Desaparición forzada: impunidad e indiferencia

Superar las cifras de personas desaparecidas de manera forzada que produjeron las dictaduras militares de Augusto Pinochet y Jorge Videla en Chile (40.000) y Argentina (30.000), respectivamente, es uno de los datos más escabrosos que muestra el nuevo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), “Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia”. Son 60.635 colombianos víctimas de los diferentes grupos armados.

Una de las dificultades para contabilizar este crimen de lesa humanidad, como lo aclara el CNMH, es el subregistro que existe. En primera medida muchas de las víctimas de desaparición forzada entran a ser parte de los registros oficiales de secuestro o asesinato. Por otra parte, los perpetradores son “eficaces” en los mecanismos de desaparición para garantizar la totalidad impunidad de cada caso.

“Los perpetradores se encargaron de borrar todo rastro de los cuerpos de sus víctimas, convirtieron los ríos y mares en cementerios y llenaron el país de fosas clandestinas con personas no identificadas”, señala la extensa documentación.

En lo que sí existe exactitud en el informe es en la identificación de los sectores de la sociedad colombiana más afectada por la desaparición forzada. Cuando los actores armados se concentraron en el control territorial del país afectaron a la población campesina y obrera: el simple hecho de ocupar un territorio ya era sospechoso de colaborar con algún grupo.

El informe da cuenta de otros sectores que fueron vulnerados por la desaparición forzada, como los sindicalistas y sus familias, estudiantes, militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos. A raíz de las investigaciones que se hicieron para conocer el paradero de los miembros de estos sectores de la sociedad, abogados e investigadores judiciales también fueron desaparecidos.

Un capítulo aparte de la investigación está dedicado a las ejecuciones extrajudiciales, conocidas comúnmente como falsos positivos. Según el texto del CNMH, la atroz práctica afectó a los jóvenes de zonas vulnerables del país. “(...) detenidos ilegalmente, asesinados y hechos pasar como miembros de la insurgencia por la acción de agentes corruptos del Estado que pretendieron sumarlos ignominiosamente a las estadísticas de guerrilleros dados de baja, con el fin de obtener privilegios dentro de la institución militar”, reseña el texto.

Aunque se señala que la desaparición forzada empezó a registrarse durante los años sesenta y setenta, debido al aumento de las declaraciones de Estado de sitio que se instauraron para enfrentar turbaciones al orden público, las cuales eran vistas como el avance de los grupos guerrilleros.

El CNMH, a partir de 1970 hasta 1981 identifica el primer vértice histórico de la desaparición forzada en Colombia. Durante este lapso los agentes de seguridad del Estado y los nacientes grupos paramilitares usaron la desaparición forzada como herramienta de contraofensiva al nacimiento de los grupos guerrilleros. Posteriormente, de 1982 a 2005, este crimen creció a medida que los grupos paramilitares se iban consolidando en varias regiones del país y apoyados, en menor medida, por los agentes del Estado. Entre 2006 y 2015 los vestigios de los grupos contrainsurgentes después de su desmovilización, conocidos como las bandas criminales, han sido los encargados de desaparecer en Colombia.

Entre los varios actores armados del conflicto armado colombiano, las guerrillas también han tenido su papel en la desaparición de personas contra su voluntad como consecuencia del secuestro o el reclutamiento forzado. Así las cosas, el CNMH les atribuye, entre 1970 y 2015, a los grupos paramilitares la desaparición de 13.500 personas (46 %), a las guerrillas cerca de 5.900 (20 %), a las bandas criminales 2.600 (9 %) y al Estado 2.300 (8 %).

La invisibilización de la desaparición forzada en Colombia llegó a tal punto, que se ha vuelto una conducta natural, asegura el informe junto con la soledad que las víctimas encaran el proceso de búsqueda de su familiar o ser querido. “El desgastante y el arriesgado trabajo que éstas deben emprender con el propósito de hallar o de saber de su familiar. En esta tarea se suelen enfrentar con funcionarios en ocasiones desinformados o indolentes, o hasta con los propios criminales; deben invertir sus energías y sus medios económicos, causándoles nuevos daños, impactos y sufrimientos”, apunta el documento. Incluso, provocando la desaparición de las personas que buscan a sus desaparecidos.

