“En las Farc los derechos de la mujer eran quebrantados”: víctima de reclutamiento

La JEP analizará la violencia sexual y de género como delito asociado con el reclutamiento.

Foto: Éder Leandro Rodríguez

El pasado 10 de agosto, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que, por lo menos, 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por la otrora guerrilla de las Farc, entre 1996 y 2016, Natalia* no pudo ver los noticieros porque estaba siendo sometida a un proceso ambulatorio que le deben hacer en la ingle, desde hace 22 años, producto de una enfermedad de transmisión sexual que le contagió un excomandante de ese grupo armado. Ella, quien vivió en carne propia este delito desde sus 11 años, cuando fue engañada para integrar las filas del Bloque Sur, fue también víctima de violencia sexual hasta los 17.

Su historia es cruda y su forma de narrarla también. Dice que esta es la primera vez que puede contar sus vivencias sin que se quiebre a media marcha, porque tiene la certeza de que hablar la va a sanar un poco. “Y porque esta es la primera vez en 20 años que alguien nos escucha, porque siempre han hablado otras personas por nosotros. Hemos sido unos títeres, primero de la guerrilla y luego del Estado”, asegura de forma vehemente. Su caso fue documentado apenas este año, cuando formó parte del informe que la organización Resilientes entregó a la JEP el pasado 30 de julio, junto a otros 14 testimonios de víctimas en Putumayo, Santander, Tolima, Meta y Guaviare.

Natalia tiene 37 años y es madre de dos niñas, una de 16 y otra de 12. No diremos en qué región del país vive porque, como ella misma dice, “las deudas en la guerrilla no tienen vencimiento”, y aunque con el Acuerdo de Paz hubo un aire efímero de tranquilidad en ciertos territorios, ella sigue viviendo en el mismo departamento donde hace 25 años se la llevaron con mentiras a engrosar las filas insurgentes. “Tenía 11 años y un muchacho me ofreció un trabajo, luego me dijo que era en una finca y yo accedí, hasta que me llevó obligada para los campamentos guerrilleros”.

(Vea: Los relatos de víctimas de reclutamiento de Farc que tocaron las puertas de la JEP)

La historia en su familia se repetía: dos de sus hermanos también fueron reclutados por las Farc varios años atrás, aunque luego lograron escapar. Era 1996 y Natalia no entendía con exactitud lo que les había pasado. No había advertencias explícitas en las familias porque, como ella cuenta, “en esa época todo el municipio tenía que estar con la guerrilla porque no había presencia de Estado, el que no se prestara para hacer sus mandados, sus compras o para estar en sus filas, lo mataban”.

La época en la que fue reclutada es el punto de partida de la JEP para comenzar a investigar ese delito, pues coincide con el inicio del pico más alto de reclutamiento de menores de edad en el país, con 1.817 casos, entre 1997 y 2000. Para analizar casos como el suyo, por ejemplo, la justicia transicional explicó que trabajará bajo la hipótesis de que “las Farc reclutaron y utilizaron sistemáticamente, para el desarrollo del conflicto armado, a niños y niñas menores de 15 años, contrariando sus propias disposiciones expresas y formales”. Además, la JEP tendrá en cuenta otros tres delitos asociados mientras fueron llevados por la guerrilla: la violencia sexual, la desaparición forzada y los homicidios y las torturas, los tratos crueles y humillantes.

Esa conclusión es histórica y trascendental, sobre todo porque en las primeras versiones voluntarias de excomandantes de la guerrilla ante la Jurisdicción, ninguno de los excomandantes aceptó que el reclutamiento de menores de 15 años fuera una práctica sistemática y mucho menos concertada. En caso de que la imputación sea comprobada, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), las Farc habrían cometido otro crimen de guerra.

De acuerdo con la priorización que hizo pública la Jurisdicción, el 30,4 % de los casos documentados fueron contra niños y niñas menores de 15 años. El Bloque Sur, al que perteneció Natalia, fue el segundo con más casos de reclutamiento a menores de edad, con 2.669 casos. El primer bloque es el Oriental, en el que se presentaron al menos 8.987 ingresos de ese tipo.

Natalia, con rabia, asegura que es revictimizante que los exguerrilleros digan que no era posible saber la edad de los nuevos ingresos, como lo expresó Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido en la guerra como Joaquín Gómez, en una audiencia ante la JEP, “porque en el caso de quienes fuimos violadas, cómo no van a reconocer el cuerpo de una niña, cuando a esa edad no se tiene ni vello púbico”.

