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El cuarto informe del Sistema de Monitoreo de Riesgo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), más conocida como la Fiscalía de la JEP, revela que el desplazamiento forzado ha sido el delito que más ha aumentado desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. En lo que va de este año, 3.119 personas y 1.311 familias han tenido que abandonar sus territorios por riesgos en el mismo, según la entidad.
“Cada media hora un colombiano se ha visto obligado a abandonar forzosamente su hogar este año”, dice el comunicado en el que también destacan que los departamentos que más se han visto afectados por este flagelo son Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño y las comunidades más vulnerables han sido las indígenas y afrodescendientes. “Entre la población más afectada, se encuentran precisamente los titulares de derechos y garantías ante la Jurisdicción Especial para la Paz como los resguardos indígenas y los consejos comunitarios”.
Un claro ejemplo de esta situación fue lo que denunció el personero de Medellín, William Vivas, quien aseguró que en los primeros 69 días de 2021 ya se han presentado más de la mitad de todos los casos de desplazamiento forzado que se registraron en 2020. Según él, al menos 161 indígenas provenientes de municipios como Bagadó, Riosucio, Carmen de Atrato, Quibdó y Murindó llegaron hasta la capital antioqueña por riesgos contra su vida en esos territorios.
La alerta que lanzó la UIA tiene como origen, entre otras cosas, las posibles afectaciones que esto puede tener en la participación de los colectivos que intervienen como víctimas dentro de los caso 02 (Situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño), 03 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado) o más conocido como falsos positivos y 04 (Situación territorial del Urabá).
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Parte de esta advertencia ya la había hecho la UIA este año cuando alertaron sobre las dificultades para avanzar en las investigaciones en el departamento de Nariño por parte de la justicia transicional por amenazas y riesgos de los grupos armados. Según esa instancia, desde que se firmó el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, solo en ese departamento se han cometido 22 masacres. La última, la de 11 personas que fueron asesinadas el pasado 21 de febrero en Tumaco, en hechos que las autoridades describieron como cuatro hechos diferentes de homicidios relacionados con la confrontación entre el grupo de ‘Los Contadores’ y la ‘Oliver Sinisterra’.
La gravedad de que la JEP no pueda avanzar en la investigación de los casos radica en que son más de 20.000 las víctimas acreditadas ante esta justicia y que esperan que se esclarezca la verdad sobre los hechos victimizantes. Nariño, de hecho, es el departamento es el segundo del país en el que más se han asesinado excombatientes de las Farc, con 29 casos.
Según la Fiscalía de la JEP, “de acuerdo con los registros de los últimos cuatro años, en el mismo periodo observado, la UIA concluyó que este crimen es el que más ha aumentado desde la firma del Acuerdo Final de Paz. El desplazamiento masivo de civiles se ha triplicado con respecto al mismo periodo en 2020″ y, de acuerdo con sus investigadores, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) y el Eln serían los principales perpetradores de estos desplazamientos.
El informe explica que hay tres factores de persistencia de estos desplazamientos entre los que está una disputa por el control territorial de corredores estratégicos de los grupos armados ilegales, la respuesta de las AGC, conocidas por entidades como “Clan del Golfo”, a la presión de la Fuerza Pública y las alianzas criminales que “apuntan a consolidar mandos coordinados o compartidos como el “Comando Coordinado de Occidente” en el Cauca; el “Comando Frontera Sur” en el bajo Putumayo y el “Bloque Jorge Briceño” en los Llanos del Yarí.
Otra de las cifras reveladas fue la situación de confinamiento que viven algunas comunidades de Colombia, a causa del control social y territorial que han impuesto algunos grupos armados. En lo corrido de este 2021, según la UIA, 21.494 personas y 1.599 familias permanecen en esta situación a causa del conflicto armado.
El documento que expuso la Jurisdicción Especial para la Paz este martes concluyó que: “A pesar de los procesos de paz y de los esfuerzos de las entidades estatales, las lógicas de expulsión violenta de personas, familias y comunidades, continúa y muestra señales de empeorar en los próximos meses”.