JEP prioriza nueve municipios del Cauca y Valle en el Caso 005

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió agregar a la lista de municipios del caso 005, que atiende la situación del norte del Cauca, otros nueve por la grave situación de violaciones a los derechos humanos que vivieron estas poblaciones durante la guerra entre la extinta guerrilla de las Farc y las Fuerzas Militares. Estos son Florida, Pradera, Palmira, Jamundí, Candelaria, en el Valle del Cauca, y Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en Cauca.

Con la adición de estos municipios al caso 005 son 17 los priorizados. Ya se estudiaban los casos de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribio y Caldono. Para los magistrados, “en el sur del Valle del Cauca han confluido los mismos actores armados que han cometido violaciones a los derechos humanos en el norte del Cauca y que afectan principalmente a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas”.

Para esta decisión, la JEP tuvo en cuenta la información que suministraron autoridades y organizaciones de víctimas, como la Fiscalía General de la Nación, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Ruta Pacífica de Mujeres y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

[[{"fid":"4930943","view_mode":"full","type":"media","attributes":{"height":"655","width":"984","class":"media-element file-full"}}]]

También examinó el Primer Informe de Afectaciones a la Vida en el Marco del Conflicto Armado “El pasado, la guerra, la esperanza…. el buen vivir”, presentado en noviembre de 2018, por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que menciona la existencia de acciones bélicas que afectaron gravemente a varios municipios, entre ellos Jambaló.

De acuerdo con los documentos, así como en el norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca fue el centro de las acciones del Bloque Occidental de la extinta guerrilla de las Farc. Allí se conforma un corredor que conectaba Marquetalia (Tolima) y Uribe (Meta) con el occidente del país, lo que convirtió a esta zona en un área de disputa territorial permanente.

Lea también: Las tierras del cartel del norte del Valle que ahora sirven para la restitución

De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), las comunidades fueron perjudicadas por los continuos enfrentamientos entre la guerrilla, la Tercera División del Ejército Nacional y grupos paramilitares, que generaron un constante hostigamiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

El Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas lo confirma. Según esta entidad, en el Valle del Cauca se reportaron 344.333 víctimas de desplazamiento forzado, 1.083 por secuestros, 828 por confinamiento, 260 por minas antipersonal, 2.105 de desaparición forzada, 26.861 por amenazas, 213 por reclutamiento forzado y 3.885 casos de ataques a la población civil.

En noviembre del año pasado, la JEP decidió abrir el Caso 005, sobre crímenes de Farc y Fuerza Pública al Norte del Cauca. Desde entonces, los magistrados estudian los hechos victimizantes cometidos entre el 1° de enero de 1993 y el 1° de diciembre de 2016. Se espera que, en los próximos meses, se llamen a versiones voluntarias a los presuntos autores de hechos cometidos Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono. En ese momento, ellos podrán aceptar o no su responsabilidad y se someterán a las sanciones previstas en la ley.

[[{"fid":"4930944","view_mode":"full","type":"media","attributes":{"height":"655","width":"984","class":"media-element file-full"}}]]

Hasta ahora, la JEP ha abierto siete macrocasos:

-Caso 001 Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP (abierto el 6 de julio de 2018).

- Caso 002, que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) (abierto el 10 de julio de 2018).

- Caso 003, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (abierto el 17 de julio de 2018).

- Caso 004 que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó) (abierto el 11 de septiembre de 2018).

- Caso 005 que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono (Cauca) (abierto el 8 de noviembre de 2018).

- Caso 006, sobre la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP).

- Caso 007, sobre el Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió agregar a la lista de municipios del caso 005, que atiende la situación del norte del Cauca, otros nueve por la grave situación de violaciones a los derechos humanos que vivieron estas poblaciones durante la guerra entre la extinta guerrilla de las Farc y las Fuerzas Militares. Estos son Florida, Pradera, Palmira, Jamundí, Candelaria, en el Valle del Cauca, y Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en Cauca.

Con la adición de estos municipios al caso 005 son 17 los priorizados. Ya se estudiaban los casos de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribio y Caldono. Para los magistrados, “en el sur del Valle del Cauca han confluido los mismos actores armados que han cometido violaciones a los derechos humanos en el norte del Cauca y que afectan principalmente a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas”.

Para esta decisión, la JEP tuvo en cuenta la información que suministraron autoridades y organizaciones de víctimas, como la Fiscalía General de la Nación, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Ruta Pacífica de Mujeres y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

[[{"fid":"4930943","view_mode":"full","type":"media","attributes":{"height":"655","width":"984","class":"media-element file-full"}}]]

También examinó el Primer Informe de Afectaciones a la Vida en el Marco del Conflicto Armado “El pasado, la guerra, la esperanza…. el buen vivir”, presentado en noviembre de 2018, por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que menciona la existencia de acciones bélicas que afectaron gravemente a varios municipios, entre ellos Jambaló.

De acuerdo con los documentos, así como en el norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca fue el centro de las acciones del Bloque Occidental de la extinta guerrilla de las Farc. Allí se conforma un corredor que conectaba Marquetalia (Tolima) y Uribe (Meta) con el occidente del país, lo que convirtió a esta zona en un área de disputa territorial permanente.

Lea también: Las tierras del cartel del norte del Valle que ahora sirven para la restitución

De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), las comunidades fueron perjudicadas por los continuos enfrentamientos entre la guerrilla, la Tercera División del Ejército Nacional y grupos paramilitares, que generaron un constante hostigamiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

El Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas lo confirma. Según esta entidad, en el Valle del Cauca se reportaron 344.333 víctimas de desplazamiento forzado, 1.083 por secuestros, 828 por confinamiento, 260 por minas antipersonal, 2.105 de desaparición forzada, 26.861 por amenazas, 213 por reclutamiento forzado y 3.885 casos de ataques a la población civil.

En noviembre del año pasado, la JEP decidió abrir el Caso 005, sobre crímenes de Farc y Fuerza Pública al Norte del Cauca. Desde entonces, los magistrados estudian los hechos victimizantes cometidos entre el 1° de enero de 1993 y el 1° de diciembre de 2016. Se espera que, en los próximos meses, se llamen a versiones voluntarias a los presuntos autores de hechos cometidos Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono. En ese momento, ellos podrán aceptar o no su responsabilidad y se someterán a las sanciones previstas en la ley.

[[{"fid":"4930944","view_mode":"full","type":"media","attributes":{"height":"655","width":"984","class":"media-element file-full"}}]]

Hasta ahora, la JEP ha abierto siete macrocasos:

-Caso 001 Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP (abierto el 6 de julio de 2018).

- Caso 002, que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) (abierto el 10 de julio de 2018).

- Caso 003, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (abierto el 17 de julio de 2018).

- Caso 004 que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó) (abierto el 11 de septiembre de 2018).

- Caso 005 que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono (Cauca) (abierto el 8 de noviembre de 2018).

- Caso 006, sobre la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP).

- Caso 007, sobre el Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.