Organizaciones de DD.HH. entregarán informes a la JEP sobre delitos de Fuerzas Militares
Serán siete documentos sobre violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y presuntas alianzas con paramilitares cometidos por agentes del Estado en Montes de María, Meta, Arauca o Guaviare, desde los años 90.
Colombia en Transición
Voceros de once organizaciones sociales de derechos humanos, así como plataformas de apoyo a las víctimas, anunciaron en la mañana de este jueves que entre mayo y junio entregarán ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción de la Paz (JEP) documentos donde buscan evidenciar la sistematicidad y las prácticas generalizadas que, según ellos, sí existieron desde las Fuerzas Militares al cometer las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”, y que en su gran mayoría se encuentran impunes en la justicia ordinaria.
"Si bien en el país se han juzgado casos cometidos por agentes estatales de alto rango, esas investigaciones han sido escasas. En la Fiscalía, las investigaciones no han pasado de una etapa preliminar y en muchos casos ni siquiera se ha iniciado una indagación contra los máximos responsables", aseguró Liliana Uribe, coordinadora de la articulación de las once organizaciones.
Las ejecuciones extrajudiciales son solo una de las dimensiones que documentaron estos colectivos para analizar cómo se han cometido los crímenes de Estado en Colombia. Las otras dos dimensiones son la violencia ejercida por paramilitares y en la que están comprometidos por acción y omisión agentes estatales y la violencia cometida desde las estructuras de inteligencia del Ejército Nacional.
Las organizaciones que participan en estos informes son la asociación Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el colectivo Orlando Fals Borda, el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Yira Castro y Humanidad Vigente. Y las plataformas que se unieron son la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Para estas organizaciones, en el país hay una necesidad de precisar lo que hay detrás de estos casos a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es decir, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Liliana señaló que esperan que la JEP imponga las sanciones correspondientes a los responsables, “incluso sanciones atenuadas, si los comparecientes brindan verdad plena a las víctimas y la sociedad”. También le pidieron a esta jurisdicción de justicia transicional que amplíe el plazo para la presentación de informes por parte de organizaciones y víctimas para que haya mayor participación civil. Los informes serán entregados en un primer momento a la JEP, y posteriormente a la Comisión y la UBPD, aunque no han establecido las fechas.
¿En qué consistirán los informes?
Ejecuciones extrajudiciales:
Décima Brigada Blindada del Ejército
Organizaciones como el Comité de Solidaridad por los Presos Políticos documentaron 290 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1991 y 2011, de las cuales hay 518 víctimas directas. La Décima Brigada Blindada, que operaba en el norte del país, sería responsable presuntamente por los asesinatos de 464 personas, es decir, el 89% de los casos, principalmente en César y Guajira, donde se centra el estudio.Las víctimas eran campesinos de la región, indígenas wiwa y kanguamo, pero resaltan que también se presentaron casos de personas asesinadas que pertenecían a las zonas más vulnerables de Barranquilla (Atlántico), donde no tenía jurisdicción la Décima Brigada.
Algunos de los altos mandos que serían los responsables y que estarán mencionados en los informes son los coroneles de ese entonces, Juan Pablo Rodríguez, Néstor Raúl Espitia, Hernán Giraldo Restrepo y Nicasio Martínez, actual comandante del Ejército Nacional. También tendría responsabilidad el general retirado Mario Montoya, el cual ya se acogió a la JEP.
Batallón Bajes y Brigada 14 del Ejército
Según la Corporación Jurídica Libertad, en la jurisdicción donde operan estas unidades militares, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, se documentaron 153 casos de víctimas de “falsos positivos”. De estas personas, 14 eran menores de edad, 49 no se han logrado identificar y dos eran líderes sociales del nordeste antioqueño.La Corporación resalta como uno de los presuntos responsables al exmilitar Juan Carlos Barragán, destituido en 2008 a partir del impacto que tuvo el escándalo de los falsos positivos en su momento. Denuncia además que a pesar de su destitución, Barragán ha asesorado la implementación y diseño de la nueva doctrina militar del Ejército. Este informe será entregado en mayo.
Segunda División en Arauca
Se establecieron 85 casos de ejecuciones extrajudiciales, 119 víctimas, cometidas entre 2002 y 2008, durante la comandancia del entonces general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, según la Comisión Colombiana de Juristas. Los asesinatos los cometieron presuntamente dos unidades a cargo de la Segunda División: la Brigada Móvil 15 y la Brigada Décima Octava.