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Gómez, que reconoció haber tenido dos menores de 15 años bajo su mando, integraba precisamente el Bloque Sur al que perteneció Natalia; sin embargo, sus cuentas son muy superiores a las del exjefe. “Nosotros en cada frente teníamos pequeños grupos que se llamaban guerrillas y estaban conformadas por unas 24 o 25 personas. Yo llegué a ver guerrillas casi completas de niños, de menores de 15 años”. Recuerda también el ingreso de una niña de 10 años que terminó en la guerra porque había quedado huérfana. “Ella quedó sola, no tenía familia, no tenía protección y para “sobrevivir” terminó en los campamentos”.

La guerra en el cuerpo de la mujer

Natalia puede pasar horas o días completos hablando de los múltiples ingresos de menores de 15 años de los que fue testigo luego del suyo. Se detiene para reflexionar y asegura que la guerrilla, como la sociedad misma, fue profundamente machista y patriarcal. “No es lo mismo que un niño sea reclutado a que lo sea una niña”, lo repite sin saber que desde pequeña fue feminista, en tiempos en los que esa palabra era aún lejana y desconocida. “Las mujeres teníamos todas las de perder, porque a nosotras nos obligaban a planificar, nos obligaban a tener relaciones sexuales con ciertos hombres. En las Farc todos los derechos de la mujer eran quebrantados, aunque ellos hablan de una supuesta igualdad, ¿pero cuál igualdad? Para lo único que éramos iguales hombres y mujeres era para cargar el equipo y para castigos como el fusilamiento”, reclama.

A sus 12 años, el entonces comandante del frente que integraba, un hombre que había pasado los 40 años, la escogió como su “socia”, es decir, como su compañera “oficial”, que no fue más que un eufemismo para justificar la violencia sexual. “Él me decía a mí que le gustaban las niñas porque a las niñas les podía dar hasta por el culo y ellas no iban a decir nada, pero en cambio que si cogía a una mujer grande, no podía hacerle lo que se le diera la gana”.

Para ese momento, a pesar de su corta edad, Natalia entendía que estaba siendo abusada en todos los sentidos “porque los comandantes eran como los dueños de la vida de uno y los guerrilleros, en especial las mujeres, éramos sus esclavas”. Y lo explica contando que durante los cuatro años que fue la “socia” del comandante, tuvo que soportar de él maltratos físicos y verbales. Se detiene en la conversación y muestra su dentadura: “¿Si ve que acá me falta un diente? Eso fue una vez que él me golpeó. Me pegaba por todo, pero sobre todo si me veía hablando con un guerrillero sobre cualquier cosa o si me veía mirando a algún hombre. Era muy celoso conmigo, pero él sí se comía a todas las viejas que quisiera”.

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Aunque no estaba escrito en el reglamento de las Farc, recuerda que en sus primeros días después del ingreso comenzó el proceso de “adoctrinamiento”, como se le llamaba al interior de la guerrilla a las clases que recibían de otros combatientes que explicaban, entre otras cosas, las normas. “Y para nosotras las mujeres casi todo era prohibido. Los hombres, por ejemplo, sí podían fijarse en una guerrillera si les gustaba y buscar acostarse con ella, pero nosotras no, eso no se podía porque además era muy mal visto”. Uno de los delitos más graves era fijarse en un civil: “Eso daba para fusilamiento”.

Durante la menstruación, Natalia cuenta que cada niña y mujer recibía toallas higiénicas mensualmente, sin embargo, en su indumentaria, junto al uniforme, apenas les daban tres pantys cada seis meses. Y aunque confiesa que haber sido la “socia” del jefe le daba muchos beneficios, como no ser enviada a combate, eran pocas las tareas que le permitía realizar sin sentirse vigilada. “Cuando él me mandaba a hacer guardia, prácticamente él me hacía guardia a mí, al mismo tiempo, para que no fuera a hablar con ningún hombre”.

Las victimizaciones como mujer no sólo las vivió por parte del entonces comandante sino también de parte de sus compañeros que, cuando se duchaba, según cuenta, alumbraban sus partes íntimas con una linterna a lo lejos para poder verla desnuda. “Y eso cuando uno podía bañarse, porque hubo una época en la que pasé tres meses como prisionera de guerra encadenada y en ese entonces el baño era una vez a la semana, incluso, cuando teníamos la menstruación”.

