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Esta semana 302 reclusos del Comité de Presos por la Verdad de Colombia enviaron una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con un mensaje claro: piden ser aceptados por esta justicia restaurativa para recibir los beneficios penales (con sanciones que pueden no incluir cárcel) a cambio de aportar su verdad sobre el conflicto armado y reparar a las víctimas.
La misiva es apenas la punta de lanza de este debate para que la JEP sea una “corte de cierre del conflicto armado”, que involucre a todos los actores y sectores que tuvieron participación en la guerra, sin importar su origen o militancia. Un debate que ya tendría más de 900 interesados, entre paramilitares, narcotraficantes, grupos delincuenciales urbanos, exmiembros de Farc, militares y terceros civiles. “Hay mucha gente que se va a presentar, que no están en las cárceles, pero que aspiran llegar a la JEP, vienen por lo menos 400 solicitudes más”, dijo el exministro Álvaro Leyva Durán, quien está apoyando a este grupo de reclusos.
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El exministro explicó a Colombia2020 que la “expresión voluntaria” de estas personas de someterse a la jurisdicción de paz es apenas el primer paso para aportar verdades no conocidas judicial ni extrajudicialmente. Para eso, estos reclusos están rellenando formularios en los que deben reportar información personal, de los delitos cometidos, a qué estructuras u organizaciones ha pertenecido, si ha sido rechazado de listados oficiales (en el caso de Farc y fuerza pública) y sobre qué hechos quiere aportar su versión de la verdad.
Estos son algunos de los formularios firmados por los 302 presos que pidieromn pista en la JEP.
Hay que aclarar que cada caso debe ser valorado por la JEP, así como deber ser contrastada y evaluada “su verdad”. Leyva recordó que mientras en la justicia ordinaria solo hay dos partes que intervienen: la autoridad judicial y el imputado; donde la víctima solo puede constituirse en parte civil; “en la JEP, en cambio, las victimas están el medio, y a ellas no les importa quién diga la verdad, solo quieren saber qué pasó”.
Algunos de esos interesados se conocieron en estos días son el hacker Andrés Sepúlveda; el narco Francisco Javier Zuluaga, conocido como “Gordolindo”; Juan Carlos Mesa, “Tom”, jefe de “la Oficina” de Envigado; Héctor Germán Buitrago, “Martín Llanos”, jefe de las Autodefensas del Casanare; William Carvajal, “Daniel”, exjefe del Bloque Central Bolívar de las AUC en el Putumayo; y Guillermo León Aguirre, exjefe de “Los Pelusos”, en Norte de Santander.
Sin embargo, Colombia en Transición tuvo acceso a la lista completa de los presos de la cárcel La Picota y, además, de “Gordo Lindo”, “Carvajal” o “Tom” encontramos a Gildardo Rodríguez Herrera, más conocido como el ´hombre de la camisa roja´.
Uno de los capos del Norte del Valle que trabajó con Diego León Montoya Sánchez, o “Don Diego”, solicitado en extradición por Estados Unidos y quien purga una condena de 30 años de cárcel por homicidio. Rodríguez ya había intentado tener los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz y fue uno de los llamados “colados” por estar en la lista de miembros de las Farc. El caso se conoció en prensa y al final no salió libre porque no tuvo el aval de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y las Farc lo excluyeron del listado.
Asimismo, está Andrew Mark Deamer, narcotraficante británico conocido como ‘El Mono’ o ‘Marcos’, quien lideraba una red exportación de cocaína hacia Europa. Según las autoridades se encargaba de buscar personas que financiaran la producción de cocaína y como fachada tenía a su favor una sociedad exportadora con sede en Barranquilla (Atlántico) que facilitaba la salida de los cargamentos.
Pie de foto: Gildardo Rodríguez, narco del Norte del Valle, conocido como el “hombre de la camisa roja”. Crédito: Cortesía
También aparece Héctor José Buitrago Rodríguez, fundador y máximo jefe de las Autodefensas Campesinas de Casanare (Acc), padre de Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como "Martín Llanos", exjefe también de estas autodefensas. Ellos han sido condenados por delitos de narcotráfico y como determinadores de la masacre de San Carlos de Guaroa, cuando una comisión judicial que acababa de realizar una diligencia de extinción de dominio en una finca de un narcotraficante fue atacada, el 3 de octubre de 1997. En total 11 funcionarios fueron asesinados y otros 16 terminaron heridos.
Otro de los firmantes es Héctor Arboleda Buitrago, conocido como “el enfermero de las Farc”, acusado de practicar decenas de abortos forzados a mujeres de la exguerrilla, quien nunca fue reconocido por los excomandantes de las Farc como miembro de esta estructura armada.
