Listos los magistrados: ¿qué viene para la JEP?

Un paso determinante hacia la consolidación del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc se concretó ayer con la designación de los 51 magistrados que integrarán la Justicia Especial de Paz (JEP). Se trata de una elección crucial para el futuro del Acuerdo de Paz, pues los escogidos serán los encargados de administrar justicia después de una negociación que pretendió tener como eje central los derechos de las víctimas. Además, tienen la obligación de juzgar a los principales responsables de las atrocidades cometidas durante más de cinco décadas de guerra. De una lista de más de 2.500 candidatos, el Comité de Escogencia, conformado por cinco expertos, seleccionó a los jueces que conformarán la Salas de Justicia y el Tribunal de Paz y, además, eligió a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

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La lista es variada. Hay desde un exministro de Justicia, el abogado que defendió al condenado general (r) Miguel Maza Márquez, varios exfiscales y reconocidos defensores de derechos humanos, hasta un magistrado del Consejo de Estado, un magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, y un excandidato al Congreso. La elección de los 51 magistrados fue aplaudida por diferentes sectores. El primero en hacerlo fue el presidente Juan Manuel Santos quien, tras recibir la lista por parte del Comité de Escogencia, expresó que así comenzaba el proceso para que la justicia permita la reconciliación en el país y “sanar las heridas de una guerra de más de 53 años”.

Las organizaciones de víctimas también celebraron la elección. Alejandra Gaviria, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), resaltó que el Comité hizo un “trabajo gigantesco y cumplieron con su tarea para materializar el corazón de los acuerdos de paz: la protección de las víctimas”. Aunque la impresión de Gaviria es positiva, agregó que también hay temores con respeto a la elección de abogados que han participado de litigios en la justicia penal militar. Considera que estos magistrados pueden estar frente a conflictos de intereses, pues serán ellos los encargados de juzgar a agentes del Estado en la JEP.

Por su parte, Gloria Gómez, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), le dijo a este diario que, en general, ve con buenos ojos la elección del Comité, pero teme que gran parte de los magistrados elegidos tuvieron cargos en la Fiscalía y en la Procuraduría, dos entidades que “no han tenido voluntad política a la hora de buscar a los miles de seres queridos que tenemos desaparecidos”. Las críticas en el sector político tampoco se hicieron esperar. Iván Duque, senador del Centro Democrático, aseguró que la JEP ha sido configurada para que “criminales de lesa humanidad puedan ser elegibles y seguir en los cargos a pesar de sanciones”.

Una esperanza en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos

Que la defensora de derechos humanos, Luz Marina Monzón, haya sido elegida como la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas, representa una esperanza para quienes han buscado a sus familiares durante años. No lo dicen en vano. La hoja de vida de Monzón demuestra su compromiso con las miles de víctimas de este delito. Fue ella una de las que impulsó en 2005 la creación de la primera ley en Colombia que habló sobre la importancia y la urgencia de buscar a estar personas. Además, ha tenido bajo su cargo litigios de la mayor trascendencia: la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987; la masacre de Pueblo Bello en 1988 —con varias víctimas aún desaparecidas—; el crimen de Jesús María Valle en 1998; el magnicidio de Jaime Garzón en 1999; y el exterminio de la Unión Patriótica desde 1985.

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“Es una noticia que nos llena de expectativa. La conocemos y ha acompañado a los familiares desde hace muchos años. Además, es ella la que llevó nuestros casos en el sistema interamericano”, señaló Gloria Gómez, quien agregó que Monzón estuvo al frente de la puesta en marcha del Plan de Búsqueda y el Registro Nacional de Desparecidos, dos esfuerzos promovidos desde el Estado pero que no han tenido resultados concretos por falta de voluntad política.

