Amenazan a familiares y abogado de Eudaldo Díaz, exalcalde asesinado de El Roble

El pasado 22 de febrero, Sebastián Escobar Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), recibió una llamada amenazante de 33 segundos: “Dígale a Juan David que si sigue metiendo a los políticos de Sucre lo vamos a matar y también nos lo llevamos a usted por delante por sapo”. El hombre se refería a Juan David Díaz Chamorro, hijo Edualdo Díaz, exalcalde de El Roble (Sucre) asesinado el 10 de abril de 2003.

Sebastián Escobar Uribe es representante de víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y adelanta el caso de la familia Díaz ante el Tribunal de Paz. Aunque la Corte Suprema de Justicia ya condenó a 40 años de prisión por este hecho a Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre, y al político Álvaro García, estos hechos son de nuevo estudiados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, después de que Arana pidiera ser sometido voluntariamente en calidad de tercero civil, es decir, como agente del Estado no integrante de la fuerza pública.

“Minutos antes de que se produjera la amenaza, la Sala había notificado a la representación de víctimas la convocatoria a Arana Sus a una audiencia de contribución a la verdad a llevarse a cabo los próximos 11 y 12 de marzo, así como su decisión de solicitarle al compareciente que ajustará su plan de contribuciones voluntarias en respuesta a la solicitud de la representación de víctimas”, aseguró el Cajar.

(Le puede interesar: “Salvador Arana no va a decir la verdad”: hijo del exalcalde de El Roble)

Después de que el caso entrara a la JEP, Juan David Díaz Chamorro fue aceptado como víctima. Dentro de sus derechos, está asistir a estas diligencias para preguntarle al político sobre la verdad del caso. “No permitiré que Salvador Arana Sus oculte la verdad sobre su responsabilidad que tienen en la muerte de mi padre, su alianza criminal con otros políticos de Sucre, ganaderos, comerciantes, empresarios y testaferros”, señaló.

Cabe recordar que Arana, en su compromiso de verdad, no sólo dijo que hablará sobre este crimen sino también las alianzas que había entre políticos de Sucre y el paramilitarismo. De hecho, el pasado diciembre de 2020, el Cajar presentó observaciones sobre su propuesta de régimen de condicionalidad, haciendo énfasis en que “debe contribuir al esclarecimiento de la verdad en nivel superior a lo establecido en la justicia ordinaria, al tiempo que hizo un llamado para que fueron precisados los hechos que comprendía el reconocimiento, la identificación de los presuntos autores o partícipes, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron”.

Con este nuevo hecho, la organización manifestó su preocupación por las constantes amenazas a las que esta familia se ha enfrentado: “Denunciamos esta grave amenaza que se suma a otras amenazas, hostigamientos y montajes judiciales que ha padecido la familia del Alcalde Díaz Salgado, así como al creciente clima de hostilidad contra el trabajo que desarrolla el Cajar ante la Jurisdicción Especial para la Paz en representación de las víctimas”.

Y agregó que “no cabe duda de que los avances de la justicia transicional en materia de verdad tienen en vilo a quienes están involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Estos avances, que son un paso muy importante para la sociedad, también están significando riesgos para las víctimas y sus representantes”.

(Lea también: Corte Suprema se opone a entrada de un “paramilitar puro” a la JEP y advierte de posible “fraude”)

La familia Díaz y el Cajar le piden al Gobierno Nacional que condene enérgicamente las amenazas y señalamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, y que, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se fortalezcan las medidas de seguridad física en favor de Juan David Díaz y el abogado Sebastián Escobar Uribe. A la Fiscalía General de la Nación también le hicieron un llamado para que adelante una investigación pronta y eficaz sobre el origen de estos amedrantamientos.

Finalmente, a la JEP le solicitaron tener en cuenta “este grave incidente de seguridad al momento de valorar el régimen de condicionalidad del compareciente Salvador Arana Sus, al tiempo que solicitamos dar seguimiento a las medidas de protección en favor de la víctima y su abogado” De todas maneras, la familia de Tito Eudaldo Díaz y sus abogados pondrán en conocimiento esta amenaza ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ordenó medidas cautelares en favor de Juan David Díaz y del Cajar.

“Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce del caso del asesinato del alcalde de El Roble, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce actualmente del caso de la histórica y constante persecución ilegal contra el Cajar desde las más altas esferas del Estado”, aseguró la organización.

Justamente, el año pasado, Juan David Díaz Chamorro, también defensor de derechos humanos, le dijo a este diario que temía por su seguridad y la de su madre. Aunque llevan 17 años esperando que Arana reconozca su responsabilidad en el crimen de su padre y que pida perdón, esto no ha sucedido. El joven cree que no sucederá y que su ingreso a la JEP lo hace para ganar beneficios y regresar a la política.

