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Julián Gallo Cubillos, más conocido como Carlos Antonio Lozada, exjefe guerrillero de las Farc y hoy senador del partido Comunes, estuvo sentado de nuevo frente a la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para continuar con su aporte de verdad sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, político conservador asesinado el 2 de noviembre de 1995 y cuyo crimen, desde entonces, había quedado en la impunidad.
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Lozada y otros excomandantes de la extinta guerrilla, a través de una carta dirigida a la JEP en octubre de 2020, reconocieron su autoría sobre este crimen y otros cinco más: los asesinatos del economista Jesús Antonio Bejarano, el general y exministro Fernando Landazábal Reyes, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y los exguerrilleros Hernando Pizarro León y José Fedor Rey o Javier Delgado.
La JEP comenzó la versión pidiéndole a Lozada y a las víctimas que se presentaran. Por primera vez, Mauricio Gómez, hijo del excandidato presidencial Gómez Hurtado, asistió a una diligencia del caso. También estaban conectados Claudia, Gloria y Gustavo Landazábal, hijos del exministro Fernando Landazábal; consuelo Páez, viuda de Jesús Antonio Bejarano, y María Concepción Erazo, excompañera de Hernando Pizarro.
Cuando iba a comenzar la diligencia, la defensa de Carlos Antonio Lozada se refirió con preocupación sobre la filtración de la audiencia del 23 de marzo que dio la exsenadora Piedad Córdoba, en el periódico El Tiempo. En su versión ante la JEP, Córdoba afirmó que una pareja, cuyos nombres no reveló, aseguraron que Lozada habría sido infiltrado de la inteligencia militar y que el sicario que mató a Gómez Hurtado está vivo y teme ser asesinado.
“Dicha diligencia no nos fue notificada y, por lo tanto, no se materializa el principio de contradicción para profundizar las acusaciones en contra de mi defendido(...) Se ven entonces comprometidos sus derechos fundamentales”, señaló el abogado de Lozada. En ese sentido, exigió la copia de la declaración de Córdoba, además de una investigación por dicha filtración.
La familia de Gómez, en cambio, pidió la nulidad de la diligencia. Según su defensa, las víctimas no pudieron conectarse por problemas de conectividad. Aunque la JEP fue notificada de su imposibilidad de entrar a la versión de la exsenadora, esta no se detuvo. Teniendo en cuenta que no estuvieron presentes, para los afectados, los magistrados no deberían tener en cuenta dicha prueba. La JEP respondió que esperará la notificación formal y estudiará la petición.
El magistrado auxiliar Farid Benavides siguió, entonces, con la interrogación al exjefe guerrillero. En un primer lugar le pidió que en esta ocasión no sólo se comprometa más con los aportes de verdad sino que también entregue las pruebas de sus afirmaciones, pues hasta ahora en su despacho solo hay documento llamado “Fracciones”, en el que se explica el mal comportamiento del exguerrillero José Fedor Rey o Javier Delgado, que habría llevado a su asesinato. El resto de afirmaciones de los demás homicidios aún siguen sin comprobarse.
“Hasta el momento solo tenemos la afirmación que recibió órdenes del Secretariado y de que esas órdenes no se comunicaron públicamente con el fin de promover las contradicciones entre las élites dirigentes del país”, agregó el magistrado. Si bien Lozada ha mencionado el libro gordo de Marulanda y otras pruebas ninguna ha sido aportada ni autenticada ante la JEP. Después de esta acotación, comenzó a indagar caso a caso.
Jesús Antonio Bejarano
El magistrado le señaló algunas de sus dudas sobre la declaración de Piedad Córdoba, en la que contradecía las afirmaciones de Lozada en la primera versión voluntaria. Pero el excombatiente insistió en que no se referiría a ellas porque hasta ahora no ha visto la diligencia.
“Me reafirmó en la aseveración de que el asesinato de Bejarano lo cometió una estructura urbana de las Farc llamada Joselo Lozada, que hacía parte del Bloque Oriental, y que ordenó Jorge Briceño, conocido en la guerra como el Mono Jojoy, señaló Lozada.