Los criterios para la selección

Para muchos se cumplió con la tarea de lo pactado en La Habana: tener un equipo de magistrados con hojas de vida y trayectorias sin tacha alguna y que entendieran la importancia del momento histórico que vive el país. Quienes participaron en la elección aseguran que se trata de un grupo de juristas único en el mundo. ¿La razón? La pluralidad étnica, de género y origen de las personas que integrarán todo el sistema de la JEP. Tanto así que las mujeres representan el 53% de los puestos de magistrados —ninguna alta corte ha alcanzado esa composición— y el 61% de los elegidos proceden de lugares diferentes a la capital del país. Además, se tuvo en cuenta para la elección su experiencia en diferentes campos del derecho, como la justicia penal militar, el litigio internacional o la defensa de los derechos humanos.

La forma en que se depuraron las listas de aspirantes se hizo a través de una matriz matemática. Según le explicó a El Espectador Claudia Vacca, presidenta del Comité de Escogencia —que tiene cinco integrantes—, ese organismo contó con por lo menos 22 personas, entre matemáticos, ingenieros, abogados, para crear cuatro perfiles que consideraron esenciales para la composición de sistema. El primero tuvo en cuenta la trayectoria en la Rama Judicial, es decir, si los aspirantes habían sido jueces, magistrados, fiscales o litigantes. El segundo, se limitó a la carrera académica, pues concluyeron que la preparación y el conocimiento de quienes integren la JEP es fundamental para la creación de la nueva jurisprudencia de este tribunal.

El tercero se enfocó en los que tuvieran experiencia en políticas públicas, para evitar escenarios de ineficiencia y congestión. Y, por último, la cuarta categoría tuvo en cuenta la trayectoria en la defensa de derechos humanos. Con estos cuatro perfiles, el Comité aplicó otros criterios que fueron claves para elegir a los magistrados: el género, la raza, la etnia y el lugar de origen. Fue así como se filtró definitivamente la lista y se obtuvo un listado de los 51 candidatos con las mejores hojas de vida. “La matemática funciona. Al cruzar todas estas variables logramos igualar las oportunidades de todos los aspirantes. Es más, gracias a este trabajo matemático no tuvimos problema a la hora de construir un listado equitativo porque las mujeres eran las que estaban mejor cualificadas”, señaló Claudia Vacca.

El último paso fue evaluar las denuncias y comentarios de la ciudadanía frente a los candidatos. Según Vacca, solo se presentaron cinco casos de denuncias documentadas por irregularidades en casos de administración de justicia, que fueron tenidas en cuenta al organizar las listas. Las entrevistas, si bien jugaron un rol complementario, no fueron un criterio de descalificación a la hora de elegir a los magistrados porque, explicó la presidenta del Comité, no se podía perder de vista la evaluación de una trayectoria y las capacidades de los candidatos. Lo que sí se tuvo en cuenta, añadió Vacca, fue la capacidad de manejar la situación en un momento de presión.

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Lo que falta

Con la elección de los 51 magistrados de la JEP, los ojos ahora están puestos sobre quienes deben darles las herramientas para que puedan empezar a trabajar: el Congreso y la Corte Constitucional. Por un lado, el Senado y la Cámara de Representantes deben aprobar la ley estatutaria que hasta hoy tuvo su primer debate. Del otro, la Corte tiene atrasado el estudio del Acto Legislativo 01 de 2017 que le dio vida a la JEP y permitió la designación de los magistrados. “Estamos en una situación de incertidumbre. El hecho de que tengamos magistrados seleccionados no significa que la jurisdicción vaya a entrar a funcionar mañana. Esos magistrados deben ser posesionados y lo cierto es que hacen falta pasos determinantes para tener esta jurisdicción especial funcionando”, le dijo a El Espectador María Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).

A esto se suma que ni siquiera se han establecido dónde quedará la sede de la JEP y se estima que se requiere alrededor de $1 billón de pesos para su funcionamiento. Al Comité de Escogencia todavía le quedan varias labores por realizar. La próxima semana elegirán al director de la Unidad de Investigación, es decir, al fiscal de este sistema transicional. También adelantan el proceso para depurar las listas de candidatos a la Comisión de la Verdad, los juristas extranjeros invitados y seleccionar la terna que enviarán al fiscal general para que elija al director o directora de la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales. Si bien el Comité está cumpliendo con los tiempos estipulados, la burocracia va a paso lento.

