Colombia + 20

19 Sep 2022 - 12:00 p. m.

Exguerrilleras de las Farc denuncian violencia sexual intrafilas en el frente 57

El Espectador recopiló testimonios de tres mujeres que pertenecieron a esta facción del Bloque Noroccidental de la extinta guerrilla, sobre violaciones sexuales, abortos forzados y otros crímenes de los que fueron víctimas. Piden que la justicia transicional las escuche a ellas y a otras excombatientes que por temor prefieren no relatar sus historias.
Camilo Pardo Quintero

Camilo Pardo Quintero

Periodista Proyectos especiales
El frente 57 fue uno de los más robustos dentro del Bloque Noroccidental de la antigua guerrilla de las Farc.
El frente 57 fue uno de los más robustos dentro del Bloque Noroccidental de la antigua guerrilla de las Farc.
Foto: Jonathan Bejarano

“En 1993 entré a la guerrilla de las Farc con 15 años. Bueno, no entré, sino que me entraron. No tenía opciones de salir adelante y mi vida en Carmen del Darién no pintaba bien. Me angustiaba ver a mi familia sin comida y el día que me llevaron a las filas pensé que era una oportunidad para ayudarlos en algún momento. Me dolió, claro, yo era una niña… pero ver la situación en mi casa era peor y difícilmente había día en el que no llorara. Tras unos meses en entrenamiento y adaptándome al frente 57, supe que quien pidió mi reclutamiento y el de otros muchachos más en mi pueblo fue Víctor Tirado, que hoy es uno de nuestros viejos mandos que están ante la JEP. No sabía lo que me pasaría después”.

Así comienza el relato de Fanny*. Su voz quebrada evidencia que persiste el miedo, pero también un afán por ser escuchada. Ella fue guerrillera de las Farc, firmó la paz en 2016 y desde ese entonces vive en el espacio de reincorporación Brisas Tamarindo, en Carmen del Darién (Chocó). Nos entrega su testimonio para que otras de sus excompañeras de armas se animen a denunciar.

“En el año 95 pasé a tener más responsabilidades en el frente 57 y desde allí me tocó vivir los años más humillantes de mi vida: había rasos como yo y otros con mando más alto que nos acosaban a varias jóvenes de la tropa. Había insultos e insinuaciones cochinas, pero hasta ahí. Sin embargo, y lo recuerdo como si fuera algo reciente, el 6 de mayo de 1996 un compañero abusó de mí, sin miedo a nada… ni a los castigos con fusilamiento que en el 57 decían que harían a quien fuera si cometía una violación. A él lo conocíamos como Rober, no tenía más poder que yo, pero en ese frente machista era su palabra contra la mía. Cuando terminó me dijo: “Si mi comandante Rigoberto Lozada (uno de los fundadores de las Farc y en su momento reclutador y miliciano de la extinta guerrilla en el centro y noroccidente de Colombia) hubiera vivido para ver lo rica que usted está, también le hubiera hecho lo mismo”. Gritaba y gritaba, pero todo fue en un sitio alejado, él era más fuerte y me tapó la boca; fue inútil mi esfuerzo. Extrañaba mi casa, me quería ir, pero también sabía lo que me iba a pasar si hacía eso. El dolor vaginal era terrible, así perdí la virginidad y a causa de eso les cogí pavor a los hombres. Al final, me quedé en la guerrilla y pasé años acusándolo con comandantes como Éver, intenté acercarme en Acandí a personas con más peso como Malicia (Elkin Zapata, hoy compareciente ante la JEP dentro del caso territorial 04, del Urabá). No me escucharon, no faltó el que se me reía y me pedía que me callara. No les importaba, aun sabiendo que yo no era la única. Por años, incluso después de dejar las armas, creía que era normal quedarme callada. Ahora quiero justicia para mi cuerpo […] hoy escondo mi nombre porque no quiero más acosos, pero la verdad completa saldrá a la luz, Dios quiera que más pronto que tarde”.

Le puede interesar: Abortos forzados y violencia sexual: así fue el control de las guerrillas

Han pasado 26 años y ese crimen la sigue atormentando. Hablar es importante ahora, porque los casos de violencia sexual cometidos dentro del extinto frente 57 de las Farc se están empezando a ventilar públicamente y han llamado la atención del Estado. El 4 de agosto de 2022, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que dentro del macrocaso 04, que investiga los hechos del conflicto en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, les abriera un espacio testimonial a las mujeres de esa estructura que padecieron por años violencias sexuales por parte de sus excompañeros.

