La defensa de Torres Escalante ante la JEP

En la madrugada del 16 de marzo de 2007, cuando se enteró que el Grupo Especial Delta 6 desarrollaba operaciones en el área rural de Aguazul (Casanare), el comandante de la Brigada XVI, coronel Henry Torres Escalante, entendió que su orden se había acatado. Sin embargo, en ese momento a pocos días de cumplir 30 años en el Ejército, esa acción, según él aprobada en cumplimiento de su deber, hoy lo tiene como único general investigado por un caso de falsos positivos.

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Es su palabra contra la del subteniente Marco Fabián García Céspedes, quien ese día comandó la operación que terminó con la muerte de Daniel y Roque Julio Torres, padre e hijo, habitantes de la vereda El Triunfo. No hay más testigos ni terceras voces que aprueben o desmientan su intencionalidad de causarles la muerte a los Torres. Lo único claro es que hubo una discusión y luego fueron abatidos. Después García alteró la escena para simular que había sido un combate.

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A las cinco de la mañana, cuando se enteró por otro militar distinto a García sobre el resultado de la misión Delta 6, preparó una declaración y, dos horas después, exaltó públicamente a los integrantes del Batallón de Contraguerrilla 65 por su logro. Según él, nunca supo que García reunió después a los militares que participaron en el operativo para concertar la versión que debían dar a la pesquisa de la Justicia Penal Militar. Y tampoco lo que había hecho para alterar la verdad.

(Puede leer: Madres de Soacha rechazan que los falsos positivos lleguen a la JEP)

Solo tiempo después, cuando la Fiscalía se interesó por el caso, quedó claro que luego de la ejecución extrajudicial de Daniel y Roque Julio Torres, el teniente García puso armas en las manos de los occisos y las hizo disparar, al tiempo que ordenó accionar una ametralladora M-60 y un lanzagranadas MGL para simular un combate. Ni en aquella época ni después existió una relación directa entre el comandante de la Brigada XVI y el teniente. Dos veces habían hablado por teléfono temas militares.

Esas llamadas telefónicas fueron en febrero y junio, según el hoy general en retiro Torres Escalante como cualquier otra comunicación con los oficiales a su mando. En contraste, la Fiscalía lo considera un indicio de que el teniente García y el entonces comandante de la Brigada XVI sí tenían relación directa. Lo cierto es que antes de terminar 2007, Torres Escalante dejó el Casanare para irse de comisión a Washington, y después se enteró de que el caso era indagado como un falso positivo.

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Hasta el año 2012, cuando el teniente Marco Fabián García fue condenado por homicidio en persona protegida, con algunas variaciones, su versión se limitaba a insistir que la acción militar era contra el Eln y que los Torres habían muerto en combate. Con el agua al cuello ante la justicia, agregó que la operación estaba basada en un anexo de inteligencia con información del enemigo y que tenía el soporte y la firma de sus comandantes. Después quedó clara su decisión de incriminarlos.

Entretanto, Torres Escalante hizo curso para general, y a partir de 2009 desarrolló una carrera militar que lo llevó a la comandancia de la Novena Brigada en Neiva (Huila), a la de la Quinta División para el centro del país o a la comandancia conjunta del suroccidente colombiano. En marzo de 2016, cuando la Fiscalía ordenó su detención por la muerte de Daniel y Roque Julio Torres, ocurridas nueve años antes, el general (r) integraba la comandancia de las Fuerzas Militares.

(Siga leyendo: La JEP va por la verdad de los “falsos positivos”)

Desde entonces lleva dos años peleando con la justicia ordinaria y privado de la libertad en el Cantón Norte en Bogotá. Hace seis meses, según él porque no tiene garantías para demostrar su inocencia, decidió llevar su caso a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Ahora aguarda una respuesta de ese organismo. Ya no tiene filtros para insistir en que el teniente García miente para obtener una rebaja en su sentencia y que no entiende cómo el exoficial se retractó y la Fiscalía no le cree.

En efecto, en 2015, el teniente García refirió a la justicia que nadie le había dado órdenes de ir a matar personas y que todo había sucedido por iniciativa suya, que tenía que decir la verdad para estar tranquilo. En particular, sobre Torres Escalante expresó que no sabía que eran acciones individuales y que, en cambio, él las había acomodado para que parecieran combate. Jaime Granados, abogado del exgeneral, sostiene que es incomprensible que la Fiscalía rechace la retractación y diga que fue presionada.

