JEP: la falta de controles que demostró el caso del militar colombiano en Haití

"El Inventario de Beneficios cuenta con 19.706 registros de personas (entre comparecientes y potenciales comparecientes) relacionadas en las bases de datos gestionadas, de los cuales 14.749 corresponden a exintegrantes FARC-EP, 4.367 miembros de Fuerza Pública, 119 terceros civiles y 78 agentes del Estado diferentes de Fuerza Pública”, resaltó la JEP.

Foto: Cristian Garavito

Francisco Eladio Uribe Ochoa fue uno de los militares detenidos e investigados en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el pasado 7 de julio. A diferencia de los demás militares, Uribe Ochoa es el único acogido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por un proceso que se adelanta en su contra por ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”. Aunque su comparecencia no le permite salir del país sin autorización de este tribunal, viajó con varias escalas hacia Haití. Su caso abrió un debate que hoy tiene más preguntas que respuestas: ¿cuáles son los controles de quienes, gracias al Acuerdo de Paz, tienen beneficios penales mientras se resuelven sus casos?

Desde las discusiones de La Habana (Cuba), entre las extintas Farc y el Estado colombiano, quedó establecido un sistema de justicia transicional para juzgar a los máximos responsables de graves delitos. Como fue una negociación, desde el comienzo se estipuló que no habría cárcel para estas personas, mientras se comprometieran a decir la verdad y a reparar a sus víctimas.

Entre los beneficios que se les otorgó a los guerrilleros están las amnistías, indultos y libertades condicionadas. En el caso de los militares, como no fueron un grupo que se reveló ante el Estado, se creó una figura llamada renuncia a la persecución penal, con la que se suspenden sus órdenes de captura. También se dieron libertades condicionadas, en los casos de quienes ya habían pagado cinco años de su pena, y la posibilidad de continuar con su condena en unidades militares. Todo esto mientras se resuelven los casos y esclarecen lo que ocurrió en la guerra ante la JEP.

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En el caso de Uribe Ochoa, el 9 de octubre de 2018, el juzgado cuarto municipal con funciones de control de garantías, con sede en Medellín (Antioquia), envió el proceso a la JEP y le suspendió la orden de captura por el delito de homicidio en persona protegida. A cambio, el militar se comprometió a no cambiar de residencia ni salir del país sin previa autorización e ir a la autoridad judicial cuando fuese requerido.

Uribe Ochoa ya había sido imputado para entonces. De acuerdo con las autoridades, el 23 de septiembre de 2007 en la vereda Río Grande, en el municipio de Don Matías (Antioquia), participó en el asesinato de Yeferson Rivas Palacios y Diego Juan López Vanegas, quienes fueron reportados como extorsionistas dados de baja en combate, luego de que supuestamente se enfrentaron a los miembros del Ejército. La Fiscalía señaló que las víctimas eran jóvenes que, mediante engaños, fueron llevadas por un reclutador a donde los militares.

El 20 de diciembre de 2020, la JEP corroboró su competencia y revisó la libertad condicionada. En ese momento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumió su estudio y mantuvo el beneficio, “a efectos de que su proceso continúe bajo el monitoreo de esta Jurisdicción y a través del régimen de condicionalidad que de ellos se demanda’'.

El régimen de condicionalidad son las obligaciones que adquiere cualquier persona que se someta a la JEP, con el fin de acceder y conservar los beneficios a cambio de su verdad. Una de ellas es reportar cuando quieran salir del país, pero también están otras condiciones para movilizar el proceso, como la construcción de un compromiso concreto, programado y claro de sus aportes que, en dado caso, van más allá de lo que se conoce en la justicia ordinaria.

De hecho, la Sala le advirtió a Uribe Ochoa que “un eventual incumplimiento reiterado e injustificado a los requerimientos que haga la JEP, puede dar lugar a sanciones proporcionales y graduales a sus faltas e incluso a la pérdida del beneficio a ellos concedido”. Y finalmente pidió comunicar lo resuelto “al Ministerio Público, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Procuraduría General de la Nación, a la DIJIN, al comandante del Ejército Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia”.

