Justicia para las víctimas, el gran reto

De lejos, el punto del Acuerdo Final con las Farc que más ha recibido críticas, además del asunto de la participación política, es el de justicia y víctimas. “El acuerdo de víctimas es muy bello, pero falta la garantía de no repetición (…). Esta es una justicia con amaño de las Farc”, dijo una vez el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe. “No existen penas adecuadas ni proporcionales a la gravedad del crimen cometido, sino sanciones simbólicas y manifiestamente groseras. Es un acuerdo de impunidad”, aseguró en otra ocasión el ahora exprocurador Alejandro Ordóñez. 

Lee también: Familiares de víctimas de la masacre de las Farc en La Chinita esperan verdad

Días después de que la mesa de conversaciones anunciara que había alcanzado el Acuerdo Final, el presidente Juan Manuel Santos señaló que una justicia perfecta no permitía la paz. Sin embargo, incluso los negociadores saben que la impunidad podría perfectamente ser el combustible de nuevos conflictos y que la justicia es el mayor tributo a las víctimas. Por eso, el futuro de la paz que las Farc y el Gobierno persiguen con la firma del acuerdo depende en gran parte de una institución que nace con este pacto político: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP enfrenta retos y problemas mayúsculos y tendrá mucho más alcance que cualquier sistema de justicia transicional que se haya establecido en Colombia. Para empezar, dice lo pactado, el Tribunal Especial para la Paz “será el órgano de cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Es decir, lo que determine ese tribunal -en vez de la Corte Constitucional o la Corte Suprema- será la última palabra: para los que acepten responsabilidades, para los que no admitan nada y vayan a juicio, y para los condenados que solicitaron que sus penas fueran revisadas.

Un primer gran desafío surge entonces. El acuerdo reconoce que más adelante, cuando el Tribunal haya dejado de existir, pueden venir nuevas decisiones penales o disciplinarias que afecten sus fallos. Entonces, sugiere el acuerdo, si es necesario se volvería a crear hasta la Unidad de Investigación y Acusación o las salas que se requieran para asegurarse de que ningún fallo o sanción esté por encima de la JEP. Así las cosas, en 20, 30 o 50 años se podría volver a establecer todo el Tribunal Especial para la Paz, tarea que desde ya se advierte bastante compleja y difícil.

Un espejo retrovisor que sin duda tendrá que mirar la JEP es el programa de Justicia y Paz con el que se procesaron a los paramilitares. A diciembre del año pasado, cuando se cumplieron 10 años del programa, el corte de cuentas sólo indicaba una cosa: que el sistema había colapsado. De 3.666 postulados, las 33 sentencias que se han emitido hasta ahora sólo incluían a 125. Se han confesado 57.000 crímenes, pero esos 33 fallos sólo se refieren al 6% de los hechos admitidos. La Fiscalía calcula que Justicia y Paz ha costado más de $100.000 millones, pero en cuanto a resultados, las cifras palidecen.

Para tratar de prevenir ese colapso en la JEP, la Unidad de Investigación y Acusación, que llama a juicio ante el Tribunal Especial para la Paz, tiene la función de “fijar prioridades” y de “adoptar criterios de selección y descongestión”. De igual forma, la Sala de Amnistías otorgará “la más amplia amnistía posible” a quienes no sean procesados por delitos de lesa humanidad y la Sala de Reconocimiento será el espacio para quienes quieran admitir responsabilidades desde el inicio. Un sistema diseñado, en teoría, para que se realice el menor número de juicios, a diferencia de Justicia y Paz.

Las víctimas podrán solicitar medidas cautelares y de protección; se podrán organizar actos públicos para que antiguos actores del conflicto o financiadores del mismo admitan sus responsabilidades ante aquellos a los que les hicieron daño; las organizaciones de víctimas o de derechos humanos podrán enviar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y tendrán el mismo peso que los informes de la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría. 

Ahora que el Acuerdo Final es un hecho, y a menos que el resultado del plebiscito lo ponga en el limbo, se va a crear un comité para escoger a los magistrados del Tribunal y sus salas, y al presidente de la JEP. A ninguno de ellos lo puede elegir la mesa de conversaciones. La ONU, por su parte, tendrá la tarea de designar a la persona que ejercerá como secretario ejecutivo, un cargo cuyo candidato más posible hasta ahora es Néstor Correa, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. El presupuesto para poner a andar este mecanismo de justicia saldrá del presupuesto nacional y de cooperación internacional. 

La justicia es un eje fundamental para que la paz que se busca con el Acuerdo Final permanezca. Pero las críticas al sistema constituido son un recordatorio de que este tema es frágil. “El acuerdo entre el Gobierno y las Farc sacrifica la justicia”, advirtió el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. “Se han pactado decisiones en el campo de la justicia que, reconozco, han sido objeto de críticas”, dijo el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, cuando anunció que el Acuerdo Final era un hecho. Y agregó: “La justicia transicional no es la sobrina pobre de la justicia. Es sobre todo justicia”.