El dilema de fondo es que las víctimas del teniente García eran conocidas de la Brigada XVI. El 10 de octubre de 2005, tropas del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, perteneciente a la misma Brigada, reportaron la baja en combate de Hugo Edgar Araque, pero la madre del abatido denunció que su hijo no era subversivo, había sido asesinado, y Roque Julio Torres podía testificarlo. Y tanto Roque Julio como su padre Daniel acudieron a la justicia militar a declarar que había sido un homicidio.

Esa declaración la dieron en 2006, el mismo año que Daniel Torres denunció malos tratos del Ejército y responsabilizó a la Brigada XVI si algo malo le pasaba. La primera semana de marzo de 2007 fue capturado el sujeto Bernabé Castro, alias Pastrana, quien admitió ser guerrillero y decidió colaborar con inteligencia militar. A su vez, el DAS Casanare envió un documento a la Brigada para advertir que en una finca de propiedad de Daniel Torres hacían presencia guerrilleros del Eln.

Con estos antecedentes documentados, y reiterados oficios de inteligencia militar en los que se detallaban los pasos de la “cuadrilla” José David Suárez, del Eln, en coordinación con varios oficiales de la Brigada XVI se tomó la decisión de promover una misión táctica. Torres Escalante ordenó al jefe de operaciones coordinarla con el comandante del Batallón de Contraguerrilla n.° 65, y este dispuso que el grupo Delta 6, al mando del teniente Marco Fabián García, la realizara.

Por medio de su abogado Jaime Granados, el general (r) Torres Escalante ha insistido en que él no era “ni doctrinaria ni reglamentariamente responsable por planear operaciones, convalidar o verificar la información de inteligencia, determinar el tipo de maniobra, prestar apoyos logísticos, pagar recompensas, ni determinar sanciones penales o disciplinarias contra el grupo Delta 6”. Es decir, que existía todo un órgano de mando y él no era el único que tomaba todas las decisiones.

En tal sentido, se estructuró la Misión Táctica Marte, suscrita por el mayor Carlos Buitrago como comandante del Batallón de Contraguerrilla n.° 65, en la que se dispuso que el teniente García y su grupo se desplazaran hasta la vereda El Triunfo para asestar un “golpe de mano” al Eln. Por informaciones del aludido alias Pastrana y de una enfermera, a quien le encontraron un medicamento contra la leishmaniasis, se sabía además que en la casa objetivo se iba a adelantar una reunión de subversivos.

Lo demás es la versión del teniente García contra la del general Torres Escalante. Este último recalca que cumplió con su obligación de coordinar con su jefe de operaciones la misión táctica, basada en un examen riguroso de inteligencia. Según él, no hacerlo habría sido incurrir en omisión de su deber legal. Por eso rechaza la posición de la Fiscalía que insiste en que el objetivo eran Daniel y Roque Julio Torres. Incluso su abogado Granados califica al fiscal de la causa de sesgo ideológico.

En criterio de Jaime Granados, es grave que para el fiscal la retractación del teniente García obedezca a que, como el Ejército es una institución jerarquizada, pudo haber sido amenazado e intimidado para que declarara en favor de un alto oficial. “Es una especulación contra las Fuerzas Armadas, por cuanto asemeja a dicha institución con un aparato criminal que ejerce presiones indebidas en contra de sus subalternos, al mejor estilo de una organización mafiosa”, precisó Granados.

En conclusión, Torres Escalante expresa que siendo el teniente García el único testigo en su contra, su testimonio debería ser creíble y coherente, y lo que hasta ahora se demuestra es que está repleto de falsedades. En la actualidad, el teniente Marco Fabián García lleva su caso en la JEP, que ya le concedió la libertad. Torres Escalante espera que esta jurisdicción haga lo mismo en su caso. Y dice que está dispuesto a aclarar todo lo que sea necesario de su paso por el Casanare.

Él afirma que llegó en 2003, luego fue jefe de operaciones, en 2005 jefe del Estado Mayor y, entre 2006 y 2007, comandante. A la pregunta de cómo explica el incremento de bajas en esa unidad militar en esos años, dice que era una brigada muy activa. Al interrogante sobre 68 casos de falsos positivos en Casanare agrega que la Fiscalía debe investigar, pero que era humanamente imposible tener el don de la ubicuidad para estar en todas las operaciones y evitar que se cometieran ilícitos.