“Solos tenemos que vivir con la incertidumbre de no saber qué les sucedió a nuestros familiares”, por ejemplo, fue lo que le dijo a El EspectadorCandelaria Vergara, esposa de Pedro Julio Movilla, líder sindical y estudiantil cordobés y miembro del Partido Comunista, quien fue desaparecido de manera forzada en el sur de Bogotá en 1993.

Sólo fue hasta 2014, luego de dos décadas de total impunidad en su caso, que esta familia sintió renacer la esperanza de justicia al conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarara la admisibilidad de su caso y evaluara la responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición de Movilla. Candelaria Vergara le contó a este diario que hasta que el caso de su esposo se aclare, no dejará de marchar y reclamar ante todas las instituciones.

La resistencia, la valentía y la perseverancia por parte de los familiares y organizaciones de las víctimas de desaparición forzada son resaltados por el CNMH. “(...) les debemos las conquistas jurídicas, las instituciones existentes, la conciencia creada y la puesta del tema en la agenda de los actuales procesos de negociación y en el escenario público nacional e internacional”.

Del mismo modo, las carencias del Estado para articular políticas en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la identificación y el castigo de los autores materiales e intelectuales, es un punto pendiente para el CNMH, permitiendo que se consuman las desapariciones. El director del CNMH, Gonzalo Sánchez, reclama adicionalmente generar “ejercicios y prácticas que conduzcan a que reconozcamos que se nos ha arrebatado no sólo un número desmesurado de personas, de líderes que desaparecieron junto con sus causas y de comunidades que fueron transformadas por causa del miedo, sino también nuestra capacidad de hacernos responsables del carácter de ser humano del otro”.

Superar las cifras de personas desaparecidas de manera forzada que produjeron las dictaduras militares de Augusto Pinochet y Jorge Videla en Chile (40.000) y Argentina (30.000), respectivamente, es uno de los datos más escabrosos que muestra el nuevo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), “Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia”. Son 60.635 colombianos víctimas de los diferentes grupos armados.

Una de las dificultades para contabilizar este crimen de lesa humanidad, como lo aclara el CNMH, es el subregistro que existe. En primera medida muchas de las víctimas de desaparición forzada entran a ser parte de los registros oficiales de secuestro o asesinato. Por otra parte, los perpetradores son “eficaces” en los mecanismos de desaparición para garantizar la totalidad impunidad de cada caso.

“Los perpetradores se encargaron de borrar todo rastro de los cuerpos de sus víctimas, convirtieron los ríos y mares en cementerios y llenaron el país de fosas clandestinas con personas no identificadas”, señala la extensa documentación.

En lo que sí existe exactitud en el informe es en la identificación de los sectores de la sociedad colombiana más afectada por la desaparición forzada. Cuando los actores armados se concentraron en el control territorial del país afectaron a la población campesina y obrera: el simple hecho de ocupar un territorio ya era sospechoso de colaborar con algún grupo.

El informe da cuenta de otros sectores que fueron vulnerados por la desaparición forzada, como los sindicalistas y sus familias, estudiantes, militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos. A raíz de las investigaciones que se hicieron para conocer el paradero de los miembros de estos sectores de la sociedad, abogados e investigadores judiciales también fueron desaparecidos.

Un capítulo aparte de la investigación está dedicado a las ejecuciones extrajudiciales, conocidas comúnmente como falsos positivos. Según el texto del CNMH, la atroz práctica afectó a los jóvenes de zonas vulnerables del país. “(...) detenidos ilegalmente, asesinados y hechos pasar como miembros de la insurgencia por la acción de agentes corruptos del Estado que pretendieron sumarlos ignominiosamente a las estadísticas de guerrilleros dados de baja, con el fin de obtener privilegios dentro de la institución militar”, reseña el texto.

