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Colombia cerró 2025 con un contraste marcado entre una grave crisis humanitaria y avances significativos en la construcción de paz.
El quinto informe del Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad revela que, pese a que los municipios más afectados por el conflicto concentran la mayoría de los desplazamientos, confinamientos y violaciones al derecho internacional humanitario, las comunidades rurales —especialmente en los territorios PDET— persisten procesos de paz impulsados desde los territorios y se identifican transformaciones estructurales en marcha, como la reducción de la pobreza multidimensional y la extensión de los PDET hasta 2034.
Así lo evidencia también Julia Cogollo, presidenta del Comité de Seguimiento, en entrevista con Colombia+20.
El informe señala algunos avances en transformación rural, pero también advierte que 2025 fue el peor año humanitario en décadas, no solo en Catatumbo sino por las cifras de confinamiento y desplazamiento en todo el país. ¿No ve una contradicción entre esos avances y el deterioro humanitario?
Yo creo que más que demostrar de pronto que es una contradicción, lo que estamos mostrando también es una gran realidad, y es que justamente los territorios PDET coinciden con las zonas donde hay mayor conflictividad en este país. Pero eso no indica que las acciones no se puedan implementar, porque en el territorio, a pesar de que hay desplazamientos, de que hay confinamientos, la gente sigue construyendo, la gente sigue viviendo y la institucionalidad, digamos, garante de la implementación de los PDET sigue desarrollando acciones permanentemente en esos territorios, también como una manera para contener la crisis humanitaria que se vive permanentemente.
Entonces ahí el mensaje que queremos dar es que queremos mostrar una realidad realmente adversa, pero que en medio de esa adversidad sí existen situaciones de esperanza a través de la implementación misma. Entonces yo creo que es más que mostrar como esa contradicción, lo que queremos mostrar es una realidad que es compleja pero que la gente vive, y en medio de toda la conflictividad vive permanentemente transformando y construyendo paz.
Y eso lo queremos mostrar también porque nos parece que tenemos que seguir incentivando la esperanza en los territorios y la posibilidad de garantizar mayor protección institucional a las personas que viven en las zonas rurales de alta conflictividad.
¿Cómo se explica algo que dice el informe y es en que en zonas de mayor conflictividad hay más iniciativas de paz de las comunidades?
Sí. A pesar de que hay desplazamientos, de que hay confinamientos, la gente sigue construyendo, la gente sigue viviendo y la institucionalidad, digamos, garante de la implementación de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PEDT)sigue desarrollando acciones permanentemente en esos territorios, también como una manera para contener la crisis humanitaria que se vive permanentemente. Entonces, ahí el mensaje que queremos dar es que mostrar una realidad realmente adversa, pero que en medio de esa necesidad sí existen situaciones de esperanza.
Si hay algo que nos dejó muy potente todo este proceso fue la movilización social que se generó después de la oleada paramilitar tan dura que tuvimos entre 1999 y 2007, e incluso la fuerte conflictividad entre 2014 y 2015. Las comunidades no tenían manera de incidir, no tenían forma de alzar la cabeza, y los PDET hacen una gran movilización social para reconstruirse y devolver la esperanza.
La gente hoy tiene como una carta y una agenda de paz, tanto los poderes como las recomendaciones del informe final para para el informe final de la comisión de la verdad, y eso hace que efectivamente haya una luz de esperanza. Si tú te vas a cualquier territorio.
Desde que se entregó el Informe Final de la Comisión de la Verdad en 2022, ¿cuáles recomendaciones son las que más se han cumplido y cuáles tienen mayor rezago?
Las recomendaciones con más rezago son las étnicas. Tienen un rezago muy importante, no solo en las recomendaciones como tal, sino también en la implementación el Acuerdo de Paz. Hoy las estadísticas no hacen una diferenciación ni en el diagnóstico ni en la implementación, y eso no ayuda ni a visibilizar ni a tomar medidas correctas para implementar políticas en comunidades étnicas.
El segundo factor es la discriminación estructural hacia los pueblos étnicos. Está el conflicto armado y sobre ellos están las comunidades étnicas. Estos factores hacen que se acentúe mucho más la baja implementación.