Según Lozada, Jorge Briceño le contó, por ser comandante de una las redes urbanas de Bogotá, que las Farc estaban detrás del asesinato de Bejarano: " Fue en esa conversación y él me preguntó: ‘¿Cómo ve usted lo de Bejarano?’ Le respondí: ‘No tengo conocimiento’. Él me aseguró: ‘Fuimos nosotros, pero esa fue otra estructura, la Joselo Lozada’”.
La magistratura le preguntó por qué es el único excombatiente que sabe sobre el homicidio de Bejarano: “Hemos indagado con otros miembros del bloque Oriental que debería saber por encima de usted y nos dicen que también quedaron sorprendidos cuando usted reconoció ese crimen”. Lozada respondió que no cree que sea el único y le extrañó la inquietud de la JEP: “A mí me informó el comandante. Poniéndome de otra perspectiva: ¿qué necesidad tendrían las Farc de atribuirse un hecho que no lo beneficia en nada?”.
El excomandante dijo desconocer por qué el Mono Jojoy le contó después del hecho. Pero aclaró que sí fue una comunicación oficial que se dio en el Yarí, en medio de las negociaciones del Caguán. También aseguró que este asesinato no se conoció en su momento porque eso lesionaba la imagen de la guerrilla y que no hay un solo comunicado reivindicando un atentado personal en la historia de las Farc.
Aunque la JEP indagó en por qué asesinaron al exnegociador de paz, Lozada sólo dijo que fue “circunstancial” y que no cree que las Farc hayan hecho un esfuerzo deliberado para asesinarlo. “Como no se hizo tampoco con el doctor Álvaro Gómez Hurtado o el ministro Landazábal” añadió.
De nuevo, el magistrado expresó su inquietud sobre la hipótesis de que Bejarano estaba en contra del gobierno de entonces de Ernesto Samper, al igual que el ministro Landazábal y el político Gómez Hurtado. Sin embargo, Lozada repitió que no se trató “de cobrarle su posición crítica contra ese gobierno” y que “nunca había escuchado esa versión”. Ni siquiera considera que haya un vínculo entre esos tres crímenes, más allá de que los cometieron las Farc.
“Dentro de las Farc siempre se rechazó el atentado personal como un arma de la lucha revolucionaria, pero se dio. Y hubo decisiones políticas que dieron orientaciones en ese sentido. ¿Por qué? Esto se puede entender en el contexto de la dinámica de la confrontación(...) Si hay una decisión del Estado de combinar su guerra contra insurgencia legal con la irregularidad de fuerzas paramilitares, quien está confrontando al Estado no hará distinto sino responder con acciones legítimas e ilegítimas de guerra(...) Contradicciones todas las que quiera va a encontrar”, afirmó Lozada.
Lozada reconoció que tuvo la oportunidad de interactuar con los integrantes del Secretariado de las Farc durante los diálogos de Caracas y Tlaxcala, “y hablé directamente con Alfonso Cano, que fue el delegado de las Farc, sobre el papel negativo para nosotros que jugó Jesús Bejarano en ese diálogo”. Y agregó que no tiene duda de que pudo hacer que en mandos inferiores Bejarano se convirtiera en objetivo militar. Eso sí, reconoció que “toda responsabilidad de lo que sucedió es de la dirección de las Farc”, incluyendo el homicidio de Bejarano.
Durante la versión, la magistratura le pidió al excombatiente que se abstuviera de discursos políticos y de acotaciones sobre la legitimidad de la JEP: “Lo que no permitiremos son discursos que no tienen que ver con lo que nos convoca. En dos ocasiones se ha referido a la creación de la JEP y no entiendo cuál es la finalidad de esas referencias. Pero le sugiero que se abstenga porque nosotros no estamos aquí para hablar de la legitimidad de la JEP”, pidió el togado.
Hernando Pizarro León y José Fedor Rey o Javier Delgado.
Una de las preguntas insistentes, según la JEP, es si hubo nexos de la inteligencia militar para ejecutar el homicidio de Hernando Pizarro. “Personalmente nunca conocí de vínculos con la inteligencia militar. No tengo conocimiento de que en las Farc se manejara esa tesis. Lo que pasó es que Hernando Pizarro se dejó influenciar por Javier Delgado”, respondió Lozada.
