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Este mes se presentó el cuarto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad que recoge año tras año la implementación de las 220 recomendaciones del informe final para frenar el conflicto armado en el país.
Dentro de las principales preocupaciones del Comité está la escalada de violencia política en el país, las crisis humanitarias que estallan en puntos neurálgicos del territorio, la violencia de género y la baja implementación, factores que siguen obstaculizando el alcance de la paz grande.
En ese contexto, uno de los llamados más urgentes del Comité es que, si bien el gobierno actual ha hecho esfuerzos por implementar las recomendaciones, hay que sostener el diálogo como foco en la política, así como de cara a las próximas elecciones.
En entrevista con Colombia+20, Wilson Castañeda, presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad, entregó detalles sobre los escenarios de riesgo más urgentes a atender y envió un mensaje de esperanza para construir paz.
¿Cuál es su balance general de los tres años del informe final de la Comisión de la Verdad y a poco tiempo de que cumpla un año como presidente del Comité de Seguimiento?
En este momento histórico urge acelerar la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad porque si bien están vigentes, la lentitud en la implementación nos está haciendo perder tiempo importante para consolidar los mecanismos de no repetición en materia de ponerle fin al conflicto armado.
¿Cree que las recomendaciones del Informe han quedado en el olvido?
Cuando se presentó el informe final de la Comisión se identificaron dos respuestas históricas que nos permiten responder al balance del informe hoy. La primera es que el padre Francisco de Roux fue muy insistente en recordarle a la opinión pública que el informe de la Comisión de la Verdad era un bien público, construido con la ciudadanía que debía velar por la implementación de sus recomendaciones.
Este no es un informe que pertenezca a ningún sector político, sino que es un bien público y debe ser cuidado como tal. La respuesta del entonces presidente electo y la vicepresidenta a la opinión pública de que iban a cumplir el informe a rajatabla dejó en el imaginario de muchas personas que eso era suficiente, que eran las recomendaciones para el gobierno Petro.
Por supuesto el gobierno tiene responsabilidades, pero la responsabilidad frente al informe es de todo el pueblo colombiano en su conjunto: gobierno, sociedad civil, comunidad internacional.
Tres años después del informe de la Comisión de la Verdad y un año de presidencia en mi caso, identifico que hay una cierta tranquilidad en la implementación de las recomendaciones del informe final que se está convirtiendo en olvido y ese olvido nos puede pasar una factura muy grande y es que no logremos el cometido.
La razón de esas recomendaciones es garantizar una paz estable y duradera para que no volvamos a los ciclos de violencia, pero eso es lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Que persistan esos ciclos de violencia nos debe interpelar sobre cuál es nuestro compromiso con la implementación y cómo en un momento tan complicado esas recomendaciones son una hoja de ruta para cerrar los conflictos.
¿Cómo ha visto la gestión de este gobierno siendo uno de los principales responsables en la implementación de las recomendaciones?
Este gobierno tuvo un arranque muy significativo, sobre todo cuando esbozó la construcción de plan de desarrollo que propuso incluir el artículo 8, que llevaba todas las recomendaciones al plan de desarrollo, pero que desafortunadamente esa propuesta que avanzó en Cámara, no avanzó en Senado y dejó la recomendaciones por fuera y el gobierno a través de planeación nacional sí hizo un ejercicio muy juicioso y logró incorporar 104 de las 220 recomendaciones en el actual plan de desarrollo Colombia, una potencia para la vida.
En ese mismo primer año la bancada de gobierno presentó más de 80 proyectos de ley relacionados con las recomendaciones. Cuando empieza el segundo y tercer año empezamos a ver que si bien hay esfuerzos del gobierno que se concentran sobre todo en su política de paz total, los resultados no le son favorables.
Estamos sobre los tres años del informe final y deberíamos estar rondando aproximadamente un poco más de la mitad de las recomendaciones en implementación, pero tenemos un rezago muy importante.
Hemos visto con preocupación que este año hemos tenido más de 73 líderes sociales asesinados, aumento de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y una crisis significativa en feminicidios y trans feminicidios. Esto muestra un deterioro del bienestar en territorios que le han apostado al Acuerdo de Paz.
¿De qué manera la política de paz total ha frenado o impulsado la puesta en marcha de las recomendaciones?
Cuando la Comisión de la Verdad entregó el informe fue consciente de que hay conflictos abiertos en Colombia y se hizo un llamado para que el país caminara hacia la paz grande. Este Comité encuentra una voluntad sensata del gobierno actual en su proyecto de paz total que responde a la paz grande y hemos encontrado avances significativos, pero también riesgos.