De Uribe Ochoa sólo se volvió a saber cuando apareció como uno de los supuestos mercenarios del presidente haitiano. Una de las preguntas que se hizo la ciudadanía, las organizaciones sociales y las autoridades es cómo pudo salir del país en medio de una investigación por un delito de lesa humanidad. Según Migración Colombia, hasta hoy, “el señor Uribe no presenta restricción judicial de salida del país”. Y agregó que no puede hacerse responsable porque “únicamente una autoridad judicial puede generar la restricción de salida”.

Los ojos estuvieron puestos entonces en la JEP. Sin embargo, Eduardo Cifuentes, presidente del Tribunal de Paz, dijo: “La sala de justicia me ha informado que la orden de la suspensión de la captura fue proferida por un juez de garantías de Medellín, que hizo el traslado del caso a la JEP, pero que no reportó a migración esta situación”.

Luego, en un derecho de petición, la JEP le respondió a este diario que sí existe un convenio con esta entidad para permitir o no la salida de los comparecientes: “En el marco del convenio se contempló como mecanismo de intercambio de información más expedito, una herramienta tecnológica denominada “vista materializada”, que expone la información de las actas de compromiso de comparecientes que han adquirido, entre otras, la obligación de no salir del país sin previa autorización. Dicho intercambio de información frente a la población que se ha sometido a la JEP ocurre por dos canales: (i) vista materializada de datos sobre actas suscritas por la JEP y (ii) la comunicación de órdenes judiciales”. Nadie responde, entonces, qué ocurrió y cómo el militar pudo salir sin autorización.

¿Faltan controles y articulación?

El caso de Uribe Ochoa no es el único. La JEP también reveló, en medio de la imputación a militares en el marco del caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, los obstáculos que han tenido para localizar al coronel Carlos Figueroa, comandante del batallón La Popa entre 2004 y 2005, en Valledupar (Cesar).

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Aunque bajo su mando se habrían presentado, al menos, 51 “falsos positivos”, este tribunal no ha podido siquiera localizarlo. Nunca se presentó a la JEP y la única respuesta de su familia es que “no desea asistir a la diligencia de versión voluntaria”, a pesar de que por estar sometido cuenta con la libertad condicionada. El militar, según Migración Colombia, salió del país en 2019 rumbo hacia París (Francia) y hasta el momento de la imputación no tenía abierto el proceso en contra de su incumplimiento. “Esto es un costo terrible. No se les puede poner un collar y el compromiso parte de la fe de que ellos van a cumplir”, señaló una fuente dentro de la JEP.

Otra persona dentro de la Jurisdicción aceptó que es un problema que a veces se sale de sus manos: “Tenemos dificultades para encontrarlos. Se da la orden a la Unidad de Investigación y Acusación para que los busque y no aparecen. Hay varios volados. Y pasa con los militares y con los miembros de la guerrilla... El lío es que la JEP no tiene cómo saber qué están haciendo 12.000 comparecientes en tiempo real. Es imposible”.

Ambos dijeron que los llamados a versiones son una forma de saber cuán comprometidos están. El problema es que no todos han dado su declaración. Por ejemplo, hay al menos 2.600 militares en la JEP y en el caso de los “falsos positivos” no todos han sido entrevistados. Ante la pregunta de por qué no han sido llamados, las dos voces dentro de la JEP explicaron que no pueden pedirles sus declaraciones al tiempo y que los encuentros con los magistrados dependen de la priorización de los casos.

Sin embargo, aclararon que sí se pueden tomar medidas y mejorar la articulación con otras instituciones del Estado para vigilar que no salgan del país o no hayan recaído en otros delitos después del 1° de diciembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz. “Por ejemplo, Migración Colombia debería tener la lista de comparecientes para no permitirles salir sin permiso. Ellos revisan cuando se pasa el pasaporte. Y la Fiscalía o quien tenga la denuncia debería avisarnos si alguno de ellos está en un caso que estén investigando, así son expulsados en caso de que se compruebe su participación en el incumplimiento”, agregó una de ellas.

Un ejemplo fue el caso de Leyder Johany Noscue Bototo, conocido como Mayimbú. Este exguerrillero fue denunciado por el Ministerio de Defensa porque, de acuerdo con la información de inteligencia, habría participado en el asesinato de Karina García Sierra, candidata de la alcaldía de Suárez (Cauca), en septiembre de 2019. La JEP lo expulsó prontamente, aunque se enteró sólo por las declaraciones que dio en televisión el ministro de Defensa.