También resaltan los nombres de Juan Camilo Pulido Rivero y Cristian Santiago Sandoval Moreno, capturados por el atentado en el Centro Comercial Andino, el 17 de junio de 2017, atribuido al Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp). Pulido Rivero fue capturado junto con Andrés Mauricio Bohórquez, señalado como explosivista del Mrp, dos meses antes del atentado, cuando la Policía sostuvo que lo descubrió intentando esconder un explosivo en un hueco cavado al occidente de Bogotá.
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En cuanto a Cristian Sandoval, su captura se dio en julio de 2017, al ser señalado como el responsable de una explosión en un baño de una de las sedes de la EPS Cafesalud, en marzo de 2016 en el sur de Bogotá.
Aquí otros nombres:
Paramilitares
Gran parte de las firmas enviadas a la JEP son de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que luego hicieron parte de bandas criminales, como Los Urabeños. Ese es el caso de Luis Fernando Úsuga Arango, conocido como “H20”, jefe de este grupo y sobrino del máximo líder de la banda criminal de “Los Urabeños”, Dairo Antonio Úsuga David, ‘Otoniel’.Luis Fernando Úsuga Arango, conocido como “H20”, jefe de “Los Urabeños”. Foto: Cortesía
También está Faver de Jesús Atehortúa Gómez o "Julio Palizada”, jefe de sicarios de Los Urabeños y mano derecha de "Otoniel", quien fue condenado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio, secuestro y concierto para delinquir. Según la Policía, está relacionado con varios asesinatos de dirigentes políticos del Cesar.
Igualmente, están integrantes del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), un grupo de 2000 personas que estuvo compuesto por exparamilitares del Bloque Centauros de las AUC, liderado por el narcotraficante Pedro Oliverio Guerrero Castillo, conocido como “Cuchillo”. Entre los nombres están Harold Humberto Rojas Piñero o “el loco Harold”, quien fue el segundo jefe del Erpac y William Olaya González, jefe de sicarios, sindicado de por lo menos medio centenar de asesinatos.
Otros de los nombres conocidos es el de Juan Carlos Villa Saldarriaga o “Móvil 8”, uno de los fundadores del Bloque Cacique Nutibara, y quien confesó su supuesta participación en la Operación Orión, que realizó la Fuerza Pública en la Comuna 13 de Medellín, entre el 16 y el 17 de octubre de 2002, contra las milicias de la guerrilla, donde murieron más de 80 personas y habría 92 desaparecidas.
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Asimismo, está Jairo Antonio Musso o “Pacho Musso”, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y el asesinato de dos agentes de la DEA, tres policías antinarcóticos de Colombia y un civil, quienes estaban tras un gigantesco cargamento de cocaína de los “paras”. A su llegada, de acuerdo con las autoridades colombianas, hizo parte de bandas criminales en Córdoba, Urabá y Magdalena.
En la lista también está la firma de Alexander González Urbina o “Careloco”, jefe de las autodefensas en municipios de Casanare, Boyacá y Cundinamarca, condenado a 20 años de prisión por la muerte de campesinos en los municipios de Chámeza y Recetor (Casanare). Según las autoridades colombianas, desde la cárcel lideró una banda conocida como “Los Tirofijo”, dedicada al sicariato por encargo en Bogotá y Villavicencio. Finalmente, está Vladimir Martínez Palomeque, exintegrante del ‘Bloque Bananero’ de las AUC y condenado a 40 años de prisión por ser uno de los responsables del homicidio del excabecilla de autodefensas Carlos Castaño Gil.
Exintegrantes de Farc
Aquellos que en la misiva se identifican como integrantes de las Farc tienen orígenes muy diversos, algunos siguen presos porque no fueron reconocidos por la guerrilla y el Estado como parte de esta estructura insurgente, ya sea por ser considerados “narcos” o delincuentes comunes.Por otro lado, llama la atención el caso de Pascual Guerrero Rincón, uno de los jefes de ‘Los Pascuales’, banda delincuencial que opera en Bogotá, condenado a 34 años por homicidio agravado, quien firmó el listado como miembro de una guerrilla, sin identificar cuál.
Como él también firma Carlos Humberto Valencia, “el cantante de despecho”, señalado de ser un sicario en Bogotá con más de 30 asesinatos encima y quien habría integrado el frente 14 de las Farc, comandado por "Fabián Ramírez", desde los 13 años. Según las autoridades, cuando Valencia no se ganaba la vida como cantante de música despecho se la ganaba como sicario.