Un paso determinante hacia la consolidación del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc se concretó ayer con la designación de los 51 magistrados que integrarán la Justicia Especial de Paz (JEP). Se trata de una elección crucial para el futuro del Acuerdo de Paz, pues los escogidos serán los encargados de administrar justicia después de una negociación que pretendió tener como eje central los derechos de las víctimas. Además, tienen la obligación de juzgar a los principales responsables de las atrocidades cometidas durante más de cinco décadas de guerra. De una lista de más de 2.500 candidatos, el Comité de Escogencia, conformado por cinco expertos, seleccionó a los jueces que conformarán la Salas de Justicia y el Tribunal de Paz y, además, eligió a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

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La lista es variada. Hay desde un exministro de Justicia, el abogado que defendió al condenado general (r) Miguel Maza Márquez, varios exfiscales y reconocidos defensores de derechos humanos, hasta un magistrado del Consejo de Estado, un magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, y un excandidato al Congreso. La elección de los 51 magistrados fue aplaudida por diferentes sectores. El primero en hacerlo fue el presidente Juan Manuel Santos quien, tras recibir la lista por parte del Comité de Escogencia, expresó que así comenzaba el proceso para que la justicia permita la reconciliación en el país y “sanar las heridas de una guerra de más de 53 años”.

Las organizaciones de víctimas también celebraron la elección. Alejandra Gaviria, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), resaltó que el Comité hizo un “trabajo gigantesco y cumplieron con su tarea para materializar el corazón de los acuerdos de paz: la protección de las víctimas”. Aunque la impresión de Gaviria es positiva, agregó que también hay temores con respeto a la elección de abogados que han participado de litigios en la justicia penal militar. Considera que estos magistrados pueden estar frente a conflictos de intereses, pues serán ellos los encargados de juzgar a agentes del Estado en la JEP.

Por su parte, Gloria Gómez, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), le dijo a este diario que, en general, ve con buenos ojos la elección del Comité, pero teme que gran parte de los magistrados elegidos tuvieron cargos en la Fiscalía y en la Procuraduría, dos entidades que “no han tenido voluntad política a la hora de buscar a los miles de seres queridos que tenemos desaparecidos”. Las críticas en el sector político tampoco se hicieron esperar. Iván Duque, senador del Centro Democrático, aseguró que la JEP ha sido configurada para que “criminales de lesa humanidad puedan ser elegibles y seguir en los cargos a pesar de sanciones”.

Una esperanza en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos

Que la defensora de derechos humanos, Luz Marina Monzón, haya sido elegida como la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas, representa una esperanza para quienes han buscado a sus familiares durante años. No lo dicen en vano. La hoja de vida de Monzón demuestra su compromiso con las miles de víctimas de este delito. Fue ella una de las que impulsó en 2005 la creación de la primera ley en Colombia que habló sobre la importancia y la urgencia de buscar a estar personas. Además, ha tenido bajo su cargo litigios de la mayor trascendencia: la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987; la masacre de Pueblo Bello en 1988 —con varias víctimas aún desaparecidas—; el crimen de Jesús María Valle en 1998; el magnicidio de Jaime Garzón en 1999; y el exterminio de la Unión Patriótica desde 1985.

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“Es una noticia que nos llena de expectativa. La conocemos y ha acompañado a los familiares desde hace muchos años. Además, es ella la que llevó nuestros casos en el sistema interamericano”, señaló Gloria Gómez, quien agregó que Monzón estuvo al frente de la puesta en marcha del Plan de Búsqueda y el Registro Nacional de Desparecidos, dos esfuerzos promovidos desde el Estado pero que no han tenido resultados concretos por falta de voluntad política.