Este es un gobierno que creyendo en la centralidad de la paz tomó la decisión de sentarse con los actores, como indicaba la Comisión de la Verdad, y buscar una salida negociada. Encontramos un avance significativo en Buenaventura, Medellín y una parte de Quibdó, que son territorios que le apostaron a un proceso de paz novedoso que tiene el reto de lograr que el Congreso legisle al respecto.
Por supuesto lo que ha pasado con Comuneros del Sur donde se han logrado acuerdos más rápidos con una gran participación de la sociedad civil y las autoridades de Nariño. Sin embargo tenemos preocupaciones porque la mayoría de procesos están paralizados y nos preocupa el diálogo con ELN. También nos preocupan los ceses al fuego unilaterales o bilaterales que no se discutieron en articulación con los territorios. Otra preocupación es la ausencia de la participación ciudadana.
Hemos visto en los territorios donde se implementó el proyecto de paz total fueron territorios donde se incrementó el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Se incrementó el minado de los territorios campesinos y se aumentó el riesgo de la ciudadanía con prácticas como confinamiento en Catatumbo, sur de Bolívar, Chocó y Cauca.
¿Qué grandes avances y desafíos críticos que requieran atención urgente han podido identificar?
A lo largo y ancho del país hay un montón de personas de la sociedad civil que están dinamizando el legado de la Comisión de la Verdad. Identificamos procesos ciudadanos que realizaron en Colombia y otros países actos de memoria y de fortalecimiento del legado en acciones que dan cuenta que la sociedad está tomando en serio el llamado del informe final.
El Ministerio de Educación ha logrado avanzar en la cátedra para la paz y hay escuelas y universidad que la están impartiendo y permitiendo hacer memoria desde los escenarios educativos. También celebramos que en el último informe del Instituto Kroc se pudo reconocer que pasamos de un 51% a un 57% de la implementación del Acuerdo de Paz.
En contexto: Acuerdo de Paz superó mitad del plazo para su implementación: seguridad, su talón de Aquiles
Hay retos críticos como la concreción de un país que respeta la vida. Nos preocupa que seguimos encontrando un gran desconocimiento de los funcionarios y funcionarias públicas de su responsabilidad frente a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Todavía no logramos concretar proyectos de bienestar para los excombatientes y seguimos con una alta tasa de asesinatos. No hemos encontrado un mecanismo de protección integral que les haga pensar que lo mejor fue haber dejado las armas.
Si bien logramos una reforma de la Ley 1448, Ley de Víctimas, no logramos darle herramientas fuertes al Estado para que avance en la reparación integral y las garantías de no repetición, que es una deuda histórica.
Celebramos que la Jurisdicción Especial para la Paz por fin reabra su caso de violencia sexual, el macrocaso 11, pero después de un año no vemos avances claros y no es clara la ruta para los comparecientes.
Nos preocupa la permanencia de la violencia dentro de la política y la democracia. Eso da cuenta de una situación grave como el atentado contra Miguel Uribe. Esa es una de las recomendaciones más estructurales del informe de la Comisión y es sacar la violencia de la política no solo verbal sino también simbólica.
¿Cuál es el llamado frente a la violencia política que se mantiene de cara a las próximas elecciones?
Hay que hacer un diálogo de país que nos permita generar grandes pactos, el más urgente es sacar la violencia de la política. Estamos a un par de meses de la campaña electoral. La manera en cómo se ha subido el tono de las agresiones entre candidatos y candidatas, la ausencia de un diálogo desde las ideas y las agresiones, nos tiene hoy con un candidato presidencial en una grave situación. Hacemos un llamado urgente de que no podemos dar más espera. Pidamos a todos los partidos políticos y a todos los liderazgos políticos un pacto que ponga en el centro el diálogo. Bienvenida la diferencia en torno al diálogo, pero no permitimos ningún tipo de violencia física, verbal o simbólica.
Hagamos del diálogo nuestro único ejercicio de articulación y así podamos por fin reconciliarnos donde todos y todas las colombianas tengamos cabida y la diferencia no sea un motivo de exclusión, sino de integración.
¿Qué hace falta para alcanzar la paz grande y cuál es el llamado a la generación actual para continuar en la construcción de paz?
La Comisión de la Verdad es consciente que hay prácticas de violencia que son estructurales y que si bien hay unos responsables particulares de esas violencias son violencias que están alimentadas por unas prácticas sociales que se han naturalizado. El informe final nos desafía a hacer pactos para poner fin al patriarcado, a la misoginia, al lenguaje violento, a la agresión.
Las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de trazar una hoja de ruta para este momento tan difícil que vivimos en el país. Debemos hacer una lectura en primera persona para saber cuál es nuestro trabajo frente al llamado estructural para alcanzar la paz. Son acciones muy concretas para responder desde cada uno.
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