La CPI no intervendría en las decisiones juzgadas por la JEP
Esta fue una de las conclusiones más importantes de la Cátedra Europa, que se llevó a cabo en la Universidad del Norte, en Barranquilla. Un exministro de Justicia, magistrados de la JEP, expertos internacionales y nacionales hicieron parte del debate.
Colombia en Transición
¿Qué es la Jurisdicción Especial de Paz? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Por qué existe la amnistía de algunos casos en esta jurisdicción? ¿Por qué es tan importante que las empresas participen en esta nueva justicia? Estas fueron algunas de las preguntas que se abordaron ayer en La Cátedra Europa, un espacio de encuentro académico y cultural entre el Caribe colombiano y el continente europeo.
Cada año, la Universidad del Norte de Barranquilla reúne a investigadores, estudiantes y expertos para analizar temas que unen los dos espacios que, a pesar de ser tan diferentes, tienen varios puntos de encuentro. Este año, el invitado especial fue Alemania, uno de los países que más ha respaldado al Gobierno Nacional en la implementación del Acuerdo de Paz. Por este motivo y por la coyuntura fue inevitable discutir sobre el proceso de paz y la entrada en funcionamiento de la JEP, la apuesta de Colombia por sancionar los más graves delitos ocurridos en el conflicto armado.
El primero en tomar la palabra fue Eduardo Porras, coordinador regional de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, quien explicó la importancia del papel de la verdad en el proceso de construcción de paz en Colombia. Para Porras, hay que mirar la verdad desde la pluralidad, como un conjunto de visiones e interpretaciones.
El coordinador considera que, a pesar de ser una carga pesada, dolorosa, vergonzosa, la verdad es, al mismo tiempo, liberadora y justa. Su función, además de reconfigurar los poderes establecidos, es “lograr el reconocimiento y dignificación de las víctimas”. Por eso es tan importante, según Porras, que empiece a asimilarse como un bien público, que debemos asumirlo como patrimonio nacional.
Lea también: Así funcionará la Comisión de la Verdad en el sur del país
“La paz es una construcción, que implica necesariamente un análisis, un ejercicio de diagnostico, estudio de terrenos, planeación, que permitan que el cemento fragüe. Entender que hay etapas que se van construyendo. Una vez esa edificación está, entender que necesita de un mantenimiento permanente”, agregó Porras, quien también defendió la paz como un acto de voluntad política.
Para complementar esta visión de la verdad, Camilo Suárez, magistrado de la Sección de Reconocimiento de la JEP, explicó que esta es, sin duda, el principal insumo para reparar a las víctimas y consolidar la reconciliación entre los colombianos, quienes hasta ahora, erróneamente, no hemos logrado concebir nuestra sociedad fuera del conflicto.
“El objetivo de esta justicia transicional es repensarnos el país, acabar con el conflicto y apostarle a una reconciliación. Tenemos, nosotros y los demás componentes del Sistema Integral (Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desaparecidos) un compromiso con la verdad, que por más dura que parezca, nos abre un espacio de reflexión, nos permite saber qué pasó para que no vuelva a suceder”, insistió Suárez.
El magistrado explicó a los estudiantes de la Universidad del Norte la importancia de tener un tribunal diferente, alejado de la venganza, en el cual el papel protagónico lo tienen las víctimas. Punto a punto detalló la hoja de ruta de los comparecientes, su labor de ofrecer verdad plena exhaustiva, de reparar a quienes fueron afectados por el conflicto armado y cumplir con sus sanciones.
Por último, Suárez recordó que la JEP es tan sólo un componente de los cinco puntos del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre la guerrilla extinta de las Farc y el Gobierno Nacional: “El propósito de este acuerdo es la paz. No sólo es la JEP. Lo pactado tiene seis puntos, y la JEP es sólo uno ¿qué pasa con el resto? Es importante que los ojos estén en todos los lugares”.