En la madrugada del 16 de marzo de 2007, cuando se enteró que el Grupo Especial Delta 6 desarrollaba operaciones en el área rural de Aguazul (Casanare), el comandante de la Brigada XVI, coronel Henry Torres Escalante, entendió que su orden se había acatado. Sin embargo, en ese momento a pocos días de cumplir 30 años en el Ejército, esa acción, según él aprobada en cumplimiento de su deber, hoy lo tiene como único general investigado por un caso de falsos positivos.

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Es su palabra contra la del subteniente Marco Fabián García Céspedes, quien ese día comandó la operación que terminó con la muerte de Daniel y Roque Julio Torres, padre e hijo, habitantes de la vereda El Triunfo. No hay más testigos ni terceras voces que aprueben o desmientan su intencionalidad de causarles la muerte a los Torres. Lo único claro es que hubo una discusión y luego fueron abatidos. Después García alteró la escena para simular que había sido un combate.

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A las cinco de la mañana, cuando se enteró por otro militar distinto a García sobre el resultado de la misión Delta 6, preparó una declaración y, dos horas después, exaltó públicamente a los integrantes del Batallón de Contraguerrilla 65 por su logro. Según él, nunca supo que García reunió después a los militares que participaron en el operativo para concertar la versión que debían dar a la pesquisa de la Justicia Penal Militar. Y tampoco lo que había hecho para alterar la verdad.

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Solo tiempo después, cuando la Fiscalía se interesó por el caso, quedó claro que luego de la ejecución extrajudicial de Daniel y Roque Julio Torres, el teniente García puso armas en las manos de los occisos y las hizo disparar, al tiempo que ordenó accionar una ametralladora M-60 y un lanzagranadas MGL para simular un combate. Ni en aquella época ni después existió una relación directa entre el comandante de la Brigada XVI y el teniente. Dos veces habían hablado por teléfono temas militares.

Esas llamadas telefónicas fueron en febrero y junio, según el hoy general en retiro Torres Escalante como cualquier otra comunicación con los oficiales a su mando. En contraste, la Fiscalía lo considera un indicio de que el teniente García y el entonces comandante de la Brigada XVI sí tenían relación directa. Lo cierto es que antes de terminar 2007, Torres Escalante dejó el Casanare para irse de comisión a Washington, y después se enteró de que el caso era indagado como un falso positivo.

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Hasta el año 2012, cuando el teniente Marco Fabián García fue condenado por homicidio en persona protegida, con algunas variaciones, su versión se limitaba a insistir que la acción militar era contra el Eln y que los Torres habían muerto en combate. Con el agua al cuello ante la justicia, agregó que la operación estaba basada en un anexo de inteligencia con información del enemigo y que tenía el soporte y la firma de sus comandantes. Después quedó clara su decisión de incriminarlos.

Entretanto, Torres Escalante hizo curso para general, y a partir de 2009 desarrolló una carrera militar que lo llevó a la comandancia de la Novena Brigada en Neiva (Huila), a la de la Quinta División para el centro del país o a la comandancia conjunta del suroccidente colombiano. En marzo de 2016, cuando la Fiscalía ordenó su detención por la muerte de Daniel y Roque Julio Torres, ocurridas nueve años antes, el general (r) integraba la comandancia de las Fuerzas Militares.

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Desde entonces lleva dos años peleando con la justicia ordinaria y privado de la libertad en el Cantón Norte en Bogotá. Hace seis meses, según él porque no tiene garantías para demostrar su inocencia, decidió llevar su caso a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Ahora aguarda una respuesta de ese organismo. Ya no tiene filtros para insistir en que el teniente García miente para obtener una rebaja en su sentencia y que no entiende cómo el exoficial se retractó y la Fiscalía no le cree.

En efecto, en 2015, el teniente García refirió a la justicia que nadie le había dado órdenes de ir a matar personas y que todo había sucedido por iniciativa suya, que tenía que decir la verdad para estar tranquilo. En particular, sobre Torres Escalante expresó que no sabía que eran acciones individuales y que, en cambio, él las había acomodado para que parecieran combate. Jaime Granados, abogado del exgeneral, sostiene que es incomprensible que la Fiscalía rechace la retractación y diga que fue presionada.

