JEP discute cómo usar los archivos de inteligencia del DAS

Al menos 12.000 cajas de archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) son las protagonistas hoy de una discusión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Sala de Reconocimiento convocó a una mesa técnica para verificar las condiciones de preservación y acceso de la documentación de inteligencia, contrainteligencia  y gastos reservados del DAS, relacionados con el conflicto armado.

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De acuerdo con el auto conocido por este diario, la mesa técnica, que sesionará seis meses, tiene como objetivo elaborar las recomendaciones a la JEP sobre las medidas que deberán implementarse para preservar dichos archivos.

En la mesa, que estará acompañada por las entidades encargadas de la custodia y consulta de los archivos, expertos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil, se deberá verificar cómo están clasificados los archivos, documentar su nivel de conservación e identificar los riesgos a los cuales pueden estar expuestos estos documentos.

Asimismo, se tendrá que explicar sus métodos de conservación, determinar el volumen de la documentación, identificar los protocolos para garantizar su seguridad y determinar quiénes y cómo se puede acceder a esta información que reposa en el Archivo General de la Nación (ANG). Este último punto es muy importante porque a esta información sólo pueden acceder funcionarios de la  rama judicial, Fiscalía y organismos de control, y deben hacerlo cumpliendo unos protocolos estrictos, que incluyen citas y autorizaciones previas.

Vale la pena recordar que, tras los escándalos en los cuales se comprobó que había seguimientos e interceptaciones ilegales por parte del DAS a políticos de la oposición, magistrados, sindicalistas, periodistas y organizaciones de derechos humanos, además de montajes de desprestigio, en 2011, el presidente Juan Manuel Santos se decidió acabar con la entidad.

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Además, Santos expidió un decreto en el que determinó que el Archivo General estaría a cargo de la custodia y conservación de todos los registros de inteligencia, mientras que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sería la encargada de autorizar el ingreso y acceso a la información, siempre y cuando existiera una orden judicial, pues los documentos son reservados.

Los archivos volvieron a ser protagonistas en marzo del año pasado, cuando el entonces secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, ordenó las medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia. Con esta decisión, protegió los archivos y permitió que la JEP sea quien determine quién accede a los documentos.  Correa justificó su decisión recordando las leyes nacionales o pronunciamientos internacionales que hablan de la necesidad imperiosa de preservar archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos para la investigaciones que adelanta la jurisdicción. 

Dicha medida, seis meses después, fue confirmada por otro auto de la JEP que, además de reiterar el argumento de la preservación, ordenó la creación de la mesa técnica y la revisión de la Procuraduría y la Fiscalía sobre denuncias que tengan acerca de la destrucción, sustracción, falsificación, eliminación o pérdida de información de los archivos del DAS. 

Estas decisiones se tomaron a partir de la denuncia de víctimas del extinto DAS, quienes revelaron que una gran cantidad de información que recogió esta entidad de manera ilegal fue destruida o desaparecida. No obstante, según Armando Martínez Garnica, director del Archivo General, es imposible que eso haya sucedido, pues los papeles están custodiados en cuatro depósitos blindados a los que solo entran personas autorizadas bajo vigilancia.

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Por estas razones, este primer encuentro, según sus asistentes, será muy importante. Habrá discusiones cruciales sobre el futuro de estos archivos y su incidencia en las investigaciones que adelanta la JEP, pues se espera que las víctimas soliciten ante esta jurisdicción que convierta esta documentación en archivos de derechos humanos. Según Sebastián Escobar, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que participará en la mesa, “el efecto de esa declaratoria es que todas las personas podrán acceder sin restricción a la información que hay allí, respetando la intimidad y el buen nombre de las víctimas involucradas”.

Para las organizaciones, existe un riesgo latente y por eso insistirán en la importancia de cuidarlos y clasificarlos. Escobar explica que estos archivos “conservan la memoria histórica de hechos relacionados con la violación de los derechos humanos”. En esas hojas están reflejadas, advierte el abogado, las decisiones que desencadenaron en delitos cometidos en el conflicto armado. 

Acceder a ellos es encontrar la verdad del papel de las entidades gubernamentales en casos emblemáticos, como el ingreso de los paramilitares a zonas con ayuda del Estado, algunos casos de desaparición forzada, el asesinato de Jaime Garzón y el capítulo de las chuzadas a periodistas y políticos.

Para otros expertos, esa información no se puede declarar de derechos humanos, porque son documentos de Estado y de Gobierno, que no pueden ser públicos hasta dentro de 30 años. Y en caso de que eso sucediera, tendrían que ordenarse. Y para eso se necesitan medios y recursos que hoy no están disponibles. Actualmente, los archivos están clasificados por las seccionales del extinto DAS y hasta ahora ni el Archivo General ni la DNI conocen qué contienen las 12.000 cajas que están allí hace ocho años.  

