“‘Pablo Catatumbo’ tiene la verdad de lo que pasó con los diputados del Valle”

A 10 años de la masacre de los 11 diputados del Valle del Cauca en cautiverio, El Espectador entrevistó a Pedro Emilio Morales, el patólogo de Medicina Legal que lideró las necropsias de los 11 asambleístas que permanecieron secuestrados por las Farc desde abril de 2002 hasta junio de 2007. El experto forense, que participó en las autopsias de las víctimas del avión de Avianca (1989), los magnicidios de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo y la muerte de los líderes guerrilleros Raúl Reyes y el Mono Jojoy, le narró a este diario cómo fue la labor de identificación de las víctimas y los hechos que rodearon el crimen. También aseguró que los informes serán un “gran insumo” para esclarecer los hechos en la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP).

¿Cómo llegó a liderar el equipo de forenses de la masacre de los diputados del Valle del Cauca?

Cuando la noticia salió desde la oficina de prensa de las Farc en Europa, Anncol, el entonces director de Medicina Legal, Pedro Franco, me envió a Cali como apoyo. Quienes trabajamos en este caso éramos un grupo conformado por gente con mucha experiencia en hechos que ocurrieron en medio del conflicto armado. Estuvimos a cargo de las masacres de El Billar y Tres Esquinas; en las tomas de Mitú y Gutiérrez. Pasé tres días en la capital del Valle y los cuerpos no aparecieron. Sólo fueron entregados a finales de agosto. Pasaron dos meses mientras se definía su entrega y se aclaraba un poco la situación. En ese momento, el Gobierno pidió que se delegara una comisión internacional de expertos forenses, entonces a mí me volvieron a pedir que viajara a Cali a liderar todos los procedimientos y atender a la comisión extranjera.

¿Qué encontraron en los cuerpos de los diputados?

Los muertos los enterraron en junio y los desenterraron a finales de agosto de 2007, en una zona húmeda de la selva y con técnicas de enterramiento propias de los indígenas caucanos. Los guerrilleros hicieron una ceremonia. No estaban en una fosa común. Las Farc los enterraron en tumbas individuales y estaban envueltos en unas mantas. Así que los cuerpos estaban perfectamente conservados. Nosotros teníamos a Eduardo Castellanos, un experto en estos temas, que usando un procedimiento creado en Cali logró identificarlos. A punta de jabón para ropa pudo recuperar las huellas dactilares de los diputados. Así, el mayor problema fue resuelto en algo más de dos horas. Los once diputados tenían impactos de AK-47, arma de origen yugoslavo. Los cuerpos evidenciaron que acababan de almorzar y que algunos impactos de bala se hicieron a pocos metros y por la espalda. También comprobamos que los diputados no tenían muestras de haber sufrido golpes o tortura. Los únicos que saben lo que pasó son las Farc.

¿Cómo se hicieron las necropsias?

Esta fue la primera vez que se practicó el protocolo de Minnesota de manera masiva, el cual dicta todo lo relacionado con los manejos forenses de personas que fueron ejecutadas de manera extrajudicial, arbitraria o sumaria. Todo se hizo de manera muy minuciosa. Los informes son muy detallados y van a ser un insumo muy importante para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Supongo que va ser uno de los casos estrella que se van a estudiar en esa instancia y (Pablo) Catatumbo es el llamado a responder. Él tiene la verdad de lo que pasó.

¿A qué vino la comisión de expertos?

En realidad, unos lo sentimos como una afrenta para los miembros de Medicina Legal por parte del entonces presidente, Álvaro Uribe. Otros, como la importancia que se le dio al caso designando una comisión. Cuando se piden este tipo de grupos es cuando no se confía en el trabajo profesional de los peritos o se cree que tienen un sesgo particular, como ocurrió en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Nosotros hicimos todo el trabajo pericial y ellos se encargaron de hacer veeduría a nuestro trabajo.

¿Sintieron presiones por parte del gobierno Uribe?

Ninguna. Nuestro trabajo fue totalmente independiente.

¿Cómo fue el trabajo con los familiares de los diputados?

Ese es un elemento muy importante en esta historia. En la sede de Medicina Legal en Cali alojamos a las familias. Se puso un tutor para cada una y nos reuníamos con ellas. Nos manifestaron que querían ver los cuerpos antes de que empezáramos a realizar los procedimientos. Los fiscales en ese momento dijeron que eso no se podía hacer porque se rompía la cadena de custodia y que era totalmente ilegal. Nosotros dijimos que los familiares tenían derecho de acercarse a los cuerpos y reconocer a sus seres queridos. Los reglamentos no permiten eso, pero en ese momento prevalecían los derechos de las víctimas. Por parte de la Procuraduría estaba el actual director de Medicina Legal, Carlos Valdés, y nos apoyó para que las familias se acercaran a los cuerpos. Este hecho no interrumpió para nada el actuar de la justicia. Puede que esto fuera un acto reparador para las familias de los diputados.

📷

A nivel personal y profesional, ¿qué significó para usted trabajar en este caso?

Fue la piedra inicial para que pudiéramos aplicar la filosofía de “las víctimas primero” y de llevar los procedimientos más apegados al protocolo de Minnesota, el cual prohibe mostrar los muertos a los medios de comunicación. Hasta la muerte de Raúl Reyes hubo imágenes de cadáveres. Ya cuando cayó el Mono Jojoy no permitimos fotos. En el caso de Alfonso Cano, gente del CTI filtró su foto, pero sin el consentimiento de Medicina Legal. Dignificar la muerte en el conflicto es muy importante, los cadáveres no pueden mostrarse como trofeo de guerra. Al confrontar los relatos de los guerrilleros de las Farc junto con los informes que se realizaron en su momento sobre los cuerpos de los diputados, conoceremos si los guerrilleros están mintiendo o no.

