El derecho a la justicia y sus retos

La historia de la guerra en Colombia abunda en graves hechos que quedaron en el olvido o sin una mínima sanción para sus autores. La impunidad ha sido la constante. Sin embargo, más allá de los aciertos u omisiones de la justicia, hay capítulos del conflicto armado en los que las víctimas han trazado su propio camino para esclarecer lo sucedido. Ejemplos de dignidad y resistencia para satisfacer un derecho a la verdad que no depende de las lógicas procesales sino de la lucha de las comunidades.

Esa es la esencia del trabajo titulado El derecho a la justicia como garantía de no repetición, a través del cual el Centro Nacional de Memoria Histórica describe con rigor investigativo la loable misión de las víctimas a través de los años para la satisfacción de ese derecho. Un minucioso análisis sobre la evolución de la defensa de los derechos humanos frente a los ciclos y dogmas del poder judicial, que permite entender cómo los tiempos o fallos de la justicia y los de las víctimas no coinciden ni se integran.

Fueron dos años de trabajo con un equipo interdisciplinario de sicólogos, politólogos, trabajadores sociales y abogados, que no solo documentó tres décadas de aplicación de justicia penal en medio de los avances en la degradación de la guerra, sino que seleccionó doce casos de impacto nacional en distintas regiones del país, para demostrar cómo el esfuerzo de las organizaciones sociales o las familias de las víctimas fueron más eficaces en la búsqueda de la verdad que el propio sistema judicial.

El trabajo está dividido en dos tomos. El primero muestra en detalle la evolución de la justicia, destacando la manera como las víctimas o la sociedad se fueron organizando para defenderse y encontrar verdades. Un diagnóstico de tres momentos cruciales: de 1985 a 1991, cuando la justicia misma fue la víctima principal; de 1991 a 2004, cuando la violencia se multiplicó, pero también la resistencia de las comunidades, y de 2005 a hoy, en que la justicia transicional es el método elegido.

En medio de una nación que pasó del Estado de sitio a la normalización de los estados de excepción, o de la justicia sin rostro a los avances y retrocesos de la Fiscalía y la Procuraduría, la investigación se enfoca en los caminos diferentes para exigir justicia: el Cinep, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Reiniciar, Colombia Nunca Más y la lucha organizada por los derechos humanos.

El segundo tomo aborda casos específicos en los que las víctimas lograron más respuestas que la justicia misma. La desaparición forzada del estudiante Tarsicio Medina, de la Universidad Surcolombiana del Huila, en febrero de 1988; los casos de ejecuciones arbitrarias contra la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, incluyendo el catedrático Alfredo Correa de Andreis; la masacre de 12 jóvenes del barrio Punta del Este en Buenaventura en abril de 2005, y dos casos de violencia sexual en La Dorada (Putumayo) en 2009.

En cada caso, si bien hubo acción judicial y cierto sentido de justicia, en términos de explicaciones, lenguaje y respeto por las víctimas, es más destacable el esfuerzo de las familias, las organizaciones sociales o los defensores de derechos humanos. Ellos tuvieron que enfrentarse a la estigmatización o las frías conclusiones procesales para abrir un camino en el que el derecho a la justicia como garantía de no repetición fue fruto de su exigencia, de su brega, de su valentía frente a la violencia y el dolor.

Un homenaje a la memoria de miles de víctimas en Colombia, liderado por una abogada y defensora de derechos humanos que después de iniciarse como empleada judicial en un juzgado y oficiar como defensora pública e investigadora de la Comisión Colombiana de Juristas, hoy conoce en detalle cómo funciona la justicia y que son las víctimas quienes pueden liderar de mejor manera la búsqueda de la verdad: Luz Marina Monzón, una jurista y docente que prefiere ser tratada como defensora de derechos humanos.

Con otros profesionales del derecho, por sus manos han pasado casos emblemáticos. La desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987; la masacre de Pueblo Bello en 1988; el crimen del presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle en 1998; el magnicidio del periodista Jaime Garzón en 1999; el exterminio de la Unión Patriótica desde 1985 al presente; la memoria procesal familiar y colectiva de muchos episodios que demuestran la tragedia colombiana.

El derecho a la justicia como garantía de no repetición es un libro necesario. Y no se trata de crítica al poder judicial o al Estado por el lastre de impunidad que arrastran a su paso. Es esencial porque demuestra que, más allá de las sentencias, las piezas procesales, los testimonios judiciales o las condenas, lo que en Colombia resulta ejemplar es constatar cómo las víctimas, a través de la historia, terminaron siendo las auténticas protagonistas en la búsqueda de la verdad, el perdón y la paz.