El pasado 22 de febrero, Sebastián Escobar Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), recibió una llamada amenazante de 33 segundos: “Dígale a Juan David que si sigue metiendo a los políticos de Sucre lo vamos a matar y también nos lo llevamos a usted por delante por sapo”. El hombre se refería a Juan David Díaz Chamorro, hijo Edualdo Díaz, exalcalde de El Roble (Sucre) asesinado el 10 de abril de 2003.

Sebastián Escobar Uribe es representante de víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y adelanta el caso de la familia Díaz ante el Tribunal de Paz. Aunque la Corte Suprema de Justicia ya condenó a 40 años de prisión por este hecho a Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre, y al político Álvaro García, estos hechos son de nuevo estudiados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, después de que Arana pidiera ser sometido voluntariamente en calidad de tercero civil, es decir, como agente del Estado no integrante de la fuerza pública.

“Minutos antes de que se produjera la amenaza, la Sala había notificado a la representación de víctimas la convocatoria a Arana Sus a una audiencia de contribución a la verdad a llevarse a cabo los próximos 11 y 12 de marzo, así como su decisión de solicitarle al compareciente que ajustará su plan de contribuciones voluntarias en respuesta a la solicitud de la representación de víctimas”, aseguró el Cajar.

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Después de que el caso entrara a la JEP, Juan David Díaz Chamorro fue aceptado como víctima. Dentro de sus derechos, está asistir a estas diligencias para preguntarle al político sobre la verdad del caso. “No permitiré que Salvador Arana Sus oculte la verdad sobre su responsabilidad que tienen en la muerte de mi padre, su alianza criminal con otros políticos de Sucre, ganaderos, comerciantes, empresarios y testaferros”, señaló.

Cabe recordar que Arana, en su compromiso de verdad, no sólo dijo que hablará sobre este crimen sino también las alianzas que había entre políticos de Sucre y el paramilitarismo. De hecho, el pasado diciembre de 2020, el Cajar presentó observaciones sobre su propuesta de régimen de condicionalidad, haciendo énfasis en que “debe contribuir al esclarecimiento de la verdad en nivel superior a lo establecido en la justicia ordinaria, al tiempo que hizo un llamado para que fueron precisados los hechos que comprendía el reconocimiento, la identificación de los presuntos autores o partícipes, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron”.

Con este nuevo hecho, la organización manifestó su preocupación por las constantes amenazas a las que esta familia se ha enfrentado: “Denunciamos esta grave amenaza que se suma a otras amenazas, hostigamientos y montajes judiciales que ha padecido la familia del Alcalde Díaz Salgado, así como al creciente clima de hostilidad contra el trabajo que desarrolla el Cajar ante la Jurisdicción Especial para la Paz en representación de las víctimas”.

Y agregó que “no cabe duda de que los avances de la justicia transicional en materia de verdad tienen en vilo a quienes están involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Estos avances, que son un paso muy importante para la sociedad, también están significando riesgos para las víctimas y sus representantes”.

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La familia Díaz y el Cajar le piden al Gobierno Nacional que condene enérgicamente las amenazas y señalamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, y que, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se fortalezcan las medidas de seguridad física en favor de Juan David Díaz y el abogado Sebastián Escobar Uribe. A la Fiscalía General de la Nación también le hicieron un llamado para que adelante una investigación pronta y eficaz sobre el origen de estos amedrantamientos.

Finalmente, a la JEP le solicitaron tener en cuenta “este grave incidente de seguridad al momento de valorar el régimen de condicionalidad del compareciente Salvador Arana Sus, al tiempo que solicitamos dar seguimiento a las medidas de protección en favor de la víctima y su abogado” De todas maneras, la familia de Tito Eudaldo Díaz y sus abogados pondrán en conocimiento esta amenaza ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ordenó medidas cautelares en favor de Juan David Díaz y del Cajar.

“Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce del caso del asesinato del alcalde de El Roble, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce actualmente del caso de la histórica y constante persecución ilegal contra el Cajar desde las más altas esferas del Estado”, aseguró la organización.

Justamente, el año pasado, Juan David Díaz Chamorro, también defensor de derechos humanos, le dijo a este diario que temía por su seguridad y la de su madre. Aunque llevan 17 años esperando que Arana reconozca su responsabilidad en el crimen de su padre y que pida perdón, esto no ha sucedido. El joven cree que no sucederá y que su ingreso a la JEP lo hace para ganar beneficios y regresar a la política.