Las preocupaciones de las víctimas durante la pandemia

La pandemia por el nuevo coronavirus tomó por sorpresa a todo el mundo. Las medidas de aislamiento, la cancelación masiva de eventos y el cierre temporal de aeropuertos son apenas algunas de las medidas más visibles que se han tomado en Colombia. Sin embargo, hay otras diligencias suspendidas que están afectando actividades como las investigaciones que, desde hace tres años, adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el conflicto armado en el país.

En esta jurisdicción se han abierto siete macrocasos para investigación: el caso de retenciones ilegales o secuestro cometido por la antigua guerrilla Farc-Ep; los hechos de violencia en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o falsos positivos; la situación territorial del Urabá antioqueño; la situación de violencia en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca; la victimización de los miembros de la Unión Patriótica y, por último, el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto.

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Desde el comienzo de la cuarentena nacional, y con la imposibilidad de continuar varias diligencias presencialmente, la JEP anunció la suspensión de los términos judiciales y las audiencias; asimismo, la entrega de las versiones voluntarias por parte de víctimas, excombatientes de las Farc y terceros civiles está detenida.

"Pese a la suspensión de términos judiciales, la JEP está trabajando en el análisis y contrastación de los informes recibidos, en el estudio de las observaciones presentadas por las víctimas y en los traslados a las mismas. Además, la JEP está habilitada para recibir informes de las organizaciones sociales y de víctimas", afirmó Hernando Salazar Palacio, subdirector de comunicaciones de la Jurisdicción.

Aunque muchos otros trámites continúan realizándose de manera virtual, como la acreditación de las víctimas, el otorgamiento de amnistías o indultos y la emisión de autos sobre los casos, hay temor en las personas por la forma en la que continuarán las investigaciones.

Katherine Bueno, víctima acreditada para el caso 004, en el que se investiga sobre la situación territorial en la región del Urabá antioqueño, cuenta que las víctimas en la región sienten miedo de contagiarse de COVID-19 en las ciudades. “A mediados de marzo, antes de la cuarentena, teníamos un evento con la embajada de Bélgica en Bogotá, al que estábamos invitadas varias víctimas del conflicto, entre esas yo, pero unos días antes dije que no iba por miedo a contagiarme y luego traer el virus a la región”, explica.

Esta preocupación se agudiza al contemplar la posibilidad de que se retomen, por ejemplo, las audiencias de manera virtual. Ayineth Pérez, presidenta de la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz, dice que teme que la participación de las víctimas del conflicto armado en la JEP disminuya por falta de acceso a telecomunicaciones como teléfonos, computadores y wifi. “Muchas de las personas que estamos en zonas rurales, y somos víctimas, no tenemos las herramientas para comunicarnos, carecemos de estos recursos y no tendríamos cómo participar activamente”. O como menciona Nelly Osorno, directora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), “algunos pueden tener esos elementos, pero no saben cómo utilizarlos para una videoconferencia”, lo que podría complicar aún más los procesos.

Sobre este asunto, el subdirector de comunicaciones de la JEP, le dijo a El Espectador "entendemos y compartimos las preocupaciones de las víctimas y las limitaciones en conectividad que ellas tienen, situación que ha guiado siempre la toma de decisiones a la hora de definir cuáles diligencias y trámites pueden hacerse virtualmente y cuáles no".

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Esa opinión la comparte Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar. Las dificultades de cada víctima son diferentes y dependen del caso en el que estén acreditadas en la JEP. Jahel Quiroga está acreditada en el caso 006 sobre victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP), quien menciona que la mayor preocupación que tienen es que las audiencias de los comparecientes, que iban a iniciar pronto, se aplacen por mucho tiempo.

“En el caso de la Unión Patriótica íbamos a presentar una audiencia oral que venimos trabajando hace meses, pero si deciden hacerla de manera virtual nos vamos a negar porque no es lo mismo, la verdad de la gente debe ser reconocida públicamente y no así”, dice.

A este temor se suma el rechazo de las víctimas por desplazarse hacia otros territorios aun cuando pase la cuarentena nacional, pues muchos son adultos mayores o personas con heridas y enfermedades que arrastran por haber vivido la guerra en carne propia. Por eso son de las poblaciones más vulnerables al tener una complicación de salud, en caso de contagiarse del virus.

