Esta semana, durante dos jornadas consecutivas, se llevó a cabo en Bogotá la Audiencia de Verificación convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un espacio decisivo para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los exjefes de las extintas FARC-EP en el macrocaso 01 sobre secuestros, pero también para las primeras sanciones del tribunal.
Al cierre, los exintegrantes del último secretariado —Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel y Pablo Catatumbo— reiteraron su compromiso “firme e indeclinable” con la implementación integral del Acuerdo de Paz firmado en en 2016.
Aunque estaban citados, tanto Londoño como Catatumbo no pudieron asistir presencialmente a la audiencia. Londoño presentó una excusa médica por motivos de salud -fue operado del corazón el pasado 11 de julio-, y en el caso de Catatumbo, su defensa informó que se encontraba imposibilitado de asistir también por razones médicas. Este último se llevó un duro regaño del magistrado Camilo Suárez, quien dijo que debía estar en la sala o lo declararía en desacato.
Sin embargo, luego se aceptaron las excusas médicas.
Los comparecientes expresaron por escrito y video su respaldo a los compromisos asumidos ante la JEP, y reiteraron que su ausencia no representa un alejamiento del proceso ni del cumplimiento de las obligaciones derivadas del sistema de justicia transicional.
Vea aquí el resumen del primer día de la audiencia: Proyectos desfinanciados y sin ruta clara: la antesala para la sanción contra las Farc
Y aquí el resumen del segundo día: Víctimas reclaman justicia real en la inminente sanción por secuestros de las Farc
Además, tras finalizar la jornada los seis miembros del último secretariado de las FARC emitieron un mensaje conjunto en el que reafirmaron su voluntad de aportar verdad, asumir responsabilidades y contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto.
“Nadie sabe el dolor que lleva la gente por dentro, y el peor camino con el que podemos seguir transitando es que nos sigamos matando. Les deseamos la mayor sabiduría para seguir construyendo paz en este país”, expresó Pastor Alape durante su intervención, según recoge el comunicado final.
Pese a ello, el ambiente de la audiencia estuvo tenso por las tutelas impuestas por la defensa de los ex-FARC para suspender esa diligencia dado que, según lo que afirman, no se ha dado solución a otra tutela en la que piden aclarar si habrá o no una sentencia única.
En ese recurso, radicado el 24 de julio, solicitaban la suspensión de todas las actuaciones judiciales hasta que se emitiera una resolución única de conclusiones, argumentando vulneración del derecho al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica.
En entrevista con El Espectador, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que el retraso en la respuesta a tutela no frena emisión de sentencia.
“En este momento la Sección de Apelación debe resolver un conflicto de competencias planteado por los conjueces de la sección que fueron designados porque los integrantes de esta sección manifestaron un impedimento. Si bien en la solicitud de tutela se pidió detener el proceso, como medida provisional, tal petición fue negada en su momento, con lo cual no existe obstáculo alguno para avanzar hacia la emisión de la sentencia”, dijo Ramelli.
Incluso la Procuraduría General de la Nación intervino en el debate, solicitando que la JEP suspendiera temporalmente la audiencia de verificación hasta tanto se resolvieran las dudas jurídicas planteadas por los comparecientes.
El Ministerio Público advirtió que una audiencia de verificación previa a la notificación formal de las resoluciones de conclusiones podría generar inseguridad jurídica y vulnerar garantías procesales.
Pese a ello, la Jurisdicción decidió seguir adelante con la diligencia, invocando la necesidad de dar prioridad a los derechos de las víctimas y avanzar hacia la eventual imposición de la primera sanción propia.
Los pedidos de las víctimas
Durante la audiencia, los comparecientes escucharon las intervenciones de representantes institucionales y, sobre todo, de las víctimas, cuyas intervenciones marcaron el tono emocional y político de la jornada. Señalaron haber tomado “atenta nota” de las observaciones planteadas y reiteraron su llamado a mantener una interpretación jurídica coherente y restaurativa del modelo de justicia transicional, que respete el debido proceso y preserve la centralidad de las víctimas, tal como fue pactado en La Habana.
En su mensaje final, los excomandantes agradecieron la “presencia digna y valiente” de las víctimas y el respaldo de las organizaciones sociales que han defendido el espíritu del Acuerdo. También subrayaron que, aunque la audiencia concluye, su compromiso con la verdad, la no repetición y la construcción colectiva de una “paz completa” para Colombia sigue vigente.
Pero mientras los excomandantes reafirmaban su voluntad de cumplimiento, el mensaje de las víctimas fue categórico: no basta con las declaraciones de buena voluntad. La audiencia de verificación, realizada en la antesala de la primera sentencia del macrocaso 01, se convirtió en un escenario donde las víctimas alzaron la voz con fuerza para exigir justicia real, sanciones proporcionales y reconocimiento pleno del daño.
María Argensola Quintero, una mayora embera y madre de un desaparecido, tomó la palabra y preguntó: “¿Será que algún día encuentro los restos de Jhon Jairo Cantillo Quintero, mi hijo mayor? ¿O será que un día encontramos todos los desaparecidos de mi hermosa Colombia y mi departamento en Caquetá? Lo que nos dejó la guerra no tiene nombre”, dijo en la audiencia.
Por su parte, Gloria Stella Manrique, otra de las participantes, acusó a los comparecientes de no haber entregado aún una verdad plena y afirmó que las víctimas no buscan venganza, sino dignidad. Exigieron además que se reconozca sin eufemismos el carácter de delitos de lesa humanidad que revisten muchos de los secuestros cometidos.
En otras noticias: Medellín tendrá 300 osarios para custodiar cuerpos de desaparecidos no identificados o sin reclamar
¿Qué viene en el proceso?
El macrocaso 01, abierto por la JEP en julio de 2018, documenta al menos 21.396 secuestros atribuidos a las FARC-EP entre 1990 y 2016. En este proceso están acreditadas más de 4.000 víctimas, y es el primero que podría culminar con sanciones propias.
De acuerdo con el mecanismo establecido por el Sistema Integral para la Paz, la JEP debe verificar si los comparecientes han reconocido su responsabilidad de manera suficiente, han contribuido efectivamente a la verdad y han diseñado medidas restaurativas que respondan a las necesidades de las víctimas y los territorios afectados.
Si se cumplen esos requisitos, las sanciones pueden consistir en Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR), por un período de entre cinco y ocho años, en lugar de penas privativas de libertad. Esta etapa es decisiva: se trata de la verificación previa a la sentencia, donde se define si el modelo restaurativo puede aplicarse o si, por el contrario, se requiere una sanción alternativa o incluso una pena ordinaria.
Pero las tensiones son evidentes. Muchas víctimas denunciaron que los proyectos propuestos por los excomandantes no son pertinentes ni geográficamente ni simbólicamente.
Otros cuestionaron la negativa de los comparecientes a reconocer delitos como la esclavitud, pese a los testimonios de personas que vivieron condiciones inhumanas durante años de cautiverio.
Figuras como Sigifredo López, exdiputado del Valle y sobreviviente de secuestro, calificaron el proceso como una traición a la justicia: “La JEP está siendo cómplice de victimarios y consolidándose como un máximo tribunal de impunidad. Qué injusticia. Qué decepción. La historia los juzgará”.
La Sala de Reconocimiento tiene ahora hasta 20 días hábiles para decidir si avala los compromisos restaurativos presentados por el exsecretariado y, con base en esa evaluación, dictar la primera sentencia del macrocaso. Lo que está en juego no es solo una resolución judicial, sino la legitimidad misma del sistema de justicia transicional colombiano.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.