De hecho, el Ministerio Público insistió en que esas diligencias debían realizarse con urgencia, para que las mujeres hablaran “de manera reservada, espontánea y libre”. En el documento enviado a la JEP, al que tuvimos acceso, la entidad dice que ya recibieron y analizaron declaraciones de excombatientes del mencionado frente, de mujeres pertenecientes a otras estructuras, además de dos exjefes que dan cuenta de “la ocurrencia de prácticas sistemáticas de abortos y planificación forzada dentro de las Farc”.

Esta solicitud también evidencia que existieron prácticas de esclavitud sexual y cohabitación forzada en el interior del frente 57. Y próximamente se podrían sumar los relatos de personas como Fanny, que serían inéditos para esa jurisdicción, en cuanto a violaciones sexuales perpetradas dentro de lo que fue uno de los grupos más robustos del Bloque Noroccidental de las Farc.

Es posible que este no sea el único testimonio que llegue a la JEP. Tras hacer consultas con personas que viven en Brisas, Colombia+20 confirmó que allí, donde viven 21 reincorporadas, apenas dos mujeres exguerrilleras del frente 57 están formalmente vinculadas como comparecientes: Isabel María Torres y Claudia Patricia Motato.

Lea sobre otro contexto: Agentes de Estado violentaron sexualmente como arma de tortura contra “enemigas”

Esta última, conocida en la guerra como Olga, ha sido la única mujer excombatiente del frente 57 que ha hablado sin anonimato y abiertamente ante la JEP sobre sus responsabilidades en la guerra –como la toma a Riosucio (Chocó) en 1997–, que están referenciadas en el Comunicado 131 de la JEP, del 29 de noviembre de 2021, y sobre los episodios de violencia sexual que vivió estando en ese grupo armado. Motato también habló para esta nota periodística y precisó detalles de cómo funcionaban los abortos forzados y otras formas de violencia en el interior de esas filas.

“Me obligaron a abortar dos veces”

En 1994, Claudia Motato Rentería se convirtió en Olga. Tenía 16 años y sería guerrillera hasta que cumplió 30, en el año 2008. Una serie de enfermedades la alejaron de la selva y la llevaron a la vida civil. Tenía deudas con la justicia por el delito de rebelión y por haber participado en los combates que derivaron en la masacre de Bojayá, el 2 de mayo de 2002. Por esas causas fue capturada en julio de 2012 en la vía que conecta a Carepa con Apartadó, en el noroccidente antioqueño. Pagó cinco años de cárcel en justicia ordinaria, fue liberada al acogerse al Acuerdo de Paz y luego decidió someterse a la JEP para contar más responsabilidades suyas en la guerra y vivir una transición hacia la paz.

“Estuve años en la cuadrilla Éver Ortega, del frente 57. Allí también estaba mi pareja y no teníamos mayor problema. Los ‘guerreros’, bien fuéramos hombres o mujeres, teníamos las mismas cargas y en sí todo funcionaba. La cosa cambió cuando comenzaron a traer gente de afuera a que nos dieran órdenes como nuevos comandantes. Noel Matta (que en la guerrilla se llamaba Efraín Guzmán) puso en 2001 a una mujer de su plena confianza para que nos dirigiera, a ella la conocíamos como Gloria (también tenía el alias de La Patrona y fue abatida en combate con el Ejército, el 17 de abril de 2011, en las selvas chocoanas) y esa mujer sí que era mala. Fue parte importantísima de la inteligencia en Bojayá y tenía un odio berraco por las mujeres. Ordenaba planificaciones forzadas, decidía por el cuerpo de todas las compañeras y por instrucción de ella me obligaron a abortar dos veces. En cada aborto me entregaban dos pastillas de misoprostol (también conocido farmacológicamente como Cytotec) e inducían así el parto forzado”, narró la exguerrillera.

Lea: Violencia sexual, una estrategia de guerra y despojo paramilitar

Según ella, a lo largo de sus 14 años como guerrillera nunca escuchó denuncias o comentarios sobre violaciones sexuales, como el caso de Fanny, pero aun así no desestimó ese tipo de versiones, pues para ella vivir en la guerrilla “no era ninguna garantía para confiar del todo en otra persona al lado de uno”.