Según el excombatiente, en el informe “Fracciones”, entregado a la Sala, se menciona que tanto Pizarro como Delgado fueron los promotores de la fracción dentro de las Farc. A eso se suma la masacre de Tacueyó, en el que aparecen videos de ellos dos reivindicando el asesinato de los 164 guerrilleros por ser supuestos infiltrados de la inteligencia militar. Todo eso lleva a que sean objetivos militares de las Farc.
Sobre el crimen de Pizarro señaló: “Dentro de las Farc informé, en la audiencia anterior, que el caso de Hernando Pizarro fue ejecutado por una unidad del frente Antonio Nariño, que yo comandaba en Bogotá. La orden la dio el Mono Jojoy. Los responsables materiales fueron cuatro personas, quien iba conduciendo el vehículo era Jairo Colmenares, conocido como Repelo. Era estudiante de la Universidad Nacional y muere posteriormente por la Dijín” en el barrio Carvajal, al sur de la capital.
Aceptó que fue él quien dio la orden de ejecutar esa misión y relató con detalle el hecho: “Llegó la información de Hernando Pizarro en una casa. No podíamos verificarla. La primera pregunta fue: ¿qué posibilidad hay para verificarla? Y Ruben (Vladimir Zambrano), el que comandaba eso, me dijo que ninguna, porque no había posibilidad de ver cómo Pizarro se iba al trabajo. Recuerden que estaba en la clandestinidad y también lo buscaba el Estado a raíz de la masacre de Tacueyó(...) Diseñamos un operativo rápido y la mayor dificultad era que se trataba de una vía peatonal”.
Reveló que “la unidad de las Farc llevaba una orden de allanamiento de la Fiscalía”. La idea era retirarlo de la casa, para no ejecutarlo dentro de la vivienda porque había un menor de edad y luego ajusticiarlo. “Ellos llegan, timbran en la casa, presentan la orden y la señora les permite entrar(...) En el segundo piso encuentran a Hernando Pizarro y le dicen que vienen a detenerlo, que son de la Fiscalía. Él inicialmente se muestra tranquilo y baja al primer piso. Cuando ya van a salir de la casa, él reacciona. Comienza un forcejeo, él comienza a gritar identificándose y eso lleva a que lo ultimen en la calle”, contó Lozada.
El magistrado hizo énfasis en dónde consiguieron los uniformes. El exguerrillero no recordó si eran realmente uniformes o contaban con brazaletes de la Dijín, pero el dato es importante para la JEP porque actualmente hay un funcionario condenado por estos hechos. Lo que Lozada sí dejó claro es que no hubo funcionarios de la Fiscalía involucrados en este hecho.
La JEP también le preguntó cómo llegan a la ubicación de la casa, pues era de propiedad de Carlos Celis, quien aparentemente era de inteligencia militar. El exjefe guerrillero contestó que la información la da Rubén. Y que la prueba de todo esto estaría en el computador de Jorge Briceño, que fue incautado por las autoridades. Allí incluso estaría registrado qué armas usaron.
Y añadió: “Nosotros no adquiríamos las armas aquí en Bogotá. Las comprábamos en la zona rural en el mercado negro y alguna buena parte a Indumil, la fábrica del Estado, pero se compraba a las mafias”. Sobre los vehículos habló de que los adquirían de forma legal, “pero nunca estuvo a nombre de nadie. Se compraban con cédulas falsas y las placas de los camperos se maquillaron”.
Ante la pregunta de la esposa de Hernando Pizarro sobre si pudieron asesinarlo dos semanas después de tener su ubicación, Lozada dijo: “Puedo asegurarle que la capacidad operativa que tenía esa estructura permitía ejecutar a Hernando Pizarro(...) Nosotros desarrollamos operaciones, por ejemplo, como el hostigamiento a la estación de Kennedy. Tuvimos que mover 14 unidades armadas, evacuar heridos. Estamos hablando de una estructura que había desarrollado una capacidad logística, operativa y de inteligencia que daba para eso”.
