‘4,7 % de los militares víctimas han recibido ayuda para buscar a sus desaparecidos’: Ejército

El Comando Conjunto Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares reveló, en su más reciente informe, titulado “Identificación de los miembros de las Fuerzas Militares como víctimas del conflicto armado en Colombia” revelan que apenas el 1,5 % de los militares afectados en medio del conflicto armado consideran que el Estado ha garantizado plenamente su derecho a la justicia, a la reparación integral, a la verdad y a las garantías de no repetición. El 98,5 % restante, aseguran que nada o poco les han garantizado esos derechos después de vivir el hecho victimizante.

Apenas el 4,7 % de los encuestados respondió que desde las Fuerzas Militares les han apoyado con la búsqueda de sus desparecidos y el total afirmó no haber sido ayudados para la recuperación de los cuerpos de sus familiares.

Frente a las medidas de indemnización, sólo el 21,2 % de los participantes ha recibido alguna remuneración económica por los daños sufridos en la guerra. Sobre las afectaciones psicosociales, apenas el 3,3 % de los militares que han manifestado tener diferentes problemas psicológicos y psiquiátricos, producto del conflicto armado, han sido indemnizados. Sobre las víctimas de desplazamiento forzado, el 80,5 % de ellas alega no haber recibido ningún tipo de medida de reparación o garantías de restitución que les permita retornar a su lugar de residencia, disfrutar de los derechos humanos o reintegrarse a su espacio de trabajo dentro de la Fuerza Pública. El documento concluye explicando la necesidad de analizar las nuevas necesidades de las Fuerzas Militares en Colombia, después de la terminación del conflicto armado con la otrora guerrilla de las Farc. “Es necesario analizar si tal proceso significa una transformación de la legitimidad y la legalidad de las FF. MM. y sus funciones o si, por el contrario, ambos conceptos trascienden este tipo de coyunturas políticas”.

Esto, teniendo en cuenta que entre 1997 - 2005 se presentó el mayor número de víctimas del conflicto armado de la Fuerza Pública, con más de 166.000 personas afectadas. El desplazamiento forzado, los homicidios y las amenazas fueron los delitos más cometidos hacia los uniformados.

De acuerdo con los documentos del Ejército, el recrudecimiento del conflicto armado en este período se debió, en parte, a que había una estrategia de “recuperación del territorio por parte del Estado, que era un asunto clave de la política de seguridad (democrática) del Estado”. El segundo motivo que reseñan se debe al “aumento de la actividad de los denominados grupos paramilitares, los cuales llevaron a cabo numerosas ofensivas, que produjeron un importante número de víctimas”.

Vea: La alianza entre miembros del Ejército y paramilitares en Boyacá llega a la JEP)

En ese lapso hubo un total de 166.674 militares víctimas, una cifra que es cinco veces superior a la que se presentó entre 1983 y 1996. De hecho, al igual quelas víctimas civiles, el departamento con mayor afectación fue Antioquia, en el que se presentaron casi el 19 % de todos los casos reportados, seguido de los departamentos de Cesar, Bolívar, Caquetá y Magdalena. “La victimización de militares se intensifica en los departamentos donde ya se venía generando dicho fenómeno, y aumenta sus efectos en otros departamentos donde en el periodo anterior aún no se registraban números significativos de militares víctimas. Ejemplos de esto son los departamentos de Bolívar, Caquetá, Tolima y Chocó, los cuales son lugares geoestratégicos en términos de recursos, cultivos de coca, explotación minera y petrolera, y otras actividades de economía ilícita”.

Pero no sólo los miembros del Ejército fueron afectados por la guerra. Según el documento, oficiales de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana también sufrieron afectaciones, aunque en menor proporción, en medio del conflicto armado. En ninguno de los casos se reportaron víctimas de la Fuerza Pública pertenecientes a la población LGBT.

Los grupos armados mencionados como responsables de estos hechos fueron la antigua guerrilla de las Farc (67 %), el Ejército de Liberación Nacional, Eln (26,3 %), el Ejército Popular de Liberación, Epl (2,1 %), los paramilitares (9,8 %), entre otros grupos armados a quienes se les atribuye haber cometido delitos como los homicidios, las amenazas, la desaparición forzada, los atentados, las minas antipersonales y otras municiones explosivas, entre otros que no sólo han afectado a los militares, sino también a sus familias.

(Le puede interesar: Ejército niega en un informe que haya tenido relación con el paramilitarismo)

En el período entre 2006 - 2015 hubo 117.424 militares víctimas; es decir, 25.000 casos menos que el lapso anterior. Sin embargo, Antioquia siguió siendo el departamento con mayor victimización. En los años 2006 y 2007 se presentó el pico de los casos, con 16.869 y 17.369 miembros del Ejército, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea víctimas de la guerra.

Una de las problemáticas expuestas en el informe arroja la falta de reconocimiento pleno como víctimas, a aquellos miembros de la Fuerza Pública que han sido afectados en la guerra. ”Suponer que una persona en un contexto de conflicto armado, por su carácter de combatiente, es un tipo de víctima diferente de un civil, es atentar contra la universalidad bajo la que se ha desarrollado toda teorización de los DD. HH., además de su sistema jurídico internacional, pues se estaría discriminando a algunas personas en virtud de su calidad de combatientes”.