Otra de las incertidumbres es la recepción de informes sobre los crímenes cometidos por excombatientes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles en el conflicto. El plazo máximo para presentar estos documentos es el 15 de marzo de 2021, según la JEP, sin embargo, con la pandemia, muchos de los trámites de recolección de testimonios y material probatorio de las organizaciones de víctimas está en veremos. Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, afirma que “es muy poco tiempo si se tiene en cuenta todo el trabajo que se ha perdido por la pandemia del nuevo coronavirus”.

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Como la JEP no se ha pronunciado sobre si ampliará o no el plazo para presentar informes, expresa que “preocupa fundamentalmente que las pruebas que queremos presentar no tengan validez luego o que la misma gente ya no quiera hablar para contar la verdad. Hay mucha incertidumbre”.

A esa dificultad, el abogado menciona que se suman los casos de las acreditaciones de víctimas del conflicto armado que, en medio de la emergencia nacional, puede tardar más de lo usual. “Yo presenté unas solicitudes de acreditación a víctimas para el caso de falsos positivos desde febrero, pero no he recibido respuesta aún, y ahora con la pandemia, será mucho más demorado”, señala.

Esta misma preocupación tiene Nelly Osorno del Instituto Popular de Capacitación, quien dijo que ante la falta de respuesta sobre este trámite en la JEP, no tienen cómo contestar a los solicitantes.

Alfredo Bula, abogado de la organización Caribe Afirmativo, entidad que representa a varias víctimas LGBTI en el Urabá antioqueño, dice que desde comienzos de año la JEP estaba tomando versiones voluntarias a las víctimas cada semana, “sabemos que si la Jurisdicción decidiera retomar pronto esas versiones, al menos antes de que acabe la pandemia, muchas víctimas se negarían a participar si es presencialmente y si es virtual, muchas no tienen la forma de acceder”, menciona.

Jacqueline Castillo Peña, directora del Colectivo de Madres de Víctimas de Falsos Positivos (Mafapo), afirma que desde febrero de este año, en la última audiencia al general (r) Mario Montoya, no ha tenido noticias sobre su caso en la jurisdicción, y alega que “ni nuestros abogados ni la misma JEP nos volvió a decir en qué va el proceso ni a convocar a reuniones sobre el caso 003” (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado).

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Aunque para muchas personas puede ser perjudicial la suspensión de algunas actividades de la Jurisdicción, en el caso 001, referente a secuestro, la situación parece ser distinta. Este es uno de los casos más avanzados en la JEP. Para este año, la Jurisdicción anunció que entregaría la resolución de conclusiones con la que se esclarecerá qué pasó con el fenómeno en el país.

Sebastián Arismendy, hijo de Héctor Fabio Arismendy, uno de los 11 diputados del Valle del Cauca asesinados por las Farc en 2007, dice que “este tiempo se puede aprovechar para revisar de manera mancomunada las observaciones que les hicimos a las versiones libres que entregaron los excombatientes”.

Sobre el caso 007 de la Jurisdicción, referente al reclutamiento de menores en el conflicto armado, Hilda Molano, de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), dice que a pesar de las dificultades que representa la suspensión de audiencias y términos, “puede ser útil para que el público no pierda la oportunidad procesal de interponer acciones y recursos de acuerdo con su caso”. Sin embargo, explicó que como coalición, el contacto entre las víctimas y sus familiares se ha complicado porque “los temas a abordar son de mucha sensibilidad”, entonces no es posible a través de medios virtuales.

Por ahora, la justicia transicional sigue operando de manera virtual en algunas diligencias y todavía no se define qué sucederá después del 11 de mayo cuando termine la cuarentena nacional. Algunas de las últimas decisiones que ha tomado la JEP durante la pandemia es la protección a través de medidas cautelares de varios cementerios del país como el de Los Pobres en Aguachica (Cesar) y el cementerio central en Neiva (Huila), donde se presume que podría haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.El resto de diligencias, solicitudes e inquietudes de las víctimas del conflicto armado, la JEP las está recibiendo al correo info@jep.gov.co o a la línea nacional 018000 180 602 y en Bogotá al 7440041. Para notificación de decisiones administrativas habilitaron el correo notificacionesycomunicaciones@jep.gov.co.

*Nota de la editora: este artículo se modificó con declaraciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.