Aunque se señala que la desaparición forzada empezó a registrarse durante los años sesenta y setenta, debido al aumento de las declaraciones de Estado de sitio que se instauraron para enfrentar turbaciones al orden público, las cuales eran vistas como el avance de los grupos guerrilleros.

El CNMH, a partir de 1970 hasta 1981 identifica el primer vértice histórico de la desaparición forzada en Colombia. Durante este lapso los agentes de seguridad del Estado y los nacientes grupos paramilitares usaron la desaparición forzada como herramienta de contraofensiva al nacimiento de los grupos guerrilleros. Posteriormente, de 1982 a 2005, este crimen creció a medida que los grupos paramilitares se iban consolidando en varias regiones del país y apoyados, en menor medida, por los agentes del Estado. Entre 2006 y 2015 los vestigios de los grupos contrainsurgentes después de su desmovilización, conocidos como las bandas criminales, han sido los encargados de desaparecer en Colombia.

Entre los varios actores armados del conflicto armado colombiano, las guerrillas también han tenido su papel en la desaparición de personas contra su voluntad como consecuencia del secuestro o el reclutamiento forzado. Así las cosas, el CNMH les atribuye, entre 1970 y 2015, a los grupos paramilitares la desaparición de 13.500 personas (46 %), a las guerrillas cerca de 5.900 (20 %), a las bandas criminales 2.600 (9 %) y al Estado 2.300 (8 %).

La invisibilización de la desaparición forzada en Colombia llegó a tal punto, que se ha vuelto una conducta natural, asegura el informe junto con la soledad que las víctimas encaran el proceso de búsqueda de su familiar o ser querido. “El desgastante y el arriesgado trabajo que éstas deben emprender con el propósito de hallar o de saber de su familiar. En esta tarea se suelen enfrentar con funcionarios en ocasiones desinformados o indolentes, o hasta con los propios criminales; deben invertir sus energías y sus medios económicos, causándoles nuevos daños, impactos y sufrimientos”, apunta el documento. Incluso, provocando la desaparición de las personas que buscan a sus desaparecidos.

“Solos tenemos que vivir con la incertidumbre de no saber qué les sucedió a nuestros familiares”, por ejemplo, fue lo que le dijo a El EspectadorCandelaria Vergara, esposa de Pedro Julio Movilla, líder sindical y estudiantil cordobés y miembro del Partido Comunista, quien fue desaparecido de manera forzada en el sur de Bogotá en 1993.

Sólo fue hasta 2014, luego de dos décadas de total impunidad en su caso, que esta familia sintió renacer la esperanza de justicia al conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarara la admisibilidad de su caso y evaluara la responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición de Movilla. Candelaria Vergara le contó a este diario que hasta que el caso de su esposo se aclare, no dejará de marchar y reclamar ante todas las instituciones.

La resistencia, la valentía y la perseverancia por parte de los familiares y organizaciones de las víctimas de desaparición forzada son resaltados por el CNMH. “(...) les debemos las conquistas jurídicas, las instituciones existentes, la conciencia creada y la puesta del tema en la agenda de los actuales procesos de negociación y en el escenario público nacional e internacional”.

Del mismo modo, las carencias del Estado para articular políticas en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la identificación y el castigo de los autores materiales e intelectuales, es un punto pendiente para el CNMH, permitiendo que se consuman las desapariciones. El director del CNMH, Gonzalo Sánchez, reclama adicionalmente generar “ejercicios y prácticas que conduzcan a que reconozcamos que se nos ha arrebatado no sólo un número desmesurado de personas, de líderes que desaparecieron junto con sus causas y de comunidades que fueron transformadas por causa del miedo, sino también nuestra capacidad de hacernos responsables del carácter de ser humano del otro”.