ciudad, lo que hizo que “se cristalizaran procesos de solidaridad de cuidado mutuo y de confianza entre los vecinos”.

Con estas oleadas de desplazamiento llegaron los empleos del “rebusque” y los índices de pobreza en el país comenzaron a elevarse. También se normalizaron “formas de acceder a la justicia, a los recursos y al ordenamiento territorial a través del uso de la violencia”. En este contexto, dice el Informe, “la porosa frontera entre lo legal y lo ilegal, entre lo formal y lo informal, entre lo que era permitido y que no, se instauró como parte esencial de la cultura política”.

Los grupos delincuenciales ligados al contrabando, por ejemplo, crecieron y se aprovecharon de la vulnerabilidad de estas comunidades. Uno de los ejemplos para dimensionarlo es la “guerra del Marlboro”, entre bandas de contrabandistas antioqueños a comienzo de los 70. También hablan de la “guerra verde”, entre grupos de esmeralderos a finales de los 60 y comienzos de los 70.

El desenlace de esas guerras fue una antesala al paramilitarismo, según la Comisión de la Verdad. Entre 1965 y 1968 se promulgó el Decreto 3398 de la Ley 48, que permitía la “colaboración de civiles en operaciones militares y policiales”. El Informe explica que esa norma permitió que los grupos armados, al servicio de estructuras delincuenciales en el país, pudieran ejercer violencia de forma más abierta, “incluso más si sus rivales eran los grupos guerrilleros o las mismas fuerzas estatales”.

Las transformaciones en las ciudades, como consecuencia de la movilización social

Este volumen del Informe Final también hace un recuento histórico detallado sobre lo que significó para las ciudades la llegada de estructuras de narcotraficantes como los carteles de Cali, del Valle y de Medellín. Sin embargo, hacen énfasis en las transformaciones que vivieron las ciudades y que se evidenciaron en la protesta social en Colombia. El 2013 fue el año con mayor número de movilizaciones en el país desde 1975, con 1.051 protestas.

Vea aquí el contenido transmedia completo del Informe Final de la CEV

La conclusión de la Comisión de la Verdad sobre este tema es que “se perdió el miedo a protestar, un logro de por sí de los Acuerdos de Paz”. Las movilizaciones las han liderado los sectores obreros, los grupos campesinos, trabajadores estatales, el sector del magisterio, las personas del sector salud, los estudiantes, los grupos LGBTI, entre otros grupos poblacionales. Hablan sobre el paro cívico de Buenaventura (en 2017) y, por supuesto, del paro nacional que arrancó en 2019 y culminó en 2021 luego de días consecutivos de protestas en el país.

Sobre este punto, que ha sido uno de los más álgidos en el último año en Colombia, la Comisión identificó que hay dos fenómenos que persisten en las ciudades y que configuran escenarios propicios a que se reciclen ciclos de violencia propios del conflicto armado. Sus advertencias son puntuales y tajantes: “Por un lado, el tratamiento de orden público a la protesta social y, por el otro, la creciente desigualdad. La vinculación de la protesta con el terrorismo y las alusiones a las posibles amenazas a la democracia y a las instituciones son prácticas que persisten al menos desde hace 60 años”.

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