JEP, Comisión de la Verdad y UBPD piden rápida investigación de la masacre indígena en Cauca
Las tres entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición hacen un llamado a las autoridades para coordinar mecanismos necesarios junto con las comunidades indígenas que garanticen la seguridad de los pueblos indígenas, hoy amenazados por el conflicto.
Colombia en Transición
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), entidades que se crearon tras la firma del Acuerdo de Paz, rechazaron el asesinato de la gobernadora Cristina Bautista, autoridad Neehwe’sx, y de los comuneros José Gerardo Soto, Asdruval Cayapú, Eliodoro Inscué y James Wilfredo Soto, en la vereda La Luz, del resguardo de Tacueyó, en el municipio de Toribío (Cauca), ocurrido el pasado martes.
A través de un comunicado, la JEP recordó que “la gobernadora Bautista fue una lideresa comprometida con la construcción de la paz y trabajó de la mano con la JEP en todo el proceso de coordinación interjurisdiccional con la Jurisdicción Especial Indígena”.También resaltó la importancia de garantizar la participación de estas comunidades dentro de la construcción de paz y le pidió a la Fiscalía celeridad en su investigación para dar con los responsables.
Por su parte, Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, hizo otro llamado a las autoridades para coordinar cuanto antes con las comunidades indígenas los mecanismos y estrategias que garanticen su protección efectiva y que sea sostenible, pues "ya suman más de 115 personas asesinadas en medio de una construcción de paz".
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Asimismo, la Comisión de la Verdad dijo que, desde su nacimiento, ha denunciado en reiteradas ocasiones las graves violaciones a los derechos humanos, particularmente, en el Catatumbo, Arauca, sur de Córdoba, bajo Cauca antioqueño, Chocó, costa pacífica nariñense y el norte del Cauca. Pese a la gravedad y magnitud de la situación, para la Comisión, el Estado aún no ha dado respuestas institucionales concretas, estructurales y efectivas para enfrentar el control territorial y las acciones de los grupos armados.
“La Comisión ve con preocupación la seguridad de los territorios, autoridades y líderes indígenas. El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos documentó 591 asesinatos, amenazas, atentados y detenciones de líderes y lideresas sociales en lo transcurrido de 2019”, aseguró en su comunicado.
La entidad dijo que es necesario “avanzar en la identificación de las causas profundas de estos hechos” e instó “a las máximas autoridades del Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que se reconozca la gravedad y magnitud del problema y se tomen las medidas oportunas y estructurales. Estas medidas deben incluir el reconocimiento de la guardia indígena, el apoyo a su plan y medidas de prevención y protección colectiva”.
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Tanto la Comisión, la JEP como la UBPD hicieron un llamado urgente para superar la indiferencia y rechazar el creciente hostigamiento y asesinato de líderes, miembros de las comunidades y guardia indígena. Es necesario tomar acciones para avanzar hacia la superación del conflicto y la no repetición de hechos de violencia como el ocurrido en Cauca.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), entidades que se crearon tras la firma del Acuerdo de Paz, rechazaron el asesinato de la gobernadora Cristina Bautista, autoridad Neehwe’sx, y de los comuneros José Gerardo Soto, Asdruval Cayapú, Eliodoro Inscué y James Wilfredo Soto, en la vereda La Luz, del resguardo de Tacueyó, en el municipio de Toribío (Cauca), ocurrido el pasado martes.
A través de un comunicado, la JEP recordó que “la gobernadora Bautista fue una lideresa comprometida con la construcción de la paz y trabajó de la mano con la JEP en todo el proceso de coordinación interjurisdiccional con la Jurisdicción Especial Indígena”.También resaltó la importancia de garantizar la participación de estas comunidades dentro de la construcción de paz y le pidió a la Fiscalía celeridad en su investigación para dar con los responsables.
Por su parte, Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, hizo otro llamado a las autoridades para coordinar cuanto antes con las comunidades indígenas los mecanismos y estrategias que garanticen su protección efectiva y que sea sostenible, pues "ya suman más de 115 personas asesinadas en medio de una construcción de paz".
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Asimismo, la Comisión de la Verdad dijo que, desde su nacimiento, ha denunciado en reiteradas ocasiones las graves violaciones a los derechos humanos, particularmente, en el Catatumbo, Arauca, sur de Córdoba, bajo Cauca antioqueño, Chocó, costa pacífica nariñense y el norte del Cauca. Pese a la gravedad y magnitud de la situación, para la Comisión, el Estado aún no ha dado respuestas institucionales concretas, estructurales y efectivas para enfrentar el control territorial y las acciones de los grupos armados.
“La Comisión ve con preocupación la seguridad de los territorios, autoridades y líderes indígenas. El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos documentó 591 asesinatos, amenazas, atentados y detenciones de líderes y lideresas sociales en lo transcurrido de 2019”, aseguró en su comunicado.
La entidad dijo que es necesario “avanzar en la identificación de las causas profundas de estos hechos” e instó “a las máximas autoridades del Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que se reconozca la gravedad y magnitud del problema y se tomen las medidas oportunas y estructurales. Estas medidas deben incluir el reconocimiento de la guardia indígena, el apoyo a su plan y medidas de prevención y protección colectiva”.
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Tanto la Comisión, la JEP como la UBPD hicieron un llamado urgente para superar la indiferencia y rechazar el creciente hostigamiento y asesinato de líderes, miembros de las comunidades y guardia indígena. Es necesario tomar acciones para avanzar hacia la superación del conflicto y la no repetición de hechos de violencia como el ocurrido en Cauca.