De lejos, el punto del Acuerdo Final con las Farc que más ha recibido críticas, además del asunto de la participación política, es el de justicia y víctimas. “El acuerdo de víctimas es muy bello, pero falta la garantía de no repetición (…). Esta es una justicia con amaño de las Farc”, dijo una vez el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe. “No existen penas adecuadas ni proporcionales a la gravedad del crimen cometido, sino sanciones simbólicas y manifiestamente groseras. Es un acuerdo de impunidad”, aseguró en otra ocasión el ahora exprocurador Alejandro Ordóñez. 

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Días después de que la mesa de conversaciones anunciara que había alcanzado el Acuerdo Final, el presidente Juan Manuel Santos señaló que una justicia perfecta no permitía la paz. Sin embargo, incluso los negociadores saben que la impunidad podría perfectamente ser el combustible de nuevos conflictos y que la justicia es el mayor tributo a las víctimas. Por eso, el futuro de la paz que las Farc y el Gobierno persiguen con la firma del acuerdo depende en gran parte de una institución que nace con este pacto político: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP enfrenta retos y problemas mayúsculos y tendrá mucho más alcance que cualquier sistema de justicia transicional que se haya establecido en Colombia. Para empezar, dice lo pactado, el Tribunal Especial para la Paz “será el órgano de cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Es decir, lo que determine ese tribunal -en vez de la Corte Constitucional o la Corte Suprema- será la última palabra: para los que acepten responsabilidades, para los que no admitan nada y vayan a juicio, y para los condenados que solicitaron que sus penas fueran revisadas.

Un primer gran desafío surge entonces. El acuerdo reconoce que más adelante, cuando el Tribunal haya dejado de existir, pueden venir nuevas decisiones penales o disciplinarias que afecten sus fallos. Entonces, sugiere el acuerdo, si es necesario se volvería a crear hasta la Unidad de Investigación y Acusación o las salas que se requieran para asegurarse de que ningún fallo o sanción esté por encima de la JEP. Así las cosas, en 20, 30 o 50 años se podría volver a establecer todo el Tribunal Especial para la Paz, tarea que desde ya se advierte bastante compleja y difícil.

Un espejo retrovisor que sin duda tendrá que mirar la JEP es el programa de Justicia y Paz con el que se procesaron a los paramilitares. A diciembre del año pasado, cuando se cumplieron 10 años del programa, el corte de cuentas sólo indicaba una cosa: que el sistema había colapsado. De 3.666 postulados, las 33 sentencias que se han emitido hasta ahora sólo incluían a 125. Se han confesado 57.000 crímenes, pero esos 33 fallos sólo se refieren al 6% de los hechos admitidos. La Fiscalía calcula que Justicia y Paz ha costado más de $100.000 millones, pero en cuanto a resultados, las cifras palidecen.

Para tratar de prevenir ese colapso en la JEP, la Unidad de Investigación y Acusación, que llama a juicio ante el Tribunal Especial para la Paz, tiene la función de “fijar prioridades” y de “adoptar criterios de selección y descongestión”. De igual forma, la Sala de Amnistías otorgará “la más amplia amnistía posible” a quienes no sean procesados por delitos de lesa humanidad y la Sala de Reconocimiento será el espacio para quienes quieran admitir responsabilidades desde el inicio. Un sistema diseñado, en teoría, para que se realice el menor número de juicios, a diferencia de Justicia y Paz.

Las víctimas podrán solicitar medidas cautelares y de protección; se podrán organizar actos públicos para que antiguos actores del conflicto o financiadores del mismo admitan sus responsabilidades ante aquellos a los que les hicieron daño; las organizaciones de víctimas o de derechos humanos podrán enviar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y tendrán el mismo peso que los informes de la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría. 

Ahora que el Acuerdo Final es un hecho, y a menos que el resultado del plebiscito lo ponga en el limbo, se va a crear un comité para escoger a los magistrados del Tribunal y sus salas, y al presidente de la JEP. A ninguno de ellos lo puede elegir la mesa de conversaciones. La ONU, por su parte, tendrá la tarea de designar a la persona que ejercerá como secretario ejecutivo, un cargo cuyo candidato más posible hasta ahora es Néstor Correa, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. El presupuesto para poner a andar este mecanismo de justicia saldrá del presupuesto nacional y de cooperación internacional. 

La justicia es un eje fundamental para que la paz que se busca con el Acuerdo Final permanezca. Pero las críticas al sistema constituido son un recordatorio de que este tema es frágil. “El acuerdo entre el Gobierno y las Farc sacrifica la justicia”, advirtió el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. “Se han pactado decisiones en el campo de la justicia que, reconozco, han sido objeto de críticas”, dijo el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, cuando anunció que el Acuerdo Final era un hecho. Y agregó: “La justicia transicional no es la sobrina pobre de la justicia. Es sobre todo justicia”.