El dilema de fondo es que las víctimas del teniente García eran conocidas de la Brigada XVI. El 10 de octubre de 2005, tropas del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, perteneciente a la misma Brigada, reportaron la baja en combate de Hugo Edgar Araque, pero la madre del abatido denunció que su hijo no era subversivo, había sido asesinado, y Roque Julio Torres podía testificarlo. Y tanto Roque Julio como su padre Daniel acudieron a la justicia militar a declarar que había sido un homicidio.

Esa declaración la dieron en 2006, el mismo año que Daniel Torres denunció malos tratos del Ejército y responsabilizó a la Brigada XVI si algo malo le pasaba. La primera semana de marzo de 2007 fue capturado el sujeto Bernabé Castro, alias Pastrana, quien admitió ser guerrillero y decidió colaborar con inteligencia militar. A su vez, el DAS Casanare envió un documento a la Brigada para advertir que en una finca de propiedad de Daniel Torres hacían presencia guerrilleros del Eln.

Con estos antecedentes documentados, y reiterados oficios de inteligencia militar en los que se detallaban los pasos de la “cuadrilla” José David Suárez, del Eln, en coordinación con varios oficiales de la Brigada XVI se tomó la decisión de promover una misión táctica. Torres Escalante ordenó al jefe de operaciones coordinarla con el comandante del Batallón de Contraguerrilla n.° 65, y este dispuso que el grupo Delta 6, al mando del teniente Marco Fabián García, la realizara.

Por medio de su abogado Jaime Granados, el general (r) Torres Escalante ha insistido en que él no era “ni doctrinaria ni reglamentariamente responsable por planear operaciones, convalidar o verificar la información de inteligencia, determinar el tipo de maniobra, prestar apoyos logísticos, pagar recompensas, ni determinar sanciones penales o disciplinarias contra el grupo Delta 6”. Es decir, que existía todo un órgano de mando y él no era el único que tomaba todas las decisiones.

En tal sentido, se estructuró la Misión Táctica Marte, suscrita por el mayor Carlos Buitrago como comandante del Batallón de Contraguerrilla n.° 65, en la que se dispuso que el teniente García y su grupo se desplazaran hasta la vereda El Triunfo para asestar un “golpe de mano” al Eln. Por informaciones del aludido alias Pastrana y de una enfermera, a quien le encontraron un medicamento contra la leishmaniasis, se sabía además que en la casa objetivo se iba a adelantar una reunión de subversivos.

Lo demás es la versión del teniente García contra la del general Torres Escalante. Este último recalca que cumplió con su obligación de coordinar con su jefe de operaciones la misión táctica, basada en un examen riguroso de inteligencia. Según él, no hacerlo habría sido incurrir en omisión de su deber legal. Por eso rechaza la posición de la Fiscalía que insiste en que el objetivo eran Daniel y Roque Julio Torres. Incluso su abogado Granados califica al fiscal de la causa de sesgo ideológico.

En criterio de Jaime Granados, es grave que para el fiscal la retractación del teniente García obedezca a que, como el Ejército es una institución jerarquizada, pudo haber sido amenazado e intimidado para que declarara en favor de un alto oficial. “Es una especulación contra las Fuerzas Armadas, por cuanto asemeja a dicha institución con un aparato criminal que ejerce presiones indebidas en contra de sus subalternos, al mejor estilo de una organización mafiosa”, precisó Granados.

En conclusión, Torres Escalante expresa que siendo el teniente García el único testigo en su contra, su testimonio debería ser creíble y coherente, y lo que hasta ahora se demuestra es que está repleto de falsedades. En la actualidad, el teniente Marco Fabián García lleva su caso en la JEP, que ya le concedió la libertad. Torres Escalante espera que esta jurisdicción haga lo mismo en su caso. Y dice que está dispuesto a aclarar todo lo que sea necesario de su paso por el Casanare.

Él afirma que llegó en 2003, luego fue jefe de operaciones, en 2005 jefe del Estado Mayor y, entre 2006 y 2007, comandante. A la pregunta de cómo explica el incremento de bajas en esa unidad militar en esos años, dice que era una brigada muy activa. Al interrogante sobre 68 casos de falsos positivos en Casanare agrega que la Fiscalía debe investigar, pero que era humanamente imposible tener el don de la ubicuidad para estar en todas las operaciones y evitar que se cometieran ilícitos.