A 10 años de la masacre de los 11 diputados del Valle del Cauca en cautiverio, El Espectador entrevistó a Pedro Emilio Morales, el patólogo de Medicina Legal que lideró las necropsias de los 11 asambleístas que permanecieron secuestrados por las Farc desde abril de 2002 hasta junio de 2007. El experto forense, que participó en las autopsias de las víctimas del avión de Avianca (1989), los magnicidios de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo y la muerte de los líderes guerrilleros Raúl Reyes y el Mono Jojoy, le narró a este diario cómo fue la labor de identificación de las víctimas y los hechos que rodearon el crimen. También aseguró que los informes serán un “gran insumo” para esclarecer los hechos en la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP).

¿Cómo llegó a liderar el equipo de forenses de la masacre de los diputados del Valle del Cauca?

Cuando la noticia salió desde la oficina de prensa de las Farc en Europa, Anncol, el entonces director de Medicina Legal, Pedro Franco, me envió a Cali como apoyo. Quienes trabajamos en este caso éramos un grupo conformado por gente con mucha experiencia en hechos que ocurrieron en medio del conflicto armado. Estuvimos a cargo de las masacres de El Billar y Tres Esquinas; en las tomas de Mitú y Gutiérrez. Pasé tres días en la capital del Valle y los cuerpos no aparecieron. Sólo fueron entregados a finales de agosto. Pasaron dos meses mientras se definía su entrega y se aclaraba un poco la situación. En ese momento, el Gobierno pidió que se delegara una comisión internacional de expertos forenses, entonces a mí me volvieron a pedir que viajara a Cali a liderar todos los procedimientos y atender a la comisión extranjera.

¿Qué encontraron en los cuerpos de los diputados?

Los muertos los enterraron en junio y los desenterraron a finales de agosto de 2007, en una zona húmeda de la selva y con técnicas de enterramiento propias de los indígenas caucanos. Los guerrilleros hicieron una ceremonia. No estaban en una fosa común. Las Farc los enterraron en tumbas individuales y estaban envueltos en unas mantas. Así que los cuerpos estaban perfectamente conservados. Nosotros teníamos a Eduardo Castellanos, un experto en estos temas, que usando un procedimiento creado en Cali logró identificarlos. A punta de jabón para ropa pudo recuperar las huellas dactilares de los diputados. Así, el mayor problema fue resuelto en algo más de dos horas. Los once diputados tenían impactos de AK-47, arma de origen yugoslavo. Los cuerpos evidenciaron que acababan de almorzar y que algunos impactos de bala se hicieron a pocos metros y por la espalda. También comprobamos que los diputados no tenían muestras de haber sufrido golpes o tortura. Los únicos que saben lo que pasó son las Farc.

¿Cómo se hicieron las necropsias?

Esta fue la primera vez que se practicó el protocolo de Minnesota de manera masiva, el cual dicta todo lo relacionado con los manejos forenses de personas que fueron ejecutadas de manera extrajudicial, arbitraria o sumaria. Todo se hizo de manera muy minuciosa. Los informes son muy detallados y van a ser un insumo muy importante para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Supongo que va ser uno de los casos estrella que se van a estudiar en esa instancia y (Pablo) Catatumbo es el llamado a responder. Él tiene la verdad de lo que pasó.

¿A qué vino la comisión de expertos?

En realidad, unos lo sentimos como una afrenta para los miembros de Medicina Legal por parte del entonces presidente, Álvaro Uribe. Otros, como la importancia que se le dio al caso designando una comisión. Cuando se piden este tipo de grupos es cuando no se confía en el trabajo profesional de los peritos o se cree que tienen un sesgo particular, como ocurrió en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Nosotros hicimos todo el trabajo pericial y ellos se encargaron de hacer veeduría a nuestro trabajo.

¿Sintieron presiones por parte del gobierno Uribe?

Ninguna. Nuestro trabajo fue totalmente independiente.

¿Cómo fue el trabajo con los familiares de los diputados?

Ese es un elemento muy importante en esta historia. En la sede de Medicina Legal en Cali alojamos a las familias. Se puso un tutor para cada una y nos reuníamos con ellas. Nos manifestaron que querían ver los cuerpos antes de que empezáramos a realizar los procedimientos. Los fiscales en ese momento dijeron que eso no se podía hacer porque se rompía la cadena de custodia y que era totalmente ilegal. Nosotros dijimos que los familiares tenían derecho de acercarse a los cuerpos y reconocer a sus seres queridos. Los reglamentos no permiten eso, pero en ese momento prevalecían los derechos de las víctimas. Por parte de la Procuraduría estaba el actual director de Medicina Legal, Carlos Valdés, y nos apoyó para que las familias se acercaran a los cuerpos. Este hecho no interrumpió para nada el actuar de la justicia. Puede que esto fuera un acto reparador para las familias de los diputados.

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A nivel personal y profesional, ¿qué significó para usted trabajar en este caso?

Fue la piedra inicial para que pudiéramos aplicar la filosofía de “las víctimas primero” y de llevar los procedimientos más apegados al protocolo de Minnesota, el cual prohibe mostrar los muertos a los medios de comunicación. Hasta la muerte de Raúl Reyes hubo imágenes de cadáveres. Ya cuando cayó el Mono Jojoy no permitimos fotos. En el caso de Alfonso Cano, gente del CTI filtró su foto, pero sin el consentimiento de Medicina Legal. Dignificar la muerte en el conflicto es muy importante, los cadáveres no pueden mostrarse como trofeo de guerra. Al confrontar los relatos de los guerrilleros de las Farc junto con los informes que se realizaron en su momento sobre los cuerpos de los diputados, conoceremos si los guerrilleros están mintiendo o no.