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Bernardo* tiene poco menos de 40 años, la piel tarjada de los colonos de la selva y el acento propio de los campesinos del suroriente del país. Nunca piso una escuela, dice que no supo sino ya viejo cosas como lo que era un billete, el valor de las monedas, o cómo contar hasta diez con los dedos de las manos.
Aunque a primera vista parece un hombre duro, se quiebra recordando a sus hermanitos, de los que no sabe nada hace 23 años. “Puede que estén en la guerrilla”, admite, pues todos vivían cerca de El Trampero, un caserío junto al Caño Cabra, en las selvas del Guaviare y la región del río Guayabero, zona en donde el séptimo frente de las FARC ejercía un férreo control entre la década del noventa y el 2000.
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Nacido en una familia con 11 hermanos, él era uno de los mayores y desde muy pequeño tuvo que entrar a las faenas del campo: “No había escuelas para aprender a leer y escribir, a nuestros padres por ser tan humildes les tocaba era ponernos a trabajar, sembrando yuca, maíz y plátano”.
Un día el frente séptimo de las FARC corrió la voz en los caseríos que cada familia debía aportar un hijo para la guerra, recuerda Bernardo, añadiendo que los candidatos eran dos de sus hermanitos: uno padecía una hernia, la otra tenía problemas de visión, “pretendían llevárselos a las malas a ellos”.
“Decían que el entrenamiento era muy duro y que si uno la embarraba lo fusilaban”, cuenta. A pesar de eso, dejó la finca donde estaba trabajando y se fue al campamento de la guerrilla para buscar a un comandante al que llamaban El Boyaco. Fue ante quien imploró que no se llevara a sus hermanos, sino a él: “Con el miedo y todo decidí hablar con ellos y entregarme”.
Tan sólo en esa región Bernardo calcula que las FARC reclutaron a por lo menos 200 niños -él incluido- para una nueva estructura que se denominó columna Móvil Arturo Ruíz y que debía partir rumbo al Catatumbo para contener la ofensiva paramilitar que recién empezaba.
La Justicia Especial para la Paz estableció en la investigación del macrocaso 07 que el número total de combatientes de dicha estructura rozaba los 365, aunque la Comisión de la Verdad aventuró una cifra mayor de 380, la mayoría eran menores de edad: un ejército de niños pobres, analfabetas, mal nutridos y equipados con fusiles de palo.
El final de la mayoría de esos niños sería la muerte, en medio del duro cerco militar de dos meses conocido como Operación Berlín, que se desarrolló en el páramo del mismo nombre en los límites de Santander y Norte de Santander entre noviembre del 2000 y enero del 2001 y en la que hubo una serie de enfrentamientos entre el Ejército y esa columna móvil de las FARC.
De acuerdo con la Comisión, el resultado de la Operación Berlín, en la que el Ejército desmanteló esa columna con casi 3.000 efectivos de los batallones García Róvira, Capitán Ricaurte, Luciano D’Elhuyar y Los Guanes, apoyados por la Fuerza Aérea, fue de 118 capturados entre los cuáles se encontraban 23 menores de edad.
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También se reportaron 62 guerrilleros muertos y un número indeterminado de desaparecidos, cuerpos que quedaron dispersos en cementerios y zonas rurales aledañas al páramo de Berlín en Santander, en los municipios de Suratá, Arboledas, Chítaga, Vetas, Tona, Matanza, Mutiscúa, California, Rionegro, El Playón, Cachira y 16 cuerpos más en Campohermoso, Huila.
En su momento el operativo se presentó como un triunfo contra el reclutamiento forzado de menores por la guerrilla, pero con el paso de los años se han documentado ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) evidencias de que el Ejército habría cometido crímenes de guerra en contra de los menores.
La JEP habla de 74 menores muertos en la Operación. Bernardo fue uno de los que sobrevivió.
Los meses siguientes a su ingreso en la guerrilla fueron de entrenamientos en El Lembo, un campamento cerca a La Macarena (Meta), que por entonces hacía parte de la enorme zona de despeje militar acordada en los fallidos diálogos de paz entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana.
Después pasaron a otro en La Julia, en el que Bernardo recuerda que había un hospital de combate, y por último, a El Borugo, otro campamento donde empezaría la fatídica marcha.