En eso estuvo de acuerdo Yesid Reyes, exministro de Justicia, quien añadió que los procesos de paz son “fundamentalmente políticos” y por eso resultan tan complejos. “Hay puntos que deberían tener más atención y ser más importantes. Lo que logramos fue histórico: le dedicamos dos terceras partes a los hechos que nos llevaron al conflicto armado. Eso es lo que debe aparecer en los libros de historia, no que a “Pedro Pérez” lo metieron X años a la cárcel. Esa es sólo una anécdota”, agregó el jurista.
Las amnistías
El exministro de Justicia Yesid Reyes dedicó su intervención a explicar si la posibilidad de ofrecer amnistías a delitos políticos, como está estipulado en la JEP, abre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga en Colombia. Reyes dejó claro que este recurso para acabar con los conflictos no está prohibido, ni debería ser estigmatizado: "Si bien en las normas de la CPI no se estableció expresamente si se pueden conceder, tampoco hay algo que diga qué pasa si un Estado las concede".
Con ese vacío, los Estados lo han utilizado, pero con condiciones que este tribunal internacional sí estipula en su reglamento, por ejemplo, la importancia que se administre justicia, sea ordinaria o restaurativa, dándole una prevalencia a los derechos de las víctimas. Por supuesto, Reyes explicó que las amnistías no pueden ser generalizadas, ni pueden ser abarcadas para todos los delitos, pues, de acuerdo con los tratados internacionales, como el Estatuto de Roma, quienes cometan graves crímenes en un conflicto deben responder ante las autoridades.
Pie de foto: Una de las intervenciones que más llamó la atención de los asistentes fue la de Yesid Reyes, exministro de Justicia en el gobierno de Juan Manuel Santos. Foto: Cortesía Univerdad del Norte
Asimismo, destacó que, por más que un país quiera aplicar una amnistía generalizada, no podría hacerlo, pues los tribunales internacionales vigilan estas decisiones. Además, explicó que las amnistías deben estar siempre condicionadas. En el caso de Colombia, por ejemplo, los comparecientes deben decir la verdad y reparar a las víctimas.
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En el caso de la JEP, la amnistía se cobijó a partir de la ley 1820 de 2016. Los exmiembros de las Farc acusados de delitos políticos o delitos conexos con los políticos podrán beneficiarse con este recurso. En el caso de la Fuerza Pública, Reyes explicó que, a pesar de que no pueden ser amnistiados, porque los militares y policías no se alzaron en armas contra el Estado, tienen otros beneficios, como la renuncia a la acción penal, que les permite tener un tratamiento simétrico en la jurisdicción.
Teniendo las reglas de juego tan claras y cumpliendo con los requisitos que impone la CPI a cualquier justicia, para el exministro, la CPI no intervendría en las decisiones juzgadas por la JEP. De hecho, la fiscal de este organismo, Fatou Bom Bensouda, hace menos de un mes visitó Colombia y se pronunció a favor de este modelo de justicia restaurativa que, según ella, será un ejemplo para el resto del mundo.
La responsabilidad de empresas y empresarios por crímenes internacionales
El país invitado, Alemania, puso su cuota con Annelen Micus, directora del Instituto de Derechos Humanos Bonavero de la Universidad de Oxford. Micus les habló a los asistentes acerca de la importancia de la responsabilidad empresarial en los violación de derechos humanos. “No sólo el Estado viola derechos. También las empresas, quienes tienen un interés económico. Hay varios incentivos: la tierra o la complicidad empresarial”, insistió la experta.
Micus explicó que son escasas las condenas a empresarios o empresas después de un conflicto. Sin embargo, destacó que en los últimos años, en países de la región, los altos tribunales juzgaron a civiles que constribuyeron a la violencia. Ese fue el caso de Argentina, donde un gerente de Mercedes Benz fue condenado el año pasado por apoyar la dictadura militar hace más de tres décadas.
