Gerente de Empresas Públicas de Medellín, en problemas con la JEP por desacato
Álvaro Guillermo Rendón no ha cumplido órdenes de esta justicia especial, a propósito del estudio de medidas cautelares de 17 lugares donde habrían personas dadas por desaparecidas, entre ellas, la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Podría ser multado o arrestado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió abrir un incidente de medidas correccionales contra Álvaro Guillermo Rendón, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), según esta justicia, por no cumplir órdenes judiciales en el estudio de protección de 17 lugares donde habrían personas dadas por desaparecidas, dentro de los cuales se encuentra la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, que lidera esta compañía.
“Las órdenes que fueron dirigidas a EPM E.S.P. fueron claras y concretas se han incumplido de manera integral, a pesar del prolongado tiempo transcurrido y de las prórrogas solicitadas y otorgadas por la sección. Así mismo, que hasta el momento no obran en el expediente elementos que demuestren una circunstancia excepcional que explique o justifique el incumplimiento de lo ordenado”, dice la Jurisdicción en el auto 125 de 2020. Con este proceso, Rendón podrá defenderse y explicar por qué ha incumplido las órdenes. Es el juez quien al final decide si debe o no imponer una sanción por desacato, que va desde una multa hasta unos días de arresto.
(Puede interesarle: EPM, obligada a entregar toda la información sobre Hidroituango a la JEP)
¿Qué le está pidiendo el Tribunal de Paz a EPM? Desde el año pasado, la Sección de Ausencia de Reconocimiento está indagando si antes de ejecutar el proyecto Hidroituango, EPM tenía conocimiento o no de que en la zona de influencia e inundación podría haber enterradas víctimas del conflicto armado. La documentación está relacionada con los procedimientos de exhumación y traslado de más de 300 cuerpos, realizados por EPM y la Fiscalía General de la Nación, que estaban sepultados en los tres cementerios de la vereda de Orobajo (Sabanalarga), el corregimiento de Barbacoas (Peque) y del poblado La Fortuna (Buriticá), en la zona de inundación del embalse.
La urgencia de esta información se debe a que en la última audiencia, realizada en octubre de 2019, quedó en evidencia que ni la compañía ni el ente de control tienen la certeza de que esos cuerpos pertenecen o no a personas dadas por desaparecidas. Aún así decidieron desenterrarlos y trasladarlos hasta el laboratorio de antropología de la Universidad de Antioquia. Algunos de ellos, con evidentes signos de violencia.
La preocupación de la JEP también parte de una solicitud de medidas cautelares en 17 lugares que, en 2018, realizó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Según esta organización, en esos espacios, entre ellos la zona de influencia de Hidroituango, habrían personas dadas por desaparecidas durante los años de guerra.
Según los peticionarios, habrían “sitios de enterramiento, legales e ilegales, ubicados a orillas del río en los municipios de Briceño, Ituango, Valdivia, Taraza, Cáceres, Nechí y demás municipios ubicados hasta la desembocadura del río Cauca en el río Magdalena”. Además, señalaron su preocupación “sobre los cementerios veredales o municipales que están a orillas del río Cauca, río debajo de la hidroeléctrica Hidroituango, tales como el cementerio del corregimiento de Puerto Valdivia (municipio de Valdivia) y los cementerios de los municipios de Tarazá y Cáceres. Todos ellos con pabellones, osarios y fosas con cuerpos no identificados, posiblemente correspondientes a víctimas de personas dadas por desaparecidas”.
(Lea también: JEP indagará traslado de 349 cuerpos de cementerios en zona de Hidroituango)
La JEP, desde el año pasado, le solicitó a EPM “remitir la comunicación con la que la Fiscalía General de la Nación le autorizó realizar la recuperación de cuerpos ”e “ informar sobre las actividades de recuperación de cuerpos y exhumaciones realizadas, con ocasión del contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la empresa Integral y EPM, junto con las bases de datos existentes”.
