Las tumbas que guardan la verdad de los desaparecidos en Samaná, Caldas

En el cementerio de San Agustín podría haber otras víctimas de desaparición forzada sin identificar.

Foto: Jose Vargas Esguerra

Con el primer golpe de mazo en la tumba que llevaba el nombre de Francisco Buitrago, empezó la niebla a cubrir el cementerio de San Agustín, ubicado en Samaná (Caldas). Mientras se alternaba la bruma con el sol de media mañana, dos familiares de Francisco, acompañados de la coordinadora del Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat), de la Universidad de Caldas, Carolina López, y una funcionaria de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), observaban cómo se exhumaba el cuerpo de quien se supone corresponde a su ser querido desaparecido.

Hace 20 años, a Francisco Buitrago lo reclutó la guerrilla de las Farc junto con sus otros dos hermanos cuando salían del colegio público de Samaná. En aquel entonces, eran los frentes 9 y 47 los que tenían mayor presencia en la zona. Los pobladores recuerdan cómo en aquella época cerca de 200 guerrilleros marchaban y entraban a la cabecera municipal sin problema alguno.

La familia de los hermanos Buitrago no volvió a saber de ellos ni de su paradero. Hasta que el 7 de marzo de 2007, según relata Guillermo Montoya, el sepulturero del pueblo desde 1998, un grupo de soldados dejaron los cuerpos de dos hombres a la entrada del cementerio. Uno de ellos habría sido identificado como Francisco y fue enterrado ese mismo día.

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La recuperación del cuerpo, que está en la tumba que lleva el nombre de Francisco, ubicada justo en la entrada del cementerio, se realizó este martes 26 de octubre, 12 años después de haber sido inhumado. Esta diligencia se adelantó con el fin de que la familia tuviera la certeza de que en ese lugar reposa su ser querido. Es, además, la primera que adelanta de manera autónoma la UBPD en el marco del Plan Regional de Búsqueda en el Magdalena Caldense.

“Las acciones humanitarias que se adelantan en el marco del Plan aquí en Samaná tienen que ver con la recolección de información de los perfiles genéticos de los familiares en el hospital, pero también con la recuperación de los cuerpos que no están identificados y que podían corresponder a personas desaparecidas. Tenemos varios cuerpos con una hipótesis de identificación con alta probabilidad de certeza. Creemos que hay al menos 115 cuerpos sin identificar en el cementerio que podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas”, aseguró a este diario la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón.

Este Plan de Búsqueda nació impulsado por un trabajo de documentación que lideraron la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos), el Cedat y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas). De la mano con los familiares de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento, enlistamiento y homicidio, recolectaron la información de 187 casos de personas dadas por desaparecidas en Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada.

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Este informe, que recopiló testimonios, datos y caracterización forense de las víctimas, así como información antemórtem de los casos, fue entregado en febrero de este año al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, creado tras el Acuerdo de Paz, y del cual forma parte la UBPD.

Una vocera de las víctimas y sobrevivientes, que por seguridad no reveló su identidad, esto le relató a Colombia 2020: “Es la primera vez en muchos años que aquí llega el Estado. Vemos este plan con mucha esperanza y ojalá esto sea el inicio para adelantar el proceso de búsqueda aquí en el territorio, pero también que se agilicen en todo el país. Es muy triste ver cómo fallecieron otros familiares sin la oportunidad de verdad ni reparación”.

No es solo una tumba

La exhumación en la tumba donde reposaría Francisco Buitrago comenzó alrededor de las 11 de la mañana y se extendió por al menos dos horas. Durante este tiempo, los que presenciábamos el momento, entre ellos miembros de la Unidad, familiares, el sepulturero y Jairo Matallana, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), guardamos silencio y afuera, en las casas que colindan con el camposanto, se escuchaba de fondo “dime pajarito, por qué hoy estás triste. No escucho en tu canto la misma alegría”, era la voz de Rafael Orozco.

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Por solicitud de las organizaciones sociales y las víctimas, a los asistentes no se nos permitió el ingreso de celulares y los fotógrafos tuvieron restricciones para registrar el momento en el que se abrió el cajón, se examinaron los restos óseos y se dispusieron cuidadosamente en una mesa negra. Comenzaron por el cráneo y finalizaron con un par de botas de caucho negras y suelas amarillentas, que permanecían intactas pese al paso del tiempo.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo multidisciplinario de seis expertos y antropólogos forenses de la UBPD, acompañados por dos representantes de Equitas y la directora de la Unidad, Luz Marina Monzón, quien iba comunicándoles a los familiares, de pie a escasos pasos de la tumba, detalles de los hallazgos. “Está en un cajón, no en una bolsa”, fue lo primero que les dijo.

Un escáner láser de 360 grados, que tenía la forma de una araña, acompañó cada una de las etapas de la recuperación. A través de un millón de láseres, este artefacto registra colores, detalles y distancias para recrear una imagen en tres dimensiones. Según conoció este diario, la herramienta les brinda a los expertos y a las familias detalles sobre cómo era la bóveda, dónde se ubicaba dentro del cementerio, qué había dentro y cómo estaba dispuesto el cuerpo. Todo en una imagen digital.

En la recuperación de un cuerpo, y aún más de personas enterradas sin una identidad, no solo es imprescindible la información que pueda obtenerse del material óseo, también es importante el material externo, como la ropa u otros accesorios. En este caso, algunos detalles quedaron a la vista como una manta gruesa que guardaba el esqueleto o los retazos de lo que parecía ser un camuflado.

