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El antiguo secretariado de las extintas FARC volvió este martes a cuestionar el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En una rueda de prensa citada en el Congreso, los senadores Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, y Jorge Torres Victoria, Pablo Catatumbo presentaron las respuestas a un derecho de petición que interpusieron a la JEP que, según ellos, evidencian los retrasos o poca eficiencia del tribunal en algunas decisiones recientes.
El documento que ambos presentaron a nombre de los miembros del último secretariado de las antiguas FARC, hace referencia a temas puntuales que han sido preocupación entre los firmantes, como las amnistías jurídicas, la sustitución de sanciones penales, las sentencias y el presupuesto total gastado por el tribunal.
“Las extintas FARC no firmaron un sometimiento a la justicia. Firmamos la paz, un acuerdo político. Es necesario que la JEP entienda el carácter del Acuerdo”, señaló Gallo.
Previo al inicio del tema central de la rueda de prensa, el senador agregó que no es cierto que los reclamos del antiguo secretariado deriven de alguna manera en afectaciones a las víctimas y que, por el contrario, “la JEP se ha atribuido funciones que van a terminar burlando los derechos de las víctimas”.
En ese contexto, según Gallo, el derecho de petición pretende “develar en sus respuestas hasta qué punto no se está cumpliendo la función”. Las respuestas fueron emitidas por el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez.
El primer punto del documento hace referencia a las resoluciones de amnistías jurídicas completas que se han otorgado hasta el momento. Con corte al 20 de marzo, la JEP indicó que ha concedido 701 amnistías y se han negado 3.921.
“El Estado está en la obligación, no es si quiere, de conceder la más alta amnistía posible. Y digo posible porque se excluyen amnistías de lesa humanidad. No estamos reclamando amnistías por los más graves crímenes de guerra”, señaló Gallo.
Sobre este tema, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, en entrevista con Colombia +20, señaló que si bien faltan algunas amnistías que están en proceso, han logrado explicar a los comparecientes de las FARC cuál es la situación de las amnistías.
Por otro lado, con respecto a la sustitución de sanción penal que ha proferido la Jurisdicción, Gallo mencionó que se trata de una obligación e hizo referencia a lo pactado en el Acuerdo sobre la tarea de la JEP para asumir las condenas en justicia ordinaria de los firmantes y convertirlas en sanciones restaurativas. Según los reportes del tribunal, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión en materia de sustitución penal.
En cuanto a las renuncias a la persecución, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha negado 18 solicitudes y ha otorgado cero. “Esto es lo que estamos reclamando. Pedimos que se pongan la toga de la paz y no que sigan tomando decisiones con base en el odio y la estigmatización”, señaló Gallo.
La JEP indicó en el documento que, en cuanto a resoluciones únicas de conclusiones, se han proferido tres. Sin embargo, Gallo señaló que son resoluciones parciales y que tampoco hay mayores avances.
Por otro lado, hasta el momento no se han dictado sentencias en primera instancia, algo que fue blanco de críticas por parte de los miembros del antiguo secretariado.
“Nosotros hemos asumido responsabilidad por una cantidad de delitos y no han sido capaces de dictar una sentencia. Estamos exigiendo que avancen en las sanciones de acuerdo a lo establecido en el texto. Estamos pidiendo que muestren resultados, que impongan sanciones”, dijo Gallo.
Los cuestionamientos y peticiones del exsecretariado que desató una crisis con la Jurisdicción se han discutido en varias oportunidades. Sin embargo, hasta el momento no hay consenso entre las partes, más allá de las peleas que preocupan a las víctimas. Las tensiones han crecido al punto de que los ex FARC han señalado la intención de separarse de la JEP.
“Hemos realizado 25 reuniones con los distintos presidentes de la JEP para hablar de este tema. Todos los encuentros con acompañamiento de los países garantes, Cuba y Noruega. Con el actual presidente, Roberto Vidal, hemos tenido por lo menos 7 u 8 reuniones. Ellos son formales, nos atienden, pero no hemos recibido soluciones”, concluyó Gallo.
La decisión de la JEP sobre Granda
Este pronunciamiento se une a otro que dio el lunes el antiguo secretariado rechazando la decisión de la JEP en la que se determina que ese tribunal no asumirá el caso del exjefe de la extinta guerrilla, Rodrigo Granda, por el crimen de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas.
“La decisión de esta instancia de la JEP es una vulneración directa al Acuerdo de Paz, pues tergiversa lo pactado y atenta directamente contra la seguridad jurídica de toda la población firmante de Paz, al excluir de su conocimiento conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, se lee en el comunicado.
Ese tribunal consideró que el secuestro y posterior asesinato de Cubas no fue un delito relacionado de alguna manera con el conflicto armado colombiano, por el contrario, la Jurisdicción no han recibido ninguna prueba sólida para vincular dicho suceso al contexto del conflicto en el país y que desde las autoridades paraguayas no han emitido respuesta.
“Alertamos a la sociedad Colombia, a la comunidad internacional y especialmente a los países garantes, que esta decisión es la muestra de la intención de excluir a los firmantes del Acuerdo de Paz y con ello afectar la garantía de no extradición”, reclamaron los exmiembros del antiguo secretariado.
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