Primera División
Documentaron 150 víctimas directas de ejecuciones extrajudiciales durante la comandancia del general (r) Mario Montoya, cuando estaba a cargo de la Primera División del Ejército. Las organizaciones, en voz del Colectivo José Alvea Restrepo, pidieron que la JEP analice toda la carrera militar del exgeneral, ya que también tienen conocimiento de ejecuciones cometidas desde que fue comandante de la Cuarta Brigada. En este informe quieren destacar que todas las unidades a cargo de la Primera División están involucradas en casos de falsos positivos.
Violaciones de derechos humanos por estructuras de inteligencia del Estado
En este informe se recoge la actuación del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Gr. Ricardo Charry Solano, que operó como órgano rector de la inteligencia nacional entre 1977 y 1998. Después pasó a convertirse en la Brigada XX, que cumplió estas mismas funciones. Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, desde estos lugares se instalaron prácticas como las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas o asesinatos contra personas vinculadas a grupos de izquierda y acusadas de pertenecer a grupos subversivos.De las personas desaparecidas en esta época y por estas motivaciones aun no se conoce su paradero ni sus casos tampoco han sido presentados a la JEP, por eso resaltan la elaboración de este informe.
Violaciones a los derechos humanos en Meta y Guaviare
En este documento quieren exponer “la situación de violencia, persecución y amedrentamiento” hacia la población civil de Meta y Guaviare entre los años 2000 y 2016. Según el Colectivo Orlando Fals Borda, desde los años 80 hubo mucha presencia de las Farc y luego integrantes del partido político Unión Patriótica allí por lo que, como medidas de “recuperación del territorio”, se persiguió a personas acusadas de ser sus colaboradores u opositores políticos. Se presentaron casos como el desplazamiento forzado en El Castillo (Meta), donde el 50% de su población fue expulsada por paramilitares sin que el Ejército interviniera.
Masacres en Montes de María
Recogen información de 7 de las 15 masacres que se perpetraron entre 1999 y 2001 cometidas por paramilitares sin que el Ejército tampoco actuara en la protección de las comunidades. Para la Comisión Colombiana de Juristas, allí se instauró el plan paramilitar “Operación Rastrillo”, “que no pudo haber sido ejecutado sin la Brigada de Infantería de Marina”, bajo la comandancia del general Rodrigo Quiñonez, ya sea por acción y omisión de lo que estaban haciendo los grupos paramilitares.
Voceros de once organizaciones sociales de derechos humanos, así como plataformas de apoyo a las víctimas, anunciaron en la mañana de este jueves que entre mayo y junio entregarán ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción de la Paz (JEP) documentos donde buscan evidenciar la sistematicidad y las prácticas generalizadas que, según ellos, sí existieron desde las Fuerzas Militares al cometer las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”, y que en su gran mayoría se encuentran impunes en la justicia ordinaria.
"Si bien en el país se han juzgado casos cometidos por agentes estatales de alto rango, esas investigaciones han sido escasas. En la Fiscalía, las investigaciones no han pasado de una etapa preliminar y en muchos casos ni siquiera se ha iniciado una indagación contra los máximos responsables", aseguró Liliana Uribe, coordinadora de la articulación de las once organizaciones.
Las ejecuciones extrajudiciales son solo una de las dimensiones que documentaron estos colectivos para analizar cómo se han cometido los crímenes de Estado en Colombia. Las otras dos dimensiones son la violencia ejercida por paramilitares y en la que están comprometidos por acción y omisión agentes estatales y la violencia cometida desde las estructuras de inteligencia del Ejército Nacional.
Las organizaciones que participan en estos informes son la asociación Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el colectivo Orlando Fals Borda, el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Yira Castro y Humanidad Vigente. Y las plataformas que se unieron son la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Para estas organizaciones, en el país hay una necesidad de precisar lo que hay detrás de estos casos a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es decir, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Liliana señaló que esperan que la JEP imponga las sanciones correspondientes a los responsables, “incluso sanciones atenuadas, si los comparecientes brindan verdad plena a las víctimas y la sociedad”. También le pidieron a esta jurisdicción de justicia transicional que amplíe el plazo para la presentación de informes por parte de organizaciones y víctimas para que haya mayor participación civil. Los informes serán entregados en un primer momento a la JEP, y posteriormente a la Comisión y la UBPD, aunque no han establecido las fechas.
¿En qué consistirán los informes?
