En Ocaña, militares deberán reconocer su responsabilidad en “falsos positivos”

Las madres de falsos positivos (Mafapo) se hicieron presente a las afueras de la Fiscalía y Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, en la imputación contra el general (r) Mario Montoya por falsos positivos. Las víctimas esperan que los militares implicados reciban la misma acción que Montoya en el macrocaso que adelanta la JEP por las ejecuciones extrajudiciales.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Entre el martes 26 y el miércoles 27 de abril, Ocaña (Norte de Santander), será escenario de un episodio inédito. Un general del Ejército, nueve militares más y un civil están llamados a reconocer su responsabilidad en el asesinato de por los menos 120 personas en el Catatumbo que fueron presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008, bajo la modalidad conocida como “falsos positivos”. La justicia transicional los responsabilizaría por homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

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Se trata de la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad se encuentran frente a sus víctimas – y el país – y reconocen su participación en los hechos por los que fueron imputados. A estas 11 personas los escucharán, uno a uno y de forma presencial, 60 víctimas del conflicto. De ellas, 18 intervendrán también en el espacio. Las Madres de Soacha, colectivo emblemático de las víctimas de “falsos positivos” estarán presentes en la audiencia.

En la audiencia estarán cuatro madres de Mafapo. Jacqueline Castillo, la representante legal del colectivo, aseguró que esta primera audiencia de reconocimiento, en la que tendrá participación por primera vez un general de la República, les genera preocupaciones como víctimas: “Es lamentable que no volvamos a tener audiencias ni versiones ante la JEP por el subcaso del Catatumbo con nuestros familiares de Soacha y Bogotá”. Sin embargo, después de esta etapa de reconocimientos regionales, el Tribunal de Paz continuará con las diligencias judiciales a nivel nacional en las que estarían altos mandos militares que tendrán que responder por su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales en el país.

Estas 11 personas fueron imputadas por esos crímenes por la Sala de Reconocimiento de la JEP en julio de 2021, en la que fue la primera decisión de fondo que tomó esa jurisdicción en el macrocaso 03, que investiga los “falsos positivos”. El Catatumbo es una de las seis regiones priorizadas por esa justicia en este macrocaso, por el volumen de casos, junto a Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta, que también tendrán su imputación y posterior audiencia de reconocimiento.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha expuesto que en esta región miembros de la fuerza pública “escogieron a sus víctimas en procesos irregulares de inteligencia militar, que derivaron en falsas bajas en combate perpetradas mucho antes de conocerse el caso de los jóvenes de Soacha”. Algunas de las características de las víctimas de estas ejecuciones es que eran mayoritariamente hombres entre los 25 y 35 años, habitantes de zonas rurales en su mayoría agricultores o comerciantes, y señalados sin pruebas de pertenecer a la guerrilla.

Otra de las modalidades de estas ejecuciones es que se habrían llevado a cabo con reclutamientos y engaños a través de terceras personas que se encargaban de identificar a las posibles víctimas, haciéndoles ofertas de empleo y luego desplazarlos desde Bogotá o Soacha hasta el departamento de Norte de Santander. “Para asegurar el éxito del montaje, ni la comunidad del Catatumbo, ni los familiares de las víctimas podían conocer su paradero, por eso había que desaparecer los cuerpos”, se lee en la información de la JEP.

Entre los militares que harán el reconocimiento están el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña; el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

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Además de ellos, están también los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca) el capitán Daladier Rivera Jácome y el sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como el sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN y el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15. Junto a los 10 militares, estará Alexander Carretero Díaz, quien actuó como reclutador de las víctimas para esas dos estructuras.

Paradójicamente, la sede de la audiencia en Ocaña, donde estas 11 personas harán su reconocimiento, será la Universidad Francisco de Paula Santander, que lleva el mismo nombre del batallón en el que varios de ellos cometieron los crímenes. El hecho mismo de que la audiencia se realice en Ocaña es un acto de reparación con las víctimas, quienes pidieron que se hiciera en esa ciudad, la puerta del Catatumbo, al ser representativa de lo que les ocurrió a sus familiares.

Se espera que, en la audiencia, los militares y el civil reconozcan que los “falsos positivos” fueron parte de un patrón criminal y sistemático, que afectó a un amplio universo de víctimas, con un perfil similar. Ya hay un antecedente que indicaría que ese reconocimiento se va a dar: durante el segundo semestre de 2021, esas 11 personas ya entregaron su reconocimiento de responsabilidad por escrito ante la JEP. Ahora, deberán ratificarlo públicamente, de forma oral.

La audiencia de reconocimiento es un momento clave, pues ya lo que sigue en el caso es la resolución de conclusiones que elabora la sala y envía al Tribunal de Paz, junto con las recomendaciones para el tipo de sanciones a imponer, de acuerdo con el reconocimiento de verdad y responsabilidad de los imputados.

Esa audiencia se realizará el martes 26 y el miércoles 27 de abril, ambos días desde las 8:00 a.m., y será transmitida en vivo por los canales de la JEP, así como las plataformas de Colombia+20 y El Espectador.