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Para las organizaciones sociales y las víctimas, hay que tener cuidado con la “buena fe” de los comparecientes y las libertades sin vigilancia constante, pues una parte de ellos cometió delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y hoy parecen estar “campantes”, cuando en la justicia ordinaria estaban a punto de ser juzgados. Incluso, han expresado su inconformismo sobre los beneficios que reciben y la ausencia de sus testimonios hasta hoy, a pesar de que ya la JEP lleva tres años de funcionamiento.

Al menos así ha sucedido con el caso de Omar Leonardo Triana, un joven de 26 años que el 15 de agosto de 2007 fue asesinado en la zona rural de Barbosa (Antioquia). Leonardo sufría de una discapacidad en su pierna, así que, como explicó el abogado de la familia, Sergio Ocasiones, “no era posible que fuera miembro de un grupo armado ilegal porque no tenía las capacidades físicas para combatir”. Además, la trayectoria de los disparos tampoco permiten inferir que fue víctima de un combate sino que fue asesinado por su espalda.

Su proceso en la justicia ordinaria ya estaba en juicio, pero se detuvo porque ahora le compete a la JEP. El problema es que la familia y su representación desconocen el paradero de sus victimarios y lo que sigue en esta justicia, pues la unidad militar a la que pertenecen aún no ha sido priorizada.

“Este 15 de agosto se cumplen 14 años y no ha pasado nada. Seguimos en la impunidad. Me volvieron a cambiar de abogado. Veo que esto sigue igual. Queremos que salga rápido. Como mamá, me ha dolido que no hay detenidos. Solo se han presentado dos personas a declarar en la justicia ordinaria y uno de ellos está en la JEP. Nunca me han llamado de la JEP, quiero conocerla. Tampoco sé si los responsables han ido a otras entidades, como la Comisión de la Verdad. Para las víctimas es importante saber en qué van nuestros procesos, si son tenidos en cuenta y en dónde están quienes nos hicieron este daño”, dijo Lucero Carmona, madre de Omar.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una de las organizaciones que ha representado a las víctimas y que tiene el Observatorio sobre la JEP, ha insistido en la necesidad de que la planeación y ejecución de los compromisos de militares y exguerrilleros cuenten con mecanismos que garanticen la participación de las víctimas, “así como acciones efectivas por parte del Estado para vigilar que el régimen de condicionalidades se cumpla de manera adecuada, apropiada y oportuna”.

“Igualmente, se ha indicado que es importante que se adopten protocolos de intercambio de información entre los diferentes órganos y entidades encargadas de los derechos de las víctimas, además del establecimiento de mecanismos de verificación de los compromisos suscritos”, resaltó el observatorio en su Boletín #39.

Dicho mecanismo esperan que pueda ser consultado por las organizaciones, los abogados y las víctimas. “La idea es que podamos rastrear qué tan comprometidos están con la verdad: si mientras fueron llamados a la JEP han ido a la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por desaparecidas, como entidades que conforman el Sistema Integral de Paz. Es importante saber qué están haciendo mientras son llamados, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. En caso de que estén incumpliendo, se pueden activar los escenarios pertinentes”, agregó Juan Carlos Ospina, abogado de la CCJ.

Para otro analista, que prefirió no revelar su identidad, es preocupante que la JEP solo se entere de las violaciones del régimen de condicionalidad a través de las noticias. “Pasó en el caso de Haití, pero también con el rearme de Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña. Duraron mucho tiempo en abrir el incidente de verificación en contra de los exguerrilleros, a pesar de que sabían que no estaban yendo a las diligencias”. Por su propia legitimidad, advirtió, la JEP debería darle celeridad a la expulsión de quienes no toman en serio a la magistratura.

De hecho, recientemente, se tomó una decisión sin precedentes: la JEP expulsó al exsenador Musa Besaile “por su falta de compromiso” con la verdad plena y exhaustiva para las víctimas. Entró a la Jurisdicción con el compromiso de hablar sobre sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia para lograr su elección como senador y, también del proceso que le abrió la Corte Suprema de Justicia por actos de corrupción cuando trató de encubrir la investigación por nexos con los paramilitares.

