El resarcimiento que las víctimas de Puerto Saldaña buscan en la JEP

Entre el 1 y el 30 de abril de 2000, en esta inspección del sur del Tolima tuvo lugar uno de los desplazamientos forzados más grandes del país, en una de las mayores tomas armadas de las FARC. Hoy, las memorias de lideresas como Adonay Rincón son sinónimo de dignidad y reclamación de derechos por un caso que había sido olvidado, pero que actualmente es abordado por la JEP en el macrocaso 10.

Redacción Colombia +20
20 de diciembre de 2023 - 05:23 p. m.
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La vida de Adonay Rincón Oviedo ha estado dedicada al servicio de su comunidad y a ver cómo en Rioblanco (Tolima) los dolores que dejó la guerra se han transformado en oportunidades para seguir adelante, exigiendo derechos y dignidad.

En 1998, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entraron a Rioblanco y sus veredas, pero con una fijación particular en Puerto Saldaña. Una inspección rodeada de montañas, bañada por el río y sus cascadas, con suelos riquísimos para cultivar café y con una ubicación que permite la conexión entre el sur del Tolima con el departamento del Huila.

Los paramilitares llegaron allí a imponer su propia ley. Sin pruebas ni mediando palabra alguna, desaparecieron y asesinaron a por lo menos 200 personas a las que señalaron de ser guerrilleros o colaborar con la guerrilla de las FARC. Los subregistros jamás permitieron medir ese flagelo de forma detallada o rigurosa.

El miedo era lo único seguro en Puerto Saldaña. Para tramitar ese sentimiento, alentar a la población a salir adelante y fijar objetivos más allá de la guerra siempre estuvo en los días más difíciles el trabajo y la figura de Adonay, quien como técnica forense y, viviendo en una zona de guerra, encontró en la búsqueda de desaparecidos su vocación de vida.

“Era tan dura la situación que llegando al río pusimos mallas para que los cuerpos que arrojaran dejaran de caer al agua. Los cuerpos se perdían y los botaban por partes. Estuve en más de 200 operaciones de búsqueda y así entendí la guerra que se tomó el territorio. Cuando todo parecía que había llegado al límite, en abril del año 2000 todo empeoró”, dice.

Ese mes, la guerrilla de las FARC llegó a Puerto Saldaña. Llegaron con la idea errónea de que allí todo habitante era paramilitar o al menos vivían en función de apoyarlos.

Varias construcciones de Puerto Saldaña se mantienen abandonadas.
Varias construcciones de Puerto Saldaña se mantienen abandonadas.
Foto: Camila Granados Arango

El 1º de abril del año 2000, como lo describe el Informe “Desplazamiento forzado en la cuna de las FARC: Toma guerrillera de Puerto Saldaña”, 450 combatientes pertenecientes a los frentes 21, 25, 50 y 66 del antiguo grupo armado, incluyendo filas de las columnas móviles Jacobo Prías, Joselo Lozada Daniel Aldana y Héroes de Marquetalia, realizaron un ataque que se convertiría en la toma armada más larga de todo el conflicto armado por parte de ese actor armado.

“El 1º de abril comienzan los ataques y las amenazas. El día 10 de ese mes la orden para todo Puerto Saldaña era el de evacuar completamente y como vieron que hubo gente que se resistía a dejar sus hogares, atacaron con cilindros bomba, tatucos, granadas y más armas de alto impacto. La gente se comenzó a ir en caballo o lo encontraran más rápido. Puerto Saldaña quedó prácticamente sólo después de ese desalojo forzado. Algunas familias que se quedaron fueron asesinadas y con el tiempo nos enteramos que sólo permanecieron algunos policías y paramilitares que vivían en la región. La gente se calló por mucho tiempo… no por ser paramilitares o apoyarlos, sino por puro miedo”, narra Adonay.

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Esta mujer se convirtió en guardiana de la memoria en Puerto Saldaña, a pesar de no figurar entre las víctimas del desplazamiento forzado de ese mes, que se extendió por 28 días. “La consecuencia más visible aquí fue un desplazamiento masivo. La Unidad de Víctimas no ha querido que la población figure como desplazada colectiva y hay varios errores, entre ellos pensar que Puerto Saldaña es parte de Saldaña que es un municipio que queda lejos de acá.”, lamenta Adonay que al igual que los sobrevivientes de esa toma armada esperan justicia; algo que ha sido tan esquivo como lejano.

La justicia ordinaria le ha hecho el quite a la investigación de ese caso y las luchas por acceder a tribunales para obtener reparación y visibilidad se han dificultado aun cuando han pasado 11 años desde que la inspección de puerto Saldaña fue repoblada y de a poco puesta en pie.

De acuerdo con Julio Soler, Coordinador de Participación del Programa de Participación y Reparación Colectiva de CODHES y USAID, este fue un capítulo de la guerra que no contó con apoyo mediático para ser visible, a sabiendas de mostrar un patrón de macrocriminalidad claro y evidente por parte de las extintas FARC.

“En Puerto Saldaña se presentó uno de los ataques más graves y representativos de la violencia de las FARC contra comunidades de la sociedad civil. Esto cabe perfectamente en el macrocaso 10 de la Jurisdicción especial para la Paz (JEP), relacionado con los crímenes no amnistiables cometidos por las FARC, pues usaron armas completamente desproporcionadas contra los civiles, produjeron la muerte de cientos de personas e ilustra un patrón de macrocriminalidad.”, explica.

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Para Soler y Adonay fue clave la intervención del Programa CODHES -USAID para darle a este caso la importancia nacional que merece. Ambos coinciden en que por medio de la construcción del Informe “Desplazamiento forzado en la cuna de las FARC”, realizado junto con Opción Legal, la comunidad logró tocar las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de muchos relatos que han sido invisibilizados y que servirán para la no repetición.

“Todo el trabajo para acceder a la justicia transicional se construyó desde el Programa con la Mesa de Víctimas del territorio para hacer visible a la comunidad. Logramos organizar los hechos en lógica de la JEP para identificar a los responsables dentro de los altos mandos. Antes no había estrategia mediática a pesar de la gravedad. La comunidad estuvo en la capacidad de organizarse y lograr esto”, comenta Julio Soler.

Aunque uno de los mayores impactos de la toma fue el desplazamiento forzado, la pérdida del tejido social y la vida colectiva comunitaria nunca regresó. Sin embargo, la creación del Informe a la JEP logró convocar a más de 200 habitantes que participaron con sus testimonios en su elaboración. Detrás de estos hay un conjunto mucho más grande de lo que este caso representa: el Informe señala que fue organizado para “apoyar una intervención de la JEP, orientada a consolidar las condiciones para la no repetición del conflicto armado, de tal manera que la justicia esté acompañada de decisiones estructurales que posibiliten avanzar en la reconstrucción del territorio y del tejido social y la consolidación de la paz territorial”.

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Y aunque hoy caminar por Puerto Saldaña es darse cuenta en carne propia que a pesar del paso de los años las huellas de la guerra son imborrables, también reposan las memorias y la fuerza de quienes un día allí vivieron y que hoy están rescatadas en el Informe por quienes han venido reconstruyendo sus vidas desde el territorio o desde otros lugares.

“Muchos de los que vivieron esos hechos ya no están con nosotros. Pero quedan hijos y nietos con el deseo de ver que la justicia llegó y que lo que les pasó a sus seres queridos no se olvidó impunemente”, concluye Adonay.

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