Patricia Linares: la presidenta de la JEP

Me designaron magistrada y presidenta de la JEP el 26 de septiembre del 2017. Para mí fue una grata sorpresa. Lo entendí como un mensaje a las víctimas mujeres, la mayoría en nuestro país, como un reconocimiento a las juristas colombianas y a quienes nos hemos impuesto como proyecto de vida contribuir a la paz y a la defensa y promoción de los derechos humanos, pretendiendo aportar, desde el estado de derecho, a la superación de una guerra que hemos sufrido toda la vida. Sentí el peso de una enorme responsabilidad, dado el significado y la envergadura de un compromiso que implica administrar justicia transicional y restaurativa que contribuya a la reconciliación.

Sabía desde el comienzo que la JEP sería el componente del sistema sobre el que habría más observación, sabía que sobre un modelo inédito en el mundo, concebido para garantizar el derecho a la justicia y la no impunidad, orientado a la verdad plena que contribuya a la reconciliación y garantice la no repetición, el monitoreo y el reclamo de todos los sectores, amigos y contradictores del proceso, sería permanente y que eso deberíamos canalizarlo, siendo receptivos, oyendo y atendiendo para avanzar, consolidar y orientar. Pero también supe, desde el primer momento, que para cumplir esa tarea monumental contaría con el mejor de los equipos de trabajo, con otros 37 magistrados, comprometidos con el futuro del país, expertos de primer nivel en las materias que aplicamos, idóneos y de acreditada trayectoria, que con distintas miradas y perspectivas aportan día a día a la Jurisdicción.

Ser presidenta de la JEP me ha cambiado la vida. Hace ya unos años había asumido que mi carrera como servidora pública había terminado (había sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y Procuradora Delegada para DH) y estaba aportando desde la academia, la consultoría y la asesoría a entidades comprometidas con estos temas. Esa decisión me había permitido una vida tranquila, decidía qué hacía, con quién lo hacía, escribía, opinaba e intentaba contribuir a la construcción de un proceso que entiendo necesario e ineludible para nuestra sociedad y siempre me encontré con gente maravillosa que me abrió espacios. En la última etapa estuve al lado de personas como Edgardo Maya, un referente ético y profesional para mí, y de Gonzalo Sánchez y su equipo, que le dieron espacio a la memoria que dignifica y repara. De un momento a otro asumí un trabajo de 24 horas al día, con mucha presión, altos niveles de desconfianza e incomprensión, que intentaba avanzar en medio de un debate político y una campaña electoral compleja.

He aplicado una premisa que se le impone al juez, la que señala que su principal lenguaje son las providencias y que por fuera de ellas la regla es el silencio. En mi tarea de asesoría o enseñando en la academia estaba acostumbrada a expresar lo que pensaba sin prevenciones. En mi condición de presidenta de la JEP, cuando me pronuncio no lo hace la persona, lo hace la institución, por eso cualquier palabra, cualquier expresión, cualquier gesto o declaración que no dé de la manera, en el momento y en el lugar preciso, puede enviar mensajes equivocados.

Se sabía que después de la firma del acuerdo, del plebiscito perdido, de la renegociación, el país se mantendría inmerso en un debate político muy fuerte, que muchos, con razón, seguirían preguntándose sobre la pertinencia y conveniencia de una paz negociada. Tenemos claro que ese debate será constante y que solo la puesta en marcha y los resultados del sistema, así como el éxito del proceso de reintegración servirán para superarlo.

Lo que al comienzo me sorprendía, pero he venido entendiendo, es que asuntos que para nosotros como abogados son nítidos en el mundo jurídico, porque la norma así lo establece o la jurisprudencia lo soporta, sirvieran para descalificar, agredir y desconocer el mandato que se nos impone. Un gran reto que tenemos es hacer pedagogía sobre el modelo, lograr que en Colombia entendamos qué hace la JEP, cuál es su mandato, cuál el alcance de sus funciones y cuáles sus limitaciones.

En un marco democrático, yo cumplo mi tarea y permito que el otro cumpla la suya, entendiendo que siempre habrá puntos de vista antagónicos, diversas interpretaciones, debates y polémicas, la ventaja es que en contextos democráticos siempre habrá una instancia competente para arbitrar, para dirimir si fuera el caso, entonces ¿para qué agredir, para qué atacar pretendiendo aniquilar?

En mi criterio, son las secuelas de una sociedad presa de la lógica de la guerra que encuentra esperanza en un modelo de justicia transicional. Para trabajar en la JEP o en cualquier entidad del sistema se necesita tener una fuerza espiritual muy grande para entender que estamos haciendo camino para ayudar a construir una sociedad que se entienda a través del diálogo y de los argumentos. Se trata de tramitar algo muy complicado de superar: el dolor y la indignación. Uno no puede desconocer el argumento de una madre, de una esposa, cuyo ser querido fue secuestrado, torturado y desaparecido, y que se pregunta por qué debe aceptar que los responsables paguen penas distintas a la privación de la libertad.

