Examen de derechos humanos de la ONU, una prueba que Colombia aún no pasa

Cuando lo normal es escuchar a diario noticias sobre asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, agresiones contra mujeres y niños, desplazamientos de indígenas y crímenes de grupos armados ilegales, una pausa para revisar qué está pasando en Colombia con los derechos humanos debería ser de la mayor trascendencia en el país. Por lo menos lo fue en el Comité de Derechos Humanos de la ONU este jueves 10 de mayo, al realizarse el tercer Examen Periódico Universal (EPU) al Estado colombiano. En la Sala de la Civilización, donde sesiona este grupo de trabajo en Ginebra (Suiza), 95 de los 193 países que hacen parte del Comité se concentraron durante más de tres horas en hablar de la situación colombiana.

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Aunque en teoría se trata de una evaluación específicamente enfocada en las violaciones de derechos humanos de cada Estado, el caso de Colombia es particular pues, en dos de las tres ocasiones que se ha realizado el examen, el país ha estado bajo el mando del mismo presidente: Juan Manuel Santos. Y por eso, explican expertos en la materia, no es errado afirmar que el EPU que acaba de desarrollarse en Suiza es también una revisión de la política que durante ocho años defendió a capa y espada el primer mandatario. Coincidencia o no, en 2013, cuando Santos llevaba solamente tres años en el cargo, el Comité realizó el examen y desde ese momento el país ya tenía advertencias sobre la preocupante situación de líderes sociales, por ejemplo.

En la sesión de hace cinco años quedó claro también que el país debía prestar especial atención a los asesinatos de líderes. En ese momento, estados como Australia, Bélgica, Hungría, Islandia, Irlanda, Canadá, Alemania y Países Bajos le recomendaron a Colombia que invirtiera tiempo y dinero en la protección de quienes estaban reclamando derechos sociales y de tierras en las zonas más afectadas por el conflicto. Aunque el Gobierno ha insistido en que ha aplicado toda clase de medidas para frenar los homicidios, desde la creación de grupos especiales de protección, el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y una unidad especial en la Fiscalía para investigar los crímenes, la cruda realidad indica que las medidas han sido insuficientes.

La Fiscalía tiene el registro de 261 asesinatos entre 2016 y abril de 2018 en contra de líderes y defensores, una cifra casi tres veces más alta comparada a las que se venían manejando desde 2013. Como este tema, hay otros igual de preocupantes para los miembros del Comité de la ONU. Uno de los más mencionados durante el más reciente EPU fue el de la violencia en contra de la mujer. La delegada de Irlanda expresó su preocupación por los altos índices en esta materia y se refirió a los 70.000 casos que se reportaron en 2017, especialmente relacionados con violencia doméstica. Aunque explicó que son conscientes de los avances legislativos, como la tipificación del delito de feminicidio, para esta nación europea la situación en Colombia es inaceptable.

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A pesar de que las recomendaciones que se realizan en el EPU no tienen ningún seguimiento por parte del Comité de Derechos Humanos, el acuerdo con los estados es que se deben cumplir mediante la cooperación entre naciones y las políticas públicas que cada país considere necesarias. “El problema no es que no se hayan hecho las leyes o los decretos, porque en estos cinco años se han expedido toda clase de documentos. El problema es que todo se queda en el papel y las políticas no llegan a las regiones. De nada sirve el compromiso del Estado si van a pasar otros cinco años y en 2023 volvemos a escuchar que siguen matando líderes y que no se está protegiendo a las mujeres”, explicó Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos.

De acuerdo con Muñoz, que en estos cinco años hayan aumentado los asesinatos y hoy salgan a flote los mismos problemas de 2013, no es otra cosa que un duro llamado de atención a las políticas del gobierno Santos. En los pasillos de la ONU en Ginebra, el sentimiento de Muñoz lo comparten otros asistentes. “Santos se dedicó al proceso de paz durante la mayor parte de su gobierno y, si bien fue un esfuerzo de suma importancia para los colombianos, en el país persiste una crisis de derechos humanos en la que vemos una mano débil por parte del Gobierno para solucionar. Estos cinco años demuestran que, con Nobel de Paz incluido, no se han cumplido las recomendaciones que se hacen en este recinto”, señaló una delegada argentina.

