Lo bueno, lo malo y lo feo de la JEP
La aprobación de la ley que reglamenta el sistema de justicia transicional, la comparecencia voluntaria de terceros y miembros del Estado y el manoseo político al documento. Así se aprobó JEP.
Redacción Justicia para la Paz
Lo bueno:
- Ya está aprobada la ley.
El 30 de noviembre del 2017 el Senado aprobó la conciliación del proyecto de ley de la Justicia Especial de Paz (JEP) con 52 votos a favor y 1 en contra, luego de que tres días antes la Cámara aprobara la ley en medio de acusaciones al presidente de esa corporación, Rodrigo Lara, de estar dilatando la discusión del articulado. La norma está pendiente de revisión de la Corte Constitucional.
- La diversidad de las personas que ocuparán los cargos de la JEP.
El mayor reto del Comité de Escogencia era lograr que las personas que conformaran el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, además de ser competentes, representaran los sectores sociales de un país tan diverso como Colombia. El mandato se cumplió en los tiempos establecidos, de modo que el 18 de diciembre de 2017 el Comité había terminado su labor.
El balance final: de las 82 personas escogidas el 54% son mujeres, 9% afrocolombianos y un 6% población indígena. Además, un 54% son personas provenientes de lugares distintos a Bogotá.
- Los militares se han demostrado acordes con la ley y están dispuestos a acogerse al sistema.
En noviembre de 2017, el Ministerio de Defensa remitió a la Secretaría Ejecutiva de la JEP los nombres de 1.793 miembros de la Fuerza Pública que cumplen con los requisitos para aspirar a los beneficios judiciales que otorga la JEP.
De estos, más de 1.200 se han acogido a la JEP y ya están libres.
Lea: El decreto para saltar de Justicia y Paz a la JEP
- La participación política de Farc, luego de compromiso de ir a la JEP.
Las sanciones que imponga la JEP no inhabilitarán a los exguerrilleros para participar en política. Los excombatientes que reconozcan su responsabilidad tempranamente y se comprometan a reparar a las víctimas, podrán ocupar cargos en caso de resultar elegidos en el 2018.
Los miembros del partido Farc ya tienen sus candidatos. A la presidencia el candidato es Timoleón Jiménez, antiguo jefe de la guerrilla. La lista al Senado la encabeza Iván Márquez. Mientras que para la Cámara de Representantes aspirarán Olmedo Ruiz, por Antioquia; Byron Yepes, por Bogotá; Marco Calarcá, por Valle del Cauca; Jesús Santrich, por Atlántico y Jairo Quintero, por Santander.
Foto: Presidencia
Lo malo:
- Sacar de la JEP a los civiles y agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública.
Ni los civiles que hayan participado indirectamente en el conflicto armado (entre los que se encuentran los empresarios financiadores de los grupos armados) ni los agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública (alcaldes, ministros, funcionarios públicos y gobernadores) están obligados a presentarse ante la JEP. Sin embargo, estas personas están obligadas a responder ante la justicia ordinaria. Así lo estableció la Corte Constitucional que declaró inexequible esta obligación debido a que la JEP es una instancia transitoria creada por el proceso de paz y para la reincorporación de excombatientes.
Vea: ¿Por qué es grave que los empresarios no sean investigados por la JEP?
- La Corte Constitucional no tuvo en cuenta las críticas de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda.
Luego de su visita a Colombia, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, hizo una lista de críticas y recomendaciones para la JEP. Una de ellas se refería al concepto de responsabilidad de mando, pues se aleja de lo previsto en el derecho internacional y el Estatuto de Roma. Esto abría la puerta a la impunidad para los militares que no previnieron ni castigaron crímenes de sus subordinados. Sin embargo, el tribunal ignoró las recomendaciones de Bensouda.
- Muchas víctimas se oponen al sistema porque dicen no estar representadas.
Los cambios en la JEP dejaron de lado a las víctimas, esa es una inconformidad general. Un ejemplo son los familiares de quienes fueron asesinados en el marco de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.
Grupos de víctimas de estos crímenes y defensores de derechos humanos consideran que este delito no se cometió en el marco del conflicto armado, sino que fue producto de motivaciones personales de miembros de la Fuerza Pública para recibir beneficios a cambio de aumentar las cifras de guerrilleros muertos en combate.
Vea: ¿Qué esperan las víctimas de la Jurisdicción Especial para la Paz?
- Las inhabilidades que impuso el Congreso a los magistrados.