Por esos lugares pasaron Tirofijo, Raúl Reyes, el Mono Jojoy y hasta Rodrigo Londoño “Timochenko”. Este último, de acuerdo con el testimonio que le entregó a la Comisión de la Verdad, Esperanza, otra menor sobreviviente, les dijo a los niños: “en el camino unos morirían y otros vivirían, en cuanto a eso fue muy honesto. La columna estaba conformada por más jóvenes que adultos. Los adultos eran los mandos, de resto eran jóvenes, los que murieron no pasaban de 28 años, más los menores de edad, en su mayoría sin experiencia”, dice el testimonio. Bernardo también recuerda el discurso de Londoño.
El otrora máximo jefe de las antiguas FARC desestimó el asunto en sus versiones ante la Comisión de la Verdad, en la que aseguró haber estado de paso en dichos campamentos. sin embargo, una condena proferida en septiembre de 2015 por un juzgado de Bucaramanga lo encontró culpable junto a Iván Márquez y otros jefes de las FARC por el delito del reclutamiento de menores que terminaron muertos durante la Operación Berlín .
El drama supera la simple cifra y termina por desgarrar para siempre el destino de quienes son víctimas de este crimen, como lo reconoce con la voz quebrada Bernardo: “Uno quisiera estar jugando, al lado de nuestros papás, con mis hermanos. No quisiera que ningún niño pasara el sufrimiento en que yo estuve”, se lamenta, contando cómo fue testigo de por lo menos dos fusilamientos de sus propios compañeros menores que intentaron desertar por los duros rigores de las marchas a las que eran sometidos: “no quisiera que los demás niños en este momento estuvieran sintiendo lo que yo siento: no tuve la oportunidad de ir a un colegio, ni compartir con los demás niños”.
La misma Comisión de la Verdad estableció que “la Operación Berlín y las acciones descritas son un ejemplo de las situaciones a las que están expuestas las niñas, niños y adolescentes reclutados” en medio del conflicto, puesto que allí hubo victimización por ambos bandos, tanto por la guerrilla que cometió el crimen de conformar una columna de menores de edad inexpertos y lanzarlos a la guerra, sometiéndolos a atrocidades como torturas, malos tratos y fusilamientos, pero también por parte del Ejército Nacional, al que la JEP señala de haber ejecutado a algunos de los menores guerrilleros que desertaron durante la Operación.
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¿Cómo fue la marcha de los niños y niñas hacia la muerte?
A mediados del año 2000 los comandantes dieron la orden a Israel Martínez “Rogelio” de que emprendiera la marcha desde la antigua zona de despeje en La Macarena, Meta, hasta la región del Catatumbo, en el norte del país.
Para ello debía conducir la columna de niños con un largo rodeo por Meta, Vichada, Casanare, Arauca, Boyacá y Santander durante siete meses, con la indicación expresa de no atacar a la fuerza pública y evitar las confrontaciones, pues se trataba de menores sin ninguna experiencia militar. “La gran mayoría traíamos fusiles reales y otros niños venían con fusiles de palo, pero traían pistolas”, dice Bernardo, “con eso enfrentábamos a las tropas, sin experiencia. Yo miré niños que se entregaron, yo no me quise entregar”.
Sin embargo, como apunta Bernardo, no es cierto que los niños fueran desarmados, pues algunos tenían fusiles y otros pistolas, otros más cargaban fusiles de palo. Desde La Macarena bajaron por el río Guayabero en lanchas encarpadas durante varios días y luego caminaron a través de las sabanas del Vichada, deteniéndose dos meses en el campamento del Negro Acacio, excomandante de las FARC abatido años después en un bombardeo.
Cada uno llevaba 40 libras de carga más un galón y medio de gasolina amarrado al equipo y el fusil, que agregaba otros cinco o seis kilos de peso. En Arauca, algunas unidades quedaron replegadas con el Frente 10. Fue allí donde un muchacho desertor llamado Robinson entregó información al Ejército sobre la columna, por dónde avanzaba y quienes la componían, lo que a la postre permitió planear y desarrollar la operación.
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Del piedemonte llanero pasaron cerca al nevado del Cocuy, a esas alturas de la marcha el desgaste era tal que, según Bernardo, “niños que venían muy cansados se quitaban la vida, había niñas que venían embarazadas y no querían llegar a un consejo de guerra”, y por eso mismo preferían huir o suicidarse.
