19 Apr 2021 - 5:01 p. m.

El urgente llamado del sistema de justicia transicional a la Defensoría del Pueblo

La misión de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda puede fracasar si continúan los asesinatos a excombatientes y defensores de DD.HH. que deberían aportar verdad ante esas instituciones. Desde diciembre de 2016, van 904 defensores y 276 firmantes del Acuerdo de paz asesinados.

Las cabezas de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos acaban de elevar una petición urgente a la Defensoría del Pueblo para que intervenga en la crítica situación que viven los excombatientes de las Farc y los defensores de derechos humanos en las regiones. De continuar así, advirtieron, la misionalidad de sus instituciones está en riesgo porque la oleada violenta contra quienes deben acudir a ese sistema les quita a las víctimas la posibilidad de conocer la verdad que se llevaron a la tumba.

Así lo dijo Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, en el acto en que acompañado del padre Francisco de Roux y Luz Marina Monzón le pidieron concretamente y de manera pública a la Defensoría evaluar la situación y emitir una resolución defensorial con recomendaciones a las instituciones del Estado y con la hoja de ruta para frenar los asesinatos. “Cuando los violentos silencian a los defensores y exintegrantes de las Farc, no solo los lastiman a ellos y a sus familias; privan también a la sociedad de un irremplazable fragmento de verdad y una fuente de reparación”, enfatizó el magistrado.

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Según explicó, el hecho de que estén asesinando a quienes deben comparecer, por ejemplo, ante la jurisdicción, también afecta a los que no han sido atacados porque se ven intimidados ante los asesinatos de sus compañeros y dejan de acudir a la JEP. “Así se pone en marcha una ominosa maquinaria que desalienta las contribuciones a la verdad. La violencia aterroriza. Este es el mensaje paralizante que se quiere enviar con cada asesinato”.

De hecho, presidente de la JEP fue más allá y dijo que hay una latente posibilidad de parálisis y fracaso de las entidades del sistema de justicia transicional. “Sin personas que apoyen activa y abiertamente la transición, básicamente porque tienen miedo de ingresar al Sistema Integral, este queda desprovisto de contenido y arriesga transformarse en una institución de papel”.

Para sustentar su llamado, las entidades del sistema presentaron cifras del Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. En relación con los líderes y defensores, dijeron que son 904 casos de asesinatos desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020. “Cerca de la mitad eran agentes activos en tareas de materialización del Acuerdo Final en distintas regiones y comunidades”, dijo Cifuentes.

Las cifras confirman que el fenómeno ha venido en aumento. Mientras que en el segundo semestre de 2016 la UIA registró 17 asesinatos, en 2017 reportó 215; en 2018, 208; en 2019, 167; y en 2020, 297. Los municipios más críticos fueron Tumaco (Nariño), Corinto y Caloto (Cauca), y Tarazá (Antioquia).

Y en el caso de los excombatientes de las Farc, la UIA reportó 276 asesinatos entre el 1 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021. Esos crímenes también han venido en aumento, aunque en 2020 se redujeron levemente: en 2017 ocurrieron 43; en 2018, 66; en 2019, 86; en 2020, 69; y en lo que va de 2021, 12. Y lo que hace la situación aún más preocupante es que del total de asesinados, el 92% (253) comparecía ante la JEP. Los departamentos con mayor número de casos fueron Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander.

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Deben implementarse las herramientas pactadas en el Acuerdo de Paz

En el llamado a la Defensoría del Pueblo, las entidades del sistema le piden evaluar la respuesta del Estado en relación con los puntos que están en el Acuerdo de Paz y que tienen la capacidad para frenar la violencia contra firmantes de ese pacto y defensores de derechos humanos. Entre ellos, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y, especialmente, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

“La pregunta, entonces, no es cómo afrontar la situación presente pues la respuesta se conoce hace tiempo. Es, más bien, cuándo, y si mañana no será demasiado tarde”, sentenció el presidente de la JEP. Además, fue enfático: con base en las cifras, dijo, es evidente que los esfuerzos emprendidos hasta el momento son insuficientes. “El ritmo de implementación del Acuerdo es lento y el país no soporta más espera”, añadió.

La respuesta del Defensor del Pueblo

De manera virtual respondió Carlos Camargo, defensor del Pueblo, quien le dio buen recibo a la petición de las entidades del sistema. “Al igual que a ustedes, nos preocupa profundamente la violación de los derechos humanos de los líderes y defensores, así como la situación de inseguridad que atraviesan quienes dejaron las armas y le apostaron a la paz”, dijo.

Según Camargo, la Defensoría del Pueblo ha venido trabajando en relación con la seguridad de los excombatientes en la Mesa Interinstitucional que preside la Consejería para la Estabilización, desde donde ha promovido recomendaciones dirigidas a diversas instituciones del Estado que tienen que ver con la protección de esa población.

Asimismo, dijo que desde 2016 hasta la fecha la Defensoría ha emitido 186 alertas tempranas territoriales y cinco documentos de advertencia nacionales que analizan la situación de líderes y defensores de derechos humanos del país.

Consejería para la Estabilización se sumó al compromiso

Luego de que las tres entidades del sistema hicieran la petición pública a la Defensoría, también se pronunció el consejero para la Estabilización, Emilio Archila. Dijo que está listo para suministrar toda la información necesaria para el informe que entregará el defensor Camargo en respuesta a la solicitud del sistema.

Destacó, además, que durante la petición de la JEP, la Comisión y la Unidad, el presidente de la jurisdicción aludió a la presentación del Plan Estratégico de Seguridad y protección, punto en el que el magistrado dijo no desconocer los esfuerzos del Gobierno para proteger a los exguerrilleros.

Además, resaltó que gracias precisamente a las acciones que se coordinan en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección se logró una disminución del 11% en los asesinatos de excombatientes de 2019 a 2020. Igualmente, en el primer trimestre de 2021 en relación con el mismo periodo de 2020 se logró una disminución del 46% en el total de victimizaciones contra esa población.

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