Al menos 12.000 cajas de archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) son las protagonistas hoy de una discusión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Sala de Reconocimiento convocó a una mesa técnica para verificar las condiciones de preservación y acceso de la documentación de inteligencia, contrainteligencia  y gastos reservados del DAS, relacionados con el conflicto armado.

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De acuerdo con el auto conocido por este diario, la mesa técnica, que sesionará seis meses, tiene como objetivo elaborar las recomendaciones a la JEP sobre las medidas que deberán implementarse para preservar dichos archivos.

En la mesa, que estará acompañada por las entidades encargadas de la custodia y consulta de los archivos, expertos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil, se deberá verificar cómo están clasificados los archivos, documentar su nivel de conservación e identificar los riesgos a los cuales pueden estar expuestos estos documentos.

Asimismo, se tendrá que explicar sus métodos de conservación, determinar el volumen de la documentación, identificar los protocolos para garantizar su seguridad y determinar quiénes y cómo se puede acceder a esta información que reposa en el Archivo General de la Nación (ANG). Este último punto es muy importante porque a esta información sólo pueden acceder funcionarios de la  rama judicial, Fiscalía y organismos de control, y deben hacerlo cumpliendo unos protocolos estrictos, que incluyen citas y autorizaciones previas.

Vale la pena recordar que, tras los escándalos en los cuales se comprobó que había seguimientos e interceptaciones ilegales por parte del DAS a políticos de la oposición, magistrados, sindicalistas, periodistas y organizaciones de derechos humanos, además de montajes de desprestigio, en 2011, el presidente Juan Manuel Santos se decidió acabar con la entidad.

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Además, Santos expidió un decreto en el que determinó que el Archivo General estaría a cargo de la custodia y conservación de todos los registros de inteligencia, mientras que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sería la encargada de autorizar el ingreso y acceso a la información, siempre y cuando existiera una orden judicial, pues los documentos son reservados.

Los archivos volvieron a ser protagonistas en marzo del año pasado, cuando el entonces secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, ordenó las medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia. Con esta decisión, protegió los archivos y permitió que la JEP sea quien determine quién accede a los documentos.  Correa justificó su decisión recordando las leyes nacionales o pronunciamientos internacionales que hablan de la necesidad imperiosa de preservar archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos para la investigaciones que adelanta la jurisdicción. 

Dicha medida, seis meses después, fue confirmada por otro auto de la JEP que, además de reiterar el argumento de la preservación, ordenó la creación de la mesa técnica y la revisión de la Procuraduría y la Fiscalía sobre denuncias que tengan acerca de la destrucción, sustracción, falsificación, eliminación o pérdida de información de los archivos del DAS. 

Estas decisiones se tomaron a partir de la denuncia de víctimas del extinto DAS, quienes revelaron que una gran cantidad de información que recogió esta entidad de manera ilegal fue destruida o desaparecida. No obstante, según Armando Martínez Garnica, director del Archivo General, es imposible que eso haya sucedido, pues los papeles están custodiados en cuatro depósitos blindados a los que solo entran personas autorizadas bajo vigilancia.

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Por estas razones, este primer encuentro, según sus asistentes, será muy importante. Habrá discusiones cruciales sobre el futuro de estos archivos y su incidencia en las investigaciones que adelanta la JEP, pues se espera que las víctimas soliciten ante esta jurisdicción que convierta esta documentación en archivos de derechos humanos. Según Sebastián Escobar, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que participará en la mesa, “el efecto de esa declaratoria es que todas las personas podrán acceder sin restricción a la información que hay allí, respetando la intimidad y el buen nombre de las víctimas involucradas”.

Para las organizaciones, existe un riesgo latente y por eso insistirán en la importancia de cuidarlos y clasificarlos. Escobar explica que estos archivos “conservan la memoria histórica de hechos relacionados con la violación de los derechos humanos”. En esas hojas están reflejadas, advierte el abogado, las decisiones que desencadenaron en delitos cometidos en el conflicto armado. 

Acceder a ellos es encontrar la verdad del papel de las entidades gubernamentales en casos emblemáticos, como el ingreso de los paramilitares a zonas con ayuda del Estado, algunos casos de desaparición forzada, el asesinato de Jaime Garzón y el capítulo de las chuzadas a periodistas y políticos.

Para otros expertos, esa información no se puede declarar de derechos humanos, porque son documentos de Estado y de Gobierno, que no pueden ser públicos hasta dentro de 30 años. Y en caso de que eso sucediera, tendrían que ordenarse. Y para eso se necesitan medios y recursos que hoy no están disponibles. Actualmente, los archivos están clasificados por las seccionales del extinto DAS y hasta ahora ni el Archivo General ni la DNI conocen qué contienen las 12.000 cajas que están allí hace ocho años.