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Más de 500 casos de desapariciones forzadas, muchos de los cuales ni siquiera habían sido denunciados, y varios mapas donde estarían fosas y enterramientos de los cuerpos, es el resultado del proyecto “fortalecimiento para la sociedad civil en la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas desaparecidas”. Un trabajo conjunto de ocho organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos ejecutado en el último año.
Este proyecto, apoyado por el PNUD y la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y financiado por el Fondo Multidonante de la ONU, es un puente entre las víctimas y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). En palabras de Gloria Luz Gómez, directora general de Asfaddes, una organización que lleva más de 30 años trabajando por encontrar a los desaparecidos, esta entrega y documentación es un paso hacia la confianza. “La Unidad por sí sola no puede llegar a los territorios sin las organizaciones que históricamente hemos llevado esos procesos, denunciando y documentando. La Unidad tiene que cumplir con esa premisa de tener en cuenta el papel que jugamos las organizaciones de familiares, que hemos hablado como iguales desde la identidad del dolor. Estamos abriendo caminos y generando puentes para que las víctimas puedan estar en el trabajo de la Unidad”, expresó.
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El proyecto empezó a principios de 2017 y a las regiones viajaron las ocho organizaciones que tenían incidencia para documental los casos: Équitas, Colectivo Orlando Fals Borda, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación para el Desarrollo Regional, Corporación Jurica Libertad, Fundación Nydia Erika, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Asfaddes, DOHC, ECIP y PECT.
A la par, adelantaron trabajos de pedagogía sobre la integralidad del sistema de justicia transicional, la propia UBPD y los otros mecanismos que están vigentes para atender casos de desaparición forzada. Estos son el registro de desaparecidos, el banco de perfiles genéticos que debe fortalecerse para la identificación de los cuerpos y el protocolo de entrega digna, este último, elaborado con las organizaciones.
A pesar de que esos instrumentos existen desde el pasado, es ahora, con la creación de la UBPD, cuando se pondrán al servicio de los familiares de las víctimas, explica Gómez. Además, con la firma del acuerdo de paz el panorama ahora cambia, explica Naya Parra, miembro del Colectivo Orlando Fals Borda: “hay una esperanza para los familiares y por eso las personas que no se habían atrevido a denunciar, ahora lo hacen. Ahí entran las organizaciones de derechos humanos, con la documentación de los casos y la sistematización”.
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Este colectivo, que trabaja con víctimas en el departamento del Meta, logró documentar 64 nuevos casos de desaparición forzada en los municipios de Acacías, Granada, Lejanías y Villavicencio. Es decir, casos que, o no habían sido denunciados o no contaban con ninguna evidencia. Esto sucede, dijo Parra, porque los familiares tenían miedo, habían sido atemorizados después de la desaparición o este hecho había sido el primero de una seria de victimizaciones. Entonces, el colectivo buscó acercamiento con las organizaciones locales, las mesas de víctimas y directamente con los familiares que ya habían emprendido acciones. “Hacemos una reunión previa, informativa sobre lo que es la UBPD, porque muchas víctimas desconocen los acuerdos. Ahí les preguntamos si ellos aceptan hacer la entrega de información para la UBPD y se hace con acompañamiento psicosocial”.
La metodología de esta organización consiste en identificar los cuerpos de personas que están enterradas en los cementerios de Villavicencio, San José del Guaviare (Guaviare), y Granada, Vistahermosa y La Macarena (Meta). “Partiendo de esta información se les pidió a las autoridades competentes (Fiscalía y Medicina Legal) que se identificara quiénes eran esas personas. Con un convenio con la Registraduría Nacional se logró determinar una identificación preliminar de más de 800 personas. Y hemos buscado a sus familiares para hacer que se restituyan dignamente los cuerpos a sus familias. Tenemos 99 casos de personas que ya han recuperado a su ser querido”, contó Parra.
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Esto complementa la búsqueda que hacen otras organizaciones, que es desde la identificación y localización de posibles fosas y la posterior exhumación de los cuerpos. Gómez, de Asfaddes, coincide en que, a pesar de que la lucha de esta organización ha sido encontrarlos vivos, ahora es necesario hacer esfuerzos para buscar los cuerpos. “Nunca creímos en buscar cuerpos y menos de la documentación para encontrar huesos. Sin embargo, la realidad nos ha llevado a que hemos tenido que aprender y ayudar para que estos procesos de los familiares podamos ponerlos al servicio de otras familias”, expresó.
Con la entrega de estos nuevos 500 casos documentados, la Unidad de Búsqueda robustece su base para iniciar su labor: saber qué pasó con los desaparecidos, encontrarlos y, junto a la Comisión de la Verdad, explicarle a la sociedad colombiana el horror que han vivido los familiares de estas personas.