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Para los miembros del Gobierno, la realidad es diferente. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien lideró la delegación que se presentó al examen, el balance del EPU de 2018 es positivo. “Todas las intervenciones de la sesión empezaron con reconocimientos por el Acuerdo de Paz y los esfuerzos de Colombia frente a las recomendaciones que se presentaron en este mismo escenario en sesiones anteriores. En este tipo de ejercicios en el pasado, a Colombia le iba muy mal. Ahora hay reconocimientos por el Acuerdo de Paz y tenemos la cifra más baja de homicidios en los últimos años. La percepción que me llevo después de escuchar a los intervinientes es que en el 70 % de los casos, las intervenciones fueron de felicitaciones”, resaltó Rivera desde Suiza.

Si bien es cierto que todos los intervinientes reconocieron los esfuerzos de Colombia por acabar la guerra con las Farc, y algunos inclusive hicieron referencia a los intentos por hacer lo mismo con el Eln, en las sesiones del EPU es política y diplomáticamente correcto que en todas las intervenciones se haga un reconocimiento al trabajo de los países, sin importar cuál sea. “Estamos hablando de que el Comité se sostiene alrededor de la diplomacia, luego las felicitaciones y los saludos protocolarios son casi obligatorios y suceden en todas las sesiones”, explicó un experto en el sistema de la ONU que ha asistido a las tres sesiones que se han realizado en la historia del Examen Periódico Universal.

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“Desde el Estado hemos trabajado para construir una cultura de respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica. Sabemos que el camino de la reconciliación es largo, pero tenemos la tranquilidad de que ya lo estamos construyendo”, agregó Rivera. Las más de 280 recomendaciones que recibió Colombia, y que abarcaron temas como la trata de personas, los derechos de los niños y las mujeres, la urgencia de firmar un protocolo extra de la Convención contra la Tortura (un tema estrechamente relacionado con la situación de las cárceles en el país) y la protección de población afrocolombiana e indígena serán ahora evaluados por los delegados colombianos para determinar cuáles acepta y cuáles no. La pregunta más importante es: ¿qué se dirá de Colombia en el EPU que tomará lugar dentro de cinco años?

* El Espectador está cubriendo el EPU desde Ginebra (Suiza), gracias a una invitación de la Red Internacional de Derechos Humanos.

Cuando lo normal es escuchar a diario noticias sobre asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, agresiones contra mujeres y niños, desplazamientos de indígenas y crímenes de grupos armados ilegales, una pausa para revisar qué está pasando en Colombia con los derechos humanos debería ser de la mayor trascendencia en el país. Por lo menos lo fue en el Comité de Derechos Humanos de la ONU este jueves 10 de mayo, al realizarse el tercer Examen Periódico Universal (EPU) al Estado colombiano. En la Sala de la Civilización, donde sesiona este grupo de trabajo en Ginebra (Suiza), 95 de los 193 países que hacen parte del Comité se concentraron durante más de tres horas en hablar de la situación colombiana.

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Aunque en teoría se trata de una evaluación específicamente enfocada en las violaciones de derechos humanos de cada Estado, el caso de Colombia es particular pues, en dos de las tres ocasiones que se ha realizado el examen, el país ha estado bajo el mando del mismo presidente: Juan Manuel Santos. Y por eso, explican expertos en la materia, no es errado afirmar que el EPU que acaba de desarrollarse en Suiza es también una revisión de la política que durante ocho años defendió a capa y espada el primer mandatario. Coincidencia o no, en 2013, cuando Santos llevaba solamente tres años en el cargo, el Comité realizó el examen y desde ese momento el país ya tenía advertencias sobre la preocupante situación de líderes sociales, por ejemplo.

En la sesión de hace cinco años quedó claro también que el país debía prestar especial atención a los asesinatos de líderes. En ese momento, estados como Australia, Bélgica, Hungría, Islandia, Irlanda, Canadá, Alemania y Países Bajos le recomendaron a Colombia que invirtiera tiempo y dinero en la protección de quienes estaban reclamando derechos sociales y de tierras en las zonas más afectadas por el conflicto. Aunque el Gobierno ha insistido en que ha aplicado toda clase de medidas para frenar los homicidios, desde la creación de grupos especiales de protección, el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y una unidad especial en la Fiscalía para investigar los crímenes, la cruda realidad indica que las medidas han sido insuficientes.