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El procedimiento finalizó con el embalaje de los huesos encontrados y del material externo. Será enviado, junto con los otros cuerpos aún por recuperar, a Medicina Legal en Bogotá para cotejarlos con las muestras biológicas que estará tomando la UBPD hasta el 8 de noviembre a 182 familiares de la región. Mientras tanto, los buscadores, esos hombres y mujeres con el corazón roto, pero lleno de ilusiones, esperan que después de estos años valga la pena revivir tanto dolor para recuperar y enterrar dignamente a sus seres queridos.

Las armas que desangraron Samaná

Este municipio del nororiente caldense está organizado en una cabecera municipal y cuatro corregimientos: Florencia, San Diego, Berlín y Encimadas. Desde la fundación del municipio en 1884 hasta 1930 se llamó San Agustín, por eso el colegio y el cementerio local llevan este nombre. Luego fue denominado Samaná, en honor a los indios Samanaes que habitaron ese territorio.

Históricamente fue un municipio sustentado en producción cafetera y agrícola, pero durante la crisis económica que atravesaron los pequeños productores y campesinos a especialmente a mediados y finales de los años ochenta, el Estado intervino más bien poco y empezaron a consolidarse las condiciones para la llegada de grupos armados, el posicionamiento de la economía cocalera y el escalamiento del conflicto, como lo relata el informe “Construcción de Memoria y Verdad desde las Voces de las Víctimas del Magdalena Medio”.

A finales de los años setenta, la guerrilla de las Farc comenzó a asentarse en Samaná. Allí fueron copando territorio, hasta la década de los 90 cuando fortalecieron su presencia y se construyó la hidroeléctrica La Miel I. Es que hay que recordar que el municipio está rodeado y atravesado por recursos hídricos como los ríos Dulce, Samaná, el Tenerife y La Miel, que desemboca con el río Magdalena. Durante la época más cruel del conflicto, estos fueron utilizados como tumbas de agua.

En este territorio hizo presencia principalmente el frente 47 de las Farc, al mando de Elda Neyis Mosquera, conocida en la guerra como Karina. Y también el frente 9, que se extendía hasta los municipios de San Carlos, San Rafael y Cocorná en Antioquia. Durante la década de los 90, a medida que iban asentándose, comenzaron los reclutamientos, los secuestros extorsivos, desapariciones y homicidios. Varios comerciantes samaneños fueron asesinados durante esta época. Los habitantes llegaron a llamar a los corregimientos de Florencia, Berlín y Encimadas como “las selvas de Karina”.

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De la misma manera y con el objetivo de frenar la presencia guerrillera y promover cultivos y negocios ilícitos, durante la década de los 80 los paramilitares fueron incursionando hacia Samaná desde La Dorada. Allí hicieron presencian las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), que comandaba Ramón Isaza (conocido como “El Viejo”), y sus hijos Omar, Ovidio (“Roque”) y Oliverio.

Fue durante lo años de la incursión paramilitar, especialmente entre 1998 y 2002, que se agudizó la violencia en Samaná y las represalias, por parte y parte, a los pobladores del municipio y otros aledaños como Victoria, Norcasia y La Dorada. Durante aquella época se presentaron graves violaciones a los derechos humanos, como masacres, ejecuciones extrajudiciales, tomas guerrilleras, homicidios, minas antipersonal y desapariciones forzadas.

Carolina López, coordinadora del Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social de la Universidad de Caldas (Cedat) asegura que la desaparición forzada fue una práctica de las guerrillas, que se vio principalmente en la modalidad de reclutamiento y homicidio. En el caso de los paramilitares, asegura López, se consolidó como “una política de terror”, pues durante una época se desaparecían y asesinaban líderes sociales, sindicalistas y líderes de izquierda, luego podía ser cualquier persona del municipio. “Se desaparecía sistemáticamente para sembrar el terror”, relató.

La investigadora asegura que fue tan contundente la presencia de los grupos armados ilegales que la fuerza pública se desplegó “y durante 1995 hasta casi 2005, la población quedó a merced de los violentos".

De acuerdo con el informe entregado por Fundecos, Cedat y Equitas, entre el año 2000 y 2007 se documentaron la mayoría de casos de desaparición forzada, siendo 2002 el año con mayor número de casos documentados (28,2 %). Ese mismo año, el 19 de enero, cerca de 54 familias de la vereda El Congal, del corregimiento de Florencia, vieron cómo los paramilitares les prendieron fuego a sus casas y tuvieron que desplazarse de sus fincas.

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Frente a las desapariciones, el informe especifica las circunstancias en las que se presentaron las desapariciones de la siguiente forma:

*Reclutamientos como estrategia de grupos paramilitares y guerrilleros.

*Retenciones ejecutadas por grupos paramilitares o las guerrillas que devinieron en homicidio o desaparición forzada.

*Ejecuciones extrajudiciales que se justificaron como “errores de operación” o como “combatientes” caídos. Según el informe, al menos 11 casos de desaparición se le atribuyen al Batallón de Infantería N° 3 Bárbula, Batallón de Infantería N° 16 Patriotas y el Batallón Contraguerrilla N° 8 Quimbaya

La mayoría de las víctimas de desaparición son hombres entre los 18 y 40 años, pero también, niñas, niños y adolescentes entre 13 y 17 años. Según se documenta, son principalmente madres quienes están buscando a sus seres queridos desaparecidos, seguido de hermanas, hermanos y padres buscadores. Todos ellos, cerca de 200 familiares de Samaná, La Dorada y Victoria, llevan años buscando respuestas del Estado y luchando contra el olvido.