También, resaltó el caso de la cementera francesa Caso Lafarge, ubicada en Syria, donde los empleados debían ir a trabajar a pesar de la amenaza del grupo terrorista ISIS. Eso sin contar que luego se comprobó el financiamiento por parte de esta compañía a este grupo ilegal.
En cuanto al caso de Colombia y la JEP, Micus lamentó que la comparecencia de los terceros civiles, entre ellos los empresarios, sólo sea voluntaria. Sin embargo, espera que el trabajo de la JEP y de la Comisión de la Verdad le permita saber al país el papel de las empresas en el conflicto armado, teniendo en cuenta que una de las principales causas de esta guerra ha sido la tierra y el poder económico.
Avances y desafíos de la JEP
Otra de las intervenciones importantes fue la de Ana María Ramos, integrante de la Corporación Excelencia para la Justicia (CEJ), quien enfocó su intervención en los principales logros de la jurisdicción: “A pesar de sólo llevar un año funcionando, la JEP ya cuenta con marco normativo, reglamentación interna, elección de magistrados, condiciones operativas, aprendizaje exprés y organización interna”.
También destacó la apertura de siete casos casos, la recepción de informes de las organizaciones de víctimas y las declaraciones de los comparecientes.
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Ramos tambén enumeró los desafíos para que la JEP logré una mayor legitimidad entre la sociedad colombiana. Uno de ellos, advirtió la abogada, es acabar con la inestibilidad jurídica que generan las transformaciones a leyes ya discutidas, como la estatutaria: “Con estos cambios, estamos haciendo mover a la JEP en arenas movedizas. Preocupa la percepción de incumplimiento de los acordado. No se pueden cambiar las reglas de juego. Eso crea incertidumbre y eso también se puede traducir en generador de violencia”.
Para la representante de CEJ es clave que haya un respaldo a la jurisdicción y que también exista una coordinación interna entre las entidades del Sistema Integral, que le pueda brindar un mayor respaldo. Para lograrlo, Ramos finalizó con la sugerencia de “insistir y adelantar los procesos de reparación, además de un trabajo articulado con las víctimas”, procesos que le permitirán mostrar resultados y generar un ambiente de confianza.
¿Qué es la Jurisdicción Especial de Paz? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Por qué existe la amnistía de algunos casos en esta jurisdicción? ¿Por qué es tan importante que las empresas participen en esta nueva justicia? Estas fueron algunas de las preguntas que se abordaron ayer en La Cátedra Europa, un espacio de encuentro académico y cultural entre el Caribe colombiano y el continente europeo.
Cada año, la Universidad del Norte de Barranquilla reúne a investigadores, estudiantes y expertos para analizar temas que unen los dos espacios que, a pesar de ser tan diferentes, tienen varios puntos de encuentro. Este año, el invitado especial fue Alemania, uno de los países que más ha respaldado al Gobierno Nacional en la implementación del Acuerdo de Paz. Por este motivo y por la coyuntura fue inevitable discutir sobre el proceso de paz y la entrada en funcionamiento de la JEP, la apuesta de Colombia por sancionar los más graves delitos ocurridos en el conflicto armado.
El primero en tomar la palabra fue Eduardo Porras, coordinador regional de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, quien explicó la importancia del papel de la verdad en el proceso de construcción de paz en Colombia. Para Porras, hay que mirar la verdad desde la pluralidad, como un conjunto de visiones e interpretaciones.
El coordinador considera que, a pesar de ser una carga pesada, dolorosa, vergonzosa, la verdad es, al mismo tiempo, liberadora y justa. Su función, además de reconfigurar los poderes establecidos, es “lograr el reconocimiento y dignificación de las víctimas”. Por eso es tan importante, según Porras, que empiece a asimilarse como un bien público, que debemos asumirlo como patrimonio nacional.