Ejecuciones extrajudiciales:
Décima Brigada Blindada del Ejército
Organizaciones como el Comité de Solidaridad por los Presos Políticos documentaron 290 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1991 y 2011, de las cuales hay 518 víctimas directas. La Décima Brigada Blindada, que operaba en el norte del país, sería responsable presuntamente por los asesinatos de 464 personas, es decir, el 89% de los casos, principalmente en César y Guajira, donde se centra el estudio.Las víctimas eran campesinos de la región, indígenas wiwa y kanguamo, pero resaltan que también se presentaron casos de personas asesinadas que pertenecían a las zonas más vulnerables de Barranquilla (Atlántico), donde no tenía jurisdicción la Décima Brigada.
Algunos de los altos mandos que serían los responsables y que estarán mencionados en los informes son los coroneles de ese entonces, Juan Pablo Rodríguez, Néstor Raúl Espitia, Hernán Giraldo Restrepo y Nicasio Martínez, actual comandante del Ejército Nacional. También tendría responsabilidad el general retirado Mario Montoya, el cual ya se acogió a la JEP.
Batallón Bajes y Brigada 14 del Ejército
Según la Corporación Jurídica Libertad, en la jurisdicción donde operan estas unidades militares, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, se documentaron 153 casos de víctimas de “falsos positivos”. De estas personas, 14 eran menores de edad, 49 no se han logrado identificar y dos eran líderes sociales del nordeste antioqueño.La Corporación resalta como uno de los presuntos responsables al exmilitar Juan Carlos Barragán, destituido en 2008 a partir del impacto que tuvo el escándalo de los falsos positivos en su momento. Denuncia además que a pesar de su destitución, Barragán ha asesorado la implementación y diseño de la nueva doctrina militar del Ejército. Este informe será entregado en mayo.
Segunda División en Arauca
Se establecieron 85 casos de ejecuciones extrajudiciales, 119 víctimas, cometidas entre 2002 y 2008, durante la comandancia del entonces general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, según la Comisión Colombiana de Juristas. Los asesinatos los cometieron presuntamente dos unidades a cargo de la Segunda División: la Brigada Móvil 15 y la Brigada Décima Octava.
Primera División
Documentaron 150 víctimas directas de ejecuciones extrajudiciales durante la comandancia del general (r) Mario Montoya, cuando estaba a cargo de la Primera División del Ejército. Las organizaciones, en voz del Colectivo José Alvea Restrepo, pidieron que la JEP analice toda la carrera militar del exgeneral, ya que también tienen conocimiento de ejecuciones cometidas desde que fue comandante de la Cuarta Brigada. En este informe quieren destacar que todas las unidades a cargo de la Primera División están involucradas en casos de falsos positivos.
Violaciones de derechos humanos por estructuras de inteligencia del Estado
En este informe se recoge la actuación del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Gr. Ricardo Charry Solano, que operó como órgano rector de la inteligencia nacional entre 1977 y 1998. Después pasó a convertirse en la Brigada XX, que cumplió estas mismas funciones. Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, desde estos lugares se instalaron prácticas como las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas o asesinatos contra personas vinculadas a grupos de izquierda y acusadas de pertenecer a grupos subversivos.De las personas desaparecidas en esta época y por estas motivaciones aun no se conoce su paradero ni sus casos tampoco han sido presentados a la JEP, por eso resaltan la elaboración de este informe.
Violaciones a los derechos humanos en Meta y Guaviare
En este documento quieren exponer “la situación de violencia, persecución y amedrentamiento” hacia la población civil de Meta y Guaviare entre los años 2000 y 2016. Según el Colectivo Orlando Fals Borda, desde los años 80 hubo mucha presencia de las Farc y luego integrantes del partido político Unión Patriótica allí por lo que, como medidas de “recuperación del territorio”, se persiguió a personas acusadas de ser sus colaboradores u opositores políticos. Se presentaron casos como el desplazamiento forzado en El Castillo (Meta), donde el 50% de su población fue expulsada por paramilitares sin que el Ejército interviniera.
Masacres en Montes de María
Recogen información de 7 de las 15 masacres que se perpetraron entre 1999 y 2001 cometidas por paramilitares sin que el Ejército tampoco actuara en la protección de las comunidades. Para la Comisión Colombiana de Juristas, allí se instauró el plan paramilitar “Operación Rastrillo”, “que no pudo haber sido ejecutado sin la Brigada de Infantería de Marina”, bajo la comandancia del general Rodrigo Quiñonez, ya sea por acción y omisión de lo que estaban haciendo los grupos paramilitares.