Una de las modificaciones a la JEP que más levantó críticas fue el régimen de inhabilidades para los magistrados que fueron escogidos. Se estableció que las personas que durante los últimos cinco años hayan litigado en contra de los intereses del Estado o hayan representado a grupos de derechos humanos no podrán hacer parte de este sistema de justicia transicional. Según Kai Ambos, amicus curiae de la JEP, esto dejaría por fuera a casi la mitad de los magistrados que eligió el Comité de Escogencia.
- La exclusión de la JEP de los delitos sexuales contra menores abre una puerta para quitarle los beneficios a los excombatientes.
Se estableció que no podrán acceder a los beneficios de la JEP los exguerrilleros de las Farc que hayan cometido delitos sexuales en contra de menores de edad. Esto desconoce que la violencia sexual fue utilizada como un arma de guerra, explica María Camila Moreno, directora del ICTJ. Miles de casos serían sancionados con las penas de la justicia ordinaria y no con la máxima de la JEP, que es de 20 años.
Foto: Cristian Garavito - El Espectador
Lo feo:
- El manoseo político a la ley.
El espíritu de la JEP era poder entregar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, en el proceso de aprobación entraron a jugar intereses políticos especialmente en la Corte Constitucional y en el Congreso. Partidos políticos no votaron, se ausentaron sus miembros y sabotearon los debates. Al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, lo acusaron de demorar mucho el inicio de los debates de la ley estatutaria.
- Los ataques sin argumentos contra los escogidos en la JEP para deslegitimar su mandato.
El exprocurador y candidato presidencial Alejandro Ordóñez, los senadores del Centro Democrático, Ernesto Macías y Alfredo Ramos Maya deslegitimaron la escogencia de los magistrados de la JEP diciendo que habían sido elegidos por las Farc y por el gobierno Santos, así como haber sido defensores de derechos humanos. Esto desconociendo la labor del Comité de Escogencia, órgano que también atacaron por estar conformado con extranjeros.
- La cirugía plástica que le hicieron a la JEP.
La intención de este nuevo sistema de justicia transicional era allanar el camino hacia la justicia y la verdad del conflicto armado, no solo en lo que se refiere a los miembros de las Farc. Sin embargo, en el Congreso la transformaron totalmente, en comparación con lo que se había acordado en La Habana (Cuba). La comparecencia voluntaria de los terceros responsables y agentes del Estado, el concepto de responsabilidad de mando que va en contra de las normas internacionales y las inhabilidades de los magistrados fueron algunas cirugías a la JEP.
Lo bueno:
- Ya está aprobada la ley.
El 30 de noviembre del 2017 el Senado aprobó la conciliación del proyecto de ley de la Justicia Especial de Paz (JEP) con 52 votos a favor y 1 en contra, luego de que tres días antes la Cámara aprobara la ley en medio de acusaciones al presidente de esa corporación, Rodrigo Lara, de estar dilatando la discusión del articulado. La norma está pendiente de revisión de la Corte Constitucional.
- La diversidad de las personas que ocuparán los cargos de la JEP.
El mayor reto del Comité de Escogencia era lograr que las personas que conformaran el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, además de ser competentes, representaran los sectores sociales de un país tan diverso como Colombia. El mandato se cumplió en los tiempos establecidos, de modo que el 18 de diciembre de 2017 el Comité había terminado su labor.
El balance final: de las 82 personas escogidas el 54% son mujeres, 9% afrocolombianos y un 6% población indígena. Además, un 54% son personas provenientes de lugares distintos a Bogotá.
- Los militares se han demostrado acordes con la ley y están dispuestos a acogerse al sistema.
En noviembre de 2017, el Ministerio de Defensa remitió a la Secretaría Ejecutiva de la JEP los nombres de 1.793 miembros de la Fuerza Pública que cumplen con los requisitos para aspirar a los beneficios judiciales que otorga la JEP.
De estos, más de 1.200 se han acogido a la JEP y ya están libres.
Lea: El decreto para saltar de Justicia y Paz a la JEP
- La participación política de Farc, luego de compromiso de ir a la JEP.
Las sanciones que imponga la JEP no inhabilitarán a los exguerrilleros para participar en política. Los excombatientes que reconozcan su responsabilidad tempranamente y se comprometan a reparar a las víctimas, podrán ocupar cargos en caso de resultar elegidos en el 2018.
Los miembros del partido Farc ya tienen sus candidatos. A la presidencia el candidato es Timoleón Jiménez, antiguo jefe de la guerrilla. La lista al Senado la encabeza Iván Márquez. Mientras que para la Cámara de Representantes aspirarán Olmedo Ruiz, por Antioquia; Byron Yepes, por Bogotá; Marco Calarcá, por Valle del Cauca; Jesús Santrich, por Atlántico y Jairo Quintero, por Santander.