La empresa hizo una primera entrega, pero la magistratura concluyó que “no obra en el expediente documento de la Fiscalía General de la Nación que certifique, establezca o señale que se ha realizado un proceso de búsqueda, prospección, recuperación y exhumación exhaustivo en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango (especialmente el área inundada) y/o que no subsisten lugares de inhumación o cuerpos de personas víctimas del conflicto, en especial de desaparición forzada, en dicha área”.
A pesar de esto, le volvió a solicitar a EPM remitir en un término de diez días toda la documentación con la que pueda sustentar la afirmación de que ninguno de los cuerpos recuperados en los cementerios de las localidades de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá) guardaban relación alguna con el conflicto armado.
(Lea también: JEP pide peritazgo internacional sobre desaparición forzada en zona de Hidroituango)
También pidió que se mostrara "la forma en que dio cumplimiento a las dos recomendaciones de la Fiscalía" para exhumar los cuerpos de dichos cementerios, "así como la manera en que esa empresa, o los contratistas a quien hubiere delegado para ello, verificaron que todos los cuerpos objeto de sus actividades de exhumación, traslado y disposición final no correspondieran a personas sin identificar y, así, indudablemente carecieran de relación alguna con el conflicto armado".
EPM debía presentar la documentación con la cual el personal calificado, como antropólogos y criminalísticos independientes, documentaron el proceso de exhumación, rescate y levantamiento de información, así como el procedimiento de custodia, registro documental y videográfico de la exhumación, embalaje, rotulación, traslado e inhumación y disposición final de los cuerpos,
Finalmente, en la misma decisión la JEP requirió "toda la información referente a las actividades de búsqueda, prospección y exhumaciones realizadas con ocasión del contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la empresa Integral S.A. y EPM, así como las bases de datos correspondientes".
En marzo de 2020, EMP le solicitó a esta Sección reconsiderar el término de diez a 30 días “con la finalidad de entregar en su integralidad los documentos solicitados”. La JEP decidió aceptar la propuesta en la que se comprometían a dar la información, a más tardar, el 29 de julio. Sin embargo, hasta hoy, no ha llegado nada a los despachos de la justicia transicional.
Los magistrados han dicho que es oportuno vincular a EPM formalmente al proceso “no sólo por cuanto podrá seguir suministrando información pertinente y de primer orden, sino, principalmente, por cuanto EPM eventualmente podría verse afectada por una medida cautelar, si esta llegase a adoptarse en el marco del proceso”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió abrir un incidente de medidas correccionales contra Álvaro Guillermo Rendón, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), según esta justicia, por no cumplir órdenes judiciales en el estudio de protección de 17 lugares donde habrían personas dadas por desaparecidas, dentro de los cuales se encuentra la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, que lidera esta compañía.
“Las órdenes que fueron dirigidas a EPM E.S.P. fueron claras y concretas se han incumplido de manera integral, a pesar del prolongado tiempo transcurrido y de las prórrogas solicitadas y otorgadas por la sección. Así mismo, que hasta el momento no obran en el expediente elementos que demuestren una circunstancia excepcional que explique o justifique el incumplimiento de lo ordenado”, dice la Jurisdicción en el auto 125 de 2020. Con este proceso, Rendón podrá defenderse y explicar por qué ha incumplido las órdenes. Es el juez quien al final decide si debe o no imponer una sanción por desacato, que va desde una multa hasta unos días de arresto.
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¿Qué le está pidiendo el Tribunal de Paz a EPM? Desde el año pasado, la Sección de Ausencia de Reconocimiento está indagando si antes de ejecutar el proyecto Hidroituango, EPM tenía conocimiento o no de que en la zona de influencia e inundación podría haber enterradas víctimas del conflicto armado. La documentación está relacionada con los procedimientos de exhumación y traslado de más de 300 cuerpos, realizados por EPM y la Fiscalía General de la Nación, que estaban sepultados en los tres cementerios de la vereda de Orobajo (Sabanalarga), el corregimiento de Barbacoas (Peque) y del poblado La Fortuna (Buriticá), en la zona de inundación del embalse.