Hay otros casos en los que las organizaciones sociales, entre ellas el Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Yira Castro, el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, la Asociación Minga, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), le han pedido a la JEP ser más estricta, como el del general Mario Montoya. En numerosas ocasiones, le han pedido a la Sala de Reconocimiento que lo expulse por no contribuir con la verdad en los procesos de los “falsos positivos” y, en ocasiones, afectar a las víctimas con sus declaraciones en contra de sus familiares asesinados. La JEP se ha defendido con que no es el momento procesal para sacarlo y que él puede declararse inocente e ir a juicio. “La pregunta es por qué con Besaile sí y no con Montoya”, cuestionó el entrevistado.

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¿Qué ha hecho la JEP?

Dicho sistema de seguimiento al comportamiento de quienes están bajo la lupa de la JEP aún no existe. De acuerdo con el Tribunal de Paz, la apertura de un incidente de verificación del régimen de condicionalidad funciona para entender el grado incumplimiento y afectación, “lo que puede generar consecuencias graves para el beneficiario de un tratamiento penal especial” e incluso “pueden constituir una causal para que la jurisdicción ordinaria asuma competencia para investigar los hechos”.

Sobre la necesidad de hacer un inventario de los beneficios otorgados, la Sección de Apelación de la JEP ya se ha manifestado. En primer lugar, a través de la sentencia interpretativa 2 de 2019, determinó que la competencia para resolver, revisar y supervisar beneficios provisionales de los exmiembros y antiguos colaboradores de las FARC–EP y de las personas vinculadas con delitos relacionados con protesta social o disturbios públicos es de la Sección de Revisión.

“La SR se encontraría facultada para exigir el cumplimiento y pedir cuentas, al menos, sobre los siguientes aspectos: : (i) la dejación de armas y el compromiso de no volver a tomarlas; (ii) el cumplimiento a los requerimientos de los demás componentes del SIVJRNR; (iii) el avance de los procesos de reincorporación personal y colectiva y sobre los gestos de reparación simbólica o inmaterial; (iv) los aportes de verdad exhaustiva, plena y detallada y sobre los reconocimientos de responsabilidad, y (v) la ubicación actual del beneficiado con la libertad condicional”, señaló la JEP.

Para ello, junto a la Secretaría general, debía armar una base de datos que le permitiera a las salas y secciones saber exactamente la situación de los excombatientes, pero también dónde goza de su libertad, su cambio de residencia, permiso para salir del país, presentación de informes o, eventualmente, monitoreos o vigilancias periódicas o electrónicas.

“Con corte a 30 de junio de 2021, el Inventario de Beneficios, cuya elaboración implica un proceso de actualización, ajuste y depuración continuos, cuenta con 19.706 registros de personas (entre comparecientes y potenciales comparecientes) relacionadas en las bases de datos gestionadas, de los cuales 14.749 corresponden a exintegrantes FARC-EP, 4.367 miembros de Fuerza Pública, 119 terceros civiles y 78 agentes del Estado diferentes de Fuerza Pública”, resaltó la JEP. De ellos, actualmente, solo dos tienen trámites actuales relacionados con la verificación del incumplimiento.

En el caso de los militares, respondió el Tribunal de Paz, es “la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas la competente para resolver las solicitudes de libertad de militares, así como las de sometimiento y beneficios provisionales en los mismos casos”.

A toda esa información, hasta el momento, solo puede acceder la JEP. “La concesión de usuarios de acceso al Inventario se ha establecido sólo para funcionarios de la JEP que hayan sido expresamente autorizados por los magistrados. Eventualmente, con la debida observancia de los parámetros de seguridad y reserva en cada caso, otras entidades podrían acceder a la información consignada en la herramienta a través de requerimientos específicos”, agregó la entidad.

Pero las víctimas y las organizaciones esperan que pronto, también bajo el principio de participación y rendición de cuentas, puedan acceder a ella con más facilidad y que sea una base de datos que esté en constante revisión, porque no descartan también asumir un papel de veedores para que el régimen de condicionalidad sí se cumpla y los afectados no se enteren por televisión.