La historia de la guerra en Colombia abunda en graves hechos que quedaron en el olvido o sin una mínima sanción para sus autores. La impunidad ha sido la constante. Sin embargo, más allá de los aciertos u omisiones de la justicia, hay capítulos del conflicto armado en los que las víctimas han trazado su propio camino para esclarecer lo sucedido. Ejemplos de dignidad y resistencia para satisfacer un derecho a la verdad que no depende de las lógicas procesales sino de la lucha de las comunidades.

Esa es la esencia del trabajo titulado El derecho a la justicia como garantía de no repetición, a través del cual el Centro Nacional de Memoria Histórica describe con rigor investigativo la loable misión de las víctimas a través de los años para la satisfacción de ese derecho. Un minucioso análisis sobre la evolución de la defensa de los derechos humanos frente a los ciclos y dogmas del poder judicial, que permite entender cómo los tiempos o fallos de la justicia y los de las víctimas no coinciden ni se integran.

Fueron dos años de trabajo con un equipo interdisciplinario de sicólogos, politólogos, trabajadores sociales y abogados, que no solo documentó tres décadas de aplicación de justicia penal en medio de los avances en la degradación de la guerra, sino que seleccionó doce casos de impacto nacional en distintas regiones del país, para demostrar cómo el esfuerzo de las organizaciones sociales o las familias de las víctimas fueron más eficaces en la búsqueda de la verdad que el propio sistema judicial.

El trabajo está dividido en dos tomos. El primero muestra en detalle la evolución de la justicia, destacando la manera como las víctimas o la sociedad se fueron organizando para defenderse y encontrar verdades. Un diagnóstico de tres momentos cruciales: de 1985 a 1991, cuando la justicia misma fue la víctima principal; de 1991 a 2004, cuando la violencia se multiplicó, pero también la resistencia de las comunidades, y de 2005 a hoy, en que la justicia transicional es el método elegido.

En medio de una nación que pasó del Estado de sitio a la normalización de los estados de excepción, o de la justicia sin rostro a los avances y retrocesos de la Fiscalía y la Procuraduría, la investigación se enfoca en los caminos diferentes para exigir justicia: el Cinep, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Reiniciar, Colombia Nunca Más y la lucha organizada por los derechos humanos.

El segundo tomo aborda casos específicos en los que las víctimas lograron más respuestas que la justicia misma. La desaparición forzada del estudiante Tarsicio Medina, de la Universidad Surcolombiana del Huila, en febrero de 1988; los casos de ejecuciones arbitrarias contra la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, incluyendo el catedrático Alfredo Correa de Andreis; la masacre de 12 jóvenes del barrio Punta del Este en Buenaventura en abril de 2005, y dos casos de violencia sexual en La Dorada (Putumayo) en 2009.

En cada caso, si bien hubo acción judicial y cierto sentido de justicia, en términos de explicaciones, lenguaje y respeto por las víctimas, es más destacable el esfuerzo de las familias, las organizaciones sociales o los defensores de derechos humanos. Ellos tuvieron que enfrentarse a la estigmatización o las frías conclusiones procesales para abrir un camino en el que el derecho a la justicia como garantía de no repetición fue fruto de su exigencia, de su brega, de su valentía frente a la violencia y el dolor.

Un homenaje a la memoria de miles de víctimas en Colombia, liderado por una abogada y defensora de derechos humanos que después de iniciarse como empleada judicial en un juzgado y oficiar como defensora pública e investigadora de la Comisión Colombiana de Juristas, hoy conoce en detalle cómo funciona la justicia y que son las víctimas quienes pueden liderar de mejor manera la búsqueda de la verdad: Luz Marina Monzón, una jurista y docente que prefiere ser tratada como defensora de derechos humanos.

Con otros profesionales del derecho, por sus manos han pasado casos emblemáticos. La desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987; la masacre de Pueblo Bello en 1988; el crimen del presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle en 1998; el magnicidio del periodista Jaime Garzón en 1999; el exterminio de la Unión Patriótica desde 1985 al presente; la memoria procesal familiar y colectiva de muchos episodios que demuestran la tragedia colombiana.

El derecho a la justicia como garantía de no repetición es un libro necesario. Y no se trata de crítica al poder judicial o al Estado por el lastre de impunidad que arrastran a su paso. Es esencial porque demuestra que, más allá de las sentencias, las piezas procesales, los testimonios judiciales o las condenas, lo que en Colombia resulta ejemplar es constatar cómo las víctimas, a través de la historia, terminaron siendo las auténticas protagonistas en la búsqueda de la verdad, el perdón y la paz.