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La voz que se oía en la radio en casa de la familia Jacquin advirtió que adentro del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, estaba Alfonso Jacquin. Segundo hijo de Delva Gutiérrez y Alfonso Jacquin, ese día entró al Palacio como guerrillero del M-19, con la instrucción de tomarse el edifico como segundo al mando de la toma. Cuando la Fuerza Pública impuso su contraofensiva, nunca más se supo de su paradero. Treinta y dos años después, en marzo pasado, Medicina Legal confirmó que sus restos estaban en la tumba de Libardo Durán, escolta del magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema.
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Según su familia, Pompo, como le decían en casa, salió vivo del Palacio y por eso, con la ilusión de encontrarlo, emprendió una larga lucha no sólo contra la negligencia estatal, sino también contra el estigma de ser familia de guerrillero. Hace cuatro meses que se hallaron sus restos, pero aún no los tienen y la familia cree que la demora obedece a que Jacquin era miembro del M-19. La negociación para la entrega de los restos sigue en marcha, aunque a la familia le acaban de decir que, pese a la espera de 32 años sin saber nada, en términos estrictamente jurídicos, Alfonso Jacquin nunca estuvo en condición de desaparecido.
Para el abogado de la familia, Eduardo Carreño, la situación es inexplicable. “Según declaraciones del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, de la Brigada 13 del Ejército y jefe de Inteligencia, él vio a unos cinco o seis guerrilleros heridos. Pero en este caso, como en otros, esos cuerpos fueron levantados en el cuarto piso del Palacio, según las actas de Medicina Legal, incinerados. Si estaba herido en el primer piso, ¿cómo aparece incinerado en el cuarto?”, pregunta el abogado, quien tampoco entiende por qué la Fiscalía no muestra los resultados de la investigación sobre los guerrilleros que aparecieron calcinados dentro del Palacio de Justicia.
La familia tampoco asume las demoras en la entrega del cuerpo. En un correo electrónico fechado el pasado 29 de junio, la Fiscalía le indicó a la familia de Jacquin que no podía sufragar los gastos de la entrega de los restos porque no tiene, a la fecha, indicios de que “hubiera desaparecido forzadamente”. Igualmente, en la Fiscalía indicaron que la Alcaldía de Bogotá iba a apoyar con los costos de la ceremonia de entrega en un sitio determinado, pero esa solución no fue aceptada por la familia. Hasta ahora, los familiares han puesto todo el dinero de su bolsillo para viajar de Santa Marta a Bogotá y asistir a todas las diligencias requeridas.
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La opción más viable es que la entrega se haga en el búnker de la Fiscalía entre el 26 y 27 de julio próximo. Una alternativa que no termina de calar en la familia, pues en su larga lucha ante las autoridades a las que acudieron, siempre les pidieron que no hablaran tan duro de Alfonso Jacquin. “Los funcionarios se cuchicheaban hasta que me daba la vuelta y me iba”, explicó a El Espectador una de sus hermanas que prefirió no revelar su nombre para evitar más represalias. Sin embargo, siguieron con la búsqueda y sólo hasta 2015, cuando lo declararon legalmente desaparecido, fue que se inició la toma de muestras de ADN.
“Nosotros nunca hemos sido del M-19”, agregó la familiar de Alfonso Jacquin, mientras revela que la familia tuvo que enfrentar varios allanamientos en distintas épocas. Esta mujer prefiere ocultar su nombre porque, según ella, les ha tocado vivir un estigma por la vida de Alfonso Jacquin y sólo hasta ahora han tenido tranquilidad. “Ya he podido hacer catarsis y regañar a mi hermano”, dice mirando al techo y revoloteando su mano con firmeza. También les ha pedido perdón, por los actos de su hermano, a los familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio, entre el miércoles 6 y el jueves 7 de noviembre de 1985.
“Nuestra lucha es un tema de dignidad, porque murió un hermano, un profesor, y es doloroso no saber qué pasó”, recalcó la familiar, quien recuerda a su hermano como el segundo de ocho hijos, nacidos en dos matrimonios. “Mi papá lo crió para que fuera senador. Prestó servicio militar, fue abogado, constitucionalista, contratista de la OIT, defensor de derechos humanos. Después el M-19 lo cooptó para su movimiento”, relata su hermana. “Sabíamos que era un intelectual y que estaba contra las injusticias (…) pero él sabía dividir su vida clandestina de la familiar”.
Así como no supieron que estaba en el M-19, la familia jamás imaginó que cuando escucharon en la radio la noticia de la toma del Palacio de Justicia, iban a oír también la voz de Jacquin. Según su hermana, él cuestionó siempre la lucha armada en un contexto muy difícil, como era el de hace 30 años. Sin embargo, la desigualdad y las violaciones a los derechos humanos terminaron acercándolo a los pensamientos del M-19. Hoy, ni sus excompañeros han querido saber de su caso. Y, según los entendidos, el rastro de Alfonso Jacquin tras los hechos es una pieza clave de otra investigación: la del desorden en la entrega de las víctimas de la toma guerrillera y la retoma militar.
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Desde hace dos años, la Fiscalía y Medicina Legal han dado noticias de que personas que estuvieron desaparecidas durante tres décadas, como Cristina del Pilar Guarín y Héctor Jaime Beltrán, habían sido enterradas en tumbas de víctimas que sí fueron entregadas a sus familiares. Beltrán, por ejemplo, apareció en la tumba del magistrado auxiliar Emiro Sandoval y, a su vez, sus restos siguen desaparecidos. El caos se repite en más casos que únicamente muestran el desorden que se vivió en Medicina Legal a la hora de entregar los cuerpos en 1985. La Fiscalía, hasta ahora, está tratando de remediar los errores. Pero sobre los guerrilleros del M-19, por ahora, la historia muestra que prevalecen las preguntas sin respuesta.