La Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para La Paz dio inicio al caso 002 que corresponde a los hechos victimizantes que sufrieron los habitantes los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) entre 1990 y el 1 de diciembre de 2016. Por casos de desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonal, así como demás violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH, la sala decidió priorizar esta situación.
La JEP ha logrado identificar alrededor de 1.000 hechos, principalmente, contra la población indígena (pueblo awá) e integrantes de Consejos Comunitarios (Río Chagüí, Alto Mira y Frontera). Esta justicia priorizó este caso debido a la vulnerabilidad de las víctimas, la representatividad de los hechos, la presencia de múltiples actores armados, la importancia económica y estratégica de las regiones en donde están asentados los pueblos étnicos.
Los hechos por los cuales inicia la etapa de reconocimientos estarían involucrados miembros de la fuerza pública, así como e integrantes de la antigua guerrilla de las Farc.
La Sala de Reconocimiento tuvo como base el inventario de la Fiscalía, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, expedientes judiciales y sentencias condenatorias.
Con esta priorización se da inicio al llamado a versiones voluntarias de quienes podrían estar involucrados en estos hechos. “La magistratura va a llegar a la verdad de lo ocurrido en estos territorios”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada indígena de la JEP.