Foto: Presidencia
Lo malo:
- Sacar de la JEP a los civiles y agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública.
Ni los civiles que hayan participado indirectamente en el conflicto armado (entre los que se encuentran los empresarios financiadores de los grupos armados) ni los agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública (alcaldes, ministros, funcionarios públicos y gobernadores) están obligados a presentarse ante la JEP. Sin embargo, estas personas están obligadas a responder ante la justicia ordinaria. Así lo estableció la Corte Constitucional que declaró inexequible esta obligación debido a que la JEP es una instancia transitoria creada por el proceso de paz y para la reincorporación de excombatientes.
Vea: ¿Por qué es grave que los empresarios no sean investigados por la JEP?
- La Corte Constitucional no tuvo en cuenta las críticas de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda.
Luego de su visita a Colombia, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, hizo una lista de críticas y recomendaciones para la JEP. Una de ellas se refería al concepto de responsabilidad de mando, pues se aleja de lo previsto en el derecho internacional y el Estatuto de Roma. Esto abría la puerta a la impunidad para los militares que no previnieron ni castigaron crímenes de sus subordinados. Sin embargo, el tribunal ignoró las recomendaciones de Bensouda.
- Muchas víctimas se oponen al sistema porque dicen no estar representadas.
Los cambios en la JEP dejaron de lado a las víctimas, esa es una inconformidad general. Un ejemplo son los familiares de quienes fueron asesinados en el marco de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.
Grupos de víctimas de estos crímenes y defensores de derechos humanos consideran que este delito no se cometió en el marco del conflicto armado, sino que fue producto de motivaciones personales de miembros de la Fuerza Pública para recibir beneficios a cambio de aumentar las cifras de guerrilleros muertos en combate.
Vea: ¿Qué esperan las víctimas de la Jurisdicción Especial para la Paz?
- Las inhabilidades que impuso el Congreso a los magistrados.
Una de las modificaciones a la JEP que más levantó críticas fue el régimen de inhabilidades para los magistrados que fueron escogidos. Se estableció que las personas que durante los últimos cinco años hayan litigado en contra de los intereses del Estado o hayan representado a grupos de derechos humanos no podrán hacer parte de este sistema de justicia transicional. Según Kai Ambos, amicus curiae de la JEP, esto dejaría por fuera a casi la mitad de los magistrados que eligió el Comité de Escogencia.
- La exclusión de la JEP de los delitos sexuales contra menores abre una puerta para quitarle los beneficios a los excombatientes.
Se estableció que no podrán acceder a los beneficios de la JEP los exguerrilleros de las Farc que hayan cometido delitos sexuales en contra de menores de edad. Esto desconoce que la violencia sexual fue utilizada como un arma de guerra, explica María Camila Moreno, directora del ICTJ. Miles de casos serían sancionados con las penas de la justicia ordinaria y no con la máxima de la JEP, que es de 20 años.
Foto: Cristian Garavito - El Espectador
Lo feo:
- El manoseo político a la ley.
El espíritu de la JEP era poder entregar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, en el proceso de aprobación entraron a jugar intereses políticos especialmente en la Corte Constitucional y en el Congreso. Partidos políticos no votaron, se ausentaron sus miembros y sabotearon los debates. Al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, lo acusaron de demorar mucho el inicio de los debates de la ley estatutaria.
- Los ataques sin argumentos contra los escogidos en la JEP para deslegitimar su mandato.
El exprocurador y candidato presidencial Alejandro Ordóñez, los senadores del Centro Democrático, Ernesto Macías y Alfredo Ramos Maya deslegitimaron la escogencia de los magistrados de la JEP diciendo que habían sido elegidos por las Farc y por el gobierno Santos, así como haber sido defensores de derechos humanos. Esto desconociendo la labor del Comité de Escogencia, órgano que también atacaron por estar conformado con extranjeros.
- La cirugía plástica que le hicieron a la JEP.
La intención de este nuevo sistema de justicia transicional era allanar el camino hacia la justicia y la verdad del conflicto armado, no solo en lo que se refiere a los miembros de las Farc. Sin embargo, en el Congreso la transformaron totalmente, en comparación con lo que se había acordado en La Habana (Cuba). La comparecencia voluntaria de los terceros responsables y agentes del Estado, el concepto de responsabilidad de mando que va en contra de las normas internacionales y las inhabilidades de los magistrados fueron algunas cirugías a la JEP.