Pistas para encontrar a los desaparecidos

La tarea de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas no empieza de cero. Su misión para encontrar 80.514 personas, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, deberá partir de datos consolidados, como aquellos que ha recogido la sociedad civil desde los territorios durante los últimos años. En ese sentido, cinco organizaciones sociales y de víctimas, de cuatro regiones del país, apoyadas por el Fondo Vivir la Paz de la Cooperación Alemana (GIZ) le entregaron a la Unidad información clave sobre la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos.

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Las organizaciones pusieron la lupa sobre los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Nariño y Meta, y sugirieron metodologías como la articulación interinstitucional, la documentación técnica integral y el acompañamiento a los familiares de las víctimas. Además de ello, entregaron información sobre zonas puntuales en donde podrían localizarse los cuerpos de las personas desaparecidas.

“Desde Bogotá hablamos de una cifra nacional y estos proyectos nos permiten que en un ejercicio parcial podamos tener un foco sobre el fenómeno de la desaparición, la cual puede variar, por ejemplo, según su ubicación geográfica. El territorio tiene muchísimas diversidades en sí mismo: una cosa es estar en la frontera, otra en la montaña, otra es cerca del río. En Nariño, una cosa es estar en Tumaco y otra en la zona de cordillera. Aunque están en el mismo departamento, son dinámicas y metodologías distintas”, aseguró la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, quien puntualizó que uno de los desafíos de su misión será encontrar a los desaparecidos en medio del conflicto.

Helka Quevedo, antropóloga forense del Centro Nacional de Memoria Histórica, rescató la importancia de que en ese proceso se tenga en cuenta una pluralidad de testimonios. “Llama la atención que las organizaciones destacan la importancia de escuchar a familiares de las víctimas, a excombatientes y perpetradores. Son voces que hay que escuchar”.

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Fundación Progresar

Entre el área metropolitana de Cúcuta y el municipio de Tibú (Norte de Santander), la Fundación Progresar identificó un total de 48 víctimas de desaparición forzada. Según su análisis, 22 fueron presuntamente a manos de paramilitares; 8 de guerrillas; 15 de bandas criminales, y tres de agentes estatales. El periodo más grave de ocurrencia de los hechos se registró entre 1999 y 2005, cuando se registraron 29 casos; entre 2006 y 2010 hubo 13, y 6 de 2011 a 2016. Uno de los datos más importantes tiene que ver con la posible localización de los cuerpos:   podrían estar en  10 corregimientos del departamento. Sus integrantes aseguraron que para obtener resultados es necesario que exista una articulación interinstitucional, acompañamiento a los familiares y una documentación técnica integral.

Dhoc

La Fundación por la Defensa de los DD.HH. y el DIH del Oriente Colombiano (Dhoc) trabajó con 329 personas, entre víctimas y familiares, excombatientes en proceso de reincorporación y líderes sociales para hacer una radiografía en cinco municipios que fueron golpeados por el conflicto armado en el Meta: Mesetas, Uribe, Vista Hermosa, Puerto Rico y La Macarena. Tras las jornadas de documentación y recorridos en las zonas más afectadas, se recolectaron 157 casos de desaparición forzada, y elaboraron una base de datos que recoge información sobre lugares, hechos, filiaciones políticas, posibles actores y descripciones morfológicas de personas  en los 5 municipios. 

Una de sus grandes recomendaciones está relacionada con la desconfianza que genera entre las comunidades el manejo de la información. La ciudadanía tiene en los territorios la falsa creencia que quien hable sobre el paradero de los desaparecidos podría ser judicializado o responsabilizado por ello, dice la organización.

Equipo de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas)

Durante 10 meses, Equitas desarrolló un Plan Regional Integral de Búsqueda en Norte de Santander a partir de la caracterización de las distintas subregiones. Primero, realizó un análisis de las bases de datos institucionales, así como de solicitudes efectuadas por las organizaciones de víctimas, y se manejaron dos tipologías: la desaparición y la desaparición forzada. Segundo, se basaron en tres periodos: de 1990 a 1998; de 1999 a 2004 (el periodo más crítico), y de 2005 a 2017. Tercero, identificaron los principales perpetradores y se hizo una caracterización de su actuación. Se lograron determinar 18.683 registros de personas dadas por desaparecidas. Tras un proceso de depuración, quedaron menos de la mitad de los casos denunciados: 7.218, que se presumen fueron desaparecidos en el departamento y en zonas aledañas.