La urgencia de esta información se debe a que en la última audiencia, realizada en octubre de 2019, quedó en evidencia que ni la compañía ni el ente de control tienen la certeza de que esos cuerpos pertenecen o no a personas dadas por desaparecidas. Aún así decidieron desenterrarlos y trasladarlos hasta el laboratorio de antropología de la Universidad de Antioquia. Algunos de ellos, con evidentes signos de violencia.
La preocupación de la JEP también parte de una solicitud de medidas cautelares en 17 lugares que, en 2018, realizó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Según esta organización, en esos espacios, entre ellos la zona de influencia de Hidroituango, habrían personas dadas por desaparecidas durante los años de guerra.
Según los peticionarios, habrían “sitios de enterramiento, legales e ilegales, ubicados a orillas del río en los municipios de Briceño, Ituango, Valdivia, Taraza, Cáceres, Nechí y demás municipios ubicados hasta la desembocadura del río Cauca en el río Magdalena”. Además, señalaron su preocupación “sobre los cementerios veredales o municipales que están a orillas del río Cauca, río debajo de la hidroeléctrica Hidroituango, tales como el cementerio del corregimiento de Puerto Valdivia (municipio de Valdivia) y los cementerios de los municipios de Tarazá y Cáceres. Todos ellos con pabellones, osarios y fosas con cuerpos no identificados, posiblemente correspondientes a víctimas de personas dadas por desaparecidas”.
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La JEP, desde el año pasado, le solicitó a EPM “remitir la comunicación con la que la Fiscalía General de la Nación le autorizó realizar la recuperación de cuerpos ”e “ informar sobre las actividades de recuperación de cuerpos y exhumaciones realizadas, con ocasión del contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la empresa Integral y EPM, junto con las bases de datos existentes”.
La empresa hizo una primera entrega, pero la magistratura concluyó que “no obra en el expediente documento de la Fiscalía General de la Nación que certifique, establezca o señale que se ha realizado un proceso de búsqueda, prospección, recuperación y exhumación exhaustivo en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango (especialmente el área inundada) y/o que no subsisten lugares de inhumación o cuerpos de personas víctimas del conflicto, en especial de desaparición forzada, en dicha área”.
A pesar de esto, le volvió a solicitar a EPM remitir en un término de diez días toda la documentación con la que pueda sustentar la afirmación de que ninguno de los cuerpos recuperados en los cementerios de las localidades de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá) guardaban relación alguna con el conflicto armado.
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También pidió que se mostrara "la forma en que dio cumplimiento a las dos recomendaciones de la Fiscalía" para exhumar los cuerpos de dichos cementerios, "así como la manera en que esa empresa, o los contratistas a quien hubiere delegado para ello, verificaron que todos los cuerpos objeto de sus actividades de exhumación, traslado y disposición final no correspondieran a personas sin identificar y, así, indudablemente carecieran de relación alguna con el conflicto armado".
EPM debía presentar la documentación con la cual el personal calificado, como antropólogos y criminalísticos independientes, documentaron el proceso de exhumación, rescate y levantamiento de información, así como el procedimiento de custodia, registro documental y videográfico de la exhumación, embalaje, rotulación, traslado e inhumación y disposición final de los cuerpos,
Finalmente, en la misma decisión la JEP requirió "toda la información referente a las actividades de búsqueda, prospección y exhumaciones realizadas con ocasión del contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la empresa Integral S.A. y EPM, así como las bases de datos correspondientes".
En marzo de 2020, EMP le solicitó a esta Sección reconsiderar el término de diez a 30 días “con la finalidad de entregar en su integralidad los documentos solicitados”. La JEP decidió aceptar la propuesta en la que se comprometían a dar la información, a más tardar, el 29 de julio. Sin embargo, hasta hoy, no ha llegado nada a los despachos de la justicia transicional.
Los magistrados han dicho que es oportuno vincular a EPM formalmente al proceso “no sólo por cuanto podrá seguir suministrando información pertinente y de primer orden, sino, principalmente, por cuanto EPM eventualmente podría verse afectada por una medida cautelar, si esta llegase a adoptarse en el marco del proceso”.