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Más de 13 años se demoró Ramona Jaime Navarro para recuperar los restos de su hijo Orbei Aguilar Jaime, quien fue asesinado el 27 de marzo de 2004. Lo mataron los paramilitares en la vereda El Salado, en El Tarra (Norte de Santander), cuando apenas tenía 17 años. La razón de su muerte, la misma con la que les quitaron la vida a miles de campesinos: lo señalaron de supuestamente ser guerrillero. Ramona sólo vio la posibilidad de darle cristiana sepultura hasta 2016, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se interesó por su caso y en una labor humanitaria recuperó el cuerpo de Orbei.
“Mi hijo era agricultor. Pero no lo voy a negar, también trabajó como raspachín. Vivíamos en la parte baja de El Salado. El día que lo mataron salió a las 8:00 de la mañana a recoger un mercado junto a unos vecinos. Pero el grupo armado los agarró como al mediodía a plomo porque supuestamente eran guerrilleros. Pero en esa zona no había guerrilla”, recuerda Ramona, quien se enteró dos días después de que su hijo había sido asesinado cuando una vecina le avisó. Bajo en su caballo hasta la casa de la mujer que le dio la noticia. Y sólo hasta las 6:00 de la tarde de ese día vio el cuerpo de Orbei, que fue encontrado al borde de la carretera.
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A Ramona y las familias de las otras víctimas les dijeron que no podían bajar hasta la zona donde ocurrió la masacre, pues la orden de los paramilitares era que quienes se acercaran a los cuerpos correrían la misma suerte. “No queríamos más muertos. Ya había cuatro”, dice Ramona, quien el 29 de marzo de 2004 tuvo que enterrar a su hijo en un pedazo de tierra que le regalaron unos vecinos. “Ya venía hinchadote y estaba oliendo feo. Me dijeron que no podían velarlo toda la noche, sino que tenían que enterrarlo. Les dije que lo enterraran, porque qué más hacíamos”.
“Para mí era normal que mis hijos salieran y no volvieran a los dos días o hasta una semana después. Cuando la vecina me dio la noticia no lo creía”, relata Ramona, junto a la única foto que aún tiene de su hijo. Es una de las tres que le tomaron cuando iba a sacar su tarjeta de identidad a los 14 años. Ese día vestía una chaqueta roja de cuadros, la misma que se perdió junto al resto de cosas de Orbei cuando en 2004, meses después del asesinato, fueron desplazados por la violencia.
“Salimos desplazados porque estábamos al frente de los grupos armados. Cuando había enfrentamientos los tiros llegaban hasta la casa. Como la finca quedó sola, la gente llegaba y la saqueaba. Acabaron con todo”, narra Ramona. Junto a sus otros 10 hijos llegó a El Tarra: “Para mí fue duro, porque fue un brazo que a mí me quitaron. Es un vacío que nunca se llena”, dice la mujer de 50 años. Orbei era el mayor de todos y, según Ramona, el principal recuerdo que tienen sus hermanos son los dulces y chitos que traía cada vez que llegaba de trabajar. La única que no lo conoció fue Geraldine, la menor de todos y quien nació luego de que su hermano muriera bajo las balas de los violentos.
“Mi deseo era tener los restos”
Luego de enterrar a Orbei, Ramona puso una denuncia en la Personería de El Tarra para buscar justicia. Pero tiempo después, cuando quiso recuperar el cuerpo y trasladarlo al cementerio del El Tarra, la denuncia se convirtió en un problema. “Me dijeron que no podía sacar los restos porque ya existía un proceso penal. Y que, si los sacaba, la ley iba a caer sobre mí”, manifiesta Ramona. Ahí comenzó su lucha durante 11 años contra la burocracia que impera en los trámites legales. En ese tiempo peleó con la Alcaldía, la Fiscalía, la Personería y la Inspección municipal para que la atendieran.
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En 2015 el panorama cambió. Un enlace de la Unidad de Víctimas presentó a Ramona ante el Comité Internacional de la Cruz Roja para que le ayudaran a desenterrar los restos a través de una recuperación humanitaria. Delegados en la región del CICR fueron hasta la rústica tumba en la que reposaban los restos de Orbei. Identificaron el lugar y comenzaron a asesorar a Ramona para que presentara los papeleos necesarios. La acompañaron en todo el proceso hasta que en marzo de 2016 se dio luz verde. “Ellos sí meten la palanca donde hay que meterla. Me siento respaldada porque, de no ser por ellos, esta sería la hora de que no tendría los restos”, señala Ramona.
En marzo de 2016 se recuperaron los restos. Fueron embalados y enviados a Bogotá para que fueran identificados por Medicina Legal. Se demoraron un año y medio, y sólo hasta octubre de 2017 Ramona tuvo en sus manos los restos de su hijo. Se los entregaron en la Fiscalía Seccional de Cúcuta. “No entendía por qué no me los daban apenas los recuperaron. Yo estaba segura de que eran de Orbei. Pero el CICR me explicó que era un proceso obligatorio identificarlo. Me dio duro recibir los huesitos, pero fue un descanso porque los enterré en el cementerio de El Tarra, donde voy a visitarlo cada ocho días”.
Recuperaciones humanitarias
Derek Congram, coordinador regional forense del CICR, explica que el caso de Ramona forma parte de un proceso humanitario con el que buscan sanar el dolor de las víctimas de desaparición y brindarles apoyo sicosocial y técnico. Asimismo, que no intentan en ningún momento suplantar el papel Estado, pues existen criterios muy claros de cuándo y cómo pueden intervenir: tiene que existir una solicitud directa de la familia, la presencia del Estado en la zona debe ser nula, el sitio debe estar plenamente identificado, tiene que existir presunción de identidad y se debe garantizar que el equipo del CICR y las víctimas no vayan a sufrir repercusiones por el trabajo realizado.
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“Nosotros no nos metemos en casos penales. Siempre tenemos que asegurar que todo está claro con las familias y que el Estado no puede llegar hasta la zona. Debemos tener alguna certeza de la identificación de la persona. Nosotros no actuamos si no tenemos una presunta identidad de quienes estén en las fosas. Solo actuamos en casos en los que nada ha pasado en años y se ve mucha frustración y desesperación. Es una situación dramática”, sostiene Derek Congram.
En pocas palabras, es un trabajo muy similar al que deberá afrontar la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Uno de los objetivos es que el proceso de búsqueda de los desaparecidos se debe regir bajo un carácter extrajudicial y humanitario. Es decir, sin los obstáculos que implica un proceso penal y en el que las víctimas sean las principales protagonistas, como sucede en los casos del CICR. “Es un trabajo de inclusión, en las que las víctimas dirigen la investigación y nos dicen qué hacer”, explica el coordinador forense del organismo internacional.
El caso de Ramona se suma a las 22 intervenciones humanitarias que ha realizado el CICR en los últimos 15 meses. Es una de las pocas madres que ha podido recuperar los restos de su hijo, pues según los registros oficiales, se habla de más de 60.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto. Un reto que deberá asumir la UBPD, que hoy no cuenta con un presupuesto robusto para esta tarea. Y a esto se suma la poca voluntad política para que realmente entre en funcionamiento.