La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) terminó hace unos días una evaluación a los avances de Colombia en la implementación del Acuerdo de Paz y destacó progresos en la aplicación del modelo de justicia transicional restaurativa, en particular en la emisión de sentencias, la calificación de conductas y la construcción de patrones macrocriminales.
El balance se conoció tras una sesión de trabajo con entidades del Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según el comunicado conjunto, por la CPI participaron Jonathan Agar, jefe de Asuntos Externos de la Oficina del Fiscal, y Eugenia Valenzuela, oficial jurídica de la Unidad de Asuntos Externos (Complementariedad y Sociedad Civil), quienes revisaron el contenido de las tres primeras sanciones impuestas por la JEP y los planes para ejecutar proyectos restaurativos.
La revisión se dio en el marco de la novena sesión de la Instancia de Articulación, espacio de coordinación interinstitucional para asegurar el cumplimiento de las sanciones propias o restaurativas impuestas a responsables de crímenes graves del conflicto armado. Allí, delegados de la CPI conocieron el contenido de las tres primeras sanciones dictadas por la JEP y los planes para ejecutar los proyectos restaurativos asociados.
“Durante la jornada, las entidades expusieron de manera detallada el proceso interinstitucional para garantizar la ejecución de los proyectos restaurativos incluidos en las dos sentencias restaurativas que imponen Sanciones Propias. La primera en el Caso 01 contra siete integrantes del último Secretariado de las Farc-EP, por la política de secuestros y, la segunda, en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en esa región del país”, se expuso en el comunicado.
La Corte Penal Internacional cerró en 2021 el examen preliminar sobre Colombia, tras más de 17 años de seguimiento, al considerar que había avances en la investigación y juzgamiento de crímenes internacionales a través de la JEP. Sin embargo, puede reabrir actuaciones si el Estado deja de investigar seriamente esos delitos.
Ese hecho cobra peso luego de que en noviembre pasado el Consejo de Seguridad de la ONU eliminara el mandato de la Misión de la ONU en Colombia sobre la verificación de las sanciones propias. Si hubiera retrocesos fuertes en la implementación, la CPI mantiene base jurídica para volver a poner el foco en Colombia.
¿Qué dijo la CPI sobre su visita?
Los delegados de la Corte Penal Internacional ratificaron que el país es un referente para la justicia transicional y “destacaron avances sustanciales en la calificación de conductas, la identificación de patrones macrocriminales y el juzgamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
La CPI dijo que continuará el seguimiento a la implementación de las sanciones propias para verificar su ejecución material en los territorios. De hecho, habrá una segunda visita entre marzo y abril.
Durante la sesión, las autoridades colombianas expusieron el esquema operativo para poner en marcha proyectos restaurativos incluidos en decisiones judiciales ya adoptadas, entre ellas las relacionadas con secuestro y con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. El énfasis estuvo en cómo traducir las órdenes judiciales en intervenciones concretas con participación de víctimas y entidades estatales.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayó el alcance institucional del compromiso con la CPI que el trabajo articulado busca que las sentencias estén soportadas en proyectos que restauren daños y aseguren derechos de las víctimas y de los territorios.
“(Las sentencias deben estar )soportadas en proyectos que restauren los daños causados, al tiempo que garanticen condiciones de seguridad y habitabilidad para que los comparecientes puedan ejecutarlos. Además, deben conducir al efectivo restablecimiento de los derechos de las víctimas y de los territorios. Este trabajo articulado demuestra que el Estado viene cumpliendo sus obligaciones”, afirmó Ramelli.
Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, anunció que desde esa cartera se han formulado siete proyectos restaurativos en apoyo a diferentes casos de la JEP y en articulación con las víctimas. “Estamos listos para iniciar su financiación y ejecución en abril próximo”, señaló.
Las entidades también expusieron el esquema operativo para poner en marcha proyectos restaurativos ligados a decisiones ya adoptadas —entre ellas las relacionadas con secuestro y con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate— y advirtieron que su ejecución exige coordinación administrativa, recursos y condiciones de seguridad.
El comunicado remarca que el acuerdo de cooperación de 2021 con la CPI incluye seguimiento a estos desarrollos y a las condiciones de implementación del Acuerdo de Paz.
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