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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a la dura carta enviada el pasado 17 de julio por la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que le urgía al tribunal de paz cerrar los procesos y definir la situación juríca de los comparecientes.
En su respuesta, el tribunal de paz reconoce los avances logrados en los espacios técnicos con la Fiscalía, pero lanza una advertencia clara: el traslado masivo de procesos sin criterios jurídicos rigurosos, y sin individualización de responsables, no solo desvirtúa la justicia restaurativa, sino que resulta ineficiente y contrario a la economía procesal.
“Sería contrario a los principios de eficiencia, economía procesal y estricta temporalidad propender por un traslado masivo e irreflexivo de esos procesos solo para cerrarlos por las mismas causas en la JEP”, dice la carta fechada el pasado 1 de agosto.
La carta, firmada por la Presidencia de la JEP, plantea una propuesta de ruta de trabajo concreta y detallada. Parte del reconocimiento del “fructífero” trabajo entre ambas entidades en las mesas técnicas, donde se diseñó una metodología para identificar y actualizar procesos penales en la Fiscalía que involucran a personas acogidas a la JEP.
El proceso comienza con la remisión de una base de datos por parte de la Jurisdicción, a partir de la cual la Fiscalía verifica la información en sus sistemas, actualiza los expedientes y los remite a la JEP cuando hay lugar a ello.
“Uno de los avances más importantes logrados en las mesas técnicas consiste en la construcción conjunta de una metodología para iniciar la identificación de los procesos a priorizar para ser actualizados por parte de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente ser enviados a la JEP”, dice la misiva.
Y agrega: “Dicha metodología consiste en que la Fiscalía General busca en sus sistemas de información las personas acogidas a la JEP a partir de una base de datos remitida por esta entidad. Posteriormente, el órgano investigador actualiza en sus sistemas dichos procesos y envía los expedientes a la JEP para que la situación jurídica de estas personas sea resuelta por la JEP”, explica el tribunal.
A partir de allí, la JEP entrega algunas cifras derivadas del trabajo conjunto que, dice el tribunal, se dio gracias a la articulación con la Fiscalía. Por ejemplo, dice que se identificaron preliminarmente 2.993 investigaciones activas asociadas a las FARC-EP, en 267 de las cuales figuran personas sometidas a la JEP.
También, afirma el tribunal, se encontraron 1.191 investigaciones inactivas por conexidad con ese grupo guerrillero, de las cuales 14 involucran comparecientes, y 68 procesos activos no asociados a las FARC, pero en los que todas las personas investigadas están vinculadas a la Jurisdicción.
Este trabajo técnico se complementa con el análisis del Grupo de Análisis de Información (GRAI) de la JEP, que, a partir de los datos entregados por la Fiscalía, identificó 141.375 procesos relacionados con exintegrantes de las FARC-EP, 34.249 presuntos responsables individualizados y 196.768 víctimas.
Esta cifra contrasta con el inventario entregado por la Fiscalía en 2018, que hablaba de 52.220 casos, 56.430 víctimas y 64.680 indiciados en sus plataformas Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y Sistema de Información para la Seguridad y la Justicia (SIJUF), además de 5.684 hechos victimizantes en formatos manuales y 3.271 hechos confesados en el sistema SIJYP.
Sin embargo, la JEP llama la atención sobre un punto crucial: no todo proceso penal debe pasar a la justicia transicional, especialmente cuando no hay claridad sobre los responsables o los hechos carecen de sustento suficiente. Muchos de estos casos —recuerda la JEP— fueron registrados por víctimas con el único fin de acceder al Registro Único de Víctimas, sin que ello implique una posibilidad real de adjudicación de responsabilidad penal.
“En los casos en los que los señalamientos no se concretan en la individualización de un responsable sino solo recaen en las FARC-EP o en alguna de sus subestructuras, (…) es posible hacer uso de las facultades que las leyes procesales ordinarias confieren a la Fiscalía para disponer el cierre definitivo de las investigaciones”, indica el documento.
Frente a este panorama, el tribunal propone una ruta articulada para la consolidación de dos inventarios estratégicos: uno centrado en los macrocasos, que permita orientar las decisiones de priorización y selección positiva o negativa; y otro basado en los comparecientes, con el objetivo de facilitar la definición jurídica de cada uno. Para avanzar en esta línea, la Presidencia de la JEP solicitará a los despachos de la Sala de Reconocimiento que entreguen el universo probable de máximos responsables de cada macrocaso, como parte de la planeación estratégica para 2025.
En relación con el marco legal, la JEP recuerda que su actuación está delimitada por la Ley Estatutaria 1957 de 2019, la jurisprudencia constitucional y las decisiones de su propia Sección de Apelación. Es decir, no está en juego solo una decisión administrativa entre entidades, sino el respeto por las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.
A pesar de los matices y advertencias, la Jurisdicción cierra su respuesta reiterando su voluntad de cooperación institucional. Destaca que todos los despachos que se pronunciaron sobre el oficio de la Fiscalía coincidieron en valorar la interlocución con el ente acusador y su rol en la transición hacia una paz duradera.
“Reiteramos el firme compromiso de trabajar de forma armónica y constructiva para la consolidación de una paz estable y duradera, y sobre todo, darle un pronto y necesario cierre jurídico al conflicto armado colombiano”, concluye la carta.
Esta respuesta deja en claro que, para la JEP, el objetivo no es aligerar la carga judicial trasladando expedientes sin sustento, sino avanzar hacia un cierre real y responsable del conflicto armado colombiano. En medio de la tensión entre eficiencia procesal y justicia restaurativa, la Jurisdicción reafirma que su misión no es solo cerrar casos, sino abrir espacios de verdad, responsabilidad y reparación.
Esta es la carta de la JEP:
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