Fernando Landazábal Reyes
La organización del homicidio del exministro de Defensa, de acuerdo con Lozada, estuvo a cargo del comando de la Red Urbana Antonio Nariño, integrado por Javier Paz, Danilo y Armado. “Esa información inicial, que dio paso al operativo, fue a través de una tarjeta de presentación del general, donde aparecía la dirección de la oficina del general(...) finalmente, en una observación que hicieron vieron la salida del general con otra persona y eso determinó que se continuara, porque se estuvo a punto de desistir”.
La observación, contó Lozada, duró varias semanas hasta que se dieron cuenta de cómo eran los desplazamientos de Landazábal. Sin embargo, dejó claro que no estuvo tan cerca en la planeación del homicidio, pero cree que esa información también está en el computador de Jorge Briceño, pues fue él quien aprobó el operativo.
“El detalle que yo puedo dar es que el vehículo lo manejaba Javier Paz. Descendieron del vehículo Armando y Danilo. El general iba caminado. Le dispararon y se subieron al vehículo y se retiraron”, recordó el excomandante, quien también confirmó que hicieron un balance del operativo. La Procuraduría lo increpó sobre por qué no rememoró algunos hechos, como otros. Lozada respondió: “Es la mente humana”.
Sobre las razones que impulsaron a las Farc a cometer este crimen, el exguerrillero explicó: “El general Landazábal era conocido como uno de los más comprometidos en la guerra de contra insurgencia, en su papel como comandante del Ejército, y como inspirador de la guerra sucia, con todo el respeto de la familia. En las Farc estaba claro que como elaborador de teoría de la guerra de insurgencia y de esa concepción de seguridad nacional, que se fundamenta en la idea del enemigo interno ubicando como enemigo a todas aquellas organizaciones o personas que desarrollan actividades de protesta, lo ponían como un objetivo. Sobre esa teoría se construyó la campaña de exterminio de la Unión Patriótica”.
Los ejecutores del asesinato, según Lozada están muertos: “Javier Paz muere en Barranquilla. Él había salido de la Red Urbana. Pero estando en una reunión en el Yarí, el comandante del primer frente pidió que Javier Paz se fuera a Barranquilla que estaba enfermo por un cáncer gástrico”. Sobre Danilo dijo que murió en una emboscada de la Policía, en el área rural de Fusagasugá, en 2003. Y Armando también murió en una acción de las Farc, en 1998, a una avanzada a la Escuela de Artillería. La única que sobrevive es la compañera de Danilo, pero no está en los listados de la JEP, aseguró.
Al igual que en los otros casos, según Lozada, tampoco hubo un comunicado oficial: “Ese tipo de operaciones lo contamos al comandante y ya. No se dijo al interior de las Farc que era obra de las Farc. Sé que solo lo supo el Secretariado”. Insistió en que no conoce detalles del hecho, por ejemplo, de cómo informó en esa época la decisión o de si se enteraron otros comandantes de lo acordado con el Mono Jojoy.
El magistrado aprovechó para preguntarle por su relación con Piedad Córdoba, a lo que Lozada respondió: “Siempre fue muy lejana. Yo solo la conocí hasta La Habana (Cuba), en ocasiones que fue a reunirse con la delegación de paz. De manera que no tengo cercanía. Luego firmado el Acuerdo, nos encontramos en un evento (...) Yo no tengo ningún odio hacia ella”. También aseveró que no recuerda haberla visto en conferencias de las Farc y que recientemente no se ha visto con ella.
Finalmente, el togado consultó qué organismos de inteligencia infiltraron o penetraron a la Red Antonio Nariño. Lozada dijo que fue Carlos Chaparro, quien da la información para adelantar la masacre de Mondoñedo. Luego él fue asesinado en la cárcel por gente de las Farc.
Claudia Landazábal, hija del general, aseguró en la audiencia que Lozada no aportó nuevos datos y, por el contrario, reiteró que su padre perteneció a una guerra sucia, aún cuando no tiene cómo comprobarlo. Por otro lado, quedó insatisfecha con la respuesta de las razones por las cuales decidieron asesinar a su padre y pidió tener copia de lo que se encuentre en el computador de Jorge Briceño.