Nosotros tenemos que entender eso y asumirlo ética y moralmente, y en eso son las mismas víctimas las que nos ayudan, ellas anteponen la verdad a la venganza, sin que ello implique que renuncien a su derecho a la justicia; pero también debemos mantener la distancia que se le impone a los jueces sometidos a la Constitución y la ley, que no pueden supeditar sus decisiones a las presiones mediáticas o políticas.

He tenido muchos momentos gratos porque cada paso, por pequeño que parezca, para nosotros es un logro enorme: el día de la posesión de mis colegas, nuestra primera plenaria, el día de la entrega del primer informe, todos son primeros y únicos momentos. Pero si me tocara escoger uno, sería el día que vi una audiencia en la que, por primera vez, un compareciente les pedía perdón a los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Ese día, sin duda, ha sido el momento más fuerte, emotivo y positivo, el momento en el que usted se dice: de verdad todo vale la pena.

Tengo 61 años y no los oculto, estas canas son de verdad. Soy casada, no tengo hijos, hoy por hoy, el tiempo que dedicaba a mi esposo, a mi familia, a mis amigos, a hacer cosas simples que me son muy gratas, ir a cine, viajar, compartir, se ha visto reducido, esta nueva realidad ha implicado de alguna manera aislarme. Tengo muy claro que me postulé para magistrada y una vez culmine la presidencia me dedicaré a ejercer la magistratura y en el momento que se termine, me iré para mi casa. No tengo ninguna aspiración distinta.

¿Qué me pondré a hacer? A mí lo que me divierte es trabajar, así que buscaré otra manera de trabajar, leyendo, escribiendo, en la academia, pero fuera del escenario público. Me han conmovido las mujeres que se acercan para alentarme. He identificado dos grupos: las más jóvenes, estudiantes de colegios y universidades que me escriben, usted es “crack” me dicen; al principio no entendía, luego me tradujeron y es una manera de expresar admiración, eso me da energía y me compromete. El otro grupo son mujeres como yo, mayores y con historias largas, ellas me dicen “usted está haciendo lo que yo no pude hacer, me dediqué a mi familia, quise ser abogada y no pude, por favor trabajen por mis hijos, trabajen por la paz, no se desanimen”. En 10 años sueño con ver un titular que diga: La JEP les cumplió a las víctimas, a la sociedad colombiana, a la comunidad internacional y administró justicia por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el conflicto ya superado. Quisiera ver una escena en la que unos jóvenes en un parque comenten: ‘en este país hubo una guerra y se pudo superar después de una negociación y de que el sistema de verdad, justicia y reparación hizo su tarea’. En ese momento sentiría que le cumplimos al país y a nosotros mismos.

Me designaron magistrada y presidenta de la JEP el 26 de septiembre del 2017. Para mí fue una grata sorpresa. Lo entendí como un mensaje a las víctimas mujeres, la mayoría en nuestro país, como un reconocimiento a las juristas colombianas y a quienes nos hemos impuesto como proyecto de vida contribuir a la paz y a la defensa y promoción de los derechos humanos, pretendiendo aportar, desde el estado de derecho, a la superación de una guerra que hemos sufrido toda la vida. Sentí el peso de una enorme responsabilidad, dado el significado y la envergadura de un compromiso que implica administrar justicia transicional y restaurativa que contribuya a la reconciliación.

Sabía desde el comienzo que la JEP sería el componente del sistema sobre el que habría más observación, sabía que sobre un modelo inédito en el mundo, concebido para garantizar el derecho a la justicia y la no impunidad, orientado a la verdad plena que contribuya a la reconciliación y garantice la no repetición, el monitoreo y el reclamo de todos los sectores, amigos y contradictores del proceso, sería permanente y que eso deberíamos canalizarlo, siendo receptivos, oyendo y atendiendo para avanzar, consolidar y orientar. Pero también supe, desde el primer momento, que para cumplir esa tarea monumental contaría con el mejor de los equipos de trabajo, con otros 37 magistrados, comprometidos con el futuro del país, expertos de primer nivel en las materias que aplicamos, idóneos y de acreditada trayectoria, que con distintas miradas y perspectivas aportan día a día a la Jurisdicción.

Ser presidenta de la JEP me ha cambiado la vida. Hace ya unos años había asumido que mi carrera como servidora pública había terminado (había sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y Procuradora Delegada para DH) y estaba aportando desde la academia, la consultoría y la asesoría a entidades comprometidas con estos temas. Esa decisión me había permitido una vida tranquila, decidía qué hacía, con quién lo hacía, escribía, opinaba e intentaba contribuir a la construcción de un proceso que entiendo necesario e ineludible para nuestra sociedad y siempre me encontré con gente maravillosa que me abrió espacios. En la última etapa estuve al lado de personas como Edgardo Maya, un referente ético y profesional para mí, y de Gonzalo Sánchez y su equipo, que le dieron espacio a la memoria que dignifica y repara. De un momento a otro asumí un trabajo de 24 horas al día, con mucha presión, altos niveles de desconfianza e incomprensión, que intentaba avanzar en medio de un debate político y una campaña electoral compleja.

