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Cuando la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) visitó el cementerio de San Onofre (Sucre), en septiembre, cumpliendo la orden de inventariarlo, evidenció que este no tenía orden alguno, los columbarios no tenían número y algunos tampoco tenían el nombre de la persona que estaba ahí sepultada. El rastrojo, además, estaba tan alto que cubría bóvedas de dos pisos. También encontraron que no había vigilancia. Y lo peor, había restos óseos expuestos. La UIA realizó entonces un inventario del cementerio central de San Onofre y del corregimiento de Rincón del mar.
Este miércoles 20 de noviembre, ocurrió la audiencia para evaluar la situación de cuatro sitios de este municipio de Sucre en los que se presume que hay personas desaparecidas. Esta diligencia es resultado de la petición que hizo el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de imponer medidas cautelares en 16 sitios en los que podría haber cuerpos de personas desaparecidas, entre ellos los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar y las fincas La Alemania y El Palmar, también en este municipio.
Durante el primer día de la diligencia, la administración municipal dejó ver que, en efecto, no han hecho lo que les corresponde en la administración, el manejo y la conservación de los cementerios del municipio. Por esta razón, la JEP le ordenó a la UIA que “en un término de cinco días, contado a partir de su notificación, entregue a la Alcaldía de San Onofre la información relativa a los cementerios de Rincón del Mar y San Onofre recopilada en el Sistema de Identificación para el Registro de Inhumaciones de Cuerpos no identificados en Colombia (SIRIC)”, es decir, el sistema en el que acopiaron el inventario de los camposantos.
También le ordenó a la Alcaldía que en los próximos tres meses “adopte las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan específico de administración y protección de los cementerios bajo su jurisdicción” de acuerdo con las leyes vigentes. En este plan, la institución debe poner los plazos para que se lleve a cabo y los mecanismos para que la ciudadanía haga control sobre él.
El caso del cementerio del corregimiento de Rincón del Mar es aún más complejo, pues este está en un predio que no es de la administración y que se desconoce a quién pertenece. Además, no está legalmente constituido. Por tal razón, la JEP ordenó tomar medidas para “legalizar, sanear y titularizar el predio en el que se encuentra ubicado el cementerio de Rincón del Mar. Además, deberá adoptar medidas urgentes de protección inmediatas respecto de los puntos de interés forense del cementerio de San Onofre y Rincón del Mar tendientes a la conservación de los cuerpos allí ubicados, para tal efecto deberá coordinarse con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas”.
Medidas restaurativas para las víctimas
En un segundo auto, la JEP tomó la decisión de adoptar medidas restaurativas en el tema de memoria histórica, atendiendo a la solicitud de las víctimas. La finca El Palmar, donde se presume que hay entre 500 y 2.000 cuerpos de personas desaparecidas, tenía un monumento de memoria que ya no existe. Por esta razón, el tribunal ordenó a la Alcaldía Municipal de San Onofre y a la Gobernación de Sucre que en los cinco días siguientes a la notificación de la decisión tomen decisiones para que en el presupuesto de la siguiente vigencia fiscal “proyecten los recursos necesarios para efectuar la reconstrucción del monumento de memoria, bien sea con las especificaciones originales o con las modificaciones que propongan las víctimas peticionarias, el cual será ubicado en la entrada de la Finca el Palmar del municipio de San Onofre, lugar del monumento originalmente dispuesto”. Se decretó un plazo de tres meses para construirlo de acuerdo con los lineamientos Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
Además, le ordenó a la Alcaldía que en los próximos seis meses realice “un estudio técnico para la construcción de un lugar para la memoria en el municipio de San Onofre como medida de protección y reivindicación de las víctimas y su memoria”. Finalmente, ordenó a la a la Unidad para las Víctimas, Ministerio del Interior y el Ministerio Salud, que amplíe el Programa Integral de Reparación Colectiva del corregimiento La Libertad para que “incluya los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar, no solamente en su preservación física sino en su dimensión simbólica”.
El alto riesgo en el que están los cementerios
De acuerdo con la inspección que hizo la UIA, el cementerio de San Onofre tiene riesgos (asociados a lo social, económico, ambiental, de administración, etc.) que, según la escala planteada por ellos, está en nivel 4 de riesgo, es decir, alto.
También se pudieron identificar “puntos de interés forense”. Estos son los lugares donde no se descarta que haya cuerpos de personas no identificadas o identificadas no reclamadas. El primero es un sitio en el que hay un cadáver inhumado sin autorización y del que se desconoce su procedencia. El segundo es en el pabellón de solemnidad, donde no hay inscripciones que permitan establecer quiénes están inhumados ahí. El último es una fosa en tierra con tapa de concreto donde hay cadáveres esqueletizados que se trasladan ahí cuando las bóvedas se van a reutilizar. “No se descarta la presencia de personas sin identificar”, dijo el investigador de la UIA, Yesid Ramírez, durante la audiencia.
En el caso de Rincón del Mar tampoco hay una adecuada marcación de las bóvedas y se identificaron dos puntos de interés forense: el primero es una bóveda marcada con el nombre “el paisa” y ninguna otra información. El segundo es un espacio de 2.400m2 donde no se pueden descartar inhumaciones clandestinas. El riesgo de este cementerio es de nivel 5: muy alto.