El Comando Conjunto Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares reveló, en su más reciente informe, titulado “Identificación de los miembros de las Fuerzas Militares como víctimas del conflicto armado en Colombia” revelan que apenas el 1,5 % de los militares afectados en medio del conflicto armado consideran que el Estado ha garantizado plenamente su derecho a la justicia, a la reparación integral, a la verdad y a las garantías de no repetición. El 98,5 % restante, aseguran que nada o poco les han garantizado esos derechos después de vivir el hecho victimizante.

Apenas el 4,7 % de los encuestados respondió que desde las Fuerzas Militares les han apoyado con la búsqueda de sus desparecidos y el total afirmó no haber sido ayudados para la recuperación de los cuerpos de sus familiares.

Frente a las medidas de indemnización, sólo el 21,2 % de los participantes ha recibido alguna remuneración económica por los daños sufridos en la guerra. Sobre las afectaciones psicosociales, apenas el 3,3 % de los militares que han manifestado tener diferentes problemas psicológicos y psiquiátricos, producto del conflicto armado, han sido indemnizados. Sobre las víctimas de desplazamiento forzado, el 80,5 % de ellas alega no haber recibido ningún tipo de medida de reparación o garantías de restitución que les permita retornar a su lugar de residencia, disfrutar de los derechos humanos o reintegrarse a su espacio de trabajo dentro de la Fuerza Pública. El documento concluye explicando la necesidad de analizar las nuevas necesidades de las Fuerzas Militares en Colombia, después de la terminación del conflicto armado con la otrora guerrilla de las Farc. “Es necesario analizar si tal proceso significa una transformación de la legitimidad y la legalidad de las FF. MM. y sus funciones o si, por el contrario, ambos conceptos trascienden este tipo de coyunturas políticas”.

Esto, teniendo en cuenta que entre 1997 - 2005 se presentó el mayor número de víctimas del conflicto armado de la Fuerza Pública, con más de 166.000 personas afectadas. El desplazamiento forzado, los homicidios y las amenazas fueron los delitos más cometidos hacia los uniformados.

De acuerdo con los documentos del Ejército, el recrudecimiento del conflicto armado en este período se debió, en parte, a que había una estrategia de “recuperación del territorio por parte del Estado, que era un asunto clave de la política de seguridad (democrática) del Estado”. El segundo motivo que reseñan se debe al “aumento de la actividad de los denominados grupos paramilitares, los cuales llevaron a cabo numerosas ofensivas, que produjeron un importante número de víctimas”.

Vea: La alianza entre miembros del Ejército y paramilitares en Boyacá llega a la JEP)

En ese lapso hubo un total de 166.674 militares víctimas, una cifra que es cinco veces superior a la que se presentó entre 1983 y 1996. De hecho, al igual quelas víctimas civiles, el departamento con mayor afectación fue Antioquia, en el que se presentaron casi el 19 % de todos los casos reportados, seguido de los departamentos de Cesar, Bolívar, Caquetá y Magdalena. “La victimización de militares se intensifica en los departamentos donde ya se venía generando dicho fenómeno, y aumenta sus efectos en otros departamentos donde en el periodo anterior aún no se registraban números significativos de militares víctimas. Ejemplos de esto son los departamentos de Bolívar, Caquetá, Tolima y Chocó, los cuales son lugares geoestratégicos en términos de recursos, cultivos de coca, explotación minera y petrolera, y otras actividades de economía ilícita”.

Pero no sólo los miembros del Ejército fueron afectados por la guerra. Según el documento, oficiales de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana también sufrieron afectaciones, aunque en menor proporción, en medio del conflicto armado. En ninguno de los casos se reportaron víctimas de la Fuerza Pública pertenecientes a la población LGBT.

Los grupos armados mencionados como responsables de estos hechos fueron la antigua guerrilla de las Farc (67 %), el Ejército de Liberación Nacional, Eln (26,3 %), el Ejército Popular de Liberación, Epl (2,1 %), los paramilitares (9,8 %), entre otros grupos armados a quienes se les atribuye haber cometido delitos como los homicidios, las amenazas, la desaparición forzada, los atentados, las minas antipersonales y otras municiones explosivas, entre otros que no sólo han afectado a los militares, sino también a sus familias.

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En el período entre 2006 - 2015 hubo 117.424 militares víctimas; es decir, 25.000 casos menos que el lapso anterior. Sin embargo, Antioquia siguió siendo el departamento con mayor victimización. En los años 2006 y 2007 se presentó el pico de los casos, con 16.869 y 17.369 miembros del Ejército, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea víctimas de la guerra.

Una de las problemáticas expuestas en el informe arroja la falta de reconocimiento pleno como víctimas, a aquellos miembros de la Fuerza Pública que han sido afectados en la guerra. ”Suponer que una persona en un contexto de conflicto armado, por su carácter de combatiente, es un tipo de víctima diferente de un civil, es atentar contra la universalidad bajo la que se ha desarrollado toda teorización de los DD. HH., además de su sistema jurídico internacional, pues se estaría discriminando a algunas personas en virtud de su calidad de combatientes”.