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El tema más sensible en la era del posacuerdo de paz con las Farc, la solicitud de extradición de Zeuxis Pausias Hernández, o Jesús Santrich, se embolató por la razón menos esperada de todas: un imprevisto logístico. Este miércoles en la noche, la propia ministra de Justicia, Gloria María Borrero, se vio en la penosa situación de llamar a la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la magistrada Patricia Linares, para informarle que la carta que envió Colombia a Estados Unidos pidiendo las pruebas con las que se llamó a juicio a Santrich estaba varada en Panamá. “Esto parece de Ripley”, dijo la ministra Borrero al aire, mientras confirmaba en Blu Radio este mayúsculo inconveniente.
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Las explicaciones del gobierno Duque dejaron ver que, cuando menos, hubo descuido frente a este trámite, a pesar de que la ministra Borrero aseveró que los funcionarios de su cartera habían sido “súper cuidadosos”. “Yo hace como tres o cuatro días pedí la trazabilidad de todo el tema”, dijo la alta funcionaria. Lo que confirmó en realidad con esa frase fue que el Ministerio de Justicia, única entidad responsable de hacer llegar la petición de la JEP al gobierno estadounidense, no hizo seguimiento al envío —lo que podía hacerse fácilmente con la guía especial que tenían— y que apenas vino a interesarse en el destino que corrió la carta cuando se vencía el plazo de la JEP para recibir las pruebas.
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La fecha límite que estableció la JEP se cumplió el pasado 28 de enero al final de la tarde. Ese mismo día, la Sección de Revisión de esta jurisdicción especial emitió un comunicado confirmando que no se había recibido “el material probatorio” y que, así las cosas, otorgaba cinco días hábiles a la Procuraduría y a Santrich “para alegatos”. Resuelta esa parte, la JEP anunció que presentaría “el respectivo proyecto de decisión para estudio y resolución definitiva”. Para el abogado de Santrich, Alirio Uribe, este extravío está lejos de ser casual, pues “todo el mundo sabía que se estaban esperando esas pruebas. Ahora nos salen con el cuento de que el correo se perdió”.
Este asunto es una controversia tanto jurídica como política, tal como lo evidencia lo que ocurrió apenas se venció el plazo de la JEP. El 29 de enero, el portal ElExpediente de Gustavo Rugeles —cuya última revelación, una supuesta cuenta del expresidente Juan Manuel Santos en el Banco Vaticano, fue desmentida por el mismísimo Vaticano— publicó en Twitter un documento de 22 páginas acompañado del siguiente trino: “La JEP no solo busca encubrir a Jesús Santrich sino que miente y desafía al gobierno de @USEmbassyBogota que sí envió las pruebas solicitando su extradición”. Horas más tarde, Noticias RCN publicó lo mismo: “Desde mediados del año pasado fue enviado a la JEP el expediente aportado por EE. UU.”.
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Tanto RCN como ElExpediente divulgaron las declaraciones del fiscal auxiliar del caso Santrich, Jason Richman, y del agente de la DEA Brian Witek. Con esas dos publicaciones se hizo tendencia la frase #JEPEsImpunidad, que retomaron varios congresistas del Centro Democrático —partido del presidente Iván Duque— como Paloma Valencia, Carlos Felipe Mejía o Fernando Araújo para atacar a la jurisdicción especial. La directora de Noticias RCN, Claudia Gurisatti, reiteró las revelaciones en Twitter y dijo que el 8 de junio de 2018 el Ministerio de Justicia remitió la “totalidad del expediente” Santrich a la JEP. La confesión de la ministra Borrero sobre el extravío de 4-72 pone en evidencia que eso no es cierto.
Incluso sin la revelación de que la carta al gobierno estadounidense se perdió, decir que Estados Unidos ya había entregado las pruebas de Santrich no tenía asidero. Lo que llegó a la JEP el pasado 8 de junio fueron las declaraciones ya mencionadas y la acusación de la justicia estadounidense, las cuales resultan insuficientes para tomar decisiones de fondo, pues los soportes de los documentos no estaban. Ese fue el material que la JEP solicitó el 23 de octubre del año pasado y que finalmente el Ministerio de Justicia colombiano pidió a EE. UU. en una carta rogatoria el 11 de diciembre. Carta que, se vino a saber, está en Panamá 51 días luego de haber sido enviada.
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Con esas evidencias, la JEP esperaba poder determinar con claridad si la fecha de los delitos endilgados a Santrich es antes o después de la firma del Acuerdo de Paz. Si es antes, Santrich se salva: debe ser procesado en Colombia. Si es después, la JEP pasará el caso a la Corte Suprema, pues no tendrá jurisdicción en ese escenario. “Es inaceptable desde todo punto de vista que se le informe al país que la mencionada carta nunca llegó a su destinatario, las autoridades de los Estados Unidos”, reclamó Rodrigo Londoño, jefe político del partido FARC. “No queremos pensar que se trata de una acción de obstrucción de la justicia por parte de autoridades del Gobierno”.
El debate por el caso Santrich está encendido desde que él fue capturado, y quienes están interesados en él —por una u otra razón— nunca han dejado de atizar ese fuego. El exjefe guerrillero, detenido en La Picota desde hace nueve meses, ha gritado a los cuatro vientos que es inocente, emprendió una larga huelga de hambre y sostiene que su caso no es más que un montaje para debilitar el Acuerdo de Paz. La DEA señala que él estaba listo para hacer negocios con narcos y que por eso debe ser condenado. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, asegura que las pruebas contra Santrich son irrefutables. Lo que la JEP ha querido desde el inicio es conocer las evidencias de primera mano para formarse su propio juicio.
En la entrevista con Blu Radio, la ministra Borrero dijo que salía de inmediato a reunirse con el fiscal interino de Estados Unidos, y que allí le entregaría la carta rogativa. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Justicia no confirmaba aún que esa entrega se hubiera dado.
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