Bernardo sabe bien cuál fue el momento de quiebre, el 18 de noviembre del 2000: cerca a un caserío del páramo llamado La Laguna “un helicóptero alcanzó a aterrizar y los guerrilleros lo levantaron a plomo, recibió siete impactos. Fue el peor error que pudo cometer esa columna, ahí empezó la persecución. Todos los días nos daban, nos rafagueaban, ya estábamos cansados, teníamos ampollas en los pies, traíamos guerrilleros heridos”.
Durante dos meses, Bernardo soportó junto a una veintena de compañeros el cerco militar y escapó de la muerte al menos en dos oportunidades: una en que tuvo que ocultarse en un pastizal durante varios días sin comer, otra en que se arrojó por unos peñascos del páramo cuando ya estaba completamente cercado. Los adultos se abrieron en varios grupos de 30 o 40 guerrilleros, pero como él mismo recuerda “nos hacían enfrentar al enemigo, dispararle al Ejército que nos tenía rodeados, por eso murió mucho niño”.
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Como siempre ha sido católico, pedía a su Dios que le diera al menos un día más de vida. Esa petición se le cumplió un día tras otro, a lo largo de dos meses, hasta que logró salir del cerco y esconderse en la finca de unos campesinos que lo adoptaron como si fuera su hijo. Allí trabajó varias semanas, pero la guerrilla lo encontró y volvió a llevárselo, so pena de asesinarlo.
De nuevo en la guerrilla se enteró por otro niño, que también era del Guaviare, que las FARC habían asesinado meses atrás a su padre por negarse a pagar una colaboración de dinero. En ese momento tomó la decisión de desertar. Un día que le ordenaron hacer una exploración reconoció el camino y supo por dónde podría evadirse hacia un poblado cercano. Esa misma semana escapó con otra guerrillera y pasó cerca de Suratá, caminando tres días hasta que llegó a la estación de Policía de Matanza, aquel pueblo que por una terrible coincidencia lleva un nombre que describe bien los sucesos que habían acontecido días antes en sus alrededores.
Cinco años después de su deserción y luego de haber pasado por varias casas de acogida del Bienestar Familiar, Bernardo decidió ingresar al Ejército Nacional, que asegura es hoy su única familia. Sobre haber peleado la guerra junto a ambos bandos prefiere no reflexionar, porque la suya es una historia de causas y azares que lo fueron colocando en sitios en donde él no escogió estar, aunque tiene claro que fue la guerrilla la que le robó su infancia y su familia.
En el Ejército aprendió a leer y a escribir ya viejo. Además participó en muchos combates contra quienes habían sido sus antiguos compañeros. También fue víctima de un atentado en medio de sus labores en la única institución que dice que lo ha respaldado. Hoy, cerca ya del retiro, lo ronda una incertidumbre: ¿cómo podrá vivir lejos de esa guerra a la que no eligió entrar pero que ha señalado toda su vida? Mientras ese momento se acerca sigue pidiéndole a su Dios que le conceda al menos un día más, una promesa que se renueva cada noche, hasta ahora.
¿Cuál es la cifra real de reclutamiento a través de la historia?
El reclutamiento forzoso de menores es un crimen de guerra y ha sido perpetrado por todos los actores ilegales dentro del conflicto colombiano.
De acuerdo con Juan Pablo Fayad, psicólogo, consultor y experto en el tema, no hay unidad en las cifras de las víctimas de este delito. Por ejemplo, afirma para la Unidad de Víctimas su estimación es que cerca de 9.000 niños y niñas fueron reclutados, mientras que el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo un estudio que habla de casi 17.000 niños reclutados en el marco del conflicto. Y, dice Fayad, la Justicia Especial para la Paz (JEP) afirma que “fueron cerca de 18.000 específicamente por las Farc”.
En el tomo No es un mal menor, Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado, que hace parte del Informe Final de la Comisión de la Verdad, esta entidad estableció, tras cruzar bases de datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro Nacional de Memoria Histórica que durante el periodo comprendido entre 1985 y 2016, al menos 16.238 fueron reclutados por grupos armados ilegales, mientras que 64.084 perdieron la vida en el marco del conflicto.
*Nombre cambiado por seguridad.