Es más, para Claudia, “fiarse de un entorno en el que mandaba alguien como Gloria era difícil. Yo le diré siempre las cosas desde mi versión: no escuché a ninguna compañera diciendo que la violaran, pero no meto las manos al fuego por nadie; si sucedieron abortos forzados como los míos y como el de otras compañeras, ¿por qué no sucederían otros abusos? En el frente 57 era normal que se hicieran consejos de guerra para definir fusilamientos. Normalmente eran para los que colaboraban con el enemigo y recuerdo una vez, hace 20 años, que los mandos decidieron fusilar a dos muchachos –uno de Riosucio y otro de la costa Caribe– por estar envueltos en un caso de violación, justamente a una muchacha de Riosucio. Eran certeros con eso, pero si llegaron a saber de abusos a nuestras compañeras de fila y se callaron, no sorprendería”.

Versiones cruzadas

Colombia+20 contactó a José Cleofás Mosquera, conocido en la vida guerrillera como El Pana o Gabriel, ahora líder de reincorporación en Brisas Tamarindo y quien fue coordinador del frente 57 hasta agosto de 2015, para preguntarle qué sabían los mandos de ese grupo acerca de versiones como las de Fanny y las denuncias de la Procuraduría.

Mosquera dijo que “desde la firma del Acuerdo no he escuchado a nadie en mi espacio hablar sobre esas situaciones. Son innegables, como ya dijimos ante la JEP, los fusilamientos y otros crímenes de guerra como los que han relatado las compañeras Claudia e Isabel (Torres), pero un caso de violencia sexual tan grave sería una sorpresa para nosotros. Acá ante la justicia transicional sólo han hablado dos mujeres y ninguna sobre violaciones”.

En contexto: La reparación que las mujeres víctimas esperan que JEP les imponga a sus verdugos

Estas versiones van en contravía con el relato de Beatriz*, otra exguerrillera que vive en Brisas y se ha movido por otras zonas del norte chocoano, tras la dejación de armas en 2016. Ella afirma que en 1999 fue amedrentada por el entonces comandante Víctor Tirado quien, según ella, la quería mandar a consejo de guerra “por saber más de la cuenta. Yo sabía que a mis compañeras, al igual que a mí, nos daban a la fuerza unas pastas supuestamente para no quedar embarazadas y eran permisivos cuando un compañero se quisiera sobrepasar con nosotras. Más de una vez me manosearon, me rozaron con sus genitales otros rasos y nadie hizo nada para impedirlo. Me quisieron asignar parejas sexuales, como si fuera una prostituta, pero conté con la suerte de que cuando la cosa se estaba poniendo difícil me trasladaron del 57 a Remedios (Antioquia). Con Gloria supe que la cosa era peor. Varias compañeras me contaron de sus abusos y de la forma en la que las obligaba a ingerir el misoprostol, fuera vía oral o vaginal”, dijo la exguerrillera. Colombia+20 intentó contactar a Víctor Tirado, pero no se obtuvo respuesta por parte suya.

La meta para mujeres como Fanny o Beatriz es recopilar más denuncias de compañeras suyas, dentro y fuera de Brisas, para entregar sus testimonios a la JEP, que seguramente serán incluidos en el macrocaso de violencia sexual que recientemente abrió ese tribunal.

La petición de la Procuraduría fue enviada al despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez, una de las relatoras del macrocaso 04 e integrante de la Sala de Reconocimiento. Y si bien, como supo este diario, se busca que inicialmente este tipo de denuncias sean eventualmente revisadas por esa oficina, no se desestima que sean competencia del caso venidero en la JEP por violencia sexual.

En ese llamado también les exigen a altos mandos de la exguerrilla que relaten toda la verdad sobre los episodios infames dentro del conflicto, especialmente si se asocian con violencia sexual en el interior de sus filas. Piden que sean claros en hechos de “utilización de medios y métodos prohibidos por el DIH y reclutamiento de menores de edad […] que produjeron graves afectaciones y daños a comunidades étnicas de esa región del Urabá”, de acuerdo con el Ministerio Público.

“Hicimos daño, pero pocos saben del daño que nos ocasionaron a nosotras. Duraremos toda la vida pagando por lo que hicimos en combate, la culpa estará ahí, pero eso no nos quita el derecho a que se sepa lo que les hicieron a nuestros cuerpos”, concluyó Fanny.

*El nombre de las mujeres fue cambiado por temas de seguridad, a petición de ellas.

Síguenos en Google Noticias