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La participación y representación que deben tener las víctimas en los procesos de justicia transicional, la divulgación de lo que pasa en los juicios y la forma en cómo deben seleccionarse los casos victimizantes para que vayan a juicio fueron algunas de las recomendaciones más importantes que dio Fidelma Donlon, secretaria ejecutiva de las Salas Especiales del Tribunal de Kosovo durante el conversatorio “Lecciones para instalar una justicia especial: las experiencias de Kosovo y Bosnia”. (LEA: Verdad y participación: las peticiones de Pastora Mira)
Ante la pregunta de cómo encontrar equilibrio entre las necesidades que tienen las víctimas de ser escuchadas y reparadas y las limitaciones que tienen las cortes de justicia transicional para escucharlas a todas, Donlon resaltó que, por ejemplo, en el Tribunal de Kosovo se eligieron abogados que fueron defensores legítimos de grupos de víctimas. Se abrió una oficina para recibir solicitudes de abogados calificados, que anteriormente ya habían representado a las víctimas en otras cortes. Estos abogados tenían que ir a la región, sentarse a hablar realmente con las víctimas, escucharlas, pero a su vez contarles lo que estaba pasando en las cortes para manejar sus expectativas. Esa fue la manera en la que en este país se intentó a escuchar a todas las voces perjudicadas por la guerra.
“La corte debe ser clara: no seremos capaces de escuchar y remediar a todos, pero sí estamos comprometidos a trabajar con las víctimas para hacerlas sentir que estamos ahí por ellas y para ellas”, resaltó esta abogada irlandesa que desde 1999 ha estado vinculada a los tribunales internacionales de Bosnia, Antigua Yugoslavia y Sierra Leona.
En cuanto a la forma de selección y priorización de los casos que deben ir a la justicia transicional, Donlon se refirió al papel del fiscal en Bosnia para darle prioridad en el juzgamiento a los hechos victimizantes durante la guerra. Explicó que, a diferencia de Ruanda, donde se hicieron juicios focalizados en los altos responsables de los crímenes, en Bosnia el fiscal se encargó de “examinar al país y luego dividió a la oficina en cinco grupos para cinco partes del país. Así, se decidió a quiénes juzgar por región porque si se tomaban los casos al azar, se corría el riesgo de tener testigos que participaran en varios procesos y se perdía la perspectiva de quién era el líder responsable”. (LEA: “No se pueden generar falsas expectativas a las víctimas”: Kai Ambos)
El otro tema que resaltó durante su intervención, fue la Unidad de Información Pública y Comunicación que ideó la Cámara de Guerra de Bosnia y el Tribunal de Kosovo para manejar y coordinar información con los medios y lograr más alcance con las comunidades. Desarrollaron una página web en varios idiomas, distribuyeron material a organizaciones, transmitieron en vivo los juicios, coordinaron visitas a la Corte con víctimas y estudiantes y reforzaron las relaciones con actores locales, como periodistas, para dar a conocer el trabajo que se estaba haciendo durante los juicios y las víctimas pudieran hacer el seguimiento.
“En Sierra Leona, en el modelo que aplicamos, se identificaron a personas designadas como oficiales de alcance, que vivían en las comunidades afectadas en la guerra. Esta fue una forma efectiva de asegurarse de que había alguien allá que fuera fuente de información para la Corte pero que también acompañara a la comunidad durante los juicios”, afirmó. (LEA: “La Justicia Especial para la Paz ya está en funcionamiento”: Patricia Linares)
Además de los consejos que dio para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, resaltando que cada país, como es claro, tiene su propio sistema de justicia, opinó sobre aspectos que están en el debate colombiano, como es el caso de los delitos sexuales, los cuales no van a ir a la JEP sino a la justicia ordinaria. Donlon explicó que desde 1993, a nivel internacional, se han venido reconociendo los delitos sexuales y la violencia de género dentro del conflicto armado. Un ejemplo de esto son los casos de matrimonio servil que se presentaron en Sierra Leona. "Durante el conflicto, las niñas y mujeres secuestradas fueron llevadas al bosque y ese era el escenario de matrimonio servil. Los jueces sostuvieron que el matrimonio forzado era crimen de guerra y de lesa humanidad en ese conflicto”, puntualizó.