Corporación Poderpaz

Durante diez meses, la Corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz (Poderpaz) logró documentar 180 casos de desaparición forzada en el área metropolitana de Cúcuta y en Catatumbo (Norte de Santander). El municipio más afectado es El Tarra, en donde se registraron el 48 % de los casos de desaparición, seguido de Sardinata (24 %), Tibú (15 %), San Calixto (6 %), Convención (4 %) y Hacarí (2 %). Su trabajo estuvo enfocado en tres fases: en la primera recolectaron información; en la segunda realizaron un análisis desde el contexto, y en la tercera dieron a conocer las conclusiones y escucharon las recomendaciones de las víctimas, a quienes les siguen exigiendo un plazo de 72 horas para que presenten una denunciapor desaparición;hay una escasa capacidad institucional (tres despachos, un fiscal y un asistente), y los funcionarios son cambiados constantemente, que conlleva a que las víctimas deban contar su historia en distintas oportunidades.

Fundepaz

El trabajo de la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz) estuvo enfocado en fortalecer las redes de organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas en Nariño y Cauca, en donde lograron documentar 140 casos de víctimas. Como resultado, se tiene que 10 organizaciones de víctimas quedaron con un sistema de información estadístico y documental en funcionamiento, y se incrementó en 54 % el número de afiliados en las organizaciones de víctimas. La organización, que trabajó con comunidades campesinas e indígenas, llamó la atención sobre el miedo que aún produce en la región visibilizar a las víctimas, en el momento en que grupos armados ilegales se siguen disputando el territorio. “El recrudecimiento del conflicto, a pesar de que estamos en una etapa de posacuerdo, es una de las dificultades que encontramos en el territorio. Eso es algo que nos tiene un poco asustados”, asegura Andrés Montenegro, de Fundepaz. 

Lea también: Las escalofriantes cifras de la desaparición forzada​

La tarea de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas no empieza de cero. Su misión para encontrar 80.514 personas, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, deberá partir de datos consolidados, como aquellos que ha recogido la sociedad civil desde los territorios durante los últimos años. En ese sentido, cinco organizaciones sociales y de víctimas, de cuatro regiones del país, apoyadas por el Fondo Vivir la Paz de la Cooperación Alemana (GIZ) le entregaron a la Unidad información clave sobre la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos.

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Las organizaciones pusieron la lupa sobre los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Nariño y Meta, y sugirieron metodologías como la articulación interinstitucional, la documentación técnica integral y el acompañamiento a los familiares de las víctimas. Además de ello, entregaron información sobre zonas puntuales en donde podrían localizarse los cuerpos de las personas desaparecidas.

“Desde Bogotá hablamos de una cifra nacional y estos proyectos nos permiten que en un ejercicio parcial podamos tener un foco sobre el fenómeno de la desaparición, la cual puede variar, por ejemplo, según su ubicación geográfica. El territorio tiene muchísimas diversidades en sí mismo: una cosa es estar en la frontera, otra en la montaña, otra es cerca del río. En Nariño, una cosa es estar en Tumaco y otra en la zona de cordillera. Aunque están en el mismo departamento, son dinámicas y metodologías distintas”, aseguró la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, quien puntualizó que uno de los desafíos de su misión será encontrar a los desaparecidos en medio del conflicto.

Helka Quevedo, antropóloga forense del Centro Nacional de Memoria Histórica, rescató la importancia de que en ese proceso se tenga en cuenta una pluralidad de testimonios. “Llama la atención que las organizaciones destacan la importancia de escuchar a familiares de las víctimas, a excombatientes y perpetradores. Son voces que hay que escuchar”.