Los criterios para la selección

Para muchos se cumplió con la tarea de lo pactado en La Habana: tener un equipo de magistrados con hojas de vida y trayectorias sin tacha alguna y que entendieran la importancia del momento histórico que vive el país. Quienes participaron en la elección aseguran que se trata de un grupo de juristas único en el mundo. ¿La razón? La pluralidad étnica, de género y origen de las personas que integrarán todo el sistema de la JEP. Tanto así que las mujeres representan el 53% de los puestos de magistrados —ninguna alta corte ha alcanzado esa composición— y el 61% de los elegidos proceden de lugares diferentes a la capital del país. Además, se tuvo en cuenta para la elección su experiencia en diferentes campos del derecho, como la justicia penal militar, el litigio internacional o la defensa de los derechos humanos.

La forma en que se depuraron las listas de aspirantes se hizo a través de una matriz matemática. Según le explicó a El Espectador Claudia Vacca, presidenta del Comité de Escogencia —que tiene cinco integrantes—, ese organismo contó con por lo menos 22 personas, entre matemáticos, ingenieros, abogados, para crear cuatro perfiles que consideraron esenciales para la composición de sistema. El primero tuvo en cuenta la trayectoria en la Rama Judicial, es decir, si los aspirantes habían sido jueces, magistrados, fiscales o litigantes. El segundo, se limitó a la carrera académica, pues concluyeron que la preparación y el conocimiento de quienes integren la JEP es fundamental para la creación de la nueva jurisprudencia de este tribunal.

El tercero se enfocó en los que tuvieran experiencia en políticas públicas, para evitar escenarios de ineficiencia y congestión. Y, por último, la cuarta categoría tuvo en cuenta la trayectoria en la defensa de derechos humanos. Con estos cuatro perfiles, el Comité aplicó otros criterios que fueron claves para elegir a los magistrados: el género, la raza, la etnia y el lugar de origen. Fue así como se filtró definitivamente la lista y se obtuvo un listado de los 51 candidatos con las mejores hojas de vida. “La matemática funciona. Al cruzar todas estas variables logramos igualar las oportunidades de todos los aspirantes. Es más, gracias a este trabajo matemático no tuvimos problema a la hora de construir un listado equitativo porque las mujeres eran las que estaban mejor cualificadas”, señaló Claudia Vacca.

El último paso fue evaluar las denuncias y comentarios de la ciudadanía frente a los candidatos. Según Vacca, solo se presentaron cinco casos de denuncias documentadas por irregularidades en casos de administración de justicia, que fueron tenidas en cuenta al organizar las listas. Las entrevistas, si bien jugaron un rol complementario, no fueron un criterio de descalificación a la hora de elegir a los magistrados porque, explicó la presidenta del Comité, no se podía perder de vista la evaluación de una trayectoria y las capacidades de los candidatos. Lo que sí se tuvo en cuenta, añadió Vacca, fue la capacidad de manejar la situación en un momento de presión.

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Lo que falta

Con la elección de los 51 magistrados de la JEP, los ojos ahora están puestos sobre quienes deben darles las herramientas para que puedan empezar a trabajar: el Congreso y la Corte Constitucional. Por un lado, el Senado y la Cámara de Representantes deben aprobar la ley estatutaria que hasta hoy tuvo su primer debate. Del otro, la Corte tiene atrasado el estudio del Acto Legislativo 01 de 2017 que le dio vida a la JEP y permitió la designación de los magistrados. “Estamos en una situación de incertidumbre. El hecho de que tengamos magistrados seleccionados no significa que la jurisdicción vaya a entrar a funcionar mañana. Esos magistrados deben ser posesionados y lo cierto es que hacen falta pasos determinantes para tener esta jurisdicción especial funcionando”, le dijo a El Espectador María Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).

A esto se suma que ni siquiera se han establecido dónde quedará la sede de la JEP y se estima que se requiere alrededor de $1 billón de pesos para su funcionamiento. Al Comité de Escogencia todavía le quedan varias labores por realizar. La próxima semana elegirán al director de la Unidad de Investigación, es decir, al fiscal de este sistema transicional. También adelantan el proceso para depurar las listas de candidatos a la Comisión de la Verdad, los juristas extranjeros invitados y seleccionar la terna que enviarán al fiscal general para que elija al director o directora de la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales. Si bien el Comité está cumpliendo con los tiempos estipulados, la burocracia va a paso lento.