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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está en la recta final sobre lo que serán sus primeras sanciones. Tanto el jueves como el viernes se ha llevado a cabo un audiencia clave en el caso de ejecuciones extrajudiciales, también llamados “falsos positivos” en la región Caribe.
La diligencia, en la que hablaron 12 exmilitares y siete víctimas, es el paso previo a la primera sentencia que emitirá ese tribunal en agosto de este año.
La otra audiencia clave será sobre el caso O1 de secuestro en el que están acusados los últimos comandantes del antiguo secretariado de las FARC. Esa reunión es clave porque también será previa a las sanciones con los exguerrilleros.
Sin embargo, en punto que ha sido centro de debate entre la JEP y los excomandantes es cómo se dará esa sanción. Los firmantes del Acuerdo siempre manifestaron que en el pacto que se firmó en 2016 se dejaba explícito que solo tendría una única sanción por los delitos. Por ello, presentaron una acción de tutela contra la JEP por acciones violatorias de la Constitución y faltas en el debido proceso.
La JEP se pronunció sobre la misma el pasado 7 de abril y accedió a la petición del secretariado de emitir una única sanción restaurativa de ocho años por sus delitos.
Sin embargo, para los exjefes de la guerrilla volvieron a presentar una tutela dado que, según ello, “la decisión adoptada mediante comunicado de prensa por el Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el pasado 7 de abril de 2025, configura una clara vulneración de nuestros derechos fundamentales”. Esto, sobre todo, porque exigen que no se haga mediante un comunicado sino en un formato oficial.
La tutela aún no se ha resuelto a pesar de los tiempos que la ley exige para ello. En entrevista con El Espectador , el magistrado y presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, afirmó que pese al retraso en la respuesta, no existe ningún obstáculo para emitir la sentencia.
El magistrado también abordó otros temas como el duro oficio que envió a la JEP la fiscal general, Luz Adriana Camargo, alertando por los procesos penales de la totalidad de comparecientes.
El magistrado también entregó detalles sobre la necesidad del reconocimiento explícito de la verdad, esto después de que exjefes de las FARC negaran la existencia de un patrón de violencia sexual y de género entre sus filas.
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Los firmantes del Acuerdo presentaron una tutela en marzo pasado por la solicitud realizada en octubre sobre la emisión de una única sentencia. ¿Cuál es la razón del retraso para emitir el fallo de tutela? ¿Piensan emitir una sentencia sin resolver de fondo esa tutela?
En este momento la Sección de Apelación debe resolver un conflicto de competencias planteado por los conjueces de la sección que fueron designados porque los integrantes de esta sección manifestaron un impedimento. Si bien en la solicitud de tutela se pidió detener el proceso, como medida provisional, tal petición fue negada en su momento, con lo cual no existe obstáculo alguno para avanzar hacia la emisión de la sentencia.
Se espera que, tanto los comparecientes de las Farc como de la fuerza pública, presenten recursos contra la sentencia que el país espera con ansias. ¿Qué opinión le merece que no pueda materializarse de inmediato las primeras sentencias? ¿Cuáles son los pasos que siguen, tras la presentación de esos recursos?
La posibilidad de presentar recursos hace parte del derecho al debido proceso, tanto de las víctimas, como de los comparecientes. Si ellos llegan a hacer uso de estas garantías procesales, estos tienen un tiempo límite fijado por la ley para que se resuelva, es decir, en caso de que lleguen a apelar, no significa que el cumplimiento de la sanción se va a postergar indefinidamente. Esta Jurisdicción está comprometida con el respeto de los derechos de quienes intervienen en el proceso.
La semana pasada, la fiscal Luz Adriana Camargo le envió a la JEP un oficio en el que alertó que la jurisdicción no ha tenido en cuenta todos los procesos penales de los comparecientes y que la falta de cierre judicial está yendo en contra de la situación jurídica de quienes están sometidos a la JEP. ¿Qué le contesta a Camargo?
Mi lectura de la carta es distinta. La señora fiscal no dice que no se hayan tenido en cuenta los procesos, sino que no se han trasladado a la Jurisdicción y sobre eso, aunque responderemos en detalle a las inquietudes que manifiesta, también debemos resaltar que actuamos en el marco que establece la ley. Por otro lado, quiero resaltar que, precisamente, esa inquietud de la fiscal ilustra la magnitud del desafío que enfrenta la JEP, en materia de resolver la situación jurídica a los comparecientes y en juzgar y sancionar 50 años de conflicto armado interno. En la JEP no existe una ruta única para la solución de la situación jurídica.
En ellas se contempla tanto a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, quienes han sido beneficiados de amnistías o indultos, en los casos en los que la ley lo permite; pero también están los máximos responsables que están en curso de ser juzgados y sancionados en cada macrocaso, recordemos que no juzgamos el hecho a hecho, sino conductas macrocriminales; y, finalmente, los comparecientes no seleccionados como máximos responsables, que son el grueso de los comparecientes sometidos a la JEP, y quienes están en una ruta para resolver su situación jurídica garantizando los derechos de las víctimas, es decir, aportando verdad, reconociendo responsabilidad y realizando acciones restaurativas. Y eso es así porque no podemos dejar en la impunidad los crímenes en los que participaron los distintos actores del conflicto.
En la JEP tenemos acreditadas a 11.746 víctimas individuales y 394 sujetos, donde hay miles de víctimas individuales. Por ejemplo, solo en el caso 05, que investiga la situación en norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, hay acreditadas 200.000 víctimas. Es decir, la magnitud en cantidad de personas que intervienen en nuestros procesos es muy grande.
Por eso, recibimos las inquietudes de la señora fiscal y las estamos estudiando para dar una respuesta que nos permita activar los distintos escenarios de articulación que tenemos con la Fiscalía. Por lo demás, consideramos que nuestra comunicación y articulación con la Fiscalía es fluida y el trabajo intenso. Por ello debemos seguir trabajando juntos en la mesa técnica que creamos para tal efecto. Mi invitación es a continuar trabajando de forma mancomunada, con miras a garantizarle seguridad jurídica a todos los comparecientes.
Hace unos días, exjefes de las Farc reconocieron que en su organización existió una política de reclutamiento de menores, pero negó que existiera un patrón de violencia sexual y de género entre sus filas. Si no lo reconocen, el paso siguiente sería llevarlos a juicio. ¿La JEP será capaz de tomar esta ruta si los comparecientes no reconocen ese patrón criminal?
La Sala de Reconocimiento de Verdad se encuentra evaluando y estudiando con mucho cuidado lo consignado por los comparecientes en el escrito de más de 400 páginas que enviaron. La sala recoge estos planteamientos hechos por el antiguo secretariado y su defensa, en el marco del proceso dialógico de la Justicia Transicional Restaurativa, y se pronunciará al respecto cuando sea debido.
¿Se puede hablar de verdad plena y reparación, sin un reconocimiento explícito de ese tipo de violencias?
En este modelo de justicia se exige la verdad plena y el reconocimiento de responsabilidad como requisitos para acceder a una sanción propia. Por eso, debemos esperar el análisis que haga la Sala de Reconocimiento sobre el documento presentado por los comparecientes y, con base en ese estudio, tomar una determinación al respecto.
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