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Otro de los reclusos que hace parte de la solicitud es Frederman Sarria García, alias ‘Gordo Quemado’, quien ha militado en grupos armados de distintas orillas. Sarria habría pasado de ser guerrillero del frente 48 del Bloque Sur de las Farc a integrar el Frente Sur de las Autodefensas en Putumayo. Luego, habría integrado una banda criminal que operaba entre Huila, Caquetá y Putumayo.
Como integrante de Farc también firma Darwin Lisímaco Betancourt Muñoz, quien habría estado en el bloque Oriental de las Farc y luego de su captura habría terminado como informante de la brigada 13 de Bogotá, a finales de los 90. Allí es señalado de integrar un grupo criminal conformado por militares que, entre otras acciones, ejecutó el secuestro del extranjero Benjamín Khoudari, en 1998. Por esa acción también fue procesado el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo.
Militares
Cerca de siete miembros de las Fuerza Pública que cumplen penas en la cárcel La Picota firmaron estas listas. Algunos están condenados por crímenes que nada tienen que ver con el conflicto armado como el de Gilnodier López Silva, condenado por el asesinato de una niña de 18 meses cuando estaba alicorado.Lea también: Debate por casos de militares en la JEP
Pero hay otros que siguen presos por ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como Analdo Enrique Fuentes Estrada, uno de los cinco militares acusados de asesinar dos indígenas kankuamos que presentaron como “guerrilleros muertos en combate”, el 9 de febrero de 2005, en la vereda El Pontón, en el Cesar.
Ejército de Liberación Nacional (Eln)
El primero en aparecer en las listas como integrante de la guerrilla del ELN es Hipólito Álzate Segura, quien firma como integrante del Frente de Guerra Oriental y está sindicado por el secuestro y asesinato de una joven en Yopal, así como por la extorsión al padre de la joven para su liberación, quien era un comerciante de Corabastos.Otro de los firmantes es Jairo Alonso Blandón Murillo, quien aunque asegura que hace parte de este grupo guerrillero, es conocido por pertenecer a la banda Los Occidentales, que delinquía en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.
Edinson Álvarez Guerrero o “Enano o Blancanieves”; Cristo Nel Carrascal, “Noni”; y Belsaid Carrascal Ortiz, también firman la lista como el ELN y fueron capturados entre noviembre y diciembre de 2018 por su participación en el homicidio de 10 personas en El Tarra (Norte de Santander), el 30 de julio del año pasado. En la masacre fueron asesinados cuatro exintegrantes de las Farc, un líder comunal y cinco campesinos y obreros de la región.
Entre otros nombres aparecen los de Gustavo Contreras Peñalosa, procesado por el ataque a miembros de la Fuerza Pública que llevaban material electoral en zona rural de Güicán, Boyacá, que dejó el saldo de once militares y un policía muertos. Contreras es señalado de ser el jefe de la comisión Camilo Cienfuegos del Frente Domingo Laín Sáenz del Eln. Así como aparece Robinson Adrián Ortega, uno de los tres guerrilleros acusados en 2012 del asesinato a la juez de Saravena (Arauca), Gloria Constanza Gaona.
Delincuentes organizados
En esta lista está, por ejemplo, Arnulfo Flórez Agudelo, conocido como “Perra Flaca”, condenado a 22 años de prisión por el asesinato en 2016 de Miguel Ángel Perdomo, conductor de la periodista Cecilia Orozco. Fue señalado de hacer parte de la banda “Los Tomaseros”, acusados de drogar y atracar a clientes de los bares de la Primera de Mayo.Otro caso es el de Wilson Alexander Buitrago Ávila, acusado por la Fiscalía, en diciembre 2013, por el secuestro extorsivo y asesinato del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), James Terry Watson. El 20 de junio de 2013, la banda ‘Los Canarios’, a la cual pertenecía Buitrago, abordó al agente al salir de un restaurante de Bogotá para hacerle el “paseo millonario”, que terminó con su asesinato. También está Jorge Marín, acusado de ser el jefe de finanzas de Los Rastrojos.
En los formularios de firmas de esta carta llama la atención que hay varios reclusos que sostienen pertenecer a las autodefensas y a estructuras guerrilleras, cuando están acusados de pertenecer a grupos de delincuencia común, u otros que están procesados por delitos que nada tienen que ver con el conflicto armado. Será responsabilidad de la JEP encontrar si su contribución es trascendental para esclarecer los más graves crímenes de cinco décadas de conflicto armado.