He aplicado una premisa que se le impone al juez, la que señala que su principal lenguaje son las providencias y que por fuera de ellas la regla es el silencio. En mi tarea de asesoría o enseñando en la academia estaba acostumbrada a expresar lo que pensaba sin prevenciones. En mi condición de presidenta de la JEP, cuando me pronuncio no lo hace la persona, lo hace la institución, por eso cualquier palabra, cualquier expresión, cualquier gesto o declaración que no dé de la manera, en el momento y en el lugar preciso, puede enviar mensajes equivocados.

Se sabía que después de la firma del acuerdo, del plebiscito perdido, de la renegociación, el país se mantendría inmerso en un debate político muy fuerte, que muchos, con razón, seguirían preguntándose sobre la pertinencia y conveniencia de una paz negociada. Tenemos claro que ese debate será constante y que solo la puesta en marcha y los resultados del sistema, así como el éxito del proceso de reintegración servirán para superarlo.

Lo que al comienzo me sorprendía, pero he venido entendiendo, es que asuntos que para nosotros como abogados son nítidos en el mundo jurídico, porque la norma así lo establece o la jurisprudencia lo soporta, sirvieran para descalificar, agredir y desconocer el mandato que se nos impone. Un gran reto que tenemos es hacer pedagogía sobre el modelo, lograr que en Colombia entendamos qué hace la JEP, cuál es su mandato, cuál el alcance de sus funciones y cuáles sus limitaciones.

En un marco democrático, yo cumplo mi tarea y permito que el otro cumpla la suya, entendiendo que siempre habrá puntos de vista antagónicos, diversas interpretaciones, debates y polémicas, la ventaja es que en contextos democráticos siempre habrá una instancia competente para arbitrar, para dirimir si fuera el caso, entonces ¿para qué agredir, para qué atacar pretendiendo aniquilar?

En mi criterio, son las secuelas de una sociedad presa de la lógica de la guerra que encuentra esperanza en un modelo de justicia transicional. Para trabajar en la JEP o en cualquier entidad del sistema se necesita tener una fuerza espiritual muy grande para entender que estamos haciendo camino para ayudar a construir una sociedad que se entienda a través del diálogo y de los argumentos. Se trata de tramitar algo muy complicado de superar: el dolor y la indignación. Uno no puede desconocer el argumento de una madre, de una esposa, cuyo ser querido fue secuestrado, torturado y desaparecido, y que se pregunta por qué debe aceptar que los responsables paguen penas distintas a la privación de la libertad.

Nosotros tenemos que entender eso y asumirlo ética y moralmente, y en eso son las mismas víctimas las que nos ayudan, ellas anteponen la verdad a la venganza, sin que ello implique que renuncien a su derecho a la justicia; pero también debemos mantener la distancia que se le impone a los jueces sometidos a la Constitución y la ley, que no pueden supeditar sus decisiones a las presiones mediáticas o políticas.

He tenido muchos momentos gratos porque cada paso, por pequeño que parezca, para nosotros es un logro enorme: el día de la posesión de mis colegas, nuestra primera plenaria, el día de la entrega del primer informe, todos son primeros y únicos momentos. Pero si me tocara escoger uno, sería el día que vi una audiencia en la que, por primera vez, un compareciente les pedía perdón a los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Ese día, sin duda, ha sido el momento más fuerte, emotivo y positivo, el momento en el que usted se dice: de verdad todo vale la pena.

Tengo 61 años y no los oculto, estas canas son de verdad. Soy casada, no tengo hijos, hoy por hoy, el tiempo que dedicaba a mi esposo, a mi familia, a mis amigos, a hacer cosas simples que me son muy gratas, ir a cine, viajar, compartir, se ha visto reducido, esta nueva realidad ha implicado de alguna manera aislarme. Tengo muy claro que me postulé para magistrada y una vez culmine la presidencia me dedicaré a ejercer la magistratura y en el momento que se termine, me iré para mi casa. No tengo ninguna aspiración distinta.

¿Qué me pondré a hacer? A mí lo que me divierte es trabajar, así que buscaré otra manera de trabajar, leyendo, escribiendo, en la academia, pero fuera del escenario público. Me han conmovido las mujeres que se acercan para alentarme. He identificado dos grupos: las más jóvenes, estudiantes de colegios y universidades que me escriben, usted es “crack” me dicen; al principio no entendía, luego me tradujeron y es una manera de expresar admiración, eso me da energía y me compromete. El otro grupo son mujeres como yo, mayores y con historias largas, ellas me dicen “usted está haciendo lo que yo no pude hacer, me dediqué a mi familia, quise ser abogada y no pude, por favor trabajen por mis hijos, trabajen por la paz, no se desanimen”. En 10 años sueño con ver un titular que diga: La JEP les cumplió a las víctimas, a la sociedad colombiana, a la comunidad internacional y administró justicia por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el conflicto ya superado. Quisiera ver una escena en la que unos jóvenes en un parque comenten: ‘en este país hubo una guerra y se pudo superar después de una negociación y de que el sistema de verdad, justicia y reparación hizo su tarea’. En ese momento sentiría que le cumplimos al país y a nosotros mismos.