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“La paz es una construcción, que implica necesariamente un análisis, un ejercicio de diagnostico, estudio de terrenos, planeación, que permitan que el cemento fragüe. Entender que hay etapas que se van construyendo. Una vez esa edificación está, entender que necesita de un mantenimiento permanente”, agregó Porras, quien también defendió la paz como un acto de voluntad política.
Para complementar esta visión de la verdad, Camilo Suárez, magistrado de la Sección de Reconocimiento de la JEP, explicó que esta es, sin duda, el principal insumo para reparar a las víctimas y consolidar la reconciliación entre los colombianos, quienes hasta ahora, erróneamente, no hemos logrado concebir nuestra sociedad fuera del conflicto.
“El objetivo de esta justicia transicional es repensarnos el país, acabar con el conflicto y apostarle a una reconciliación. Tenemos, nosotros y los demás componentes del Sistema Integral (Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desaparecidos) un compromiso con la verdad, que por más dura que parezca, nos abre un espacio de reflexión, nos permite saber qué pasó para que no vuelva a suceder”, insistió Suárez.
El magistrado explicó a los estudiantes de la Universidad del Norte la importancia de tener un tribunal diferente, alejado de la venganza, en el cual el papel protagónico lo tienen las víctimas. Punto a punto detalló la hoja de ruta de los comparecientes, su labor de ofrecer verdad plena exhaustiva, de reparar a quienes fueron afectados por el conflicto armado y cumplir con sus sanciones.
Por último, Suárez recordó que la JEP es tan sólo un componente de los cinco puntos del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre la guerrilla extinta de las Farc y el Gobierno Nacional: “El propósito de este acuerdo es la paz. No sólo es la JEP. Lo pactado tiene seis puntos, y la JEP es sólo uno ¿qué pasa con el resto? Es importante que los ojos estén en todos los lugares”.
En eso estuvo de acuerdo Yesid Reyes, exministro de Justicia, quien añadió que los procesos de paz son “fundamentalmente políticos” y por eso resultan tan complejos. “Hay puntos que deberían tener más atención y ser más importantes. Lo que logramos fue histórico: le dedicamos dos terceras partes a los hechos que nos llevaron al conflicto armado. Eso es lo que debe aparecer en los libros de historia, no que a “Pedro Pérez” lo metieron X años a la cárcel. Esa es sólo una anécdota”, agregó el jurista.
Las amnistías
El exministro de Justicia Yesid Reyes dedicó su intervención a explicar si la posibilidad de ofrecer amnistías a delitos políticos, como está estipulado en la JEP, abre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga en Colombia. Reyes dejó claro que este recurso para acabar con los conflictos no está prohibido, ni debería ser estigmatizado: "Si bien en las normas de la CPI no se estableció expresamente si se pueden conceder, tampoco hay algo que diga qué pasa si un Estado las concede".
Con ese vacío, los Estados lo han utilizado, pero con condiciones que este tribunal internacional sí estipula en su reglamento, por ejemplo, la importancia que se administre justicia, sea ordinaria o restaurativa, dándole una prevalencia a los derechos de las víctimas. Por supuesto, Reyes explicó que las amnistías no pueden ser generalizadas, ni pueden ser abarcadas para todos los delitos, pues, de acuerdo con los tratados internacionales, como el Estatuto de Roma, quienes cometan graves crímenes en un conflicto deben responder ante las autoridades.
Pie de foto: Una de las intervenciones que más llamó la atención de los asistentes fue la de Yesid Reyes, exministro de Justicia en el gobierno de Juan Manuel Santos. Foto: Cortesía Univerdad del Norte
Asimismo, destacó que, por más que un país quiera aplicar una amnistía generalizada, no podría hacerlo, pues los tribunales internacionales vigilan estas decisiones. Además, explicó que las amnistías deben estar siempre condicionadas. En el caso de Colombia, por ejemplo, los comparecientes deben decir la verdad y reparar a las víctimas.