La Fiscalía tiene el registro de 261 asesinatos entre 2016 y abril de 2018 en contra de líderes y defensores, una cifra casi tres veces más alta comparada a las que se venían manejando desde 2013. Como este tema, hay otros igual de preocupantes para los miembros del Comité de la ONU. Uno de los más mencionados durante el más reciente EPU fue el de la violencia en contra de la mujer. La delegada de Irlanda expresó su preocupación por los altos índices en esta materia y se refirió a los 70.000 casos que se reportaron en 2017, especialmente relacionados con violencia doméstica. Aunque explicó que son conscientes de los avances legislativos, como la tipificación del delito de feminicidio, para esta nación europea la situación en Colombia es inaceptable.

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A pesar de que las recomendaciones que se realizan en el EPU no tienen ningún seguimiento por parte del Comité de Derechos Humanos, el acuerdo con los estados es que se deben cumplir mediante la cooperación entre naciones y las políticas públicas que cada país considere necesarias. “El problema no es que no se hayan hecho las leyes o los decretos, porque en estos cinco años se han expedido toda clase de documentos. El problema es que todo se queda en el papel y las políticas no llegan a las regiones. De nada sirve el compromiso del Estado si van a pasar otros cinco años y en 2023 volvemos a escuchar que siguen matando líderes y que no se está protegiendo a las mujeres”, explicó Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos.

De acuerdo con Muñoz, que en estos cinco años hayan aumentado los asesinatos y hoy salgan a flote los mismos problemas de 2013, no es otra cosa que un duro llamado de atención a las políticas del gobierno Santos. En los pasillos de la ONU en Ginebra, el sentimiento de Muñoz lo comparten otros asistentes. “Santos se dedicó al proceso de paz durante la mayor parte de su gobierno y, si bien fue un esfuerzo de suma importancia para los colombianos, en el país persiste una crisis de derechos humanos en la que vemos una mano débil por parte del Gobierno para solucionar. Estos cinco años demuestran que, con Nobel de Paz incluido, no se han cumplido las recomendaciones que se hacen en este recinto”, señaló una delegada argentina.

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Para los miembros del Gobierno, la realidad es diferente. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien lideró la delegación que se presentó al examen, el balance del EPU de 2018 es positivo. “Todas las intervenciones de la sesión empezaron con reconocimientos por el Acuerdo de Paz y los esfuerzos de Colombia frente a las recomendaciones que se presentaron en este mismo escenario en sesiones anteriores. En este tipo de ejercicios en el pasado, a Colombia le iba muy mal. Ahora hay reconocimientos por el Acuerdo de Paz y tenemos la cifra más baja de homicidios en los últimos años. La percepción que me llevo después de escuchar a los intervinientes es que en el 70 % de los casos, las intervenciones fueron de felicitaciones”, resaltó Rivera desde Suiza.

Si bien es cierto que todos los intervinientes reconocieron los esfuerzos de Colombia por acabar la guerra con las Farc, y algunos inclusive hicieron referencia a los intentos por hacer lo mismo con el Eln, en las sesiones del EPU es política y diplomáticamente correcto que en todas las intervenciones se haga un reconocimiento al trabajo de los países, sin importar cuál sea. “Estamos hablando de que el Comité se sostiene alrededor de la diplomacia, luego las felicitaciones y los saludos protocolarios son casi obligatorios y suceden en todas las sesiones”, explicó un experto en el sistema de la ONU que ha asistido a las tres sesiones que se han realizado en la historia del Examen Periódico Universal.

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“Desde el Estado hemos trabajado para construir una cultura de respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica. Sabemos que el camino de la reconciliación es largo, pero tenemos la tranquilidad de que ya lo estamos construyendo”, agregó Rivera. Las más de 280 recomendaciones que recibió Colombia, y que abarcaron temas como la trata de personas, los derechos de los niños y las mujeres, la urgencia de firmar un protocolo extra de la Convención contra la Tortura (un tema estrechamente relacionado con la situación de las cárceles en el país) y la protección de población afrocolombiana e indígena serán ahora evaluados por los delegados colombianos para determinar cuáles acepta y cuáles no. La pregunta más importante es: ¿qué se dirá de Colombia en el EPU que tomará lugar dentro de cinco años?

* El Espectador está cubriendo el EPU desde Ginebra (Suiza), gracias a una invitación de la Red Internacional de Derechos Humanos.