Cuando habla de esa época se refiere al año 2000, cuando tenía 15 años y había intentado fugarse de la guerra por varios meses luego de enterarse que estaba embarazada del comandante. Esa fue, según ella, su razón para querer escapar y darle una nueva vida a su hijo; sin embargo, el mismo día que logró salir de los campamentos perdió al bebé. “Yo estaba en turno de guardia y por el lado de la carretera pasó un señor que me conocía, entonces me dijo que me ayudaba a escapar y me explicó el camino para salir. Pero fue tanto que corrí y que tuve que hacer para que no me mataran, que llegué con mucho sangrado y tuve un aborto”.

Luego, cuando fue encontrada y reclutada nuevamente, su destino parecía apenas obvio: ser fusilada. “Pero mientras el Secretariado estudia los casos, uno está como prisionero de guerra en una especie de celda, encadenado con varias personas más”. En ese momento, mientras esperaba, comenzó a sufrir una infección en las piernas que le generaba fiebre, dolor y picazón. De su piel salían nuches, una especie de gusanos que además del malestar, debilitaron mucho su estado de salud.

Su vida después de las Farc

Natalia se salvó de ser fusilada, únicamente, porque su razón para haberse escapado de la guerrilla era proteger a un bebé cuyo padre era un mando medio. Sin embargo, entre muchos otros castigos que se le impusieron, fue mandada a “zona roja”, donde se presentaban la mayoría de los combates entre el Ejército y las Farc. “Me mandaron ahí sí literalmente a la guerra, porque yo nunca había combatido ni sabía accionar el arma que me dieron, porque el comandante nunca me había dejado ir a entrenamientos. Y me mandaron estando enferma, débil, con fiebre y dolor en el cuerpo”, relata.

En el primer combate que presenció fue capturada por el Ejército junto a una compañera más. El resto de combatientes, según ella, fueron bombardeados. En ese momento, lejos de venir un proceso de protección de derechos por ser menor de edad, siguieron los hechos violentos. Cuando estuvo en poder del Ejército por escasas horas, narra que fue vestida “como payasa” y que la expusieron públicamente por todo el municipio en uno de los camiones de la Fuerza Pública, luego de haberla torturado para que diera información sobre el frente guerrillero al que pertenecía. Después, cuando fue trasladada a la correccional de menores, también fue víctima de violencia sexual por parte de dos policías que la violaron y la hicieron desfilar desnuda. “Me decían que hiciera mejor el papel de puta que el de guerrillera”, recuerda.

Natalia para ese entonces ya tenía 16 años y había perdido su niñez y adolescencia por la guerra. La Defensoría del Pueblo la llevó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para comenzar con el proceso de restablecimiento de derechos, como ruta para las personas que fueron reclutadas por algún grupo armado “pero la vida en esas casas juveniles es una payasada, porque nosotros vivimos muchos atropellos por el hecho de que nos tocaba convivir, sin ningún proceso previo, con otras víctimas de reclutamiento del Eln y las Auc”, explica.

En ese espacio las víctimas de diferentes grupos armados, según Natalia, se enfrentaban bajo la única razón de tener un enemigo que, a esa edad, ya les habían enseñado a odiar. “Hasta abusos sexuales hubo ahí, yo quedé embarazada de un abuso de un exintegrante de las Auc y los profesores del ICBF nunca se dieron cuenta”.

Después de tanto horror, hoy trata de sobrevivir. No solo por sus secuelas, sino también por sus problemas económicos. Por eso pide a quienes le hicieron tanto daño que la reparen y el día que su relato fue incluido en el informe que recibió la JEP, pidió que se contemple como sanción propia la creación de un fondo para las víctimas de reclutamiento en el que puedan obtener recursos para tener un proyecto productivo, para educación o para tener una vivienda propia.

Dice que para garantizar un futuro a sus hijas, quiere que la ayuden a salir del departamento o del país, como víctima exiliada. “Quiero que ponga ahí en el texto bien grande, que yo soy una mujer chévere, bacana, que tengo mucho para dar, soy una mujer que a pesar de todas las cosas soy como un diamante que todos los golpes que he tenido en la vida fueron para formarme mejor. Merezco una oportunidad”.

*Nombre cambiado por seguridad