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Fundación Progresar

Entre el área metropolitana de Cúcuta y el municipio de Tibú (Norte de Santander), la Fundación Progresar identificó un total de 48 víctimas de desaparición forzada. Según su análisis, 22 fueron presuntamente a manos de paramilitares; 8 de guerrillas; 15 de bandas criminales, y tres de agentes estatales. El periodo más grave de ocurrencia de los hechos se registró entre 1999 y 2005, cuando se registraron 29 casos; entre 2006 y 2010 hubo 13, y 6 de 2011 a 2016. Uno de los datos más importantes tiene que ver con la posible localización de los cuerpos:   podrían estar en  10 corregimientos del departamento. Sus integrantes aseguraron que para obtener resultados es necesario que exista una articulación interinstitucional, acompañamiento a los familiares y una documentación técnica integral.

Dhoc

La Fundación por la Defensa de los DD.HH. y el DIH del Oriente Colombiano (Dhoc) trabajó con 329 personas, entre víctimas y familiares, excombatientes en proceso de reincorporación y líderes sociales para hacer una radiografía en cinco municipios que fueron golpeados por el conflicto armado en el Meta: Mesetas, Uribe, Vista Hermosa, Puerto Rico y La Macarena. Tras las jornadas de documentación y recorridos en las zonas más afectadas, se recolectaron 157 casos de desaparición forzada, y elaboraron una base de datos que recoge información sobre lugares, hechos, filiaciones políticas, posibles actores y descripciones morfológicas de personas  en los 5 municipios. 

Una de sus grandes recomendaciones está relacionada con la desconfianza que genera entre las comunidades el manejo de la información. La ciudadanía tiene en los territorios la falsa creencia que quien hable sobre el paradero de los desaparecidos podría ser judicializado o responsabilizado por ello, dice la organización.

Equipo de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas)

Durante 10 meses, Equitas desarrolló un Plan Regional Integral de Búsqueda en Norte de Santander a partir de la caracterización de las distintas subregiones. Primero, realizó un análisis de las bases de datos institucionales, así como de solicitudes efectuadas por las organizaciones de víctimas, y se manejaron dos tipologías: la desaparición y la desaparición forzada. Segundo, se basaron en tres periodos: de 1990 a 1998; de 1999 a 2004 (el periodo más crítico), y de 2005 a 2017. Tercero, identificaron los principales perpetradores y se hizo una caracterización de su actuación. Se lograron determinar 18.683 registros de personas dadas por desaparecidas. Tras un proceso de depuración, quedaron menos de la mitad de los casos denunciados: 7.218, que se presumen fueron desaparecidos en el departamento y en zonas aledañas.

Corporación Poderpaz

Durante diez meses, la Corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz (Poderpaz) logró documentar 180 casos de desaparición forzada en el área metropolitana de Cúcuta y en Catatumbo (Norte de Santander). El municipio más afectado es El Tarra, en donde se registraron el 48 % de los casos de desaparición, seguido de Sardinata (24 %), Tibú (15 %), San Calixto (6 %), Convención (4 %) y Hacarí (2 %). Su trabajo estuvo enfocado en tres fases: en la primera recolectaron información; en la segunda realizaron un análisis desde el contexto, y en la tercera dieron a conocer las conclusiones y escucharon las recomendaciones de las víctimas, a quienes les siguen exigiendo un plazo de 72 horas para que presenten una denunciapor desaparición;hay una escasa capacidad institucional (tres despachos, un fiscal y un asistente), y los funcionarios son cambiados constantemente, que conlleva a que las víctimas deban contar su historia en distintas oportunidades.

Fundepaz

El trabajo de la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz) estuvo enfocado en fortalecer las redes de organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas en Nariño y Cauca, en donde lograron documentar 140 casos de víctimas. Como resultado, se tiene que 10 organizaciones de víctimas quedaron con un sistema de información estadístico y documental en funcionamiento, y se incrementó en 54 % el número de afiliados en las organizaciones de víctimas. La organización, que trabajó con comunidades campesinas e indígenas, llamó la atención sobre el miedo que aún produce en la región visibilizar a las víctimas, en el momento en que grupos armados ilegales se siguen disputando el territorio. “El recrudecimiento del conflicto, a pesar de que estamos en una etapa de posacuerdo, es una de las dificultades que encontramos en el territorio. Eso es algo que nos tiene un poco asustados”, asegura Andrés Montenegro, de Fundepaz. 

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