Hay recomendaciones con mucho avance. Yo creo que el tema de tierras ha avanzado significativamente. No es lo ideal, pero ha avanzado. También las recomendaciones sobre mujeres rurales: hay entregas, iniciativas productivas, programas de la URT, y eso muestra un avance significativo que es importante destacar.
Petro dijo en su discurso que cumpliría “a rajatabla” las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y este podría ser casi de los últimos informes que reciba su actual gobierno. ¿Ve señales reales de compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones?
Cuando inició el gobierno de Gustavo Petro, en su campaña, dijo que iba a cumplir las recomendaciones. Yo considero que no tenía la total dimensión de eso porque hay recomendaciones que no se cumplen ni siquiera en el mediano plazo y muchas dependen del Congreso.
Insistimos en que se concretaran en política pública, específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Creemos que ha habido voluntad política, pero no todas las recomendaciones dependen del Ejecutivo. Hay recomendaciones clave como el Estatuto del Campesinado, el Estatuto de la Oposición, el Decreto 1325, que aparecen como cumplidas, pero desde el enfoque transformador las grandes transformaciones territoriales todavía no se ven.
Por eso el informe del primer semestre de 2026 será sobre las reparaciones a víctimas y las del segundo semestre de 2026 será un balance de cómo este gobierno implementó las recomendaciones, y servirá para hacer llamados al siguiente gobierno.
En el apartado de víctimas, el informe señala lentitud en la reparación, incluso tras las primeras sanciones propias de la JEP. ¿Cuál es el panorama real?
Eso justamente nos motivó a hacer el informe sexto. Hay una ralentización de la implementación de las medidas de reparación, sobre todo en lo colectivo. Las cifras muestran que la implementación es muy baja.
Los PIRC (Planes Integrales de Reparación Colectiva) tardarían 26 años en completarse al ritmo actual. Entre 2003 y 2020, en zonas PDET solo 19 planes se han implementado. La ejecución presupuestal de reparación colectiva a marzo de 2025 fue apenas del 3,2%. El 79% de los 558 sujetos de reparación colectiva son étnicos, lo que evidencia la intersección de vulnerabilidades.
Eso es lo que nos llevó a decir que aquí hay que poner una alerta muy fuerte, porque las víctimas son el centro del Acuerdo y de las recomendaciones.
¿En términos de seguridad sí se evidencia un deterioro del panorama frente al momento en que se entregó el informe de la Comisión de la Verdad?
Sí. Cuando se entregó el informe no teníamos el panorama de tantos actores armados como hoy. La Cruz Roja ha dicho que hay ocho conflictos armados en el territorio. Eso muestra un deterioro profundo de la situación de seguridad y que las garantías de no repetición están bastante críticas.
Los PDET fueron extendidos hasta 2034. ¿Ustedes respaldan esa decisión?
Sí, nosotros abrazamos esa extensión porque los PDET se convirtieron en una política pública y como política pública deben ser de cumplimiento de los gobiernos. Es una manera de protegerlos y garantizar su implementación.
Los PDET son una política importante para la no repetición, la reparación integral de las víctimas y la construcción de paz territorial. Dialogan muy bien con la implementación de las recomendaciones y eso es una de las mayores garantías de implementación.
Lea también: ¿Qué significa y qué viene tras la aprobación de la ley que amplía por 10 años las zonas PDET?
Si tuviera que dejar una sola alerta a los candidatos que compiten por la silla presidencial, ¿cuál sería?
La primera alerta es que en este proceso electoral saquen las manos de la violencia y se garantice la participación democrática, con elecciones en paz y transparentes.
La segunda es que vean las recomendaciones como una gran agenda de paz, como una hoja de ruta para seguir construyendo la paz en Colombia, y que vean al Comité de Seguimiento como un aliado estratégico.
¿Cree que como sociedad nos hemos olvidado del Informe Final de la Comisión de la Verdad?
Yo creo que en parte sí. Se ha ido olvidando el Informe Final del Acuerdo de Paz y otros documentos porque las estrategias pedagógicas son muy pocas. El responsable de la pedagogía es el gobierno.
Sin embargo, en los territorios el informe y las recomendaciones siguen siendo parte de las agendas de paz. Hay que promover el informe como un documento que reflexiona sobre las causas del conflicto armado y que da pistas para transformarlo. Hay que fortalecer la pedagogía en universidades e instituciones educativas porque ahí hay un pilar potente para lograr la transformación.
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