“Éxito o fracaso del acuerdo de paz no solo depende de lo que pase en la JEP”: ICTJ

“El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, donde está la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es solo una parte de un sistema más grande que es el acuerdo de paz. Está encadenada con los demás puntos del acuerdo. Por ejemplo, las sanciones restaurativas para quienes confiesen sus delitos se pueden articular con el punto de la Reforma Rural Integral o la lucha contra el problema de las drogas”, sostuvo la experta en justicia transicional.

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Su intervención durante el panel Retos y preguntas hacia el futuro: ¿qué le falta a la justicia transicional?, realizado en el Museo Nacional este martes 20 de noviembre, se centró en las dificultades que está teniendo la JEP para funcionar completamente. Aseguró que la legitimidad de esta institución va a depender de que sus procesos judiciales “sean rigurosos, genuinos, con la participación de las víctimas y donde también se les dé plenas garantías a los intervinientes de que habrá un debido proceso”.

Además de estos aspectos, agregó que la legitimidad del Tribunal de Paz no debe depender de qué tan rápido den resultados, sino en la calidad de las decisiones que van a tomar los magistrados.

Hizo un llamado a entender que es un organismo que lleva diez meses de funcionamiento y que se encuentra con la adversidad del momento político que vive el país. También aseguró que tiene una tarea muy difícil: la de resolver la impunidad estructural que ha habido en el país durante décadas. “Le va a tomar tiempo a la JEP cerrar esa brecha”, sostuvo.

Y añadió que “otro de los grandes retos que enfrenta la Jurisdicción es encontrar el justo medio entre ser sensible al momento político, a la demanda de la sociedad y responder a las demandas de la sociedad y las víctimas, sin renunciar a la rigurosidad de sus decisiones”.

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En cuanto a uno de los grandes ‘peros’ puestos sobre la JEP, la seguridad jurídica para militares postulados, Moreno sostuvo que desde La Habana se tenía la idea de definir un marco jurídico que hoy, dos años después, todavía está en un proyecto de ley estatutaria que el presidente no ha firmado y que viene y va en el Congreso. “Ahí tenemos un primer problema con la seguridad jurídica porque no hay un marco claro que le diga a los magistrados, a los comparecientes y a las víctimas cuáles son las reglas de juego”.

Pidió a la sociedad y a los políticos “ser pacientes, justos y benevolentes con un mecanismo que incluso internacionalmente es bien visto como una gran oportunidad para Colombia”.

“El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, donde está la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es solo una parte de un sistema más grande que es el acuerdo de paz. Está encadenada con los demás puntos del acuerdo. Por ejemplo, las sanciones restaurativas para quienes confiesen sus delitos se pueden articular con el punto de la Reforma Rural Integral o la lucha contra el problema de las drogas”, sostuvo la experta en justicia transicional.

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Su intervención durante el panel Retos y preguntas hacia el futuro: ¿qué le falta a la justicia transicional?, realizado en el Museo Nacional este martes 20 de noviembre, se centró en las dificultades que está teniendo la JEP para funcionar completamente. Aseguró que la legitimidad de esta institución va a depender de que sus procesos judiciales “sean rigurosos, genuinos, con la participación de las víctimas y donde también se les dé plenas garantías a los intervinientes de que habrá un debido proceso”.

Además de estos aspectos, agregó que la legitimidad del Tribunal de Paz no debe depender de qué tan rápido den resultados, sino en la calidad de las decisiones que van a tomar los magistrados.

Hizo un llamado a entender que es un organismo que lleva diez meses de funcionamiento y que se encuentra con la adversidad del momento político que vive el país. También aseguró que tiene una tarea muy difícil: la de resolver la impunidad estructural que ha habido en el país durante décadas. “Le va a tomar tiempo a la JEP cerrar esa brecha”, sostuvo.

Y añadió que “otro de los grandes retos que enfrenta la Jurisdicción es encontrar el justo medio entre ser sensible al momento político, a la demanda de la sociedad y responder a las demandas de la sociedad y las víctimas, sin renunciar a la rigurosidad de sus decisiones”.

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En cuanto a uno de los grandes ‘peros’ puestos sobre la JEP, la seguridad jurídica para militares postulados, Moreno sostuvo que desde La Habana se tenía la idea de definir un marco jurídico que hoy, dos años después, todavía está en un proyecto de ley estatutaria que el presidente no ha firmado y que viene y va en el Congreso. “Ahí tenemos un primer problema con la seguridad jurídica porque no hay un marco claro que le diga a los magistrados, a los comparecientes y a las víctimas cuáles son las reglas de juego”.

Pidió a la sociedad y a los políticos “ser pacientes, justos y benevolentes con un mecanismo que incluso internacionalmente es bien visto como una gran oportunidad para Colombia”.