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En el caso de la JEP, la amnistía se cobijó a partir de la ley 1820 de 2016. Los exmiembros de las Farc acusados de delitos políticos o delitos conexos con los políticos podrán beneficiarse con este recurso. En el caso de la Fuerza Pública, Reyes explicó que, a pesar de que no pueden ser amnistiados, porque los militares y policías no se alzaron en armas contra el Estado, tienen otros beneficios, como la renuncia a la acción penal, que les permite tener un tratamiento simétrico en la jurisdicción.
Teniendo las reglas de juego tan claras y cumpliendo con los requisitos que impone la CPI a cualquier justicia, para el exministro, la CPI no intervendría en las decisiones juzgadas por la JEP. De hecho, la fiscal de este organismo, Fatou Bom Bensouda, hace menos de un mes visitó Colombia y se pronunció a favor de este modelo de justicia restaurativa que, según ella, será un ejemplo para el resto del mundo.
La responsabilidad de empresas y empresarios por crímenes internacionales
El país invitado, Alemania, puso su cuota con Annelen Micus, directora del Instituto de Derechos Humanos Bonavero de la Universidad de Oxford. Micus les habló a los asistentes acerca de la importancia de la responsabilidad empresarial en los violación de derechos humanos. “No sólo el Estado viola derechos. También las empresas, quienes tienen un interés económico. Hay varios incentivos: la tierra o la complicidad empresarial”, insistió la experta.
Micus explicó que son escasas las condenas a empresarios o empresas después de un conflicto. Sin embargo, destacó que en los últimos años, en países de la región, los altos tribunales juzgaron a civiles que constribuyeron a la violencia. Ese fue el caso de Argentina, donde un gerente de Mercedes Benz fue condenado el año pasado por apoyar la dictadura militar hace más de tres décadas.
También, resaltó el caso de la cementera francesa Caso Lafarge, ubicada en Syria, donde los empleados debían ir a trabajar a pesar de la amenaza del grupo terrorista ISIS. Eso sin contar que luego se comprobó el financiamiento por parte de esta compañía a este grupo ilegal.
En cuanto al caso de Colombia y la JEP, Micus lamentó que la comparecencia de los terceros civiles, entre ellos los empresarios, sólo sea voluntaria. Sin embargo, espera que el trabajo de la JEP y de la Comisión de la Verdad le permita saber al país el papel de las empresas en el conflicto armado, teniendo en cuenta que una de las principales causas de esta guerra ha sido la tierra y el poder económico.
Avances y desafíos de la JEP
Otra de las intervenciones importantes fue la de Ana María Ramos, integrante de la Corporación Excelencia para la Justicia (CEJ), quien enfocó su intervención en los principales logros de la jurisdicción: “A pesar de sólo llevar un año funcionando, la JEP ya cuenta con marco normativo, reglamentación interna, elección de magistrados, condiciones operativas, aprendizaje exprés y organización interna”.
También destacó la apertura de siete casos casos, la recepción de informes de las organizaciones de víctimas y las declaraciones de los comparecientes.
Lea también: Los desafíos de la JEP, según el ICTJ
Ramos tambén enumeró los desafíos para que la JEP logré una mayor legitimidad entre la sociedad colombiana. Uno de ellos, advirtió la abogada, es acabar con la inestibilidad jurídica que generan las transformaciones a leyes ya discutidas, como la estatutaria: “Con estos cambios, estamos haciendo mover a la JEP en arenas movedizas. Preocupa la percepción de incumplimiento de los acordado. No se pueden cambiar las reglas de juego. Eso crea incertidumbre y eso también se puede traducir en generador de violencia”.
Para la representante de CEJ es clave que haya un respaldo a la jurisdicción y que también exista una coordinación interna entre las entidades del Sistema Integral, que le pueda brindar un mayor respaldo. Para lograrlo, Ramos finalizó con la sugerencia de “insistir y adelantar los procesos de reparación, además de un trabajo articulado con las víctimas”, procesos que le permitirán mostrar resultados y generar un ambiente de confianza.